Provea
El Gobierno siguió avanzando durante el año con la implementación
de este macroplan minero centrado en el estado Bolívar que se inició en el
primer trimestre de 2016. Sin embargo, no ha estado libre de los obstáculos. En
lo que va del plan se observa que no habido mucho interés de las compañías
transnacionales en participar, pero en cambio el llamamiento gubernamental sí
ha incrementado la minería que está fuera del marco legal. Se han flexibilizado
los controles para regular la extracción ejecutada por la minería informal, se
redujo aún más la vigilancia y el poco control ambiental que existía, sin
exigencia de autorizaciones de ocupación del territorio ni de afectación de
recursos, amén del cumplimiento de la reparación de las áreas deforestadas,
impactadas en su topografía, sedimentados sus ríos y sometidos a contaminación
mercurial.
Como parte del contexto del plan, a la indulgencia estatal hacia
los aspectos legales en materia minera y ambiental se une la grave situación
de inseguridad en un territorio sin ley donde en los negocios de oro,
diamantes, coltán, cobre y otros minerales participan militares, bandas
armadas, pranes, guerrillas y alguna que otra empresa minera. Tanto en videos
que se consiguen en Internet como en reportajes de prensa (33) se
denuncia que las mafias dominan el espacio minero de Bolívar, con todo lo que
ello implica en asesinatos y aplicación de cobro de vacunas a los mineros.
Es así
como, en ese escenario de impunidad y en el medio de una de las peores crisis
económicas de Venezuela, la minería ilegal se expande y de esa grave situación
no se salvan las áreas legalmente protegidas. Muchas son las denuncias que
señalan que incluso el Parque Nacional Canaima está siendo objeto de
intervenciones mineras utilizándose el aeropuerto de Ciudad Bolívar como base
de operaciones (34) sin que vele ninguna autoridad y colocando a ese sitio
natural de Patrimonio Mundial de la Humanidad en condición de riesgo ante la
UNESCO. Anteriormente no había sido tan afectado, ya que los mineros hacían
estragos en las reservas forestales de Imataca y La Paragua y más recientemente
en la del Caura, ahora Parque Nacional, así como en la Zona Protectora Sur del
estado Bolívar.
El otro
aspecto que no puede pasarse por alto es que en esas zonas mineras que van
desde El Callao hasta Canaima, pasando por El Dorado y Tumeremo y rincones de
esos municipios, asimismo del eje Santa Elena de Uairén-Ikabarú y de la cuenca
de La Paragua, se ha acentuado la problemática social y sanitaria en el medio
del afán del denominado Arco Minero del Orinoco. Hacia esa región guayanesa ha
emigrado gente de todo el país buscando obtener dinero por la vía de la
extracción y venta de oro, para contrarrestar la crisis económica y la
hiperinflación. En esas zonas se han incrementado exponencialmente enfermedades como el paludismo,
que en el medio de la situación humanitaria del país, donde no se consiguen
medicamentos, han ocasionado un número significativo de muertes y gente
incapacitada. Además, los centros asistenciales de la región no tienen
capacidad para atender la cantidad de pacientes que solicitan atención. A estos
problemas de salud se deben añadir los derivados del uso de mercurio, metal
pesado que en su proceso de contaminación al primero que afecta y de manera
intensa es al propio minero que inhala los gases mercuriales al emplearse en el
amalgamiento de oro y posterior separación mediante calor.
A pesar
de los anuncios de actividades que se llevan a cabo dentro del plan Arco Minero
del Orinoco,
dadas a conocer por Nicolás Maduro a través de cadenas de radio y televisión,
la única actuación al respecto por parte del MINEA publicada en la Memoria y
Cuenta de 2017 fue la siguiente: “Se realizó una fiscalización y supervisión
ambiental al proyecto Desarrollo de Actividades de Exploración, Explotación e
Industrialización de Yacimientos de Tantalio-Niobio (Coltán), Ilmenita,
Casiterita, Estaño, Circón, Cuarzo, Granito, Diamantes y Oro-Parguaza. Dicho
proyecto minero se ubica en el sector Los Gallitos, Municipio Cedeño, estado
Bolívar” (35).
Del resto de proyectos enmarcados en ese plan no se hace ninguna
referencia en el balance anual del organismo rector del ambiente. En el caso
del coltán, en Guayana es muy poca la información que sale pública y no se ha
difundido por ejemplo cómo es su extracción, su procesamiento, y si los
minerales que lo conforman, el tantalio y el niobio, se localizan en la misma
zona, entre otras incógnitas vinculadas a las empresas a las que se les asignó
su explotación (36).
Lo que sí ha sido público y notorio es la alianza que se está
estableciendo entre los entes mineros del Estado ―con el Banco Central de
Venezuela (BCV) de por medio― y los mineros informales. Estos últimos son los
que están aportando el oro al fisco nacional (37),
transacción a la que apuesta el Gobierno en detrimento del marco legal, del
ambiente, de las áreas protegidas y de las comunidades locales y regionales
que pagan las consecuencias directas, porque tendrán que evitar, por ejemplo,
el consumo de agua y peces contaminados con metil-mercurio.
Notas:
(33) Correo del Caroní [en línea] http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/item/54104-violencia-minera-y-recelos-medioambientales-e-indigenas-funden-motores-del-arco-minero
Consulta del 03.02.18.
(34) CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLÓGICAS DE
VENEZUELA (CIEV): Desde el Aeropuerto de Ciudad Bolívar se “alimenta” la
minería ilegal en PN Canaima [en línea] http://cievbolivar.blogspot.
com/2017/ Consulta del 25.02.18.
(35) MINEA: Memoria y Cuenta 2017, pág.59.
(36) CIEV: El oscuro negocio de la
explotación del coltán en el estado Bolívar [en línea] http://cievbolivar.blogspot.com/2017/
Consulta del 19.01.18.
(37) Según los últimos datos publicados de
Minerven, su producción no llegaba a 400 kilogramos de oro anuales. Hasta hace
cinco años era la empresa aurífera que aportaba más al fisco nacional.
[Tomado del Informe Anual 2017, que en versión completa
está disponible en www.derechos.org.ve.]
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