Arbitrariedad, turbiedad e ilegalidad marcan la entrada en vigencia del petro

Correo del Caroní

Finalmente, la dictadura de Nicolás Maduro impuso la criptomoneda petro, un medio de pago con el que quiere revolucionar las normas de los activos digitales y superar las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos al país sudamericano, asolado por una grave crisis económica y social provocada por los desaciertos del sucesor de Hugo Chávez.

Maduro propuso que la divisa digital comience a circular después del 21 de enero, cuando vence el plazo para el registro de los demandantes, aunque este podría alargarse hasta febrero. El lanzamiento se produce en medio del boom que está viviendo la criptomoneda más conocida, el bitcoin, si bien la cuestionada moneda digital ha perdido buena parte de su valor -se cotiza actualmente a unos 11.000 dólares- por los planes de regulación de su comercio en algunos países asiáticos. Las criptomonedas, muy controvertidas entre expertos, son monedas virtuales que se generan mediante complejos procesos de cálculo, si bien también se pueden comprar en Internet con moneda real, por ejemplo euros o dólares. Se usan, sobre todo, para pagos online.

¿Cuál es el patuque?

La criptomoneda de Venezuela se basará en un tipo de cambio que establece que un petro será igual a un barril de petróleo venezolano, que se cotiza actualmente en alrededor de 57 dólares, pues tendrá como respaldo un campo de la Faja del Orinoco, un vasto yacimiento en el oriente del país, con reservas de 5.000 millones de barriles.

“El petro es la gran apuesta que estamos haciendo para la estabilidad y crecimiento financiero de nuestro país”, dijo Maduro ante la Asamblea Constituyente, dominada por el oficialismo. Maduro anunció que una primera emisión será de 100 millones de petros, que con el valor del barril petrolero equivaldrían a 5.700 millones de dólares. Según analistas, el Gobierno necesita más de 15.000 millones de dólares para ajustar sus cuentas.

Para variar, el limbo

Todavía hay dudas de cómo operará el sistema de compra del petro, ya que el Gobierno dijo que solo organismos oficiales tendrán a cargo al actividad de minería de la moneda y que su asignación será mediante subastas. Como minería se conoce la resolución de los complejos problemas matemáticos por computadora en los que se sustentan las criptomonedas.

En este contexto, el asesor económico Luis Enrique Gavazut duda en calificar al petro como moneda digital. “Considero que, en efecto, debería ser solamente un activo financiero, como las acciones y bonos, y no una moneda y mucho menos de circulación en Venezuela”, dijo. Agregó que la compraventa de petros sólo se podrá hacer en el mercado secundario: “Es decir, la emisión inicial debería cobrarla el Estado únicamente en divisas libremente convertibles, y luego los tenedores de petros pudieran negociarlos en la moneda de su preferencia, incluyendo el bolívar”.

¿Cuánto impondrá Maduro?
Con la divisa digital, Caracas estima que puede generar hasta 280.000 millones de dólares de capital fresco, que serían algo parecido a un maná en medio de la crisis económica y en un año de elecciones presidenciales. Maduro apuesta al esquema digital en momentos en que la moneda nacional, el bolívar, ha sido pulverizada por la inflación y la devaluación y que como medio de pago se ve limitada por la escasez de efectivo.

Gavazut opina que uno de los problemas del petro será el tipo de cambio que el Estado autorizará para estas operaciones. Actualmente el cambio del mercado negro está en unos 200 mil bolívares por dólar, mientras que las tasas oficiales del sistema de control cambiario son 10 y 3.337 bolívares. En palabras de Gavazut, con la venta de la criptomoneda el país podrá recibir pagos en divisas, por lo que sí podría ser un mecanismo del Gobierno para saltarse las sanciones de Estados Unidos. “Si esto se logra, el petro será un mecanismo sumamente exitoso en cuando a ayudar a la captación de capitales frescos”, manifestó.

Por su parte, el economista y experto petrolero José Toro Hardy afirmó que el petro puede ser cualquier otra cosa, menos una criptomoneda. “Las criptomonedas solo existen en la web y se utilizan a través de un sistema de pagos electrónicos encriptado sin intermediarios. Es un dinero fiduciario que carece de respaldo. El valor del dinero fiduciario depende de la confianza, es decir, de que otros lo acepten como medio de pago”, señaló. Agregó que una criptomoneda depende en esencia de que exista un número limitado de unidades, a las cuales los mineros acceden a través de un complejo sistema de algoritmos mediante una inmensa red de computadoras. “Pero en el caso del petro las unidades no quedarían limitadas y las emisiones completas estarán bajo el control de un Estado, tan ávido de recursos que no ha dudado en recurrir al Banco Central de Venezuela para que financie su déficit fiscal con inmensas emisiones monetarias que destruyeron el bolívar”, alegó.

Toro Hardy señaló que el Estado dice que el petro estará respaldado por unas reservas de petróleo no desarrolladas, que existen en el subsuelo en el Bloque Ayacucho de la Faja del Orinoco, algo que en su opinión es ilegal. “Mal puede generar confianza la emisión de una criptomoneda basada en un acto ilegal. En efecto, tanto la Constitución y la Ley de hidrocarburos establecen que las reservas no desarrolladas de petróleo son inalienables e imprescriptibles, es decir, no pueden darse en garantía”, aseveró. La semana pasada, precisamente, la Asamblea Nacional (Congreso), con mayoría opositora, declaró ilegal el petro, ya que no cuenta con el aval del control legislativo.

Reñido con la legalidad

Acceso a la Justicia recordó que, aunado a las violaciones vinculadas expresamente al criptoactivo, el decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica, acta de nacimiento del petro, reitera la irregularidad cometida en las disposiciones previas, pues fue puesto en práctica sin la previa aprobación del Parlamento como lo exige el artículo 339 constitucional. También el Ejecutivo vuelve sobre la irregularidad de la duración de esta condición excepcional, ya que a pesar de tratarse de la declaratoria de un nuevo régimen es, sin duda, una reedición de los decretos anteriores, especialmente del emitido el 11 de septiembre de 2017 bajo el número 3.074. Con esta maniobra, el jefe de Estado busca evadir el carácter limitado en el tiempo (principio de la temporalidad) al que debe estar sometido este tipo de actos conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución que prevé un plazo máximo de 120 días.

Finalmente, el decreto N° 3.239 tampoco garantiza el respeto de los derechos humanos, pues basta leer su contenido para constatar que no señala o determina las garantías restringidas y sus límites, al igual que ha ocurrido con todas las resoluciones anteriores, contraviniendo concretamente la norma constitucional prevista en el artículo 337, así como pactos internacionales y sin notificar a la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta decisión arbitrariamente adoptada no ofrece para nada soluciones concretas y prácticas. Por el contrario, favorece al desabastecimiento de productos de primera necesidad,  la paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad,  la hiperinflación galopante, entre otros, pero sobre todo pone en peligro el ejercicio de los derechos individuales dado su  ambigüedad e imprecisa y genérica regulación.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/economia/item/61859-gobierno-regional-recicla-formulas-fracasadas-con-nuevo-esquema-de-racionamiento-de-alimentos-por-semana.]