De los mitos que intenta vendernos el extractivismo

Minerva Vitti (Revista SIC)

Cada vez que paso por la estación Ciudad Universitaria del Metro de Caracas me detengo frente a estas vitrinas ubicadas dentro de las instalaciones. Son tres y en ellas están plasmadas los principales mitos de la minería aurífera. Mitos que están cargados de los lenguajes de valoración del gobierno, que es solo uno de los actores del conflicto socio-ambiental “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”.

Enrique Leff, un economista mexicano que se define hoy como sociólogo ambientalista, dice que los conflictos socioambientales se plantean en términos de controversias derivadas de formas diversas –y muchas veces antagónicas- de valorización de la naturaleza. Los conflictos entre diferentes grupos y/o actores sociales se basan en diversas maneras de valorar los recursos y servicios ambientales, de relacionarse con la naturaleza, fundadas en valores, racionalidades e intereses muchas veces contrapuestos entre sí.

A esto se suma la existencia de diferentes cosmovisiones y valores sobre estos bienes naturales (casi todos lo llaman recursos naturales) Pero hay paradigmas dominantes (valores económicos) y otros que son silenciados como la demarcación de territorio, lo sagrado de la naturaleza, el impacto en la salud y la alimentación de las personas (la subsistencia).

En una de las vitrinas del metro se lee que tienen “16 plantas mineras con tecnologías ecoamigables”, en otra que “el pueblo minero está ganado a dejar practicas contaminantes”, y en la tercera que “Venezuela amarra su oro. 8,5 toneladas de oro para el pueblo en 2017. Más oro en nuestras reservas, menos contrabando”. En todas las vallas también está escrito: Motor minero y la etiqueta #ConcienciadePueblo.

Hay un intento por parte de los sectores que apoyan la minería, de centrar el debate sobre la actividad en el aspecto puramente técnico, “eco-eficiente”. “¿Quién tiene el poder de simplificar la complejidad, descartando algunos lenguajes de valoración y reteniendo otros?”, se pregunta Joan Martínez Alier, un economista catalán, que entre sus publicaciones tiene un libro titulado “El Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración”. Alier  reconoce esta interrogante como cuestión fundamental para la Economía Ecológica y la Ecología Política.

Tenemos entonces que los lenguajes de valoración son distintas percepciones que se tienen ante un conflicto socio-ambiental y sin duda esto va a estar marcado por la historia de cada persona. En este sentido no toda percepción es antagónica, a veces son complementarias. El problema está cuando una percepción se convierte en hegemónica. Y si bien  ninguno de los actores tiene la verdad completa, esto no debe impedir tomar posición. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la verdad?

Los mitos de la minería

Lo primero que habría es que decir es que el problema de fondo de todo es el imaginario rentista, desarrollista y anti-agrícola que ha marcado la pauta en este país. Lo segundo es que el gobierno tiene un mezclote entre lo que es pequeña minería y megaminería (que es la que se pretende hacer con el decreto 2.248 “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” y las empresas extranjeras convocadas). Hasta el momento el rol de la pequeña minería ha sido vender el oro al Banco Central de Venezuela. No ha habido mejoras sustanciales en sus condiciones laborales, en su salud, ni en su bienestar. Y la degradación ambiental continúa.

En Venezuela el gobierno ha ido montando su discurso entorno a varios mitos de la minería. Pero esto no es nuevo. Varios gobiernos de Latinoamérica han ido creando estos imaginarios alrededor de esta actividad extractiva. No es casual que en Argentina, el Colectivo Voces de Alerta, publicara los “15 mitos sobre la minería transnacional en Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero”; y en Perú, el Programa Democracia y Transformación Global, tenga el libro “Mitos y realidades de la Minería en Perú. Guía para desmontar el imaginario extractivista”.

Para el caso de Venezuela, César Romero, miembro de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco siempre señala tres mitos en sus presentaciones: 1. “Se queda el oro en el país”. “Aumentan nuestras reservas”.  2. Motor minero. “Progreso”. “Va a generar empleo”.  3. “Ingresarán muchas divisas en al país”. Vamos a incorporar otro: 4. “La minería moderna no contamina”. “Minería ecológica”.

En cuanto al primer mito. Primero tenemos que hacernos la pregunta ¿para qué se usa el oro en el ámbito mundial? Aquí tenemos algunos números: Joyería, monedas y medallas: 88,6%. Electrónica: 6,7%. Odontología: 2,2%. Otros: 2,5%.

Esto quiere decir que casi 90 % del oro extraído es utilizado con lógicas de acumulación y lujo. Otro dato que nos aporta Romero en sus presentaciones es que “los bancos tienen en su poder 32.000 toneladas de oro, equivalentes a 13 años de producción mundial; de ellas los bancos europeos poseen casi el 50 %”.  En el caso de Venezuela buena parte del oro que ha extraído la pequeña minería en el último año (8 toneladas) ha ido a parar a las bóvedas del Banco Central de Venezuela, sin contar el que salió para los Emiratos Árabes en marzo de este año (2,1 toneladas), o el que se sigue yendo por contrabando. Realmente ¿se está quedando el oro en el país o se está traduciendo en mejoras para el pueblo?

El segundo mito tiene que ver con que el oro va a traer progreso. “La reactivación del motor minero como parte de Agenda Económica Bolivariana permitirá alcanzar un desarrollo autónomo, soberano y ecosocialista para el país”[i], dijo el presidente Nicolás Maduro, el 24 de febrero de 2016, día en que lanzó el decreto 2.248.

Aquí cabe preguntarnos por el lugar que le ha asignado la globalización a América Latina: vender materias primas, mientras otros se encargan de darles valor agregado para el mercado mundial. ¿Dónde está lo “autónomo”? Esto se llama reprimarización de la economía, vendemos más materias primas y muy pocos productos manufacturados que tienen más valor agregado, generan más trabajo, y una economía más sana (si se supervisa adecuadamente y se respetan los derechos laborales)

Lo segundo dentro de este mismo mito tiene que ver con las inversiones. Ese mismo día Maduro expresó que “la presencia en Venezuela de 150 empresas de 35 países que quieren invertir en el arco minero del país es una muestra de confianza”. Pero el supuesto impacto de esa “inversión” en la economía del país puede ser mucho más modesto de lo que pensamos. Se trata de dinero que estas corporaciones tendrán que gastar en maquinarias que no van a comprar en Venezuela, y en infraestructura que no van a encargar a los técnicos venezolanos. ¿Dónde está lo “soberano”?

Dentro de este progreso, Nicolás Maduro emitió una resolución que indica que 60 % de los recursos provenientes de la actividad minera retornarán a los venezolanos en forma de inversión social[ii]. Pero  no hay claridad sobre los procedimientos que aplicaría el gobierno venezolano para la reinversión social del oro extraído del Arco Minero del Orinoco.

Según Jorge Arreaza, ministro para las Relaciones Exteriores de Venezuela, “gracias al motor minería estamos entregando viviendas, estamos entregando canaimitas (computadoras portátiles), estamos dándole las pensiones” y, además, se garantiza la seguridad social al país[iii].

Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Uruguay, habla de la izquierda marrón y en ella ve que “la insistencia de traducir la justicia social a bonos asistencialistas se ve inmersa en la dependencia de exportar materias primas, una suerte de capitalismo benévolo”.

Sumando y restando llegamos a un punto crucial en este mito del motor minero, que es que absolutamente nadie nos explica el verdadero costo-beneficio de la “gran inversión minera”: ¿quién paga por la descontaminación del agua en los lugares de explotación minera?, ¿quién tendrá que gastar más dinero para hacerla potable y que llegue a las ciudades?, ¿quién paga por la afectación de la salud de las personas que enferman por la mala calidad del agua y del aire?, ¿quién paga por las mujeres y niños yekuana que tienen alta carga de contaminación mercurial en su sangre?, ¿por la cantidad de niños warao que mueren por diarreas y enfermedades gastrointestinales producidas por la contaminación del agua?, ¿por la reducción de la fertilidad de la tierra que afecta la soberanía alimentaria?, ¿por el aumento del costo de vida en las zonas de influencia de la minería, con los alquileres, los alimentos, los servicios que se disparan: “todo se paga a precio de oro”?, ¿quién paga por todo esto? La respuesta es: El Estado (si es que paga). Porque aquí las empresas transnacionales desaparecen del panorama, y menos si ni quiera existe un estudio de impacto socio-ambiental de este megaproyecto.

Actualmente estas comunidades sufren los impactos de la pequeña minería y con la megaminería no mejorará la situación. ¿Cómo asignar un valor-monetario actualizado a costos futuros inciertos sobre la salud humana y el medio ambiente?

Estas  preguntas no solo nos las hacemos nosotros.  Por ejemplo, para Perú, un informe del Banco Mundial estimaba en 8 millones de soles anuales el costo de los diversos daños ambientales que sufre ese país. Esto era casi 4 % de su Producto Interno Bruto (PIB) de 2003[iv]. Por eso ya muchos hablan del “PIB Verde”, un indicador económico que debería tener en cuenta las consecuencias socioambientales del “crecimiento”[v].

En cuanto a la generación de empleos, “la minería es una de las actividades que menos trabajo humano necesita”[vi]. Por ejemplo, Chile, que es el mayor exportador de cobre, no sobrepasa el 1,5 % de toda la población económicamente activa laborando en las minas. Y en Perú, solo 211.277 personas trabajan en el sector minero, según datos del Ministerio de Energía y Minas, es decir alrededor de 2 % de la población ocupada (sólo 2 de cada 100 personas ocupadas trabaja en minería, comparado con 23 % de peruanos que trabajan en agricultura, 16 % en comercio, 10 % en manufacturas)[vii].

¿Estos empleos son de calidad? La mayoría de los trabajadores de estos países pertenecen a contratistas que recortan los derechos laborales de los trabajadores.

También el gobierno ha hablado de los empleos indirectos que genera la minería. La llegada de la empresa puede generar mayor movimiento económico pero no necesariamente genera más empleo.

El tercer mito  “ingresarán muchas divisas al país”, obvia que este megaproyecto tiene como lógica imperante la flexibilización económica para lograr su viabilidad, que es el esquema planteado en el modelo neoliberal extractivista. El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación venezolana, la generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para arancelarias para sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del  impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.

El cuarto mito dice que la minería es ecológica. De hecho tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. En este punto tenemos que decir que toda actividad minera contamina y quien diga lo contrario está muy mal informado. Puede que haya tecnología que, en el mejor de los casos, reduzca el impacto ambiental, pero nunca va a evitar el daño.

Los principales problemas que traen estas actividades mineras son: destrucción del entorno y fuentes de agua; contaminación; y problemas derivados de la acumulación de muchos proyectos en una misma zona. A esto debemos sumar que el Arco Minero del Orinoco se pretende desarrollar en una de las zonas más sensibles y más megadiversas del mundo, la Amazonía.

La megaminería que se pretende hacer en este territorio, utiliza la técnica de “minería a cielo abierto”. Con explosivos se vuelan las montañas para remover grandes volúmnes de roca (un solo proyecto puede remover hasta 300.000 toneladas de roca diarias) Queda un gran hueco que puede llegar a tener más de 1500 metros de diámetro y hasta 1000 metros de profundidad. Cuando la minera abandona el lugar permanece el boquerón donde alguna vez hubo una montaña, una ladera, o un río.

Este tipo de minería usa cantidades exorbitantes de agua: 100 millones de litros por día, para ser exactos. Así que cuando exportamos minerales también estamos exportando agua.

Otro de los argumentos para sustentar este mito es que supuestamente van a explotar solo un porcentaje de toda el área que establecieron en el decreto. En esta propaganda lo refuerzan diciendo que el oro que ha ingresado al Banco Central de Venezuela proviene de un territorio muy pequeño del norte del estado Bolívar.

Hablan como si no hubiera una relación entre los flujos de los ríos, sus cuencas, y los territorios. Como no soy bióloga, y ya bastantes académicos han alertado al respecto, yo solo hice un ejercicio y fue agarrar tres mapas: el primero es el mapa con la Faja Petrolífera del Orinoco y lo que el gobierno ha asignado para la explotación del Arco Minero del Orinoco; el segundo es el mapa de la cuenca del río Orinoco (tiene un círculo rojo que es dónde están ubicados estos dos megaproyectos); y el tercero es el mapa del territorio de la Amazonia, que compartimos con otros ocho países. Todo está interrelacionado.

Por otro lado hay una visión prístina del lugar donde se desarrollará el megaproyecto y una apropiación de la naturaleza por el grupo hegemónico. Como en la siguiente imagen que parece más una postal turística, que no permite ver el territorio en su complejidad donde se desarrollan ciclos y seres humanos. ¿Quién tiene derecho a decirles cómo vivir o qué actividades se deben realizar en su localidad?

¿Dónde están los pequeños mineros y los pueblos indígenas en todo esto?

Al pequeño minero se le vende la idea de que tiene el poder y que en sus manos está la reconstrucción del país. En el marco de este megaproyecto primero los organizaron como Brigadas Socialistas Mineras, grupos de mineros que se asocian con la Corporación Venezolana de Minería para la explotación del oro a pequeña escala; obtienen un derecho para explotar minerales en un área; y están obligadas a vender al Banco Central de Venezuela el oro y demás minerales que produzcan[viii].

Pero el pequeño minero se ve envuelto en un ciclo perverso donde lo obtenido con el oro se torna en riqueza efímera por los altos costos en la zona y lo viciado del contexto caracterizado por la violencia, porque esta gente sigue sometida por las bandas armadas que operan en la zona. El pequeño minero también sigue usando mercurio porque el Estado no ha ofrecido otra alternativa y la mayoría de ellos no pueden dejar de trabajar, sino no comen. El pequeño minero también duda del ingreso de empresas extranjeras ya que han tenido muy malas experiencias con estas, que han dejado destrucción y pobreza a su paso.

Actualmente el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico está haciendo un Registro Único Minero[ix]. Y “mientras que los compradores de oro agrupados en las cámaras mineras aguardan la legalización, parte del oro producido en el sur de Bolívar llega a Minerven a través de ‘mayoristas’, cuyos datos prefieren no revelar. ‘La mayoría no dicen quiénes son, pero el oro que está recibiendo el BCV es de la pequeña minería a través de los compradores de oro (…)’”[x].

Por otro lado, a los pueblos indígenas se les hacen “consultas” que no son para nada previas, libres e informadas. Todavía recuerdo cuando en abril de 2016, Indira Fernández, indígena añu y viceministra del área socioproductiva, hábitat y vivienda del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi), visitó una comunidad yekuana en el Caura[xi]. Ella dijo lo siguiente:
    “Nosotros hemos tenido la gran bendición de Dios y nuestros ancestros que donde vivimos los indígenas tenemos unas tierras ricas en producción y minería. Con respecto al Arco Minero tenemos que asumir una responsabilidad como Estado, que no hemos llegado hasta acá […] Pero es bueno aclarar que sin el conocimiento ni la consulta de los pueblos indígenas, el Estado no va a entrar a invadir e irrumpir con las Fuerzas Armadas y hacerse dueño. Aquí va estar una comisión de las Fuerzas Armadas pero acompañada ¿por quién? por cada uno de ustedes. En muchos países las explotaciones tienen un daño ambiental, porque todo, y el ingeniero que me corrija, hasta respirar a veces causa un daño ambiental. Como Estado lo que debemos hacer es que este sea mínimo. ¿Cómo? Con los conocimientos indígenas y algunas maquinarias que el Estado tendrá que hacer”.

Y esto:
    “¿Ustedes se acuerdan cuando Obama dijo que Venezuela era una amenaza? Ahora cuando sale el decreto Obama vuelve a decir que Venezuela es una amenaza, porque a Estados Unidos le interesa las riquezas que están en los pueblos indígenas. Siento que a lo mejor hay mucha duda de que ustedes se van a parar mañana o en un mes y van a ver que ya llegaron a echar químicos, a meter las máquinas. No, así no va ser. Si el Arco Minero no está acompañado de los conocimientos ancestrales, de las autoridades legítimas y del poder popular, ni el Estado ni las Fuerzas Armadas tienen la potestad de entrar a las comunidades indígenas […] Lo primero es la potencialidad y el desarrollo de las comunidades indígenas y que sean los voceros de las comunidades indígenas los patrones, los jefes, los dueños, los líderes, de este potencial que era ilegal y que ahora puede ser legal con la garantía de que eso que ustedes extraigan para su beneficio, también quede para el Estado y no se vaya para otros países”.

¿De qué desarrollo estamos hablando?

Una vez Gregorio Mirabal, indígena curripaco, vinculado a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Venezolana (ORPIA), dijo en un foro las siguientes palabras: “Nosotros vinimos a hablar de nuestra casa. Si en su casa quieren meter un basurero, ¿ustedes lo van a permitir?”. Gregorio se refería a la minería que hoy afecta a casi todas las cuencas de los ríos del estado Amazonas. Durante todo el foro insistió que el Arco Minero del Orinoco no era el modelo de desarrollo para la Amazonía.

Gregorio, que ahora también es el coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), no estaba equivocado porque resulta que esta desconexión entre minería y desarrollo es muy común en la experiencia internacional. “Es raro que países primario-exportadores logren superar la pobreza gracias a la gran minería transnacional. Esta puede generar un fuerte crecimiento económico, pero volátil, con escaso ‘derrame’ y sin un auténtico desarrollo para la población. Dos ejemplos son Mali y Níger, en África. En los últimos 15 años, Mali se ha convertido en uno de los mayores exportadores mundiales de oro, el cual llegó a representar más de la mitad de sus ingresos por exportación. Níger, por su parte, desde hace más de tres décadas es uno de los mayores extractores de uranio. A pesar de ello, siguen sumidos en el subdesarrollo extremo: en el Índice de Desarrollo Humano publicado por Naciones Unidas figuran en los rangos 160 y 167, respectivamente, entre 169 países”[xii].

Esto sucede porque cualquier proyecto de minería debería tener un fin bien específico. ¿Qué minerales? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor social? Y esto no ha sido pensando porque generalmente, y es el caso de Venezuela, estos proyectos se lanzan cuando hay asfixia económica. Se pasa por encima de la población local al no hacerse una consulta previa, libre e informada; por encima de la población nacional al no consultársele un proyecto de tal magnitud; y por encima de la naturaleza que es vista como simple mercancía. El gobierno debería hacer la contabilidad completa.

Mientras tanto, como dice el investigador Carlos Aldunate Balestra, sigue siendo necesaria “la presencia ‘inevitable, continua y agitadora’ de los ciudadanos, ya que aseguran que el tema no caiga en el exclusivo dominio de los técnicos, alumbrando, con sus opiniones, temores y preguntas, las áreas éticas y políticas, donde es posible hallar marcas de las nuevas ideas inspiradas por la ecología”.

La paradoja para un país tan urbanizado como Venezuela es que, para detener el tren del extractivismo, o al menos frenar lo más posible su avance, parece necesario el crecimiento de un movimiento de justicia ambiental en las ciudades[xiii]. No en vano estas vitrinas están colocadas en el metro de Caracas.

Notas

[i] http://www.finanzasdigital.com/2016/02/presidente-maduro-activo-motor-minero/

[ii] https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Arco-Minero-del-Orinoco-en-Venezuela-20160826-0056.html

[iii] http://spanish.xinhuanet.com/2018-05/16/c_137181719.htm

[iv] “Mitos y realidades de la Minería en Perú. Guía para desmontar el imaginario extractivista”. Programa Democracia y Transformación Global.

[v] Ibídem.

[vi] Ibídem.

[vii] Ibídem.

[viii] https://www.arcominerodelorinoco.com/capitulo-04/

[ix] http://desarrollominero.gob.ve/registro-unico-minero-rum/

[x] http://correodelcaroni.com/index.php/economia/item/63322-compradores-de-oro-se-agrupan-en-camaras-mineras-para-legalizarse-y-obtener-permisos-para-manejar-efectivo

[xi] http://revistasic.gumilla.org/2016/mineria-sindicatos-y-arco-minero-del-orinoco-combinacion-mortal-para-los-indigenas-de-el-caura/

[xii] 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina.

[xiii] "Las nuevas fronteras de las commoditiesen Venezuela: extractivismo, crisis histórica y disputas territoriales." Emiliano Teran Mantovani

[Tomado de http://revistasic.gumilla.org/2018/los-mitos-del-extractivismo-se-exhiben-en-las-vitrinas-del-metro-de-caracas.]