Arco Minero del Orinoco: Extractivismo, pranes y malaria

Francisco J. Ruiz

* Lo que sigue h sido extraido de un trabajo más extenso, titulado "El Arco Minero del Orinoco: Diversificación del extractivismo y nuevos regímenes biopolíticos", originalmente publicado en la revista Nueva Sociedad # 274, marzo-abril 2018, y que en versión completa es accesible en http://nuso.org/articulo/el-arco-minero-del-orinoco.

Un sistema que descansa en el pranato minero

El Estado venezolano ha sido incapaz de resolver la gravísima problemática relacionada con el pranato minero en Guayana, el cual, según los testimonios obtenidos en entrevistas a habitantes de la región y diversas fuentes documentales y hemerográficas, se intensificó de forma exponencial desde 20066. A partir de estos esquemas de control de territorios en Guayana, casi la totalidad de los mineros están sometidos, obligados a pagar a organizaciones delictivas «vacunas» que no bajan de 50% de la ganancia total por el material extraído. Estas bandas armadas, por sus orígenes, fines y vínculos, se hacen llamar «sindicatos». Pero la realidad es que se trata de un modo de organización nutrido de las tramas que se han impuesto en las instituciones carcelarias bajo la figura del «pran»7, un recluso con el máximo poder en los centros penitenciarios y jefe de una estructura vertical de dominio y patrones de operaciones, normas de organización y acciones con incidencia más allá de las cárceles. El control territorial de estas bandas armadas excede el espacio de la mina; despliegan su poder de coacción y lógicas organizativas en todo el entramado socioeconómico de la región, incluso en las grandes urbes del estado como Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y San Félix, así como poblados indígenas presentes en todo el territorio.

Este entramado socioeconómico alrededor de la minería se evidencia en la proliferación de bares, prostíbulos y casas de juego, así como en el incremento del tráfico de minerales y de maquinaria para la extracción y en los altos índices de violencia, y mantiene una íntima relación con el tráfico de drogas, de combustible y de alimentos producidos y regulados por el Estado (muy escasos en el resto del país, pero abundantes en los pueblos mineros del sur del estado Bolívar). Incluso la economía minera supedita oficios y servicios ajenos a la minería (comunicaciones, construcción, comercio), e influye de forma determinante en la gestión público-institucional local y regional.

Hasta el momento, el Estado no ha emprendido una política consistente para el abordaje de esta grave situación. Empresas básicas estatales como la Corporación Venezolana de Guayana Minerven, dedicada a la extracción aurífera, han disminuido su operatividad a su mínima expresión desde 2013. Sin embargo, la obtención de oro por parte de Guyana, Brasil, Colombia y Curazao ha reflejado un curioso aumento8. Ante esta realidad, identificar la ruta de minerales como oro, diamantes y, recientemente, coltán es esencial para esclarecer la cadena de comercialización del contrabando de extracción y sus actores involucrados. Mientras el Estado no aborde integralmente la realidad que impera en esta región, todo mineral extraído en estas condiciones provendrá de relaciones de poder criminales hacia la población y de una violación flagrante de los derechos sociales y los ordenamientos socioambientales vigentes. ¿Se trata solo de una muestra de incapacidad gubernamental?9 ¿Se trata de la influencia de sectores poderosos que inciden para que ello no suceda o fracase? ¿Hay connivencia con la matriz del pranato minero por parte de sectores que administran el Estado? ¿Se justifica un megaproyecto como el amo? El amo ¿es el reconocimiento del Estado de su incapacidad de gestionar ese territorio, entregándolo a la suerte de las bandas armadas y transnacionales mientras garantiza la obtención de la renta minera?Es que con el amo se están empezando a legitimar alianzas no formales entre actores diversos, a las que no son ajenas las Brigadas Mineras Socialistas, creadas por el novísimo Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Estas brigadas estarían empleando técnicas de extracción prohibidas por el mismo Estado (por ejemplo, el uso de mercurio), además de estar constituidas, presionadas o controladas por bandas armadas, que se han establecido como la fuerza que ha impuesto los esquemas socioorganizativos y, por lo tanto, ha logrado penetrar en los tejidos socioeconómicos mediante la figura del «poder popular» y así asociarse en la actividad minera a partir de nuevas denominaciones creadas y reguladas desde el Estado, como las mencionadas «brigadas». Este panorama vuelve difusos los hilos finos de una trama muy compleja de relaciones y de manejos del poder entre distintos actores presentes en un territorio cuya construcción institucional, muy debilitada, gestiona ineficazmente las necesidades de la población. Así, instituciones, transnacionales, medianos y grandes empresarios, receptores comerciales de minerales, dueños de máquinas, comerciantes legales e ilegales, mineros tradicionales y el «orden» del pranato minero, entre otros actores y procesos, inciden con mucha fuerza para que la inercia instituida continúe.

Un Estado desbordado: la epidemia de malaria
Se puede dudar razonablemente de la capacidad de organismos e instituciones que resultan corresponsables de las consecuencias del ejercicio de la minería ilegal en virtud de la connivencia, desarticulación e ineficacia de las acciones y políticas públicas. Por ello, intentar resolver esta situación implicaría un profundo proceso de reinstitucionalización, pero no como mímesis de la misma lógica con otros relatos, sino desde una nueva institucionalidad, transformada y transformadora, que accione concretamente en favor de la defensa de la vida digna desde una perspectiva integral.

Hoy, por el contrario, además de la presencia del pranato minero y su paz criminosa, Venezuela asiste al rebrote de la malaria, enfermedad íntimamente relacionada con la minería y que ha desbordado la voluntad o capacidad del Estado venezolano para resolverla. Luego de haber sido erradicada en 2000, esta enfermedad está actualmente catalogada como una epidemia de proporciones cada vez más preocupantes. A fines de 2014, todos los países endémicos de la región, excepto Haití y Venezuela, habían reducido la morbilidad por malaria en comparación con 2006. Para 2017, la situación es aún más grave. El Boletín Epidemiológico de Venezuela 2016, luego de dos años sin ser emitido y bajo la responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud15, arrojó resultados más que alarmantes: se registraron 240.613 casos, que representan un incremento de 76,4% con respecto a 2015. Así, la totalidad del país se encuentra en estado de epidemia de malaria, con casos verificados en 14 de los 24 estados y otros cuatro en situación de alarma.

Solo en el estado Bolívar se registró 74% del total nacional. Los cuatro municipios de mayor actividad minera de este estado (Sifontes, Roscio, Gran Sabana y El Callao) representan 53% de la totalidad de casos de malaria para este año. Si sumamos Amazonas y Delta Amacuro, estados de mayor explotación de minerales en el país después de Bolívar, estamos ante la alarmante cifra de 88% del total nacional. Según el Informe Mundial de la Malaria 2016, con estas cifras Venezuela aporta 48% del total de casos de malaria en todo el continente americano.