Empresas transnacionales en América Latina: ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro
(Viento Sur, nº112, octubre de 2010)

Antoni Brufau: “Nosotros estamos muy cómodos y siempre con muy buena relación con el gobierno, con PDVSA y con el ministro”

Hugo Chávez: “¿Te das cuenta? No somos tan diablos, ¿eh?”. [...]

Hugo Chávez: “Brufau, ¿qué vamos a hacer con tanto gas?”

Antoni Brufau: “Alguna utilidad le encontraremos”. [1]

Este diálogo se producía hace justo un año, en septiembre de 2009, cuando el presidente de Venezuela y el máximo dirigente de Repsol YPF se reunían en Madrid para anunciar que el mayor pozo de gas de ese país, que entonces acababa de ser descubierto, iba a ser gestionado conjuntamente por la petrolera española y la empresa estatal venezolana PDVSA. Unos días después, el presidente de Bolivia se veía en la misma ciudad con una delegación de los empresarios españoles, y les explicaba que “queremos socios, no dueños de nuestros recursos naturales”. [2] Ambos hechos, que apenas fueron analizados por los medios de comunicación alternativos, situaban así a los colectivos y movimientos que habían venido denunciando los impactos de ésta y otras compañías multinacionales en América Latina ante una compleja discusión: en caso de que los gobiernos latinoamericanos progresistas les otorguen el trato de aliadas, ¿tiene sentido seguir oponiéndose frontalmente a la presencia de las grandes empresas transnacionales en esos países? ¿O se trata de abogar porque paguen más impuestos y contribuyan realmente a la generación de empleo? Dicho de otro modo, ¿es suficiente con que los Estados y empresas multinacionales alteren su correlación de fuerzas para considerar a éstas como agentes de desarrollo?

Lejos de quedarse en algo anecdótico, este debate ha ido ganando mucha fuerza en el transcurso del último año. Y es que el acuerdo inicial entre los gobiernos de Ecuador y Bolivia y los movimientos populares que fueron decisivos para su triunfo electoral, articulado en base a la idea de recuperar la soberanía estatal sobre los recursos naturales y los servicios públicos, ha pasado a convertirse en un desacuerdo muy profundo al definir el “modelo de desarrollo”. De esta manera, se han generado fuertes tensiones entre quienes, por un lado, apuestan por la redistribución social del excedente generado con el modelo primario exportador, aquellos que, por otro, abogan por redirigir los beneficios económicos de este modelo al desarrollo de políticas estratégicas para la industrialización, y quienes, finalmente, son partidarios de avanzar en el desarrollo post-extractivista fundamentado en el “buen vivir”. Por ello, parece urgente reformular un debate que se antoja crucial para los próximos tiempos: ¿cuál es el papel que, en un contexto como el actual, pueden tener las empresas transnacionales en el modelo de desarrollo? O, por decirlo de otra forma, ¿qué propuestas alternativas pueden llevarse a cabo, aquí y ahora, desde los gobiernos de izquierda para contrarrestar el poder de las compañías multinacionales?

Enfrentar a las transnacionales: de la nacionalización al proceso de cambio

Desde hace décadas se viene analizando cómo las corporaciones transnacionales juegan un papel central en los procesos de globalización capitalista: “Estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados”, decía Salvador Allende cuarenta años atrás. [3] Y es bien conocido que, con un contexto jurídico, político y económico que privilegia los intereses empresariales por encima de la defensa de los derechos humanos de las mayorías sociales, [4] los conflictos provocados por la acelerada expansión global del capital transnacional han ido creciendo en intensidad y se han extendido por todo el planeta. Así, la crítica a las multinacionales por los efectos de sus actividades se ha convertido en un eje fundamental del trabajo que desarrollan las redes de solidaridad y los movimientos antiglobalización. [5] Basta con ver, por poner sólo un ejemplo, el gran trabajo realizado los últimos cuatro años en las diferentes sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos que se han dedicado al seguimiento y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las compañías multinacionales en América Latina. [6]

Junto a la consolidación de las dinámicas de resistencia frente al poder corporativo, se han venido llevando a cabo múltiples iniciativas destinadas a reapropiarse de la soberanía ciudadana sobre la alimentación, el transporte, la energía y los derechos sociales. Eso sí, toda esta construcción de experiencias alternativas desde abajo podría llevarnos a pensar, como dice Daniel Bensaïd, que “el momento utópico actual es presa de una ilusión económica según la cual cierta cantidad de experiencias sustraídas a la lógica del mercado bastarían para frenar la lógica en acción, esquivando la peligrosa cuestión del poder político”. [7] Y es que es precisamente esta cuestión, la de las medidas que han de tomarse desde las instancias de gobierno para construir un modelo de desarrollo alternativo que permita prescindir de las empresas transnacionales, la que en menor medida ha sido profundizada desde la izquierda social y política.

En donde sí ha habido un acuerdo amplio es en torno a las primera medidas tomadas por los gobiernos progresistas, de cara a impulsar una regulación nacional que redujera los enormes beneficios obtenidos por las empresas transnacionales en esos países. Reflotar las empresas estatales, aumentar la participación estatal en el accionariado de algunas compañías, construir un sector público fuerte y aumentar los impuestos a las compañías transnacionales han sido algunas de las medidas que se han tomado en estos procesos de “nacionalización”. Parece claro que, a pesar de que puede existir discusión sobre el alcance real de las mismas, dichas reformas se han constituido como un primer paso imprescindible para avanzar en la recuperación del papel del Estado frente al poder del capital transnacional en la región. [8]

El caso más conocido ha sido, sin duda, el de Bolivia: el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, emitido el 1 de mayo de 2006, finalmente no provocó la salida de Repsol del país, pero sí sirvió para aumentar los impuestos percibidos por el Estado con la explotación del petróleo y gas. [9] Medidas similares tuvieron lugar ese mismo año en Venezuela, que promulgó una ley por la cual se formaban sociedades mixtas público-privadas para explotar los hidrocarburos, y en Ecuador, donde se elevaron los porcentajes de recaudo del Estado alrededor del 50%. [10] Y reformas de este tipo se han seguido implementando desde entonces: “Nuevamente, un primero de mayo, como siempre, recuperando nuestras empresas privatizadas”, decía en mayo pasado el presidente Evo Morales al anunciar la nacionalización de cuatro compañías eléctricas en Bolivia.

“Lo que planteamos es una mejor generación de ingresos y una mayor retención de ese ingreso, orientado hacia la inversión productiva y a la generación de empleo”, sostiene Pedro Páez, ex-ministro de Políticas Económicas de Ecuador. [11] Es decir, primero se trataría de instaurar eficaces mecanismos de redistribución social y de control de las empresas transnacionales para, a largo plazo, caminar hacia el cambio de paradigma socioeconómico. De este modo, podría afirmarse que tales procesos de “nacionalización” se constituyen como una condición necesaria, aunque no suficiente, para continuar avanzando en el camino hacia una mayor soberanía de los pueblos. Y en el mismo sentido se entenderían las propuestas de alianzas regionales como el ALBA y el Banco del Sur, en la necesidad inicial de generar bloques económicos de contrapoder.

En los últimos tiempos, sin embargo, se han venido produciendo muchas críticas acerca de la efectividad de los “procesos de cambio”: desde aquellas voces que cuestionan que se esté generando la industrialización y la mejora del tejido productivo necesarias para disponer de una economía no dependiente de las empresas transnacionales, hasta quienes cuestionan la insistencia en un modelo basado en la exportación de recursos naturales para el mercado mundial. “Hay que revisar los contratos petroleros para maximizar el ingreso que tiene el Estado de cada barril de petróleo que se extrae”, pero “no se trata de maximizar los ingresos fiscales petroleros ampliando la frontera petrolera”, dice Alberto Acosta, ex-presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador. [12]

Repensar el desarrollo: entre la redistribución y el “buen vivir”

Por lo tanto, partiendo del acuerdo en que el aumento de participación estatal en las empresas extractivas y en una mayor fiscalidad a las transnacionales son medidas necesarias en el corto plazo, surgen a continuación nuevas preguntas sobre los siguientes pasos a dar: ¿pueden los Estados hacer más en esta negociación que alterar dicho porcentaje de ingresos?, ¿son las nacionalizaciones una medida táctica a corto plazo que permita pasar posteriormente a otra fase de superación del modelo primario exportador? [13] Por su parte, Wallerstein resume así el que ya caracteriza como “el gran debate del siglo XXI”: “Ese ‘otro mundo posible’, para utilizar el lema del Foro Social Mundial, ¿sería un mundo basado en un crecimiento económico constante, aún siendo éste ‘socialista’, que pretendiese elevar el ingreso real de las personas en el Sur global?, ¿o sería lo que algunos llaman un cambio de valores de civilización, un mundo de ‘buen vivir’? ”. [14]

En este sentido, los gobiernos latinoamericanos de izquierda parecen haberse decantado, aquí y ahora, no tanto por la confrontación directa con el capital transnacional como por una relación de asociación táctica con las compañías multinacionales, que sobre todo se concreta en los sectores de la minería e hidrocarburos. Pero esa política está generando fuertes tensiones entre los gobiernos de Bolivia y Ecuador y los sectores populares e indígenas que auparon a esos mismos gobernantes al poder. En ambos casos, dice Raúl Zibechi, “los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el ‘buen vivir’ como dijeron en su momento. [...] Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha llegado tan lejos. Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado ‘desarrollo’”. [15]

Vemos, pues, que para caminar en esa transición hacia otro modelo económico, parecería ineludible avanzar en el diseño de políticas económicas alternativas que generasen ingresos para las políticas sociales y con las que, a medio plazo, pudiera prescindirse de las empresas transnacionales como actor central de la actividad económica. “Si queremos llegar a construir una economía post-extractivista, transitando por el camino del ‘buen vivir’ o sumak kawsay, es un error y un horror históricos abrir la puerta a un esquema de extractivismo a ultranza”, plantea Acosta. [16] Pero las declaraciones públicas de los gobernantes, por el contrario, parecen ir por otra senda: Morales critica que haya organizaciones que defiendan “una Bolivia sin petróleo. Entonces, ¿de qué va a vivir Bolivia?”, se preguntaba el presidente boliviano; [17] mientras, Correa se opone a quien “le dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro”. [18]

Así pues, en América Latina nos encontramos con procesos de transformación en diferentes fases de transición. Puede constatarse, por un lado, que la concepción teórica del desarrollo se aleja del neoliberalismo pero, al mismo tiempo, la idea de crecimiento económico y los modelos clásicos de medición y evolución del capitalismo siguen formando parte del pensamiento dominante: como dice Héctor Mondragón, “si el mercado mundial es el que manda y los pueblos no logran modificar y regular sus estructuras, las ‘leyes del mercado’ fabricadas por el colonialismo seguirán imponiendo el economicismo colonial”. [19] A la vez, por otra parte, se observa que la reconstrucción del Estado -que debe construirse, necesariamente, desde el respeto a las diferentes identidades de pueblos y comunidades- y sus políticas sociales de redistribución son propuestas centrales de los procesos de cambio.

Queda claro, en resumen, que estas ideas contrapuestas -el productivismo con reinversión social versus el “buen vivir”- forman parte central del debate. En este sentido, buena parte de las tensiones gobiernos-movimientos sociales se producen al poner en cuestión, por un lado, si el crecimiento económico con redistribución social de la riqueza puede afectar al medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas, y, por otro, si la lógica del “buen vivir” puede limitar el progreso orientado al conjunto de la ciudadanía. Por nuestra parte, convenimos con Houtart en que hace falta “un pensamiento dialéctico para orientar las soluciones: ni el desarrollo lineal de la modernidad capitalista, ni un fundamentalismo indígena con mira al pasado, sino una orientación nueva, teniendo en cuenta las exigencias de la salvación del planeta y de los pueblos”. [20]

Transformar la realidad: propuestas y desafíos

La preocupación por encontrar proyectos económicos alternativos y realistas es uno de los grandes desafíos actuales de la izquierda en el ámbito internacional. Y sus premisas basculan entre los valores que han sido defendidos tradicionalmente -como la disminución y la eliminación de la desigualdad entre países y clases, la democracia social y económica, y la sostenibilidad ambiental- y propuestas radicales como, entre otras, limitar la propiedad privada y abolir el modelo extractivista, apostar por la soberanía alimentaria y el decrecimiento en los países centrales, privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio, abolir los códigos patriarcales de dominación y profundizar en los esquemas de la economía feminista, cancelar la deuda externa y exigir la compensación de la deuda ecológica.

Todas ellas son ideas fuerza que, en mayor o menor medida, atraviesan los proyectos de transformación en el marco de reflexión de los movimientos sociales. Pero la racionalidad de las mismas y su “fuerza y poderío ético” no resultan suficientes: se requieren procesos concretos de ruptura en el marco de la confrontación entre intereses antagónicos. Por eso, parece inexcusable profundizar en lo que Trotsky llamó “incursiones despóticas en el dominio de la propiedad privada”. Porque, al final, ¿es posible generalizar la drástica reducción del modelo de consumo de manera eficaz sin modificar los núcleos centrales de la propiedad de los medios de producción y sin quebrar las relaciones de poder imperialistas?

Así pues, las propuestas alternativas no pueden sustraerse al terreno de las relaciones de poder y a la necesidad de ir arrancando parcelas de gobierno. La idea del decrecimiento, por ejemplo, requiere ser adecuada a ambas dinámicas, así como establecer ritmos y objetivos de corto, medio y largo recorrido. Y para eso la fuerza y presión de los movimientos sociales del Norte y del Sur resultan imprescindibles. E igualmente parece importante seguir conformando una alianza crítica con los gobiernos progresistas frente a la arquitectura política, económica y jurídica del sistema capitalista: salirse del Centro Internacional de Arreglo sobre Diferencias de Inversiones (CIADI) -el tribunal de arbitraje del Banco Mundial que se utiliza para resolver contenciosos entre Estados y empresas transnacionales-, una medida anunciada hace tres años por el gobierno boliviano y que parece que puede ser secundada por otros gobiernos latinoamericanos como el de Ecuador, [21] es un ejemplo de cómo contrarrestar la fuerza de la armadura del capitalismo. [22] Y, en idéntica línea, la propuesta del ITT-Yasuni -dejar el petróleo bajo tierra y no extraerlo a cambio de un fideicomiso por valor de la mitad de los beneficios que se obtendrían con su explotación-, que, a pesar de las dificultades que está sufriendo el proceso, está llevando adelante el gobierno de Ecuador, [23] es otra propuesta que debería merecer todo el apoyo de las redes globales de solidaridad.

En el mismo sentido, la correlación de fuerzas internacional y nacional y las alianzas, locales, regionales e internacionales resultan imprescindibles para avanzar en modelos alternativos capaces de desmantelar a las empresas transnacionales y construir economías solidarias y eficaces de largo alcance. Al fin y al cabo, la posibilidad de profundizar en políticas económicas alternativas que generen ingresos para políticas sociales y permitan prescindir de las grandes corporaciones sólo podrá ir haciéndose realidad si las disputas con la clase dominante se van ganando. Y para ello la construcción de redes contrahegemónicas resulta imprescindible: hay que tener en cuenta los espacios globales, nacionales y locales, sabiendo que el Derecho oficial forma parte de la estructura hegemónica de dominación y sólo podrá convertirse en vehículo contrahegemónico desde su subordinación a la acción política. A nuestro parecer, cualquier proceso de modificación jurídica y de instauración de sistemas de control de las grandes corporaciones no podrá tener éxito sin un respaldo de la movilización social y sindical. [24]

Ahora bien, junto a las dinámicas de resistencia al neoliberalismo, y teniendo en cuenta el actual contexto internacional -tan desfavorable para los procesos de transformación-, se requiere, más allá de las posibles dificultades y peligros que pueda plantear el apoyo a algunas de las propuestas y alianzas de corte institucional, que su gestación, formulación y desarrollo se adecuen a los principios de los procesos de consulta y de democracia participativa. Dado que el modelo de desarrollo es inseparable del modelo de democracia, las decisiones han de estar basadas en procesos deliberativos y no impositivos, donde los cargos políticos e institucionales se sometan a la democracia radical participativa. Parece evidente que la izquierda tiene como reto central la creación de un sujeto político capaz de construir una nueva hegemonía democrática, popular y anticapitalista. Ahora bien, para ello resulta fundamental que sea profundamente democrático y que sea capaz de aglutinar toda la riqueza de las reivindicaciones y funcionamiento de los movimientos sociales. [25]

En este sentido, las organizaciones de izquierdas deben tener muy en cuenta el funcionamiento y la concepción de res pública que tiene la sociedad civil organizada. La horizontalidad y autonomía en el funcionamiento de los movimientos sociales, el trabajo en red, el uso alternativo de las nuevas tecnologías, la desobediencia civil, las alternativas que presentan libres de ataduras institucionales -no aparecen condicionadas por consensos, acuerdos y transacciones, habituales en esos otros marcos-, la radicalización de sus propuestas sobre políticas públicas (por ejemplo, el movimiento antimilitarista defiende la abolición de la industria militar), la democracia deliberativa como método en la toma de decisiones... son buenas prácticas de acción política.

En definitiva, los proyectos políticos y sociales alternativos requieren para su puesta en marcha, entre otras cuestiones, la de tener en cuenta la correlación de fuerzas y las alianzas nacionales, regionales e internacionales entre gobiernos progresistas y movimientos sociales. Y, además, las propuestas políticas necesitan de un continuo contraste social, ya que en estos tiempos resulta tan importante el contenido de una decisión política como la forma en que se ha adoptado. De ahí que el quehacer político habría de depender, entre otras cosas, de las alianzas sociales y de la voluntad de someter los acuerdos y las decisiones institucionales al contraste social o, al menos, a la idea de reactivar movimientos sociales y crear pensamiento crítico, y no únicamente a la de construir cuerpo electoral favorable. Porque, en último término, la transformación y destrucción del capitalismo implica una confrontación radical entre intereses contrapuestos, y para ello se requiere considerar no sólo el bienestar concreto de las personas sino también la capacidad generada para modificar las relaciones estructurales de poder. Las reformas “sin más”, además de meramente coyunturales, pueden acabar fortaleciendo el orden establecido y generar una desmovilización de los movimientos sociales.

Las alianzas entre sujetos de transformación del Norte y del Sur pasa por relaciones de igualdad donde queden desterrados los “cheques en blanco” y donde las relaciones políticas sean de ida y vuelta. Además, el apoyo desde las organizaciones del Norte debe sustentarse sobre procesos revolucionarios y no sobre siglas concretas, y, en todo caso, la mejor manera de hacerlo efectiva desde aquí es confrontando con nuestros gobiernos y denunciando su complicidad con las empresas transnacionales y el modelo capitalista. Y es que, en cualquier caso, seguimos pensando con Bensaïd que “en el umbral del nuevo milenio, es más necesario que nunca cambiar un mundo que se precipita hacia la catástrofe, pero es menos posible que nunca predecir cómo serán las revoluciones futuras”. [26]

Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y miembro de Hegoa, y Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

- Este artículo ha sido publicado en Viento Sur, nº112, octubre de 2010.
NOTAS:

[1] “Repsol hace en Venezuela el mayor descubrimiento de gas de su historia”, El País, 12/09/2009; “Repsol halla en Venezuela el mayor pozo de gas de su historia”, Público, 12/09/2009.

[2] “Morales pide ‘socios, no dueños’ para que inviertan en su país”, El País, 15/09/2009.

[3] Discurso de Salvador Allende ante la Asamblea General de Naciones Unidas, 4 de diciembre de 1972.

[4] Hernández Zubizarreta, J. y Ramiro, P. (2010): “Seguridad jurídica, ¿para quién?”, Pueblos, nº 43.

[5] Ramiro, P. y González, E. (2008): “Las iniciativas de resistencia frente a las empresas multinacionales”, Viento Sur, nº 95.

[6] Entre 2006 y 2010 se han llevado a cabo diversas audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dedicadas a investigar y sistematizar los impactos de las empresas transnacionales en América Latina, especialmente de las europeas. Cabe destacar las tres sesiones organizadas en conjunto con la Red Birregional Europa, América Latina y Caribe Enlazando Alternativas que se celebraron en Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010).

[7] Bensaïd, D. (2009): Elogio de la política profana, Barcelona: Península.

[8] González, E. y Gandarillas, M. (coords.) (2010): Las multinacionales en Bolivia. De la nacionalización al proceso de cambio, Barcelona: Icaria.

[9] Gandarillas, M.; Tahbub, M. y Rodríguez, G. (2008): Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. La lucha de un pueblo por sus recursos naturales, Barcelona: Icaria.

[10] Entrevista a Pedro Páez Pérez, ministro de Coordinación de Políticas Económicas de Ecuador entre 2007 y 2008, ALAI-América Latina en movimiento (www.alainet.org), 1/07/2010.

[11] Ibídem.

[12] Gaudichaud, F. (2010): “Pensando alternativas, entre la crisis europea y el Yasuní”, entrevista a Alberto Acosta, Rebelión / ContreTemps (www.rebelion.org), 6/08/2010.

[13] Estas preguntas, y otras en la misma línea, fueron la base de la discusión en el seminario “Transnacionales, agentes... ¿de qué desarrollo?”, que tuvo lugar en Bilbao entre el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010 y fue organizado por Hegoa y OMAL.

[14] Wallerstein, I. (2010): “Contradicciones en la izquierda latinoamericana”, Rebelión, 28/08/2010.

[15] Zibechi, R. (2010): “Bolivia-Ecuador: El Estado contra los pueblos indios”, CIP Americas (www.cipamericas.org), 13/07/2010.

[16] Gaudichaud, F. (2010), art.cit.

[17] “Evo Morales: ‘Las ONGs usan a los pobres para vivir bien’”, Público.es/Efe, 01/10/2009.

[18] Zibechi, R. (2010): art.cit.

[19] Entrevista a Héctor Mondragón, activista social colombiano, realizada por Cronicón, Observatorio Sociopolítico Latinoamericano (www.cronicon.net), julio de 2010.

[20] Houtart, F. (2010): “Pueblos y ‘sumak kawsay’: Los indígenas y los nuevos paradigmas del desarrollo humano”.

[21] “Ecuador pone fin a tratados bilaterales de inversiones”, BBC Mundo, 16/09/10.

[22] Teitelbaum, A. (2010): La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Icaria.

[23] Aguirre, M. (2010): “¡Salvemos el Yasuní de las petroleras! ¿Golpe de timón en Ecuador?”, El Viejo Topo, 270-271.

[24] Hernández Zubizarreta, J.; González, E. y Ramiro, P. (2009): “Los movimientos sociales y sindicales ante la RSC: propuestas de intervención frente al poder corporativo”, en Hernández Zubizarreta, J. y Ramiro, P. (eds.): El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales, Barcelona: Icaria.

[25] Cuestiones como la elección de los representantes por consulta popular, las listas abiertas, la limitación de mandatos de candidatos y candidatas, la rotación en los puestos de dirección y la presencia institucionalizada de mujeres en puestos representativos, la elaboración democrática y abierta a los movimientos sociales de los programas electorales, la democracia interna en la toma de decisiones, el respeto a las minorías... son mecanismos elementales de corrección de la democracia representativa básicos para obtener una mayor legitimidad social.

[26] Bensaïd, D. (2009): op.cit.