El país de las masacres

Humberto Decarli

La tradición de masacres es propia de Venezuela. La brutalidad policial y militar ha sido una constante desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta el chavismo, pasando por el puntofijismo. Es la saga de la violación de los derechos humanos, la tortura, las desapariciones, los asesinatos y la impunidad del funcionario abusivo incontrolable por la incuria de un poder judicial carente de autonomía e independencia.In illo témpore se ha consolidado el Estado como un órgano de muerte.

Experiencia perezjimenista

El gobierno fáctico que sucedió a la junta militar derrocadora de Rómulo Gallegos se caracterizó por haber organizado a través de un organismo, la Seguridad Nacional, todo un entramado de coacción policial contra los opositores e incluso contra los mismos uniformados. Hubo muertes célebres como las de Leonardo Ruiz Pineda, Valmore Rodríguez y  el teniente Droz Blanco en Barranquilla, las torturas a Salom Mesa Espinoza, las detenciones de Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida y muchísimos otros, quienes fueron las víctimas de tan cruel régimen. Los adecos, comunistas, urredistas y al final a los copeyanos, fueron objeto de la persecución implacable de una dictadura cruenta y represiva. Sin embargo, debido al férreo control aplicado por ese gobierno no hubo necesidad de cometer asesinatos en masa ni escándalos capaces de desprestigiarlo internacionalmente. Su represión fue selectiva, vale decir, materializada en los principales dirigentes de los partidos políticos que lo adversaban en el país porque había muchos de ellos exiliados.

El puntofijismo y su larga tradición de torturados, asesinados y desaparecidos

Cuando la izquierda se embarcó en la aventura guerrillera la respuesta militar y policial no se hizo esperar. Formados los primeros en la Escuela de las Américas donde se les enseñó las técnicas directas y sofisticadas de represión, aplicaron esos métodos sobre los detenidos, llegando a constituir comandos en los teatros de operaciones donde se realizaban tales procedimientos inhumanos. Los órganos punitivos del gobierno se crearon luego del 23 de enero. Se fundó la Digepol, policía política, y el Sifa, ente de inteligencia de las fuerzas armadas. Ulteriormente con el primer gobierno de Rafael Caldera se les cambió el nombre por la Disip y el Dim, respectivamente, pero su actividad siguió igual. Fue la herencia de la Seguridad Nacional pero mejor formados en su accionar policial.

La lista de torturados, desaparecidos y asesinados es amplísima y se puede mencionar de manera enunciativa a algunos de ellos. Alberto Lovera desapareció y fue encontrado con un pico enterrado en el abdomen en una playa de Lecherias, estado Anzoátegui, y el colmo de la bellaquería fue la opinión de Gonzalo Barrios, a la sazón ministro del interior, en una entrevista hecha por Miguel Otero Silva para el diario El Nacional, al afirmar que fue un ajuste de cuenta entre los comunistas. El artista Juan Pedro Rojas Mollejas fue asesinado al igual que Donato Carmona y Ramón Pasquier, por las hordas sociopáticas del aparato penal del Estado, así como el connotado expresidente de la Junta Patriótica, Fabricio Ojeda, en los calabozos del Sifa. Víctor Soto Rojas y Trino Barrios fueron lanzados desde un helicóptero y el Chema Saher fue fusilado cobardemente. Todos miembros del PCV, URD y el MIR activando la lucha guerrillera.

El secuestro de William Niehous dejó secuelas en esta materia. Mataron con bárbaras torturas a Jorge Rodríguez y a los dos acompañantes del secuestrado cuanto lo entregaron, José Aquino Carpio y Carlos Wilfredo García Silva. El director de la PTJ en esa ocasión, Jorge Sosa Chacín, manifestó a un periodista de El Nacional ante una pregunta de haber sido asesinados estando esposados, respondió: estaban bien muertos. Posteriormente pidió disculpas públicas porque eso le enseñaba que no podía confiar en los comunicadores sociales. Sin embargo, durante esta etapa política venezolana se cometieron varias masacres, desde Yumare, Cantaura, los amparitos, El Amparo hasta llegar al pináculo de todas, el Caracazo, cuando los sucesos del 27 de febrero de 1989.

Razzias políticas: Yumare y Cantaura

Estas dos operaciones fueron calculadamente de exterminio ante un enemigo inerme. Yumare, en el estado Yaracuy, fue un ejemplo de muertes simulando enfrentamiento, luego de torturas previas a las nueve víctimas durante la administración de Jaime Lusinchi. El de Cantaura, sucedido cuando la gestión de Luis Herrera Campíns, fue peor porque un pleno de estudiantes y guerrilleros del partido Bandera Roja fue bombardeado con avionesCamberras yTucanos e hicieron en esa localidad anzoatiguense un asesinato en masa para luego anunciar una confrontación inexistente.

El Amparo

El presidente Lusinchi había anunciado la posible supresión del Cejap (Comando Específico José Antonio Páez), ente conductor de la lucha contrainsurgente en los estados cercanos a la frontera con Colombia. Ante esa expectativa, los militares y policías ejecutaron cuatro pequeñas matanzas posteriormente denominada los amparitos porque precedieron a la mayor, la de El Amparo. Todas las personas atacadas fueron muertas y no hubo vestigio de nada. Se trataba de acciones destinadas primero, a demostrar la existencia de irregulares a los cuales había que enfrentar, y segundo, la capacidad operativa militar-policial para materializar su sofocamiento.
No obstante, ocurrieron los hechos de El Amparo. Un supuesto combate contra guerrilleros terminó en bajas para ellos. No contaron con la sobrevivencia de dos de los pescadores quienes narraron lo realmente acontecido. Fue una farsa para dar argumentación a la necesidad de ese comando al justificar su cometido, esto es, resguardar esas áreas de insurrectos y bandoleros.

Personalidades y organismos defensores de los derechos humanos denunciaron lo sucedido pero los tribunales militares decretaron la impunidad al desestimar lo accionado. Sin embargo, Provea asesoró a los pescadores y presentaron la propuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien dictaminó la responsabilidad civil y penal del Estado venezolano. Se logró indemnizar a los pescadores sobrevivientes y a los familiares de los asesinados pero nunca fue posible la imputación de los intervinientes en este affaire.Una cuenta pendiente para la justicia venezolana.

El Sacudón

Denominada como la primera insurrección contra la globalización, el pueblo de Caracas y zonas adyacentes de la región capital salió a la calle para hacer justicia por su propia mano para rechazar un paquete de medidas diseñadas por los organismos multilaterales llevados de la mano por el triunfo de la candidatura del populista C.A. Pérez y su carisma como aval de aceptación. Fue el memorable “Caracazo” o “Sacudón” del 27 de febrero de 1989 asfixiada a sangre y fuego por los efectivos militares y policiales con un saldo de más de tres mil muertos de acuerdo a entidades internacionales y más de trescientos conforme la versión del gobierno nacional.

Ha sido el mayor genocidio cometido en la historia contemporánea y también, como los anteriores, sin autores intelectuales e incluso materiales. Es la marca de fábrica del Estado venezolano, dictatorial o democrático representativo, a través de toda nuestra historia. Es laimpunidad garante del abuso de autoridad. Así las cosas, llegamos a la etapa militarista de la democracia populista, con su pléyade de actuaciones de abuso de poder y autoridad con los dígitos también trascendentes.

La violación de derechos humanos durante el chavismo

Una de las razones argüidas por Hugo Chávez en su campaña electoral de 1998 fue el rechazo a las violaciones en esta materia por parte de la mal denominada cuarta república. Fue uno de los tantos alegatos para capturar el voto de las personas ante una fase en los estertores de la agonía.

Tanto en las gestiones del caudillo de Sabaneta como en la de su heredero designado, se han cometido abusos sin par. Ha continuado la trayectoria de la tradición nacional en este rubro porque la estructura del Estado sigue siendo la misma, esto es, atrabiliaria en su esencia misma sin que haya sufrido cambios en su naturaleza íntima.

Provea ha hecho un amplio inventario sobre las matanzas durante este período entre las cuales sobresalen la Paragua en el estado Bolívar; Llano Alto en Barinas con participación posterior del Defensor del Pueblo a la sazón cuando viajó hasta el lugar de los hechos para intimidar a los testigos presenciales; la de Kennedy a unos estudiantes de la Universidad Santa María; las de Vista Hermosa, Amazonas, Cariaco, El Valle, Uribana y todas las redadas con pena de muerte incluida llamadas OLP y ulteriormente OHLP, en los barrios populares donde ejecutaron a culpables e inocentes extrajudicialmente.

Asimismo, hubo más de cien muertos en la represión de las manifestaciones de abril a julio del año 2017 en forma por demás alevosa porque se materializó sobre personas desarmadas. Fueron asesinatos selectivos pensados previamente por el G-2 para intimidar pero la gente no se amilanó y continuó ejerciendo el derecho a la manifestación pública hasta que la MUD alcanzó conversaciones con el gobierno y enfrió la calle. Lamentablemente la resistencia no tenía suficiente organización ni autonomía para haber hecho caso omiso a esos opositores colaboracionistas y el resultado fue el abandono de la lucha en los espacios públicos para beneficio de la dictadura. El colofón de estas atrocidades se dio con la llamada masacre de El Junquito donde se liquidó a varias personas rendidas y entregadas.

El Junquito: un exterminio en vivo y directo

El día lunes 15 de enero del presente año ocurrió un acontecimiento deprimente. El antiguo funcionario del CICPC, Oscar Pérez, fue cercado junto a su grupo en una zona de El Junquito por una fuerza inmensa de más de 600 efectivos de diversos cuerpos policiales y militares así como miembros de un cuerpo paramilitar del 23 de enero. Pudo Pérez informar a través de las redes sociales lo que estaba sucediendo y fue clara la entrega, rendición y posterior ejecución con misiles antitanques y rematados con tiros de gracia. Después hubo el espectáculo con los cuerpos y los entierros llevados a cabo coactivamente y con las condiciones impuestas por los entes policiales.

El mundo miró asombrado cómo se realizó una ejecución extrajudicial presenciada por muchos espectadores de los medios de comunicación, que no de difusión porque fueron censurados y autocensurados. La versión oficial fue poco creíble al sostener un falaz enfrentamiento no verificado en ninguna parte sino confirmada una negociación rectificada por aparentes contraórdenes cuyo mandato era la eliminación física de los sitiados.

Conclusión

Como podemos apreciar de las anteriores descripciones y narraciones, estamos en presencia de una actitud recurrente del Estado venezolano. En todos los últimos regímenes hay una secuencia de violación de los derechos humanos, de desaparecidos, torturados, lesionados y asesinados con alevosía. Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Marcos Pérez Jiménez, la democracia clientelar y la militarista, tienen algo en común: el funcionario policial, militar o paramilitar impunes y con un poder omnímodo con apoyo de tribunales sumisos a los intereses del momento.

Este renglón tiene una ingente acreencia contra la conducta del Estado. La carencia de institucionalidad democrática ha ocasionado la permisión de transgresiones al derecho a la vida y la integridad física de las personas porque, al igual que en materia de corrupción, no hay punición ni control sobre los organismos represivos públicos. Los tribunales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la Contraloría, la Procuraduría ni los cuerpos legislativos han concretado una fiscalización de quienes violentan estas potestades personales. Allí radica la razón por la cual los gobiernos venezolanos, cualquiera sea su naturaleza, se encuentran al margen de la civilidad.Es una profunda cicatriz insertada en la sociedad venezolana pendiente de transformar. Es la manera directa de entrar al siglo veintiuno.