Opinión: ¡ No al Arco Minero del Orinoco! ¡No al rentismo minero!

Ronald Guédez

En Venezuela, uno de los países latinoamericanos con importantes potencialidades en toda la región a nivel de sostenibilidad en turismo, agricultura y forestería, insiste su gobierno en el modelo económico rentista extractivista sin evaluar los graves impactos ambientales y socioculturales que genera tal modelo para el desarrollo humano.

En febrero de 2016 fue aprobado por parte del Ejecutivo Nacional el Decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855) denominado “Arco Minero del Orinoco”, definido como un plan de inversión para la explotación de minerales acumulados en diversos ecosistemas perfectamente variados en los Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, resultando particularmente en un proyecto megaminero y ecocida, destinado a la destrucción del patrimonio natural de la nación, representado por sus parques nacionales, reservas forestales y monumentos naturales. Éste Arco Minero se cuantifica en 111.843,70 kilómetros cuadrados, 12.2% del territorio nacional, es decir, mayor al espacio geográfico de países como Panamá, Cuba, Portugal o Bulgaria, con un plan de inversión que involucra a más de 150 empresas de 35 países.

La creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) en enero de 2016 y la denominada “Masacre de Tumeremo” denunciada a inicios de marzo del mismo año, son dos hechos aparentemente inconexos que parecen converger en el Decreto N° 2.248. El primero autoriza una empresa nueva, militar, a ejercer la minería en el sur del país junto a la estatal Minerven. Del resto, toda minería se asume como ilegal, aunque esto no ha impedido una situación de facto estos últimos años en el Arco Minero. Una situación en la que se han visto implicados cabecillas de distintos centros penitenciarios del país, dentro del argot venezolano conocidos como “pranes” y el aval de estos por las Fuerzas Armadas y la Gobernación del estado Bolívar.

Las repercusiones de estos actos pueden verse en países como Brasil, Ecuador y Perú, pertenecientes a la Amazonia, donde son comunes altas tasas de deforestación, fuertes remociones de suelos, colmatación de cauces, sedimentación de ríos y otros cuerpos de aguas, contaminación mercurial y derrames de cianuro, con razones para asomar riesgos que pueden padecer la población y los ecosistemas venezolanos.

Por ello, se considera al proyecto como una grave violación a los derechos humanos consagrados de forma fundamental en el Titulo III: De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Capítulos VIII y IX, así como también en leyes orgánicas que enmarcan el cumplimiento de normas y preceptos especiales, establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano.

El Decreto del Arco Minero del Orinoco trae consigo una autorización para la explotación de una importante extensión de territorio, entrando a un modelo rentista minero que es muchísimo peor que el rentista petrolero, pues no hay forma de minería en el mundo que no sea nociva y perjudicial para el medio ambiente, por tal motivo, numerosos grupos ambientalistas, personalidades de la sociedad civil, académicos y políticos han alzado su voz en contra del Decreto, alegando que estas prácticas extractivistas sólo traerán consigo graves consecuencias ambientales y sociales, con daños irreversibles para la vida nacional.

En base a los principios de Universalidad, Responsabilidad, Indivisibilidad y Participación regentes de los Derechos Humanos y los fines comunes perseguidos, el proyecto resulta insostenible debido al carácter ilegal que este posee, considerándose un Decreto inmediatista.