PROVEA
* Texto extraído del Informe
Anual 2018 de PROVEA, de su apartado sobre el derecho a la alimentación, pp. 32-35.
La
corrupción como eje articulador de varias violaciones al derecho a la alimentación se ha venido
presentando y expandiendo hace
muchos años, pero fue en 2018 cuando las
evidencias salieron a la luz con más fuerza y desde varios ámbitos, incluso desde órganos
contralores y de administración
de justicia de otras naciones. Las formas de corrupción
alimentaria más usual que continúan su patrón de
actividad en el periodo son:
• La ejercida en los diferentes puntos de
operación de los CLAP: en la
procura de sus productos importados, en
la opacidad de sus mecanismos de auditoría, en la malversación de los alimentos para otros
fines distintos a los de
protección social y en la administración de los comités.
• La discrecionalidad, la falta de contrapeso
y la opacidad de las cuentas
públicas del aparato estatal que controla la
alimentación.
• El tráfico de influencias y la participación
a gran escala en el mercado
ilegal de alimentos inmerso en la militarización del
sistema alimentario nacional.• La creación de entes y órganos públicos para
el control en materia de
alimentación con iguales competencias y la
creación de “Empresas Propiedad
del Estado (EPE)” [67]. De
acuerdo con informe de Transparencia Venezuela, en
al menos 71 empresas que pertenecen al sector agroalimentario,
ganadería y pesca, se han malversado cuantiosos
recursos.
• Tráfico de influencias en la asignación de
divisas preferenciales para la
adquisición de alimentos en el
exterior que luego son revendidos en el país a un diferencial sobrepreciado.
• Pérdida de contrapesos al Poder Ejecutivo
mediante recurrentes
modificaciones a la Ley Orgánica de Administración
Financiera del Sector Público orientadas a facilitar
la manipulación presupuestaria, incluyendo falta de
especificidad del gasto, aprobación inconstitucional de créditos adicionales y ausencia de
requisitos de solvencia.
El
caso de la corrupción a través del programa oficial de los CLAP es el más documentado en el año y
para el cual se registraron más
denuncias, incluso fuera de Venezuela. En el funcionamiento
de los CLAP particularmente se ha detectado:
• Relaciones comerciales con redes
internacionales del crimen
organizado en materia alimentaria, que incurren en
delitos de sobrefacturación de los alimentos vendidos a los proveedores venezolanos.
• Adulteración de los alimentos comprados para
ser enviados a Venezuela e
incorporados a los esquemas de distribución,
con conocimiento de los proveedores que el Estado
venezolano asigna y ante las denuncias evidentes de
las fallas en la adecuación a lineamientos mínimos para alimentos aptos para el consumo humano.
Las adulteraciones más groseras
se han hecho sobre productos lácteos,
lo cual aporta una gravedad excepcional, ya que
es el producto de la bolsa que más probablemente consumirán
las personas más vulnerables en cada hogar.
• Incumplimiento de la normativa nacional en
materia de calidad e inocuidad
de alimentos. El análisis químico de
las leches importadas desde México revela que no cumplen
con las normas Covenín 1481 y los parámetros del
Instituto Nacional de Nutrición (INN) de Venezuela, así como la norma oficial mexicana
155-SCFI-2012.
• Discrecionalidad en la entrega, cobro previo
de las bolsas, sobreprecio,
desviación para la reventa, exclusión por razones políticas, inconsistencia en
el patrón de entrega y en el
contenido de las bolsas.
Las
dos denuncias que develan gobiernos de naciones latinoamericanas
en 2018 sobre la trama de corrupción a través de
los CLAP, con proveedores vinculados al Estado venezolano imbricados en redes de crimen organizado de
lavado de dinero, las hacen los
gobiernos de Colombia y de México.
A
través de la Policía de Fronteras y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN)
de la Policía Nacional de
Colombia se denuncia la incautación de
alimentos descompuestos e infestados por plagas, millonarios
sobrecostos e importaciones falsas por empresas fantasma
y posibles delitos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En
México se desactivó una red de empresas que sobrefacturaba,
adulteraba y vendía a sobreprecio alimentos de
baja calidad al gobierno de Venezuela. La Procuraduría General de la República (PGR) denunció como
implicados a empresarios
mexicanos y venezolanos y ordenó una indemnización
por tres millones de dólares, que fue asignada
a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
A
estas denuncias de corrupción se suman otras, incluso desde el propio gabinete alimentario e
instituciones públicas:
• El Buró Político del Partido Comunista de
Venezuela (PCV) denunció que a
nivel nacional se están presentando casos
de corrupción en la venta de ejidos municipales con la intención de “engordarlos”
para luego ser vendidos en dólares.
• El Ejecutivo nacional denunció el robo de un
millón de cajas CLAP, es decir,
16% de la meta de seis millones que suelen
manejar informalmente los administradores del programa.
A la fecha de este informe sigue sin esclarecerse la identidad de los responsables.
• Diputados de la Asamblea Nacional (AN)
denunciaron el desfalco a la
nación de 110 mil millones de bolívares por parte
de las empresas adscritas al Ministerio de Agricultura.
• El Contralor General de la República indicó
que la corrupción en Venezuela
sigue “galopante” y reconoció la
tergiversación de los fondos en entidades públicas. Precisó que la Contraloría ha investigado
más de 1.600 casos de
corrupción al cierre de julio de 2018, incluyendo a funcionarios de alto rango. Frente a esto
reconoció además el poco
alcance que prevé de su gestión, diciendo que
la corrupción de Estado “existe,
siempre ha existido y siempre
existirá” [68].
Notas:
[67]
Transparencia Venezuela:
“Empresas Propiedad del Estado: un modelo de control” [en línea] https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/
Consulta del 14.03.19.
[68]
Globovisión [en línea] https://globovision.com/article/jvr1
Consulta del 02.
[El
Informe Anual 2018 de PROVEA en versión integral es accesible en https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2018-2.]
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