Alejandro Betancourt, el “bolichico” que se hizo millonario con los apagones

Fiorella Perfetto

Inmune a investigación alguna por parte de los órganos competentes, la inmensa fortuna que Alejandro Betancourt López obtuvo a costa de la emergencia eléctrica decretada en 2010 en Venezuela le permitió colarse en las altas esferas europeas, recibir un galardón internacional por un proyecto que aún no opera y convertirse en un magnate petrolero. Su empresa es Derwick Associates, la contratista consentida de Pdvsa acusada de desfalcar a la Nación.

Una ovación encabezada por empresarios españoles, latinoamericanos y hasta por los embajadores de Bulgaria, México y Luxemburgo precedió la entrega del premio “Mejor Iniciativa Empresarial Latinoamericana” a Derwick Associates que otorga la prestigiosa revista española Capital, especializada en temas de economía y negocios. Ataviado en un impecable traje de gala, el cabello sometido a la tiranía de la gomina y lentes correctivos, Leopoldo Alejandro Betancourt López, subió al estrado en aquel diciembre de 2013 para recibir el galardón que le mereció por el proyecto “Centro Tecnológico de Turbinas, CTT” ubicado en la zona industrial de Guacara, estado Carabobo.

Y es que es España el nuevo centro de operaciones de este “bolichico”. Allá contrajo nupcias y echa raíces como exitoso empresario, o al menos así quiere que le vean. Las escandalosas denuncias que sobre Derwick Associates pesan por la supuesta adjudicación directa de billonarios contratos por parte de Pdvsa y otras instituciones del Estado, facturas con sobreprecios, la venta de equipos defectuosos y re manufacturados, además de señalamientos por operaciones financieras dolosas, parece han quedado en el olvido tanto para Betancourt y sus socios como para el Gobierno venezolano.

Un sueño de proyecto, ¿o sólo un sueño?

Una nota publicada en el blog de la empresa de este joven de apenas 37 años fechada en marzo de 2014 y que se titula “Derwick ultima la construcción del Centro Tecnológico de Turbinas”, anuncia lo que ocho meses antes recogía el portal Petroguía.com: “El primer Centro Tecnológico de Turbinas (CTT) de Venezuela costará 40 millones de dólares y estará listo en su totalidad en 2014, aunque la primera fase comenzará a operar a finales de este mismo año (2013)”. Así lo hizo saber en esa oportunidad el Director de Operaciones de Derwick Associates, Edgar Romero Lazo.

Romero Lazo es desde el “vamos” una pieza fundamental en la estructura operativa de Derwick. Se lee en su perfil de Linkedin que a partir de la constitución de la firma acompaña en el proyecto a Betancourt, Trebbau y al resto de la plantilla. Antes trabajó en Petrolago, la compañía de su padre, el ex presidente de Fedecámaras Edgar Romero Nava y en 2004 supervisó las obras de construcción del puente Orinoquia ubicado al sur del país realizadas por Odebrecht, empresa reconocida a nivel mundial por los gigantescos casos de corrupción y sobornos en diversas latitudes del orbe.

Derwick vendió el proyecto del CTT como “una iniciativa sin precedentes en Latinoamérica, que permitirá reforzar e independizar el sector termoeléctrico de Venezuela a través de un servicio de asistencia y reparación rápido y eficiente”, decía, galardón en mano. “Hasta ahora, las empresas tenían que recurrir a compañías de otros países en estos casos, pero el CTT evitará este paso que supondrá, a la vez, un ahorro económico para las empresas del país”. Los hechos señalan un panorama muy diferente.

Betancourt no sólo tiene un blog sino también una página personal que le sirven, a juzgar por lo que allí se lee, para presentarse como un exitoso empresario preocupado por el bienestar de Venezuela, la preservación del ambiente y claro, vender la imagen de Derwick como uno de los negocios más prósperos del mundo, méritos logrados bajo su gerencia, según relata, porque a su decir “todo se trata de percepción”.

Una fachada que vale millones
Tras el escándalo, poco o nada se supo sobre su paradero. No perdió tiempo y echó mano de plataformas digitales para limpiar su deteriorada imagen y la de sus empresas. Usa estos medios para reseñar al detalle las actividades de sus empresas y encuentros con diferentes personalidades españolas, como el que tuvo en 2013 con el jefe de la patronal eléctrica Eduardo Montes. Allí afirmó sin tapujos que “Derwick está presente en España desde 2010 y su salto internacional se ha producido tras cinco años de trabajo en Venezuela. En este periodo, la compañía se ha encargado de reforzar el sector energético del país con la construcción de once plantas termoeléctricas, que han reducido la dependencia en la energía hidroeléctrica”.

Llama la atención que el acta constitutiva de Derwick Associates de Venezuela data del 28 de octubre de 2009 y cursa en el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A, por lo que es poco probable que en apenas unos meses esta empresa pueda exportar la experiencia que dice haber ganado con sus actividades en Venezuela.

Una buena manera de lograr mejorar esa “percepción” que se tiene de él y sus negocios son los gestos de filantropía o beneficencia. Es así como por medio de la Fundación Derwick estableció convenios, por ejemplo, con la Universidad Simón Bolívar para financiar cursos de diplomado en “fundamentos de operación y mantenimiento de plantas térmicas de generación”, o bien la participación de Derwick en el Día Mundial de las Playas, entre otras.

Una nota de prensa de la casa de estudios de Sartenejas que habla sobre estos cursos profesionales en alianza con Derwick, también hace mención al Centro de Tecnología de Turbinas (CTT). La información que allí aparece y que corresponde a marzo del año pasado confirma que, más allá de la “percepción” y los galardones, el CTT es sólo hasta ahora, una “iniciativa empresarial” sin operación comercial conocida.

Se envió comunicaciones a esta casa de estudios para conocer qué información manejan las autoridades sobre el estatus actual del CTT, “único en su estilo en Latinoamérica y del mundo” el mismo cuyos directores afirmaron estar operativo en 2013. El profesor de la Universidad Simón Bolívar, Juan Francisco Bermúdez, respondió a nuestras inquietudes. Informó que los diplomados que patrocinaba la Fundación Derwick llegaron a su fin en diciembre. También precisó que el CTT estaba a la espera de la llegada de los equipos y que en el lugar sólo hay obras civiles.
La radiografía del CTT

Un examen a los datos legales del CTT confirman que al proyecto se le creó una identidad jurídica denominada “Centro Tecnológico de Turbinas CTT, C.A” bajo el RIF número J-402647255. Existe una inscripción incompleta realizada en diciembre de 2015 en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), requisito indispensable para operar si bien sus representantes prometieron que el CTT ofrecería los servicios de procura al sistema eléctrico nacional para el mantenimiento de los equipos. El CTT tampoco está al día con las solvencias del Instituto de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y no están disponibles los datos sobre la actividad económica en el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Se visitaron las instalaciones del Centro Tecnológico de Turbinas, CTT ubicado en Yagua, estado Carabobo. Desde la entrada se observa un inmenso galpón blanco, con parcelas a cada costado de la estructura que, según los videos promocionales de Derwick, también pertenecen al proyecto que a decir de la empresa en este video estaría listo en 2013. “Bueno, aquí estamos esperando que eso comience a funcionar; creo que con todo lo que le han metido debiera estar ya listo”, comentó un habitante del sector que habló en condición de anonimato. “No sé a quién pertenece eso, la verdad, ellos han contratado alguna gente de por aquí para trabajos”, completó. La estructura evidencia el deterioro por el paso del tiempo y falta de mantenimiento. Al menos durante una media jornada laboral que duró la visita de este medio al lugar, no se observó ningún movimiento de personal dentro del lugar. El portón de entrada pasó el día cerrado con cadena y candado. Una valla desgastada por el paso del tiempo informa quiénes son los responsables de la obra y dice que el permiso de construcción data de 2015, fecha que contradice la historia contada por Derwick sobre el CTT “que estará en plena marcha para 2013”.

Planchas de latón oxidado sirven de garita a un vigilante que se aprestó a atendernos. “Para poder entrar aquí deben gestionar el permiso por Caracas”, responde. No quiso ofrecer detalles sobre el funcionamiento del Centro. “Deben hablar con Alejandro (Betancourt) para poder entrar”, alcanzó a decir. Un individuo a bordo de una moto vigiló los intentos del equipo para obtener gráficas del lugar. La “novedad” se la comunicó a un hombre que salió de las instalaciones.

Previo a esta visita, se enviaron comunicaciones electrónicas a los representantes de Derwick, sin obtener respuesta a estas inquietudes periodísticas. También se buscó conocer la opinión de la revista española Capital, responsable del otorgamiento a Derwick de un galardón por un proyecto que no ha cumplido con la promesa original, pero no fue posible obtenerla hasta el momento de esta publicación. También se enviaron correos y se realizaron llamadas telefónicas sin éxito a Iker Candina Rodríguez, quien figura como persona de contacto de Derwick Associates de Venezuela en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

De nuevo al ruedo de los negocios
Este último nombre, Iker Candina Rodríguez, o Yker, como figura en sus registros electorales, funge como secretario de la Junta Directiva de Derwick Associates de Venezuela, S.A, integrada por Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, Presidente y Vicepresidente respectivamente. El 99% de las acciones de Derwick Venezuela son propiedad de Derwick Associates Corporation, una sociedad con jurisdicción en Barbados. Esta empresa constituida en un paraíso fiscal no está al día con el RNC. El otro 1% de los papeles lo representa Pedro Trebbau.

Esta sería una renovación de la inscripción original de Derwick Associates de Venezuela, S.A. en el Registro Nacional de Contratistas. El primer registro fue en 2010, a poco tiempo de que la empresa fue constituida. Sólo algunos meses transcurrieron y Derwick se convirtió en la favorita de los procesos de adjudicación de contratos de procura con diversas instituciones del Estado.

Esta preferencia es evidente si nos acercamos a los registros de montos adjudicados correspondientes al año 2013 de Bariven, la filial de procura de la estatal petrolera venezolana. Derwick Associates aparece inscrita con el código 3500 que corresponde a empresas de tipo “OTV” (One Time Vendor), una nomenclatura que se le asigna a los nuevos proveedores que por razones de alguna contingencia podrían ser beneficiados con la adjudicación de una orden de procura, pero que deberán posteriormente consignar documentos que demuestren su experticia y solidez financiera para optar a convertirse en un proveedor seguro de la industria petrolera, de superar todas las etapas de evaluación. Pero nada de esto se cumplió en el caso de Derwick. A pesar de su calificación de empresa sin aval, se convirtió en la favorita en la lista de montos adjudicados según los registros de Bariven. La cifra supera los 1.000 millones de dólares para abril de 2013.

A raíz de las investigaciones periodísticas que destaparon este caso, el registro de Derwick como proveedor fue bloqueado y la inscripción de la empresa en el RNC quedó en el olvido, hasta el pasado enero de 2017 que volvió al ruedo nuevamente como candidata a ser contratada por el Estado venezolano.

Una montaña de dinero en tiempo récord

Nadie más que Betancourt y sus cercanos conocen la dimensión de la fortuna que este joven amasa a partir de la constitución de Derwick Associates en 2009. Esta empresa sin experiencia firmó al menos una docena de contratos millonarios para la adquisición de plantas que atenderían la crisis eléctrica del país —se estima que el valor total de estos acuerdos superó los 2.000 millones de dólares, según investigaciones periodísticas que destaparon el caso en 2010— para procuras a Pdvsa, CVG y Corpoelec con el padrinazgo de Javier Alvarado, ex presidente de Corpoelec y padre de Javier Alvarado Pardi, uno de los grandes amigos de Alejandro Betancourt y su socio Pedro Trebbau.

Los millonarios negocios de Betancourt van desde la reciente adquisición de la marca de lentes Hawkers en España, inmuebles regados por todo el orbe que incluyen una de las fincas más codiciadas en la nación europea llamada El Alamín, hasta milmillonarias inversiones en el sector energético y petrolero nacional e internacional. Su nombre se le vincula con la compra de una de las propiedades más apreciadas del distrito de Manhattan en Nueva York. El 23 de agosto de 2012 adquirió nada más y nada menos que el condominio ubicado en la última planta del 641 de la Quinta Avenida, la emblemática Olympic Tower, inmueble que habría pertenecido al magnate griego Aristóteles Onassis, según información que en esas fechas ofreció el periodista Casto Ocando. La compra se concretó en las fechas en las que Derwick se adjudicó los contratos de procura de plantas eléctricas para atender la declaratoria de emergencia económica en Venezuela hecha por el fallecido Presidente Hugo Chávez.

Durante esta investigación se encontró que esta propiedad fue adquirida en esa fecha por la empresa PH-641 Holding, LLC, pero se desconoce su propietario constituida en el estado de Delaware, apetecido territorio para esconder propiedades al escrutinio público. La venta fue por 14 millones de dólares. Tres meses después, WPN, Corp., una firma dedicada a asesorías financieras vendió la propiedad a un individuo llamado Gabriel Jaramillo por apenas 6,2 millones de dólares . Se requirió información sobre este particular a la empresa y sus representantes pero no hubo respuesta.

El intrincado caso de Pacific Rubiales, ¿pérdidas billonarias?

Derwick y Betancourt no perdieron tiempo en esta carrera millonaria y tras hacerse con un extraordinario capital como resultado de las contrataciones en Venezuela, amplió sus horizontes y apuntó a una empresa petrolera llamada Pacific Rubiales. Este nombre se remonta al proyecto energético más exitoso de capital privado que se haya conocido en Latinoamérica, con sello venezolano pero que nació en Colombia.

Tras el paro de los trabajadores de la industria petrolera venezolana en 2002 para solicitar la renuncia de Chávez y la purga que este realizó, el vecino país abrió sus puertas a los mejores cerebros venezolanos expertos en materia energética, minera y petrolera. La producción de crudo colombiano se disparó a niveles sin precedentes pasando de unos 560 mil barriles por día a casi el millón, según la información que recoge la revista colombiana Semana en una edición de junio de 2011. Es allí donde están los orígenes de Pacific Rubiales. Su creación fue de la mano de tres venezolanos execrados de Pdvsa: Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti. “Ellos crearon las tres firmas que han sacudido el mundo de los hidrocarburos en Colombia: Pacific Rubiales, Alange y Vectra”, cuenta la publicación.

La línea de tiempo establece que en 2004 crearon Pacific Stratus, tres años después compraron una pequeña empresa llamada Petro Rubiales y al año siguiente la fusionaron y nació Pacific Rubiales, con jurisdicción canadiense al ser constituida en este país y sus acciones se cotizaron en la Bolsa de Valores de Toronto. El éxito gerencial fue tal que pronto fue considerada la más grande y exitosa petrolera de capital privado con operaciones en Latinoamérica. A partir de 2014 y con la caída de los precios internacionales del petróleo, la historia llena de gloria de Pacific Rubiales giró dramáticamente. Llovieron críticas y rumores que desataron una crisis que ya no se pudo ocultar. Fue en ese momento cuando la compañía anunció su venta y que estudiaba una opción propuesta por la firma mexicana Alfa y la estadounidense Harbour Energy Ltd por el 100% del valor de las acciones. La venta no se da pero su nombre cambia a Pacific Exploration & Production Corp o Pacific E&P.

Las razones por las que la venta, una de las vías de salvación del proyecto no llegó a concretarse, fue responsabilidad del Grupo O´Hara, propiedad de Alejandro Betancourt quien según los reportes periodísticos y las declaraciones de los accionistas, este grupo venezolano intervino de manera poco ortodoxa para arruinar la operación. Por esta situación Pacific Rubiales accionó legalmente en contra de O’Hara a mediados de 2015 “porque estos inversionistas violaron normas del mercado de valores de Canadá”, refiere el comunicado oficial de la empresa.

“Pacific Rubiales señala que este grupo opositor no ha hecho ninguna contraoferta al negocio propuesto por Alfa y Harbour Energy, que de malograrse afectaría de forma importante a la empresa. El Grupo O’Hara es un grupo de inversionistas oportunistas que tan solo adquirió sus acciones recientemente a través de estructuras corporativas fachada complejas y no representan los mejores intereses de los accionistas minoritarios”, reseña el diario bogotano El Tiempo del 19 de junio de 2015.Según este diario, la dupla conformada por Alfa y Harbour Energy puso en la mesa 1,6 billones (miles de millones) de dólares para hacerse con Pacific Rubiales. No lo logró. Finalmente en agosto de ese 2015, la petrolera anunció un acuerdo en el que el grupo Alfa se adueñó del 18,95% del peso accionario y O´Hara con sus empresas socias consiguieron un curul en la Junta Directiva al adquirir el 19,95% de los papeles.

En un cálculo rápido, si el valor real de la empresa es la oferta que hizo originalmente Alfa y Harbour Energy de 1,6 billones de dólares, quiere decir que Betancourt y sus socios entregaron unos 3.200 millones de dólares (aproximadamente un 20%) en la puja. Sin embargo, todo indica que Pacific E&R (antes Pacific Rubiales) aún no ha cobrado todas sus víctimas. En abril de 2016 se celebró un consejo de administración vista la grave situación de la otrora gigante petrolera ya que esta contemplaba la posibilidad de ser adquirida por el fondo de inversión canadiense Catalyst Capital Group quien propuso reestructurarla y sacarla a flote, pero la opción dejaría con pérdidas millonarias a O´Hara y el resto de los nuevos accionistas. Este plan recibió el apoyo de otros socios que mantienen el 10% del peso accionario de la petrolera, Serafino Iacono y Miguel de la Campa.

“Catalyst Capital está dispuesta a invertir un máximo de 500 millones de dólares para hacerse con el 50% de una entidad que acumula deudas por valor de 4.500 millones de dólares. Con estas condiciones los demás socios quedarían fuera del proyecto, lo que afecta principalmente al grupo mexicano Alfa y al propio Alejandro Betancourt. Ambos accionistas han unido sus fuerzas ante los tribunales para presentar una querella contra los actuales gestores de Pacific Rubiales a quienes acusan de ser los verdaderos responsables de la crisis financiera que atraviesa la compañía”, cita el diario colombiano El Confidencial.

La medida judicial emprendida por Betancourt no prosperó como sí la restructuración por parte de la canadiense Catalyst. “La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó a Pacific E&P la constitución de garantías con el objetivo de proteger a los acreedores colombianos en el marco del proceso de insolvencia que se adelanta en Canadá. El pacto establece una inversión de 500 millones de dólares, mientras que los acreedores que financian la transacción suministrarán otros 250 millones de dólares”, reseña la revista Semana. “Los actuales accionistas verán cómo se diluye el valor de sus papeles”.

No existen datos concretos ni registros públicos o referencias al valor de las inversiones que estas empresas vinculadas al nombre de Alejandro Betancourt han realizado en las citadas operaciones. Se enviaron correos solicitando esta precisión pero no recibió respuesta.

Aquí no, pero allá…

Leopoldo Alejandro Betancourt y la empresa Derwick Associates son las mismas identidades señaladas en decenas de denuncias en Venezuela por corrupción. A pesar que en 2013 la Fiscalía 56 realizó indagatorias por este caso y acumuló pruebas sobre los hechos denunciados, la causa fue sobreseída en 2015 por el Tribunal Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas. Tampoco hubo referencias sobre este caso por parte de las máximas autoridades venezolanas, más allá de las declaraciones que Freddy Bernal hiciera en 2013 y que recoge Alek Boyd en su blog.

El ingeniero Balmiro Villasmil (el mismo que figura en la valla del CTT como ingeniero residente) y la abogada Alejandra Hidalgo representaron a Derwick Associates en mayo de 2016 en la comparecencia ante la Asamblea Nacional para ser interpelados por estos hechos, pero no aportaron datos satisfactorios a la Comisión encargada de esta investigación. “Ninguna empresa entregó copia de los contratos suscritos con el Estado venezolano a través de Corpoelec”, reseña el informe final de 2017 de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica y que preserva en sus archivos la organización Transparencia Internacional.

“Resumieron los proyectos desarrollados sin indicar desembolsos ni montos contratados alegando el cumplimiento de las condiciones de confidencialidad firmadas con el cliente (…) Derwick entregó información en forma parcial sin incluir los detalles contractuales de sus proyectos, excepto que el costo medio de contratación fue de 1.17 dólares por megavatio”. Además, el informe recoge otra irregularidad: el “otorgamiento de contratos por adjudicación directa a empresas sin experiencia a la empresa Derwick en las centrales Guarenas, Raisa, Sidor, Furrial y Las Morochas”.

Los análisis técnicos y económicos realizados por esta Comisión demuestran la existencia de contratos con sobreprecios que en algunos casos triplicaron el valor de mercado estimado de las procuras que Derwick entregó, además de las condiciones de las plantas termoeléctricas en cuyos reportes se evidencia que no eran equipos nuevos sino remanufacturados. Derwick se protegió bajo el paragua del acuerdo de confidencialidad que pactó con el cliente, para no ofrecer mayores detalles o los documentos que avalaran sus versiones. Se solicitó esta información a Derwick, pero no obtuvo respuesta alguna.

En otras latitudes el panorama es distinto. El nombre de Betancourt, su socio Pedro Trebbau y Derwick tienen asignado un número de expediente en las cortes federales del estado de Nueva York, en EEUU, luego que Otto Reich, ex embajador de EEUU en Venezuela y funcionario clave del Departamento de Estado de este país por su experticia en temas vinculados a Latinoamérica y el Caribe, interpuso en julio de 2013 una demanda por crimen organizado, difamación personal y comercial, falsedad perjudicial y conspiración, entre otros.

El funcionario actuó legalmente por considerar que la difusión de versiones falsas de una supuesta vinculación de su bufete con la firma venezolana por parte de los representantes de Derwick habría perjudicado su reputación e incluso tuvo repercusiones financieras. Sin embargo el juez J. Paul Oetken, adscrito a la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó la querella porque no era Nueva York la residencia permanente de Betancourt y los socios de este, señalados como co-conspiradores en la acción judicial. “Este tribunal carece de fundamento para ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos venezolanos”, echando por tierra los esfuerzos de Reich contra el grupo de los “bolichicos”, como reseñó El Universal el 8 de mayo de 2015.

Pero el también ex Secretario de Estado Adjunto Para Asuntos Hemisféricos volvió a la carga y apeló la decisión en junio de 2016. En esa ocasión declaró al portal Bloomberg que “Betancourt y Trebbau amasaron una enorme fortuna por medio del pago ilícito de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, que a cambio otorgaron a Derwick gigantescos contratos en el sector energético. El pueblo de Venezuela es una víctima indirecta de una sobrefacturación por parte de los demandados de al menos 2,9 billones de dólares”.

Desde el año 2011 existen denuncias sobre el abandono de las plantas eléctricas que la empresa de Betancourt trajo al país. Una de ellas la reseña El Universal y apunta a aquella ubicada en el sur del país. “No están en operaciones”, argumentó Jiménez. “La planta B presenta un adelanto de sus obras en un 95% y la A, tiene apenas un adelanto de 25 a 30%. Están abandonadas, llevando agua y sol”, dijo José Jiménez, director laboral de la Siderúrgica del Orinoco.

El saco de dinero con el que se hizo Derwick por este negocio palidece ante la denuncia que en marzo de 2016 hiciera el diputado Julio Montoya. “Producto de dos años de investigación de un equipo multidisciplinario presentamos graves denuncias: de los 30 mil millones de dólares, que según el Gobierno Nacional iban para la emergencia eléctrica, aproximadamente el 96% de lo que iba a ejecutarse no está inaugurado ni funcionando hoy”. A decir del parlamentario, existe una hoja de ruta en la investigación de estas presuntas irregularidades en la que cooperan organismos y agencias internacionales de aquellos países cuyos sistemas financieros se usaron para desviar el dinero que en vez de iluminar a Venezuela, hacen brillar las arcas de los responsables de estas operaciones

[Tomado de http://elestimulo.com/climax/alejandro-betancourt-el-bolichico-que-se-hizo-millonario-con-los-apagones.]