Carlos
Solero
El gobernador de Jujuy
[provincia al norte del país, en la frontera con Bolivia] le estampó su firma a
una ley que autoriza el trabajo infantil en la cosecha de tabaco.
En pleno siglo XXI se
legaliza el escarnio, se encuadra para el Estado y el capital el sufrimiento de
niñas y niños a los que expone a una labor agobiante y brutal. Sus cuerpos
llevarán para siempre la marca de largas jornadas de explotación. Los
agroquímicos minarán su salud, les arrebatan el futuro en plena niñez. Esto es
infame.
Cuando la clase obrera
se fue constituyendo conscientemente en movimiento de autodefensa luchó contra
el trabajo infantil.
Durante el siglo XIX y
a comienzos del siglo XX, cruentas
huelgas lograron imponer a los capitalistas la eliminación de ese flagelo.
Fue una las primeras exigencias de las organizaciones obreras revolucionarias.
A diario observamos
indignados la explotación de niñas y niños en diversos ámbitos y tareas. Una
especie de filicidio social que se va naturalizando y pasa a ser parte del tenebroso
paisaje urbano y rural.
En el presente con la
anuencia cómplice de burócratas sindicales y ante la indiferencia de la mayoría
de la sociedad indolente y egotista se legitima una infamia más, el trabajo
infantil.
No podemos ni debemos
callar.
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