Ley Habilitante: Profundizando la dictadura del capital energético en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El pasado 17 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada en un 97% por el oficialismo y cuyas funciones finalizaban el 04 de enero del 2011, aprobó por un período de 18 meses una Ley Habilitante para el presidente Hugo Chávez bajo el argumento de atender la emergencia suscitada por las lluvias en el país. De esta manera el primer mandatario puede aprobar, de manera unilateral, decretos con fuerza de ley en nueve ámbitos de la administración pública. Los sectores opositores venezolanos han hecho énfasis en que dicha habilitante secuestra competencias de los diputadas y diputados que, tras ser electos el pasado 26 de septiembre, debieran empezar sus funciones el próximo 05 de enero y en donde, a diferencia del presente cuerpo legislativo, cuentan con una representación de importancia. La discusión, al tomar estos énfasis, enmascara otros temas a nuestro juicio mucho más sustanciales: Durante año y medio el presidente Chávez tendrá la facultad de realizar, discrecionalmente y sin ningún tipo de debate previo, negociaciones en materia de exploración y comercialización de recursos energéticos, la principal industria del país.

Según la información difundida por la propia agencia estatal de noticias AVN, el octavo ámbito en el cual el presidente Chávez tiene facultades habilitantes es uno denominado, eufemísticamente, Cooperación Internacional: “Competencias del Ejecutivo Nacional para la celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos y a atender las consecuencias de desastres naturales”. Para un lector o lectora desprevenida la oración le recuerda las más de 100.000 familias damnificadas en Venezuela. Lo clave, sin embargo, no es el altruismo con las personas sin techo, sino la potestad de negociar expeditamente con dos o más países contratos en el único sector estratégico que posee Venezuela: sus recursos naturales no renovables.

Y es que como “cooperación” se han realizado recientemente ventas de petróleo venezolano plagadas de irregularidades de toda índole. Un ejemplo lo constituye el acuerdo celebrado el pasado 16 de septiembre de 2010, denominado “Ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación para financiamiento a largo plazo”. Como lo explicó el activista anticapitalista e investigador de la geopolítica petrolera Pablo Hernández, en esa fecha Cilia Flores, como presidenta de la Asamblea Nacional; Dario Vivas, como primer Vicepresidente; Marelis Pérez, como segunda Vicepresidenta; Ivan Zerpa como Secretario y Victor Clark como Subsecretario, firmaron sin ningún tipo de análisis o discusión de rigor lo que seis días antes acordó la delegación venezolana en Beijing tras las gestiones del Ministro Jorge Giordani. En resumen los términos del acuerdo son el otorgamiento de dos créditos a Venezuela pagaderos en un plazo de 10 años: uno por 10 mil millones de dólares y el segundo por 70 mil millones de la moneda china yuanes Renminbi, para contribuir según el contrato “a la internacionalización del signo monetario de la República Popular China”. El préstamo tiene dos particularidades. La primera es que será pagado, en cómodas cuotas, no con dinero sino con petróleo: “para el año 2010, no menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no menos de 250.000 barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha en la que las obligaciones bajo el Acuerdo de financiamiento hayan sido total e incondicionalmente cumplidas, no menos de 300.000 barriles diarios”. La segunda “particularidad” es que una parte del crédito será entregado en electrodomésticos de fabricación china. Si en la primera conquista cambiamos oro por espejos, en la dominación del capitalismo global canjeamos petróleo por lavadoras. La posibilidad de realizar acuerdos de esta naturaleza, sin ningún tipo de obstáculos internos, es el sustrato de la actual Habilitante, en un momento de crisis económica que obliga al gobierno bolivariano a captar recursos para financiar su campaña electoral para el 2012.

El rol asignado a Venezuela por parte del flujo mundial actual de capitales es el de proveer, de manera constante, segura y confiable, energía al mercado global. Ese papel ha sido ratificado y profundizado por un gobierno que con una retórica antiimperialista ha revertido el proceso de nacionalización de la industria petrolera ocurrida en el país en el año 1976. Vaciando de significado a las palabras, se ha denominado como “soberanía energética” la firma de acuerdos por períodos entre 30 y 40 años con trasnacionales como Chevron, Repsol, ENI y British Petroleum, entre otras, institucionalizando la figura jurídica de empresas mixtas mediante las cuales el Estado venezolano las hace socias, y no concesionarias como antes, de todo el proceso de exploración, refinamiento y comercialización de energía.

Por lo anterior es que la Ley Habilitante, junto al paquete legislativo de emergencia, continúa disciplinando a la población venezolana para que asuma el modelo productivo de maquila energética, sin transformar significativamente la calidad de vida de las mayorías y lejos de realizar cambios estructurales que justifiquen el adjetivo “revolución”. Venezuela forma parte del proceso de construcción de nuevas gobernabilidades en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales que contestaron a la aplicación de las medidas de ajuste en la década de los 90´s, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir las cuotas de exportación de recursos naturales para los principales mercados del mundo.