Jacinto López: 23 meses de impunidad

Hace 23 meses, el 1º de enero de 2009, mi hijo Jacinto Elías López Velasco fue secuestrado en Cabudare y asesinado en un sector de la Lomas de Tabure en el municipio Palavecino, por una banda de sujetos que aún continúan delinquiendo y cobrando víctimas.

Siete balazos acribillaron sus 22 años, a su familia y a todo el derredor que compartía sus afectos. Siete disparos que periódicamente me arrebatan el sueño para despertar con la frente perforada, los peronés quebrados y las mejillas rotas.

Hace 23 meses el pasado y el futuro se desintegró.

No quisiera caer en el lugar común de pretender hablar por muchos, cuando el dolor es exclusivo de sus tenedores. Pero, ¿qué diferencia mi dolor del que pueda sentir otro padre o madre, cuyo hijo o hija le fue arrebatada por la delincuencia? Creo que todos sufrimos y somos víctimas a fin de cuentas, pero en nada se parecerá nunca mi hijo al del vecino afligido, o al de otro secuestrado y muerto, aún siendo producto de la violencia, en nada puede parecerse una vida a otra, por el sólo hecho de ser víctimas.

Es una enlodada estrategia que busca presentar la violencia como una epidemia, antes que aceptarla como consecuencia de una praxis y discurso político que desde hace años domina el país y tiende a convertirse en política de Estado.

Del hecho han conocido la Fiscal 5º Dra. Norma Cocenza y la Fiscal 52 con competencia Nacional Dra. Erika Paredes, primeramente; La Fiscal Superior del estado Lara Dra. Lucila Sirit; la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega; la Fiscal 2ª Dra. Cristina Coronado, quien fue nombrada como titular de otra Fiscalía; para luego encargarse la Dra. Lucía Anzola, actual titular de la Fiscalía 2ª. Su asistente el Dr. Rubén Pérez y actualmente el Dr. Vladimir, en ese orden. También la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional , ante la cual intervine en abril de 2009 y se comprometió a nombrar una sub comisión que investigaría el caso….

A la fecha la investigación espera por actuaciones que reposan en manos del CICPC.

Aún los presuntos autores materiales, tres de ellos con solicitudes de aprehensión libradas desde marzo del 2009, continúan libres, delinquiendo, cobrando nuevas vidas como diario tributo a la muerte y la impunidad.

Mi accionar ente el Ministerio Público me ha permitido apreciar el colapso de las fiscalías ante los increíbles volúmenes de denuncias que a diario reciben, sumados a los casos acumulados que representan aproximadamente el 90 % de los expedientes que llevan. Existen fiscalías que llevan más de doscientas mil investigaciones, en manos de tres, a lo sumo cuatro fiscales por despacho, lo que los atiborra y los hace incontrolables.

El luto se apoderó del día a día. Nadie escapa a salvo de un mal que de adueñarse de la noche, se apoderó de las calles, de las casas, de los tribunales, las fiscalías y los cuerpos de seguridad.

Las organizaciones de derechos humanos, tales como el Comité de Víctimas Contra La Impunidad son amedrentados arrebatándoles hijos, como el caso de Mijail Martínez, que fue aparte de un arponazo al corazón de su familia, un claro mensaje para el resto del Comité, conformado no sólo por víctimas, también por padres y madres.

La impunidad se consolida con el miedo. Toda disidencia es combatida política y militarmente.

Las autoridades no escapan de ser presas del delito, como el caso del propio hijo del gobernador del estado, víctima de un intento de secuestro o sicariato, el cual, gracias a dios, no llegó a concretarse. A diario vemos funcionarios policiales abatidos por la acción del hampa; en otros casos amparando a delincuentes y hasta delinquiendo con uniforme y arma de reglamento.

El Poder Judicial y el Ministerio Público, deben garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la Leyes , que consagran la JUSTICIA y EL DERECHO A LA VIDA como bienes fundamentales de la sociedad. Y ambos Poderes, en medio del aluvión delincuencial no alcanzan a producir las urgentes soluciones que todos reclamamos

El delito tiene un definido territorio, especie de campus vacacional, custodiado, inexpugnable, con coliseo incluido y con premios por delinquir tan variopintos como jugar en el principal estadium de la localidad contra el equipo y el público que se les antoje y el beneficio de las autoridades del MPPIJ y el MP.

El crecimiento del delito en todas sus expresiones es sin lugar a dudas, producto de la impunidad. Delincuentes y funcionarios han tasado cada una de las ejecutorias: la “fuga” de un delincuente; la “decisión” de un juez; la siembra de drogas, la “medida cautelar”.

Todos los sectores que pueden dirimir sobre el delito se encuentran seriamente cuestionados y no existe instancia que actúe contra ello.

La fractura social tiende a dilatarse y convoca a ciudadanos, víctimas y comunidades a producir soluciones, que como lo evidencian los medios, termina en comunidades o grupos enardecidos linchando, quemando y cobrando hechos y situaciones ante las cuales las autoridades son blandengues o incapaces de actuar.

La crónica roja no existe en los medios oficiales y es común encontrar en sus páginas, referencias a las heridas sufridas por una dama hondureña que reclamaba por Celaya, o por los muertos y herido de la Franja de Gaza, pero ignoran los resultados de la guerra intestina que padece el país y cobra la vida de cientos de venezolanos todas las semanas.

Los gritos y aullidos desgarradores de las víctimas, actúan como señales de humo que enturbiaron el aire y el paisaje del país para siempre.

Debemos continuar luchando, reclamando JUSTICIA, enfrentando la impunidad y recuperando el único espacio propio de cada ciudadano: la vida.

Pero, la lucha debe saltar de nuestros corazones y papeles a la calle, donde la muerte, la impunidad y la injusticia reinan. Y abatirla tendrá un costo aún mayor, el cual no quiero presagiar.

CARLOS EDUARDO LÓPEZ FALCÓN

Barquisimeto. 03/12/2010