Miguel Denis y César Romero
Venezuela atraviesa un colapso general de los servicios públicos, que se suma al problema de la hiperinflación, la precarización de los salarios y las condiciones de vida en general. Este contexto ha motivado protestas frecuentes en las comunidades y sectores que son afectados diariamente por la falta de agua, gas, electricidad o gasolina, situación que se vive en la mayoría de localidades del país. El ambiente de precariedad de la población parece llegar a límites inaguantables, y la protesta, aún sin la capacidad de articular demandas sociales o políticas, se convierte en un mecanismo más de sobrevivencia.
La crisis política y social que se ha instalado en el país, tuvo varios picos de conflictividad en 2016 y 2017, sin embargo a medida que el gobierno logró sobreponerse a la presión, se profundizaron los procesos de fragmentación social. Las organizaciones que articulan sindicatos, gremios, asociaciones vecinales/comunitarias, estudiantes, etc, se han debilitado tanto como las mismas condiciones de vida de la población. Aunque la conflictividad puede llegar a ser muy alta (según el OCS en el mes de abril hubo un promedio de 20 protestas diarias en el país), la desestructuración del tejido social limita la articulación colectiva a episodios espontáneos y localizados generando una sensación de aislamiento y desamparo en la mayoría opositora. Lo que ha permitido al ejecutivo nacional imponer una agenda que resulta una suerte de totalitarismo político con un “liberalismo chucuto” [1] en lo económico.
A medida que la economía del país fue colapsando progresivamente en los últimos años, ha surgido un entramado de negocios informales y desregulados que tienden a sustituir los roles de las empresas públicas devastadas por la corrupción. Parte de los capitales que se han formado alrededor de la corrupción estatal y de tramas criminales, son reinvertidos para captar las pocas fuentes de acumulación que se mantienen en el país. Se trata del consumo basado en las remesas, el extractivismo minero (oro, diamante) [2], la importación de alimentos [3], entre otros; así como de la nueva economía de bodegones (establecimientos comerciales de productos importados inaccesibles para el grueso de la población) que emergió en el segundo semestre del año 2019, junto a la liberalización/dolarización de la economía. Ahora, con la crisis final de PDVSA, se abren mecanismos legales para una mayor privatización de la empresa, así como la reestructuración del sistema distribución de combustible.
El precio subsidiado de la gasolina fue aprovechado históricamente por sectores de poder mediante el tráfico en la frontera [4], generando un saqueo sistemático que, sumado a la negligencia, corrupción, desinversión y endeudamiento de PDVSA, finalmente acabó con la producción nacional. Esto nos ha conducido a una insólita situación: siendo un país petrolero, necesitamos importar enormes cargamentos de gasolina. De hecho, como se aprecia en la figura 1, las bases que soportan la economía venezolana se han hecho más dependientes del mercado internacional, al punto que la importación de combustibles minerales y sus derivados, que son necesarios en buena medida para dar soporte a la industria petrolera, pasó de representar el 4,2% del total de importaciones en 2001 a más del 41% en 2018, mientras que la importación de cereales, que pueden ser perfectamente producidos en el país, creció de 1,8% en 2001 a casi 10% en 2019. Estos datos reflejan el desmantelamiento de la estructura productiva nacional y la mayor dependencia hoy de las importaciones para sostener el funcionamiento de la sociedad.
Fig. 1
Frente a la escasez se militarizaron las estaciones de servicio (E/S) con la intención de controlar el suministro de combustible al cual puede acceder la población, privilegiando aquellos sectores de mayores recursos y con conexiones directas con las altas esferas de poder. El desmantelamiento de la institucionalidad y el surgimiento y estabilización de dinámicas informales alimentó, en los primeros meses de cuarentena, un mercado paralelo organizado por los mismos sujetos que controlaban las E/S, en donde el litro de gasolina podía llegar a costar entre 3$ y 4$. Después de tres meses, con un país paralizado y sometido a una nueva rutina de colas, escasez y contrabando, se ejecuta un modus operandi similar al de la instalación de bodegones a nivel nacional: legalización de los grupos de poder que importan-distribuyen los recursos. El pasado 30 de mayo el gobierno anuncia el aumento del litro de gasolina subsidiada a 2,5 centavos de dólar con un cupo máximo de 120 litros por mes y la dolarización de 200 E/S en el territorio que cobrarán el litro a 0,5 dólares. De esta forma se concretan pasos para la privatización del negocio de hidrocarburos venezolano, y parte de la industria petrolera nacional empieza a funcionar como mero intermediario y distribuidor de combustible extranjero en el país. Comienza así, un proceso histórico de entrega formal de PDVSA a capitales extranjeros transnacionales (rusos, chinos, estadounidenses, entre otros) y de desmantelamiento abrupto del bien público que sostuvo el modo de vida de varias generaciones de venezolanos en las últimas décadas.
La indignación con el aumento general del precio de la gasolina en las E/S privadas ha recorrido al país, generando descontento en las colas y protestas espontáneas cuando no llega la prometida gasolina subsidiada. El gobierno ha actualizado toda las escalas de precios a una economía dolarizada, a excepción del salario mínimo y base, el cual presenta montos inferiores a los 5$ mensuales.
Por otro lado, para estimular la importación en el marco de la liberalización de la economía, el ejecutivo nacional ha exonerado de impuestos a los sectores importadores –incluyendo la gasolina-, a las inversiones internacionales, e incluso a toda la economía dolarizada que en hechos concretos todavía no tiene ningún tipo de regulación fiscal. Sin embargo, el IVA se mantiene en un alto 16%, generando mayores ingresos al presupuesto nacional que el Impuesto Sobre la Renta. Se libera una economía dolarizada, gestionada por los grupos de poder que han crecido alrededor de la administración estatal, mientras que se carga a los pequeños consumidores con el peso impositivo que alimenta dicha estructura. Una administración que dejada a la corrupción y la desidia, ha terminado destruyendo los servicios públicos, y se ha reducido a una máquina de repartición clientelar de los poco recursos con los que cuenta (bonos, clap, nómina estatal).
ALGUNOS DATOS DE INTERÉS RESPECTO A LA DINÁMICA DE SAQUEO
Venezuela atraviesa un colapso general de los servicios públicos, que se suma al problema de la hiperinflación, la precarización de los salarios y las condiciones de vida en general. Este contexto ha motivado protestas frecuentes en las comunidades y sectores que son afectados diariamente por la falta de agua, gas, electricidad o gasolina, situación que se vive en la mayoría de localidades del país. El ambiente de precariedad de la población parece llegar a límites inaguantables, y la protesta, aún sin la capacidad de articular demandas sociales o políticas, se convierte en un mecanismo más de sobrevivencia.
La crisis política y social que se ha instalado en el país, tuvo varios picos de conflictividad en 2016 y 2017, sin embargo a medida que el gobierno logró sobreponerse a la presión, se profundizaron los procesos de fragmentación social. Las organizaciones que articulan sindicatos, gremios, asociaciones vecinales/comunitarias, estudiantes, etc, se han debilitado tanto como las mismas condiciones de vida de la población. Aunque la conflictividad puede llegar a ser muy alta (según el OCS en el mes de abril hubo un promedio de 20 protestas diarias en el país), la desestructuración del tejido social limita la articulación colectiva a episodios espontáneos y localizados generando una sensación de aislamiento y desamparo en la mayoría opositora. Lo que ha permitido al ejecutivo nacional imponer una agenda que resulta una suerte de totalitarismo político con un “liberalismo chucuto” [1] en lo económico.
A medida que la economía del país fue colapsando progresivamente en los últimos años, ha surgido un entramado de negocios informales y desregulados que tienden a sustituir los roles de las empresas públicas devastadas por la corrupción. Parte de los capitales que se han formado alrededor de la corrupción estatal y de tramas criminales, son reinvertidos para captar las pocas fuentes de acumulación que se mantienen en el país. Se trata del consumo basado en las remesas, el extractivismo minero (oro, diamante) [2], la importación de alimentos [3], entre otros; así como de la nueva economía de bodegones (establecimientos comerciales de productos importados inaccesibles para el grueso de la población) que emergió en el segundo semestre del año 2019, junto a la liberalización/dolarización de la economía. Ahora, con la crisis final de PDVSA, se abren mecanismos legales para una mayor privatización de la empresa, así como la reestructuración del sistema distribución de combustible.
El precio subsidiado de la gasolina fue aprovechado históricamente por sectores de poder mediante el tráfico en la frontera [4], generando un saqueo sistemático que, sumado a la negligencia, corrupción, desinversión y endeudamiento de PDVSA, finalmente acabó con la producción nacional. Esto nos ha conducido a una insólita situación: siendo un país petrolero, necesitamos importar enormes cargamentos de gasolina. De hecho, como se aprecia en la figura 1, las bases que soportan la economía venezolana se han hecho más dependientes del mercado internacional, al punto que la importación de combustibles minerales y sus derivados, que son necesarios en buena medida para dar soporte a la industria petrolera, pasó de representar el 4,2% del total de importaciones en 2001 a más del 41% en 2018, mientras que la importación de cereales, que pueden ser perfectamente producidos en el país, creció de 1,8% en 2001 a casi 10% en 2019. Estos datos reflejan el desmantelamiento de la estructura productiva nacional y la mayor dependencia hoy de las importaciones para sostener el funcionamiento de la sociedad.
Fig. 1
Frente a la escasez se militarizaron las estaciones de servicio (E/S) con la intención de controlar el suministro de combustible al cual puede acceder la población, privilegiando aquellos sectores de mayores recursos y con conexiones directas con las altas esferas de poder. El desmantelamiento de la institucionalidad y el surgimiento y estabilización de dinámicas informales alimentó, en los primeros meses de cuarentena, un mercado paralelo organizado por los mismos sujetos que controlaban las E/S, en donde el litro de gasolina podía llegar a costar entre 3$ y 4$. Después de tres meses, con un país paralizado y sometido a una nueva rutina de colas, escasez y contrabando, se ejecuta un modus operandi similar al de la instalación de bodegones a nivel nacional: legalización de los grupos de poder que importan-distribuyen los recursos. El pasado 30 de mayo el gobierno anuncia el aumento del litro de gasolina subsidiada a 2,5 centavos de dólar con un cupo máximo de 120 litros por mes y la dolarización de 200 E/S en el territorio que cobrarán el litro a 0,5 dólares. De esta forma se concretan pasos para la privatización del negocio de hidrocarburos venezolano, y parte de la industria petrolera nacional empieza a funcionar como mero intermediario y distribuidor de combustible extranjero en el país. Comienza así, un proceso histórico de entrega formal de PDVSA a capitales extranjeros transnacionales (rusos, chinos, estadounidenses, entre otros) y de desmantelamiento abrupto del bien público que sostuvo el modo de vida de varias generaciones de venezolanos en las últimas décadas.
La indignación con el aumento general del precio de la gasolina en las E/S privadas ha recorrido al país, generando descontento en las colas y protestas espontáneas cuando no llega la prometida gasolina subsidiada. El gobierno ha actualizado toda las escalas de precios a una economía dolarizada, a excepción del salario mínimo y base, el cual presenta montos inferiores a los 5$ mensuales.
Por otro lado, para estimular la importación en el marco de la liberalización de la economía, el ejecutivo nacional ha exonerado de impuestos a los sectores importadores –incluyendo la gasolina-, a las inversiones internacionales, e incluso a toda la economía dolarizada que en hechos concretos todavía no tiene ningún tipo de regulación fiscal. Sin embargo, el IVA se mantiene en un alto 16%, generando mayores ingresos al presupuesto nacional que el Impuesto Sobre la Renta. Se libera una economía dolarizada, gestionada por los grupos de poder que han crecido alrededor de la administración estatal, mientras que se carga a los pequeños consumidores con el peso impositivo que alimenta dicha estructura. Una administración que dejada a la corrupción y la desidia, ha terminado destruyendo los servicios públicos, y se ha reducido a una máquina de repartición clientelar de los poco recursos con los que cuenta (bonos, clap, nómina estatal).
ALGUNOS DATOS DE INTERÉS RESPECTO A LA DINÁMICA DE SAQUEO
● China participa en el 28% de las importaciones venezolanas
● EEUU participa en el 24% de las importaciones venezolanas
● A pesar de la retórica gubernamental, EEUU es el segundo socio comercial más importante de Venezuela
● En 2018, el total de importaciones fue de 11.244.838.000 USD, y solo la importación de combustibles minerales, aceites minerales, y productos de su destilación, así como materias bituminosas y ceras minerales sumaron 4.628.784.000 USD, equivalentes al 41% del total de importaciones ese mismo año. Estos insumos son necesarios para el funcionamiento y generación de productos derivados de la industria petrolera.
El gobierno, más que un arquetipo estatista, ha apostado a un modelo de expansión y saqueo del Estado, que ahora llega a un impasse. La misma dinámica de despojo ha producido una reestructuración del país hacia un modelo de privatización general, a partir de la acumulación e inversión generada por sectores asociados a la corrupción estructural que ha ocupado las instituciones y la forma de gobernar en el país. Se viene conformando una nueva élite económica. Nuevos grupos de poder que con la anuencia del gobierno central, amén de lealtades incondicionales, acceden a los pocos recursos del Estado y actúan como sector privado constituyendo una suerte de «nueva burguesía», toda vez que se afianza el carácter totalitario del gobierno central.
Se trata de una transición regresiva, una tendencia que ha sido viable en la medida en que el gobierno ha podido mantener el control sobre la población, bajo una mezcla de estrategias de violencia, clientelismo y autoritarismo. La lógica de saqueo que nos ha llevado a la crisis, es la de una máquina de voraz extracción de recursos humanos y naturales, un proceso de acumulación por destrucción que logró instalarse en los códigos del poder político.
Pero de esta práctica de poder y acumulación se abren fugas, formas de resistencia basadas en la solidaridad y la autonomía, que pueden producir contrapesos sociales y -en la medida de lo posible- institucionales, frente a la gubernamentalidad actual. Se desprende entonces la necesidad de la defensa de lo público, entendiéndolo como lo “común”, que por el contexto descrito hasta ahora, puede contraponerse a lo estatal y los controles burocráticos. El contrapeso comienza cuando la extracción privada de recursos es limitada por la administración común, que en nuestra sociedad se expresa tanto en la disputa del valor del trabajo, como en la disputa de instituciones democráticas y derechos políticos.
Notas:
[1] Utilizamos la expresión “liberalismo chucuto”en analogía a la frase “nacionalización chucuta” que se empleó para caracterizar la nacionalización petrolera de 1976. Análogamente, la conformación de una “Burguesía revolucionaria” supone la constitución de una nueva élite llamada a apropiarse de los medios de producción con la anuencia del ejecutivo y en clara subordinación política a éste.
[2] Para 2016 la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado (GIATOC, por sus siglas en inglés) reportaba que el 91% del oro producido en Venezuela era ilegal. Dato que coincide con la disminución de la producción y resquebrajamiento de la industria aurífera estatal y la expansión desenfrenada de la minería a pequeña y mediana escala al sur de Venezuela.
https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/
[3] Auspiciado por la exoneración de impuestos a la importación de más de 1000 productos para el consumo final, a partir del año 2019 subieron las importaciones de estos bienes, fundamentalmente para nutrir la economía de bodegones, nuevos establecimientos dolarizados para la venta de productos de la canasta básica alimentaria, además de otros alimentos de lujo y productos variados en general. https://www.noticierodigital.com/2020/03/torino-economics-productos-importados-de-consumo-final-duplico-su-valor-en-2019-a-41-millones/ A su vez se debe tomar en cuenta que el programa de distribución de comida CLAP, también ha generado sistemas -acusados de fraudulentos- de importación masiva de alimentos para el consumo final, el cual se ha establecido desde los años 2017-2018. El portal web Armando.info ha realizado varias investigacions sobre las redes de importación alrededor de los CLAP: https://armando.info/Series/Details/24
[4] Estimaciones conservadoras indican que más de 45 mil barriles de combustible se pierden diariamente en Venezuela debido al contrabando. Esta cifra representa el 15% del consumo de diario de gasolina en el país.
[Tomado de https://indymedia-venezuela.contrapoder.org/spip.php?article1879.]
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