Venezuela y la geo-ecopolítica del oro

Emiliano Terán

Aunque el oro es un commodity de muy alto valor en el sistema capitalista global, ha sido el petróleo el que ha marcado determinantemente la historia contemporánea de Venezuela. Pero como es sabido, esta nación construida en torno al crudo, se encuentra hoy en medio de la peor crisis de su historia, colapsada y haciendo aguas por todos lados. El derrumbe de la Venezuela petrolera está produciendo una revalorización de otros commodities distintos al crudo, y va generando la emergencia de nuevos escenarios y formas de disputa por los llamados “recursos naturales” en el país.

En este complejo contexto, el oro cobra una importancia crucial. Ya en la década de los años 90, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80s, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos para enfrentar la crisis de la deuda externa y sustentar políticas de ajuste neoliberal. En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces Presidente Rafael Caldera abría el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el ambiente, generando una de las movilizaciones más interesantes de la historia de los movimientos ecologistas venezolanos contemporáneos.

Hoy, el oro se está constituyendo como uno de los principales refugios económicos del Gobierno de Nicolás Maduro. Pero esto es necesario verlo más allá de las tendencias a la expansión de la mega-minería (con el Arco Minero del Orinoco como proyecto emblemático) y las pretensiones del Gobierno de captar la mayor cantidad posible de toneladas de este metal precioso. La devastadora crisis, el muy considerable retroceso de la circulación de la renta petrolera (y la gigantesca pérdida de valor del bolívar), el colapso del Petro-Estado y la generalización de la corrupción, han estimulado extraordinariamente la multiplicación de las economías informales de extracción y las disputas territoriales, en buena medida orientadas a la apropiación directa de recursos, siendo el oro el commodity más preciado y el que genera mayores rivalidades. Y estas disputas están siendo violentas, muy violentas, lo que incluye la participación de grupos armados organizados de diverso tipo.

Visto a escala geográfica, más que formas segmentadas, estos procesos de extracción aurífera se nos presentan como complejas y amplias ramificaciones territoriales que impactan determinantemente localidades específicas (como El Callao, Las Claritas, Tumeremo, Alto Paragua, Ikabarú, Yapacana, Tocuyito, por mencionar ejemplos), pero que se expanden hasta abarcar y transformar cuencas hidrográficas, biorregiones, zonas fronterizas (de Colombia, Guayana, Brasil), hasta, en última instancia, articularse con redes internacionales de commodities.

Así que Venezuela no está siendo sólo atravesada por las diversas dimensiones de los conflictos que giran en torno al petróleo, sino al mismo tiempo por un bullente entramado de conflictos multi-escalares que giran alrededor del oro. Esta trama puede ser entendida como la geo-ecopolítica del oro, en la medida en la que se cruzan simultáneamente intereses económicos transnacionales y disputas geopolíticas e intercapitalistas, formas de organizar y capitalizar la naturaleza desde la gestión nacional-estatal del extractivismo, grupos de poder territorial (que pueden ser ilegales, criminales y armados), economías locales de la extracción, grandes impactos ambientales y comunidades afectadas e involucradas en estos conflictos.

A diferencia del petróleo, que se caracteriza por una extracción realizada fundamentalmente a través de infraestructuras, tecnologías de punta y un negocio altamente monopolizado por transnacionales y estados nacionales, el oro puede ser arrancado de la tierra por numerosos actores, sin requerir necesariamente amplias maquinarias o procesos muy complejos para su extracción. En las fiebres del oro, todos son potenciales mineros. La crisis de la Venezuela petrolera y esta particular geo-ecopolítica del oro son una clara expresión de la forma actual del extractivismo en el país: rapiña, violencia, ilegalidad y, en buena medida, sobrevivencia.

Muchos saben de dónde sale el oro, pero pocos, muy pocos, saben hacia dónde va. Son las cadenas globales de valor de este metal precioso, que operan entre la legalidad y la ilegalidad. En varios países de América Latina, del total del oro extraído, más del 75% proviene de la minería ilegal. En Venezuela, esta cifra supera el 90%. Así que no estamos ante un fenómeno marginal, sino constitutivo de la minería aurífera, lo cual se ha intensificado marcadamente con la globalización.

En estas cadenas globales del oro, las violentas minas de Venezuela se conectan también con redes y mercados muy oscuros de la ilegalidad y el crimen organizado, intermediarios internacionales y agentes de las corporaciones transnacionales (que operan en las sombras), grupos armados locales, actores del conflicto armado colombiano y/o funcionarios militares corruptos. Son estructuras de poder que se instalan, que se institucionalizan, que se vuelven dominantes, controlando al menos una parte del proceso de apropiación y distribución global de este commodity.

Esta forma de la actividad minera vincula mercurio y sangre, altos niveles de deforestación con trata de personas, devastación de cuencas hidrográficas con trabajo forzado. Su rentabilidad puede ser superior a otros sectores de las economías ilícitas como el tráfico de drogas (por eso parte de estos segmentos han migrado al negocio de la minería ilegal).

Con la crisis venezolana, el Gobierno nacional ha intensificado su participación en los procesos de extracción de oro, pero hasta la fecha no ha reactivado sus enclaves minero-industriales formales, ni mucho menos ha podido instalar y operativizar otros nuevos. Esto implica que para la captación de las nuevas toneladas de oro que han sido presentadas en medios televisivos y prensa escrita y digital –recuérdese las imágenes del Presidente Maduro con varios lingotes de oro en el Palacio de Miraflores–, el Gobierno termina haciendo parte y metiéndose de lleno en estas complejas redes globales del oro, a pesar de que anuncie que todo ello se realiza sólo con pequeños mineros organizados por el Estado, que no usan mercurio y que practican una minería amigable con el ambiente.

En estas cadenas globales, el oro puede recorrer varios países, antes de llegar a refinerías que se encuentran en diversas partes del mundo. Entre los grandes refinadores se encuentran Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Las ventas de oro por parte del Gobierno de Venezuela, que hoy están formalmente afectadas por las sanciones impuestas por los Estados Unidos, fluyen por canales alternativos como Turquía o Uganda, aunque previo a las sanciones volaban hacia varios de los canales hegemónicos mencionados, en operaciones subterráneas y quasi clandestinas vinculadas principalmente al pago de la deuda externa y sus servicios.

Diversos informes han mostrado cómo la gran mayoría de las grandes refinadoras reciben en diferentes proporciones oro proveniente de la minería ilegal. Así que ese oro, que proviene de entornos tan violentos, de alta degradación ambiental y despojo social, se “lava” y se funde con oro legal, para luego pasar ‘blanqueados’ a las bóvedas de los bancos (centrales o privados) de los países más ricos del planeta, a las grandes empresas joyeras y a productores diferentes aparatos eléctricos que usan este material, mientras sigue marcando el ritmo de los mercados bursátiles de commodities.

El significado del oro en el contexto de la crisis económica mundial es tremendo, y más si se resalta la crisis del (patrón) dólar, la guerra comercial y los progresivos pasos de varios países y mercados para ir desacoplándose de este patrón y diversificar los respaldos y valores de cambio mundiales. Es en este contexto que, por ejemplo, deben interpretarse las sostenidas y aceleradas compras de oro por parte de potencias como Rusia y China, las cuales al mismo tiempo se han posicionado de diversas maneras en el proyecto del Arco Minero del Orinoco; o las disputas por el control del oro venezolano, evidentes en medidas neocoloniales como la confiscación de reservas auríferas venezolanas almacenadas en bancos internacionales (como el caso del Bank of England).

De esta forma, se alimenta globalmente el extractivismo aurífero en Venezuela. El actual Gobierno venezolano está engranado con el brutal proceso neocolonial global de despojo que conlleva esta actividad para el país y los territorios directamente impactados, al proponer un esquema de expansión de la minería sin precedentes, con una vertiginosa lógica de flexibilización y favorecimiento al capital transnacional. El proyecto del Arco Minero del Orinoco refleja esta forma de extractivismo salvaje que se trata de imponer en el país, que combina modalidades informales/ilegales con los modos de los proyectos formales de mega-minería industrial. Este extractivismo de ajuste representa una nueva fase del saqueo, conformado básicamente para sostener grupos de poder locales, nacionales y extranjeros. Nada de interés para el pueblo, aunque la neolengua gubernamental así lo insista.

Resistencias y derecho a la vida

La geo-ecopolítica del oro nos revela que, bajo esta lucha de intereses corporativos, de redes criminales internacionales, de una razón de Estado que operacionaliza el despojo y la devastación en nombre del pueblo, se encuentran numerosas comunidades, pueblos y ecosistemas severamente impactados. En toda América Latina se producen resistencias ante esta actividad extractiva, como la defensa del Páramo de Santurbán y las luchas contra el proyecto de La Colosa en el Tolima (Colombia); las constantes movilizaciones en Cajamarca contra el proyecto Conga (Perú); o las luchas de los indígenas shuar, junto a otras organizaciones sociales, contra el proyecto Mirador en la cordillera del Condor (Ecuador).

En Venezuela, plagada de conflictos por el oro, también se han producido resistencias (principalmente de pueblos y comunidades indígenas), las cuáles han estado muy marcadas por la crisis actual. La descomposición del estado de derecho, el fortalecimiento de grupos armados en los territorios, así como la precarización de la vida, han fortalecido formas de lucha por la sobrevivencia, arrinconando las aspiraciones de defensa de la naturaleza.

Los indígenas pemón, al sur del estado Bolívar, han defendido primordialmente su autodeterminación territorial como pueblo y su derecho a vivir, planteando una dura resistencia, que ha sido combatida por el Estado a través de la violencia y la fuerza de las armas. Los pemón se han convertido en uno de los símbolos de las resistencias de los pueblos indígenas del país y han logrado hacer converger una serie de solidaridades en varias partes del país. Estas convergencias representan la juntura de voluntades, descontentos y anhelos de cambio, que aunque provengan de ámbitos y gremios muy diferentes, revelan las potencialidades de reencuentro del campo popular en torno a agendas de lucha que surgen desde abajo (algo que se va replicando, como en el caso de las movilizaciones en defensa del Cerro La Vieja). Abren posibilidades embrionarias de articulación hacia plataformas o movimientos amplios. Y sobre todo, contribuye a crear condiciones para la emergencia de nuevas subjetividades políticas, nuevas cosmovisiones y formas de lucha en las que las luchas por el territorio, por la naturaleza y contra el extractivismo sean también parte de la agenda esencial de los movimientos populares.

El escenario es muy complejo y adverso, pero también muy contradictorio, inestable, y en realidad, lleno de oportunidades.

[Tomado de http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/06/09/venezuela-la-geo-ecopolitica-del-oro.]