Dictadura pretende estigmatizar a quien analiza e investiga su violencia represiva: En defensa de Keymer Ávila

I.- Comunicado en solidaridad con el docente e investigador de la UCV Keymer Ávila

Recientemente, desde un medio de comunicación de la Alcaldía de Caracas, Ciudad Ccs, se ha iniciado una campaña de estigmatización contra el profesor Keymer Ávila, con acusaciones infundadas que pretenden desacreditar y criminalizar los resultados de investigaciones independientes sobre temáticas de altísima importancia para los países latinoamericanos. Esta situación también ha sucedido en ocasiones anteriores con organizaciones que vienen denunciando la sistemática violación del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal en los sectores populares.

Estas campañas recurren a la falacia argumentativa más elemental: buscar desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje.

Frente a este ataque, nosotros, investigadores y académicos de diversas áreas, reivindicamos y defendemos el resguardo de uno de los fundamentos de nuestra vocación y oficio: la construcción científica de datos, insumos y evidencias que contribuyan con debates para la construcción del bien común. Destacamos la reconocida trayectoria profesional del profesor Keymer Ávila y nos unimos al clamor de las diferentes organizaciones de diversas tendencias políticas que denuncian los sistemáticos abusos de la fuerza letal de la cual vienen siendo víctimas los sectores populares durante los últimos años.

Apuntamos:

En estacampaña nada se dice sobre el hecho que desde el año 2015, cuando se iniciaron los operativos militarizados conocidos como las “Operaciones de Liberación del Pueblo”–OLP– seguidos por la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional–FAES-, el gobierno ha desplegado una política de matanza hacia los sectores más empobrecidos y vulnerables del país.

Las mismas cifras oficiales publicadas por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol,revelan el significativo incremento de los casos de muertes violentas registradas bajo la categoría Resistencia a la Autoridad, que desde el año 2016 se ubican en más de cuatro mil novecientos casos anuales. La magnitud del aumento, y la investigación de campo realizada por diferentes organizaciones e investigadores, ha servido de base para evidenciar que la ejecución extrajudicial se ha convertido en una práctica de Estado dirigida hacia la población pobre y,especialmente, hacia los jóvenes varones de los barrios.

En la vivencia de quienes han sido víctimas de los operativos policiales destaca la desmesurada violencia a la que son expuestas las comunidades, familias, madres, hijas e hijos de los jóvenes asesinados. A esto se suma el hecho de que el Estado venezolano se ha encargado de desmentir esta realidad y, con ello, no ha asumido la reparación y restitución de derechos de los afectados por las políticas de “mano dura”.

El informe del “Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina”, que forma parte de los objetivos atacados por la campaña que denunciamos, es una iniciativa de reconocidos investigadores y académicos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. El capítulo sobre este último país estuvo a cargo del profesor Keymer Ávila. En la referida investigación se elaboran un conjunto de indicadores provenientes dedos fuentes: la primera, está constituida porlos datos oficialespublicados por el Ministerio de Interiorque permiten estimar las magnitudes del fenómeno investigado.La segunda está constituida por un levantamiento sistemático realizado por el investigador, de un corpus de casos a partir de fuentes secundarias, el cual -tanto por su tamaño como por su consistencia con las fuentes oficiales- se encuentra dentro de los parámetros metodológicos estándar empleados enlas ciencias sociales para la estimación de las diferentes proporcionalidades que se presentan en los indicadores. De allí que su validez científica sea más que probada.

Keymer Ávila es profesor de pre y posgrado de la UCV e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la misma casa de estudios. Posee numerosas publicaciones, tanto en revistas científicas como en medios de divulgación para el público general.También, ha sidoasesor del Ministerio Público y del Consejo General de la Policía, así como de diversas ONGnacionales e internacionales, en el área de derechos humanos.

Consideramos que la producción de conocimiento basado en evidencia, así como su divulgación, resultan indispensables para afrontar las amenazas que hoy confrontael contexto latinoamericano actual, donde los pueblos exigen una transformación sustancial de sus sistemas políticos e institucionales, que redunde en mayor democracia y en el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Sirva este comunicado para mostrar el respaldo con el que cuenta el trabajo del profesor Ávila, que hacemos extensivo a todoslos sectores sociales que quieran hacerlo suyo. Los que tratan de atacar los hallazgos que derivan de su investigación no le hacen daño a la universidad o a las organizaciones sociales que coinciden en visibilizar la atrocidad institucional, le hacen un grave daño al país, al pueblo pobre, a todas las personas y comunidades que han sido víctimas de las prácticas de exterminio ejecutadas por los cuerpos represivos del Estado. Más que “defender” un proyecto de país, estos ataques no hacen sino legitimar, fortalecer y hacerse cómplices con la producción masiva de muertes violentas en Venezuela, así como con el profundo dolor y cadena de duelos a la que son sometidos miles de venezolanos.

Urgimos el establecimiento de un debate serio y profundo sobre las muertes perpetradas por el Estado así como la perentoria necesidad de establecer mecanismos para el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas. Vaya nuestro respaldo a todos aquellos que trabajan y luchan para registrar, denunciar y resistir la ola de violencia institucional de carácter letal. Finalmente,toda nuestra solidaridad y acompañamiento especiala los sobrevivientes, alas madres y familiares de las víctimas cuyas vidas han sido segadas por la maquinaria estatal.

[Texto tomado de http://chng.it/KHfkHgLh donde también puede firmarse adhiriendo a este comunicado en solidaridad con K. Ávila y la investigación que desenmascara la violencia institucional en Venezuela hoy.]


II.- El investigador atacado replica:
     ¿Cuál es el debate?

Keymer Ávila

Recientemente se ha emprendido una serie de rumores, descalificaciones y ataques hacia mi persona y mis investigaciones, a través de diversas redes, a los que había decidido en su momento no atender porque no era ni mi debate ni mis espacios. Me involucraron en esas discusiones de manera subrepticia e inconsulta, posiblemente para ocultar sus propios errores tratando de utilizarme como chivo expiatorio. Pero ya que la maraña de chismes, informaciones falsas, propaganda y manipulaciones partidistas ha llegado a un medio oficial como Ciudad Caracas, considero necesario manifestar mi posición al respecto, así como desmentir varios señalamientos que se me han hecho:

1. Desde hace casi 15 años me he dedicado al estudio y análisis crítico del sistema penal en Venezuela, parte de este trabajo se encuentra en unos 16 artículos publicados en revistas arbitradas especializadas, así como una veintena de otras publicaciones, capítulos de libros, e informes técnicos, todo este trabajo académico es público y de libre acceso: https://ucv.academia.edu/KeymerÁvila; https://www.researchgate.net/profile/Keymer_Avila.

2. Varias de estas investigaciones se le han consignado formalmente a las autoridades vinculadas con los temas de análisis. También se les ha solicitado con antelación sus informaciones y datos para priorizar en la información y posición oficial, lamentablemente de estas comunicaciones nunca recibo respuesta alguna.

3. Hace unas tres semanas se ha generado un debate entre algunos sectores por una campaña iniciada por una ONG que se reivindica como simpatizante de las políticas gubernamentales, en las que se denuncian ejecuciones extrajudiciales realizadas por los cuerpos de seguridad en el país, planteamiento más que legítimo, es una temática a la que le he dedicado años de investigaciones y publicaciones. Sobre la mencionada campaña es importante informar tres cosas:

    a. No tengo ni he tenido ningún tipo de vinculación con esa ONG, por lo tanto los momentos en los que decidieron hacer su campaña, así como sus formatos, slogans, hashtags e intenciones son para mí totalmente ajenos y desconocidos.

    b. Esta ONG utilizó para su campaña una pequeña parte de unos datos oficiales de distintos países de la región que se encuentran en un estudio comparativo más amplio, realizado por el Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina, cuyo capítulo Venezuela está a mi cargo.

    c. La señalada campaña ha generado diversas reacciones entre sectores identificados con el gobierno, entre ellas ataques, descalificaciones, señalamientos falsos, campañas de desprestigio, cacerías de brujas, entre otras tácticas que buscan distraer la atención del problema principal: las muertes de los jóvenes pobres a manos de los cuerpos de seguridad.

4. El Monitor de Uso de la Fuerza Letal (MUFL), del cual formo parte, agrupa a investigadores y académicos de cinco países de la región: Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. Las instituciones a las que estamos adscritos son las siguientes: Laboratório de Análises da Violência de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, la Fundación Ideas para Paz, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Ciencias Penales de Universidad Central de Venezuela. Cada una de estas instituciones con una clara trayectoria, ampliamente conocida en toda la región por sus posiciones ante las políticas de seguridad de sus países, así como por sus investigaciones y trabajos académicos.

    a. En el MUFL se construyeron indicadores y metodologías comunes para poder medir, analizar y comprender el uso y abuso de la fuerza letal en perspectiva comparada, con miras a la búsqueda de evidencias que sirvan de insumo para la prevención de abusos, así como una mayor seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios funcionarios.

    b. El capítulo sobre Venezuela es de mi autoría, la base principal del análisis es información oficial, que siempre fue priorizada. El informe completo pueden leerlo en este enlace y no puede reducirse a una infografía: https://www.academia.edu/40204595/Uso_de_la_Fuerza_Letal_en_Venezuela. El dato que generó revuelo en la campaña de hace tres semanas es oficial, puede consultarse en estos enlaces, la fuente es el propio Ministro de Interior: https://twitter.com/NestorReverol/status/946081878158823425 ; https://www.instagram.com/p/BdNyMWLnllS/

    c. El análisis comparativo regional es un producto colectivo, no es sólo de mi autoría. En éste también se priorizó en las informaciones oficiales. Para hacer las comparaciones y los contrastes se utilizaron solo informaciones de la misma naturaleza. Información oficial se contrastó solo con información oficial. Las informaciones oficiales tradicionalmente son precarias y poco confiables. Para los interesados en mi lectura crítica sobre las cifras oficiales de México y Colombia en el marco de este estudio: https://efectococuyo.com/opinion/monitor-del-uso-de-la-fuerza-letal-en-america-latina/

    d. ¿Por qué el MUFL trabajó solo con los datos de 2017? Porque fue el año completo más cercano a la fecha de inicio del proyecto, abril de 2018. Los resultados fueron publicados en agosto de 2019, se presentaron inicialmente en la UNAM y luego se difundieron por toda la región. Para más detalles sobre el MUFL: http://www.monitorfuerzaletal.com/

5. Mi actividad es académica y de investigación, no soy integrante de la Open Society Foundations, como falsa e irresponsablemente se ha señalado en el diario Ciudad Caracas. Este medio no me contactó para verificar esa información ni para contrastar mi versión sobre estos señalamientos.

6. Es preocupante que se utilicen informaciones falsas y campañas de desprestigio personal como forma de distraer la atención e intentar encubrir los problemas sociales e institucionales que padecemos como país.

7. En el marco de la señalada campaña de estas semanas también han proliferado discursos justificantes y negacionistas de la arbitrariedad y la violencia institucional desatada, que se ha incrementado durante los últimos años. Las cifras oficiales establecen claramente que durante 2018 el 33% de los homicidios que ocurrieron en el país fue consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Diariamente 15 jóvenes mueren por estas causas en el país. Estas son las cifras que el propio gobierno le entregó a la Alta Comisionada para las Naciones Unidas en julio de este año.

8. En este marco discutir si algunos de los fallecidos estaban o no involucrados en actividades delictivas es irrelevante, en el país no existe legalmente la pena de muerte, pena que está en proceso de extinción en todo el mundo; y en caso de existir ésta debe ser producto de una decisión judicial y no ser administrada discrecionalmente por parte de policías y militares en la calle. El debate es sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y su justificación en los casos concretos donde hay resultados fatales. Las denuncias de familiares y las evidencias generales señalan que en la mayoría de estos casos no se trata de enfrentamientos si no de ejecuciones sumarias.

9. Los policías también son víctimas de homicidio, lo hemos estudiado y documentado también por años, siete de cada 10 policías víctimas de homicidio no se encuentran en el ejercicio de sus funciones en el momento del hecho. La mayoría de las muertes de los policías y de los civiles que fallecen producto de su intervención son consecuencia de encuentros irregulares, emboscadas, asaltos, cacerías, donde hay un uso de la fuerza desigual, asimétrica por parte de los bandos involucrados. Las muertes en el marco de enfrentamientos reales son excepcionales (7% del total de casos del AMC, no más del 12% a nivel nacional).

10. La instrumentalización del dolor de lasmadres cuyos hijos han sido asesinados es detestable e imperdonable. Lo mismo cabe decir en general para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en su conjunto, más cuando se utiliza su violación y el drama familiar implícito como excusas para librar batallas internas de carácter partidista, rivalidades grupales, para ganar o no perder espacios de propaganda, clientelares o por mero sentido crematístico. Es un síntoma más de la crisis compleja y profunda que estamos viviendo, tal como señala Achille Mbembe, “una crisis de subsistencia tal que el valor de todas las cosas se distorsiona, incluso el de la vida y la muerte”.

Para concluir, y dejando claro que estoy lejos de pretender dar lecciones acerca de lo que podría considerar el mejor modo de defender los derechos humanos, sugiero que quienes se involucren en este tipo de actividades lo hagan poniendo de relieve genuinamente a las víctimas, con independencia de quién sea responsable de la protección y o violación de sus derechos. No existen buenos violadores de derechos, y nadie debería gozar de impunidad en forma alguna por su violación. De igual forma considero necesario desde una ética de los derechos humanos, despartidizar su defensa y protección; comprender que la lucha por su plena vigencia, constituye un objetivo de una trascendencia infinitamente superior que cualquier prevalencia de facciones o corrientes políticas domésticas o de las típicas dinámicas y alineamientos que caracterizan el debate político y geopolítico. Ello sería demostración fehaciente de coherencia y responsabilidad, requisitos sine qua non para la defensa de los derechos de todos, especialmente los de los más vulnerables, los excluidos de siempre.

[Tomado de http://www.laizquierdadiario.com.ve/Tribuna-abierta-a-Keymer-Avila-Cual-es-el-debate.]