Militares son cómplices activos en desastrosa situación con el Arco Minero del Orinoco

María Ramírez (Correo del Caroní)

Las áreas al sur de Venezuela, sobre las cuales se levanta el megaproyecto estatal Arco Minero del Orinoco (AMO), se encuentran amenazadas por las distintas formas de minería -incluyendo las legales- ratifica un informe aprobado por la Asamblea Nacional, cuyas líneas centrales se conocieron la semana pasada y al cual Correo del Caroní tuvo acceso.

“El decreto del Arco Minero es la muerte de la República y su biodiversidad. Pone en peligro el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales”, alerta el informe, realizado por la comisión especial designada para evaluar el Arco Minero y presidida por el diputado Américo De Grazia.

El reporte destaca que parte de sus miembros, además diputados por el estado Bolívar, Olivia Lozano, Luis Silva, Francisco Sucre y De Grazia, realizaron inspecciones in situ en los municipios Gran Sabana, Sifontes, Roscio, El Callao, Piar, Angostura, Sucre y Cedeño, “donde se evidencia la ocupación humana descontrolada que afecta la belleza escénica y ambiental de una zona única y privilegiada del mundo, apta para el ecoturismo y que forma parte del Parque Nacional Canaima de renombre internacional; declarado por la Unesco en 1994, como patrimonio natural de la humanidad a solicitud del Estado venezolano”.

La diputada María Gabriela Hernández, precisa el informe, ha enfatizado sobre la incidencia en el cambio climático, producto de las deforestaciones al sur del Orinoco, las cuales se incrementan con el mega plan del Arco Minero causando no solo daños al ambiente, sino sobre la propia economía y seguridad estratégica de la región. El informe resalta que los graves daños que supone el AMO ponen en peligro la sustentabilidad ambiental y económica de Venezuela “ante la proliferación de la minería descontrolada y la invasión del territorio”.

En las zonas del AMO se observa la constitución de formas criminales, que han impuesto su modo de vida y su autoridad, destacan, a la vez que puntualizan que en los bosques frágiles del Escudo Guayanés, no existe la llamada minería ecológica que, aseguran, forma parte de la propaganda y oferta engañosa del proyecto. “La Fuerza Armada no está cumpliendo con su deber de defender la soberanía, ni ejerce sus funciones de protección y guardería ambiental, ya que tolera presencia en territorio nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos paramilitares procedente de otros países, incluyendo organizaciones mineras ilegales”, advierten.

El descontrol ha coincidido, indican, con el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente creado en 1977 y su conversión en el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas que, apuntan, “ha reducido su capacidad técnica de política y planificación ambiental, de ordenamiento del territorio y su eventual control y fiscalización, base y sustento para las demás actividades económicas y sociales. Hacia el futuro es fundamental rescatar y reconstruir la institucionalidad ambiental, particularmente ante los peligros ecológicos climáticos globales y nacionales”.

El informe explica que Venezuela no aparece en ningún ranking internacional, como importante productor de oro; al igual que en el caso del coltán, “que de manera engañosa promociona el gobierno nacional, en su exagerada predica rentista y extractivista, cuando la realidad financiera contradice su discurso”. “Venezuela posee recursos mineros, pero no en la dimensión que ha promocionado el gobierno, en una especie de delirio aurífero, creando falsas expectativas”, indican, al detallar que el gobierno carece de certificaciones y cuantificaciones de sus reservas mineras.

La comisión advierte sobre las actividades mineras para formas ilegítimas y fraudulentas de ventas y reventas de concesiones, lavado y legitimación de capitales “para lo cual –alertan- se legalizan muchas veces empresas fantasmas o sin credibilidad y experiencia en el ramo o con denuncias en otros países de graves daños al ambiente y a los pueblos indígenas y locales”.

Acá algunas de las consecuencias puntuales que detalla el informe:

- Daños en el Caroní

La cuenca del río Caroní, con 95.000 kilómetros cuadrados, es una de las cuencas más poderosas del planeta por su potencialidad de generación hidroeléctrica con sus bloques de represas Guri, Macagua, Caruachi y Tocoma -en proyecto- que surten de electricidad a más del 65% del territorio nacional. El informe sobre el AMO, aprobado la semana pasada por la plenaria de la Asamblea Nacional, destaca que el Caroní es un tesoro ecológico, hídrico y energético invaluable, que el Arco Minero al que califican de “paraíso fiscal” pone en gravísimo peligro “tal como es notorio en las imágenes satelitales y registros fotográficos, observados en el kilómetro 88, Botanamo, Bochinche e Ikabarú, entre otros”. “De continuar avanzando los daños ambientales provocados por el Arco Minero, la potencialidad energética se ve afectada, impactando los embalses y el suministro eléctrico, con profundos daños económicos, sociales y ambientales en el país y el planeta”.

La comisión sostiene que el AMO es un proyecto insustentable, que atenta contra la fragilidad del ambiente, las reservas de agua, los bosques tropicales, la biodiversidad y la energía de la cuenca del río Caroní. Sobre este punto, resaltan que Venezuela se ubica entre los 20 países megadiversos del planeta, compartiendo este valor en el ámbito americano con Brasil, Colombia, México y Perú, por sus riquezas en ecosistema, especies y genes de importancia ecológica, hídrica y económica.

- Secuelas mineras en Amazonas

La minería también causa estragos en Amazonas y particularmente en el río Atabapo, del Parque Nacional Yapacana, “el cual viene siendo destruido por la minería ante la mirada complaciente de las fuerzas de seguridad en el Parque Nacional Parima Tapirapeco y la reserva de la biosfera del Alto Orinoco Casiquiare e, incluso, en la capital Puerto Ayacucho”.
     
El informe documenta que el exgobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, denunció que en esa entidad más de 4 mil miembros de la guerrilla de Colombia, “un auténtico ejército de ocupación participa en el control de actividades mineras sin que las Fuerzas Armadas cumplan con sus funciones de resguardar la soberanía, que le ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. “Estamos en presencia de la cesión de soberanía, corriendo el peligro que suceda la experiencia del territorio Esequibo a cuya reclamación histórica, el gobierno y la Fuerza Armada Nacional han renunciado de facto”, alertan.

- “Uso” de la comunidades indígenas

Sobre los efectos del megaproyecto estatal en las comunidades indígenas, el informe resalta que el gobierno usa sus carencias y necesidades económicas para ofrecerles participación de las actividades mineras “con el propósito de implicarlos en sus políticas, creando cabezas de playas mineras en las áreas protegidas”. “Se trata de implosionar las Abrae, desde dentro, utilizando a los pueblos originarios, vulnerables, al estilo de las situaciones vividas con la minería en la República del Congo y otros países (…) El régimen pretender una recolonización minera de los territorios indígenas y de las áreas naturales protegidas y de especial importancia ecológica”.

La comisión resalta que mientras el gobierno promueve con bombos y platillos el AMO, este llamado ha profundizado la criminalidad en todo el estado Bolívar con enfrentamientos entre bandas armadas que manejan las minas ilegales; aumentando el desempleo, la pobreza, enfermedades, problemas de suministro eléctrico, daños ambientales, falta de gas, desnutrición infantil, crisis sanitarias y endeudamiento estatal. En el informe, la comisión señala que elaborará nuevos informes parciales y globales y continuará trabajando en la consulta sobre el proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana, presentado en septiembre de 2016.

En retrospectiva

14, junio, 2016. La Asamblea Nacional desconoce el decreto 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, en el que se establece la creación de la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco, con base en lo establecido en los artículos de la constitución 150 y 187, sobre la competencia para autorizar los contratos públicos de interés nacional e, incluso, “ampliando el criterio jurídico y político ya que se trata del patrimonio transgeneracional e insustituible, el cual es puesto en peligro por el proyecto extractivista”.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/item/61341-informe-an-fan-no-ejerce-funciones-de-guarderia-ambiental-y-tolera-a-irregulares-en-arco-minero.]