Periódico
El Sol Ácrata (Antofagasta)
Cada cierto
tiempo se reactiva el conflicto entre los gobiernos de Chile y Bolivia respecto
a la demanda histórica de este último por una salida soberana al océano
Pacífico. Contienda que sumó un nuevo episodio durante marzo de este año 2018,
mes en que se llevaron a cabo los alegatos orales de ambos países ante la Corte
Internacional de La Haya, organismo que el año 2013 acogió la demanda boliviana
y que pronto deberá dirimir sobre la responsabilidad que compete al gobierno
chileno en una negociación bilateral.
Pero más
allá de los episodios diplomáticos y jurídicos, este conflicto encubre el
interés de ambos estados por una zona estratégica geopolíticamente, debido a
sus recursos mineros y a la posibilidad de controlar la exportación de materias
en las costas del Desierto de Atacama. Interés eternamente camuflado por
discursos patrioteros y chovinistas, que han generado en la opinión pública un
ambiente de animadversión, marcado por expresiones belicistas y muchas veces
xenófobas.
Los
argumentos bolivianos se centran en la voluntad manifestada por diversos gobiernos
chilenos, particularmente, en el intercambio de correspondencia entre cancillerías
en la década del 50’ y en el Acuerdo de Charaña sostenido por los dictadores H.
Banzer y A. Pinochet en febrero de 1975, en el cual se proponía la creación de
un corredor en la frontera con Perú, país que se negó al ser consultado. Por su
parte, la delegación chilena argumentóbasándose en
el Tratado de “Paz y Amistad” de 1904, en que el gobierno boliviano debió
renunciar a la soberanía del Departamento del Litoral, actual región de
Antofagasta, como consecuencia de la Guerra del Pacífico.
Para nadie
es desconocido que el Desierto de Atacama posee una de las grandes reservas
mundiales de cobre y otros minerales intensamente explotados por la megaminería
transnacional. No por nada grandes firmas como BHP Billiton entre otras, han
puesto sus inversiones en este territorio, a costa de una enorme devastación de
sus ecosistemas, así como el desplazamiento de las comunidades que
ancestralmente han habitado esta zona.
Mucho antes
de la llegada de los estado-nación boliviano y chileno, y de los intereses
capitalistas, el territorio era habitado desde la costa al altiplano por comunidades
changas, aimaras y lickan antay, las que vivían en completa armonía con la
naturaleza y sus recursos, los que intercambiaban en valles y oasis, en una
unidad geográfica, económica y cultural mucho más certera y adecuada que la
actual delimitación fronteriza, impuesta desde el siglo XIX hasta nuestros
días.
Y es que el
“descubrimiento del salitre” significó la llegada del capitalismo mundial, que
rápidamente y a costa de la explotación humana –sin importar el país de los
trabajadores- extrajo y exportó el “oro blanco”. Esto con la complacencia de ambos
gobiernos, que hasta entonces solo veían esta zona como un “despoblado”. Pero
la avaricia es enorme, y el interés se despertó con la posibilidad de cobrar
impuestos, originándose lo que se conoció como Guerra del Pacífico, cuya
historia es medianamente conocida y para efectos de este artículo, podríamos
reducir a la ocupación chilena del territorio en 1879, y por tanto, a la
pérdida de la salida al mar para el gobierno boliviano. Desde entonces,
tratados más o tratados menos, todos supeditados a la contingencia y a la
tensión entre conflicto/negociación, la polémica ha estado circunscrita a
decidir a qué gobierno corresponde la soberanía de esta zona y no en la utilización
e interés que se pretende con ella.
Actualmente,
y pese a la diferencia discursiva e ideológica entre un gobierno y otro, ambos
se encuentran férreamente comprometidos con los planes de saqueo extractivista
del I.I.R.SA, expresados en la destrucción de la Amazonas a través del TIPNIS
en el caso boliviano, así como en la minería intensiva y sus megapuertos en
territorio bajo jurisdicción chilena. Y es que la apelación al pueblo en esta contienda
es meramente demagógica, puesto que el mar pertenece a la oligarquía chilena,
concretamente a 7 familias, mientras que la minería está en manos del
capitalismo internacional. Situación que la nueva burguesía boliviana bien conoce
y acepta también en su país. Por lo que el pueblo vuelve a ser exaltado e
invitado a este conflicto en calidad de carne de cañón, desplazado de todo
beneficio que pueda reportar la soberanía de un país u otro frente a un
territorio, en el que continuará siendo explotado, sometido y contaminado con
el avance de la devastación.
Por tanto
nuestro llamado es a estrechar lazos solidarios entre los oprimidos de un lado
y del otro de las falsas fronteras, en una férrea defensa de la autonomía de
las distintas comunidades que se encuentran en este vasto territorio, las nominalmente
son consideradas “chilenas”, “bolivianas” o “peruanas” aun cuando comparten un
horizonte cultural más profundo, entendiendo que enfrentamos un enemigo común encarnizado
en el Capitalismo y los Estados, con toda su maquinaria del “progreso” y la
aniquilación de las formas de vidas comunitarias y antagónicas a sus intereses.
El altiplano, la pampa y la costa son de quienes las habitan en armonía con el entorno,
no de los empresarios ni los gobernantes.
¡Ni Chile ni
Bolivia!
¡Viva la
pampa libre!
¡Guerra a la
Guerra!
[Artículo publicado originalmente en el
periódico El Sol Ácrata # 1, Antofagasta,
mayo 2018. Número completo accesible en https://periodicoelsolacrata.files.wordpress.com/2018/05/el-sol-c3a1crata-segunda-c3a9poca-nc2b01-mayo-2018.pdf.]
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