El Cooperante
Desde la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Gobierno ha malversado USD 5 millardos, esto de acuerdo con los más recientes datos ofrecidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).
La investigación, encabezada actualmente por el diputado Freddy Superlano, apunta a que únicamente entre 2016, año en el que se creó el CLAP, y 2017, el país sufrió un daño patrimonial de 5000 millones de dólares, los cuales, fueron a parar a las varias empresas importadoras. Superlano acusó directamente al presidente de la república, Nicolás Maduro, y a la primera combatiente, Cilia Flores, de manejar la red de corrupción que se extiende por México, Panamá e incluso China, esto de acuerdo con una lista de diez compañías publicada en febrero de este año por la periodista Elyangelica González.
Pero no es la primera vez que el jefe de Estado es señalado de ser partícipe de los guisos CLAP. En agosto de 2017, la fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, reveló que Maduro era uno de los implicados en la red de corrupción, junto a los colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y un tercero, Rodolfo Reyes, todos propietarios de Group Grand Limited, una de las importadoras contratadas por el Ejecutivo nacional.
Algunos corruptos de "Grandes Ligas"
De acuerdo con una investigación de Armando Info, públicada en su portal web en febrero de este año, Group Grand Limited es la empresa a través de la cual el Gobierno venezolano obtiene los productos mexicanos que se incluyen en las cajas de alimentos distribuidas por los CLAP. La misma, fue registrada en el año 2013 en Hong Kong, bajo el nombre de Shadi Nain Saab Certain, un familiar de Saab Morán, socialité barranquillero que inició negocios con la cúpula socialista a través del Fondo Global de Construcción, el cual proveía materiales para la construcción de la Gran Misión Vivienda. Ambas compañías, el Fondo y Grand Group, ocupan la misma sede física en la urbanización El Rosal, municipio Chaco del estado Miranda, sin embargo, la primera, no cuenta con Registro de Información Fiscal (RIF) ni está incluida en el Registro Nacional de Contratistas (RCN), sin embargo, las facturas emitidas entre esta y la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), revelan que la compañía de Saab Certain, sí labora en Venezuela.
El reportaje también señala que en octubre de 2016 fue que Group Grand Limited y la Gobernación de Táchira, iniciaron las turbias negociaciones, las cuales, fueron aprobadas por Nicolás Maduro, quien validó la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como otros impuestos aduaneros, solicitada por el exmandatario de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, para la importación de 10 millones de cajas que serían distribuidas entre los meses siguientes por los CLAP. Fue entonces, cuando a través del Fonden se aprobaron 340 millones de dólares cotizados a la desaparecida tasa de cambio de Divisas Protegidas (Dipro), diez bolívares fuertes, de los cuales, Group Gran Limited, habría cobrado, hasta finales de enero de este año, 212,3 millones de dólares por la venta de 95,1 millones de kilos de alimentos como mayonesa, caraotas, pasta, harina de maíz, atún enlatado leche en polvo y otros productos provenientes de México, país en el que la compañía tendría su tercera sede.
Es en este punto del negocio donde radica la estafa del plan de abastecimiento. Group Gran Limited habría sobrepreciado los alimentos vendidos al Gobierno nacional, sumando varios dólares a la venta por kilo de cada producto, y vendiendo cada caja de alimentos por 34 dólares a la tasa preferencial. Sin embargo, para entonces, el Ejecutivo revendía las cajas a las familias venezolanas por más de 950 dólares Dipro.
Algo similar a lo ocurrido con Postar Intertrade Limited, la cual, pertenece a Samark López Bello, acusado por los Estados Unidos de ser el testaferro de Tareck El Aissami. Según una investigación realizada por la Comisión de Contraloría de la AN, López Bello habría obtenido USD 294 millones por la importación de los alimentos para las cajas CLAP, a través de un sistema de sobreprecio a cada producto traído a Venezuela desde México. La compañía, con sede en Barbados, cobró al Ejecutivo venezolano 42 dólares por cada caja pese a que el costo en el mercado era de USD 12,44, es decir, que por cada kit, López Bello obtuvo una ganancia extra de USD 29,56 que se traducen en casi USD 207 millones por la importación de siete millones de cajas.
Pero los guisos con los alimentos distribuidos en los CLAP, no se detuvieron ahí, y es que, de acuerdo con la información provista por Elyangélica González, al menos otras veinte empresas están involucradas en la mega red de corrupción. Entre las señaladas, destaca Mass Joy Industries LTD, por estar presuntamente vinculada con Yussef Abou, pareja sentimental de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Esta empresa, creada en Panamá en el año 2009, habría recibido USD 4 millones por importar alimentos de las cajas CLAP, uno de los pagos más altos de la lista, solo por debajo de Worldwide Foods LLC (USD 5 millones), de Daniel Rodríguez; Group Grand Limited (USD 11,5 millones), de Saab Morán y Pulido Vargas; Max Power Engeering LTD (USD 10 millones), de Miguel González; Shinning Capital (UDS 5 millones), de Edmundo Rotondaro; Million Rise (USD 5 millones), de Omar Abou, cuñado de Rodríguez; y Surento S.A. (USD 5 millones), de Miguel Mora.
Pulido Vargas y Saab Morán, ambos colombianos, amasaron una fortuna de cientos de millones de dólares al ser beneficiados por el Estado venezolano. Además de ser socios en Group Grand Limited, importadora de alimentos para los CLAP, Saab Morán y Pulido Vargas, este último sobrino de la senadora colombiana Piedad Córdoba, guardan cercanos vínculos de negocios en otros proyectos.
Uno de los más notables, el del Fondo Global de Construcción, a través del cual utilizaban exportaciones ficticias desde Ecuador para obtener acceso a dólares preferenciales de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Según una investigación de Armando.Info, pública en su página web en febrero de este año, Saab Morán inició su relación con el Gobierno de Hugo Chávez en 2011, al firmar un multimillonario contrato para importar materiales de edificación para la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Los datos aportados, apuntan a que la transnacional se vinculó en guisos con el Ejecutivo venezolano a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) y de Cadivi, con los que se habrían malversado 159,8 millones de dólares que estaban destinados a la compra de materiales de construcción para la Misión Vivienda. De esta cifra, en Venezuela solo se registraron facturas por el monto de 3,1 millones de dólares.
Pero Saab y Pulido no solo son compañeros de negocios, también lo son de expedientes criminales. De acuerdo conUnivisión, mientras que el sobrino de Córdoba utilizó durante varios años una cédula de identidad de una persona muerta para ocultar presuntos vínculos con el narcotráfico, a Saab le fue negada la visa estadounidense por su supuesta participación en actividades ilegales, las cuales, son investigadas por la DEA. Saab y su representante legal han negado estar vinculados con los guisos del Gobierno venezolano y los señalamientos de Univisión, mientras que Pulido aseguró que su documento de identidad siempre ha sido el mismo.
Los CLAP, la “solución” al bachaqueo
“Los CLAP son la cura del bachaqueo y la corrupción, para llegar a una economía autosustentable, con fuerza propia, integrada, para satisfacer las necesidades del ser humano”, aseguró el presidente Nicolás Maduro tras la inauguración del plan de distribución casa por casa, en abril de 2016. Asimismo, Freddy Bernal que asumió la jefatura del Centro de Comando y Control Nacional del CLAP desde entonces, indicó: “Es una creación para ganar la guerra económica, para estabilizar la economía en los próximos seis meses”. Sin embargo, a más de dos años de estos anuncio, nada se ha cumplido. Contrariamente a lo que auguró el mandatario nacional, el bachaqueo se intensificó con la creación del CLAP, y es que los productos incluidos en los kits, pronto empezaron a venderse en la calle a precios de mercado. Sumado a esto, la crisis económica empeoró críticamente, tanto, que el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que el año cierre con una hiperinflación de un millón por ciento, lo que ha incrementado la pobreza y ha contribuido a que cada vez una mayor parte de la población se vea obligada a recibir el beneficio.
Lo que surgió como una medida coyuntural, se ha establecido como un mecanismo de control social con el que el Gobierno ha coaccionado a millones para que participen en procesos electorales o, lo más reciente, para que se saquen el carnet de la patria.
[Versión resumida de post publicado en http://www.costadelsolfm.net/2018/10/03/a-costa-del-hambre-asi-ha-guisado-el-gobierno-con-el-clap-desde-su-creacion.]
Desde la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Gobierno ha malversado USD 5 millardos, esto de acuerdo con los más recientes datos ofrecidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).
La investigación, encabezada actualmente por el diputado Freddy Superlano, apunta a que únicamente entre 2016, año en el que se creó el CLAP, y 2017, el país sufrió un daño patrimonial de 5000 millones de dólares, los cuales, fueron a parar a las varias empresas importadoras. Superlano acusó directamente al presidente de la república, Nicolás Maduro, y a la primera combatiente, Cilia Flores, de manejar la red de corrupción que se extiende por México, Panamá e incluso China, esto de acuerdo con una lista de diez compañías publicada en febrero de este año por la periodista Elyangelica González.
Pero no es la primera vez que el jefe de Estado es señalado de ser partícipe de los guisos CLAP. En agosto de 2017, la fiscal general de la República destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, reveló que Maduro era uno de los implicados en la red de corrupción, junto a los colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y un tercero, Rodolfo Reyes, todos propietarios de Group Grand Limited, una de las importadoras contratadas por el Ejecutivo nacional.
Algunos corruptos de "Grandes Ligas"
De acuerdo con una investigación de Armando Info, públicada en su portal web en febrero de este año, Group Grand Limited es la empresa a través de la cual el Gobierno venezolano obtiene los productos mexicanos que se incluyen en las cajas de alimentos distribuidas por los CLAP. La misma, fue registrada en el año 2013 en Hong Kong, bajo el nombre de Shadi Nain Saab Certain, un familiar de Saab Morán, socialité barranquillero que inició negocios con la cúpula socialista a través del Fondo Global de Construcción, el cual proveía materiales para la construcción de la Gran Misión Vivienda. Ambas compañías, el Fondo y Grand Group, ocupan la misma sede física en la urbanización El Rosal, municipio Chaco del estado Miranda, sin embargo, la primera, no cuenta con Registro de Información Fiscal (RIF) ni está incluida en el Registro Nacional de Contratistas (RCN), sin embargo, las facturas emitidas entre esta y la Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira (Cobiserta), revelan que la compañía de Saab Certain, sí labora en Venezuela.
El reportaje también señala que en octubre de 2016 fue que Group Grand Limited y la Gobernación de Táchira, iniciaron las turbias negociaciones, las cuales, fueron aprobadas por Nicolás Maduro, quien validó la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como otros impuestos aduaneros, solicitada por el exmandatario de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, para la importación de 10 millones de cajas que serían distribuidas entre los meses siguientes por los CLAP. Fue entonces, cuando a través del Fonden se aprobaron 340 millones de dólares cotizados a la desaparecida tasa de cambio de Divisas Protegidas (Dipro), diez bolívares fuertes, de los cuales, Group Gran Limited, habría cobrado, hasta finales de enero de este año, 212,3 millones de dólares por la venta de 95,1 millones de kilos de alimentos como mayonesa, caraotas, pasta, harina de maíz, atún enlatado leche en polvo y otros productos provenientes de México, país en el que la compañía tendría su tercera sede.
Es en este punto del negocio donde radica la estafa del plan de abastecimiento. Group Gran Limited habría sobrepreciado los alimentos vendidos al Gobierno nacional, sumando varios dólares a la venta por kilo de cada producto, y vendiendo cada caja de alimentos por 34 dólares a la tasa preferencial. Sin embargo, para entonces, el Ejecutivo revendía las cajas a las familias venezolanas por más de 950 dólares Dipro.
Algo similar a lo ocurrido con Postar Intertrade Limited, la cual, pertenece a Samark López Bello, acusado por los Estados Unidos de ser el testaferro de Tareck El Aissami. Según una investigación realizada por la Comisión de Contraloría de la AN, López Bello habría obtenido USD 294 millones por la importación de los alimentos para las cajas CLAP, a través de un sistema de sobreprecio a cada producto traído a Venezuela desde México. La compañía, con sede en Barbados, cobró al Ejecutivo venezolano 42 dólares por cada caja pese a que el costo en el mercado era de USD 12,44, es decir, que por cada kit, López Bello obtuvo una ganancia extra de USD 29,56 que se traducen en casi USD 207 millones por la importación de siete millones de cajas.
Pero los guisos con los alimentos distribuidos en los CLAP, no se detuvieron ahí, y es que, de acuerdo con la información provista por Elyangélica González, al menos otras veinte empresas están involucradas en la mega red de corrupción. Entre las señaladas, destaca Mass Joy Industries LTD, por estar presuntamente vinculada con Yussef Abou, pareja sentimental de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Esta empresa, creada en Panamá en el año 2009, habría recibido USD 4 millones por importar alimentos de las cajas CLAP, uno de los pagos más altos de la lista, solo por debajo de Worldwide Foods LLC (USD 5 millones), de Daniel Rodríguez; Group Grand Limited (USD 11,5 millones), de Saab Morán y Pulido Vargas; Max Power Engeering LTD (USD 10 millones), de Miguel González; Shinning Capital (UDS 5 millones), de Edmundo Rotondaro; Million Rise (USD 5 millones), de Omar Abou, cuñado de Rodríguez; y Surento S.A. (USD 5 millones), de Miguel Mora.
Pulido Vargas y Saab Morán, ambos colombianos, amasaron una fortuna de cientos de millones de dólares al ser beneficiados por el Estado venezolano. Además de ser socios en Group Grand Limited, importadora de alimentos para los CLAP, Saab Morán y Pulido Vargas, este último sobrino de la senadora colombiana Piedad Córdoba, guardan cercanos vínculos de negocios en otros proyectos.
Uno de los más notables, el del Fondo Global de Construcción, a través del cual utilizaban exportaciones ficticias desde Ecuador para obtener acceso a dólares preferenciales de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Según una investigación de Armando.Info, pública en su página web en febrero de este año, Saab Morán inició su relación con el Gobierno de Hugo Chávez en 2011, al firmar un multimillonario contrato para importar materiales de edificación para la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Los datos aportados, apuntan a que la transnacional se vinculó en guisos con el Ejecutivo venezolano a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) y de Cadivi, con los que se habrían malversado 159,8 millones de dólares que estaban destinados a la compra de materiales de construcción para la Misión Vivienda. De esta cifra, en Venezuela solo se registraron facturas por el monto de 3,1 millones de dólares.
Pero Saab y Pulido no solo son compañeros de negocios, también lo son de expedientes criminales. De acuerdo conUnivisión, mientras que el sobrino de Córdoba utilizó durante varios años una cédula de identidad de una persona muerta para ocultar presuntos vínculos con el narcotráfico, a Saab le fue negada la visa estadounidense por su supuesta participación en actividades ilegales, las cuales, son investigadas por la DEA. Saab y su representante legal han negado estar vinculados con los guisos del Gobierno venezolano y los señalamientos de Univisión, mientras que Pulido aseguró que su documento de identidad siempre ha sido el mismo.
Los CLAP, la “solución” al bachaqueo
“Los CLAP son la cura del bachaqueo y la corrupción, para llegar a una economía autosustentable, con fuerza propia, integrada, para satisfacer las necesidades del ser humano”, aseguró el presidente Nicolás Maduro tras la inauguración del plan de distribución casa por casa, en abril de 2016. Asimismo, Freddy Bernal que asumió la jefatura del Centro de Comando y Control Nacional del CLAP desde entonces, indicó: “Es una creación para ganar la guerra económica, para estabilizar la economía en los próximos seis meses”. Sin embargo, a más de dos años de estos anuncio, nada se ha cumplido. Contrariamente a lo que auguró el mandatario nacional, el bachaqueo se intensificó con la creación del CLAP, y es que los productos incluidos en los kits, pronto empezaron a venderse en la calle a precios de mercado. Sumado a esto, la crisis económica empeoró críticamente, tanto, que el Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que el año cierre con una hiperinflación de un millón por ciento, lo que ha incrementado la pobreza y ha contribuido a que cada vez una mayor parte de la población se vea obligada a recibir el beneficio.
Lo que surgió como una medida coyuntural, se ha establecido como un mecanismo de control social con el que el Gobierno ha coaccionado a millones para que participen en procesos electorales o, lo más reciente, para que se saquen el carnet de la patria.
[Versión resumida de post publicado en http://www.costadelsolfm.net/2018/10/03/a-costa-del-hambre-asi-ha-guisado-el-gobierno-con-el-clap-desde-su-creacion.]
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