Otro nombre de la pena de muerte en Venezuela: "Detención preventiva"

Correo del Caroní

Un total de 27 personas murieron dentro de centros de detención preventiva, entre el primero de enero y el 30 de junio de 2017. Así lo revela el informe “La violencia y las enfermedades arropan a los centros de detención preventiva: Situación de los centros de detención preventiva en Venezuela enero-junio 2017, que presentó este 18 de julo la organización no gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad.

26 de los fallecidos eran privados de libertad y uno era un funcionario policial que estaba encargado de la custodia de uno de los centros de detención preventiva. 10 de ellos perdieron la vida debido a cuadros de desnutrición o enfermedades infecciosas, que contrajeron en los calabozos en los que estaban recluidos, y para las cuales no recibieron el correspondiente tratamiento médico. Las otras 17 personas fueron víctimas de asesinatos.

El informe presenta los resultados de un diagnóstico exhaustivo realizado por Una Ventana a la Libertad, sobre la situación derechos humanos de los privados de libertad, en 89 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país. Incluye un “Índice del estado de los derechos humanos en los centros de detención preventiva”, que midió el nivel de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en centros de detención preventiva, a través de la percepción y opinión calificada de expertos locales. El instrumento reveló que la región en las que hay mayor gravedad en la violación de los derechos humanos de los privados de libertad es la conformada por La Gran Caracas y los estados Miranda y Vargas.

El hacinamiento superó el 400%

Una Ventana a la Libertad constató que los centros de detención preventiva monitoreados tienen una capacidad para albergar a 1.910 privados de libertad; pero en realidad, para junio de 2017 albergaban un promedio de 8.249 privados de libertad, lo que implica que hay una sobrepoblación de 6.339 privados de libertad, traducido en 432% de hacinamiento.

El informe documentó, además, que del total de privados de libertad, un estimado de 475 son mujeres, 95 son menores de edad, 32 son extranjeros (que en su mayoría no poseen documentos de identidad) y siete son personas del grupo Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Glbti). El estudio revela que al menos 2.765 (33,52%) del total de personas detenidas en estos centros de detención preventiva han recibido condena, pero no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

Infraestructura precaria

El 86,52 por ciento de los centros de detención preventiva monitoreados no posee servicio de comedor, el 85,39 por ciento no cuenta con áreas recreativas y el 82,02 por ciento no tiene áreas de visitas; con lo que se ven afectados derechos fundamentales de los detenidos como el de la alimentación y el de recibir visitas de sus parientes y abogados.

El 84,27 por ciento de los centros no cuenta con servicio médico; el  69,66 no tiene servicio de agua potable; el 57,30 por ciento no cuenta con servicios higiénicos; el 59,55 no tiene servicios de recolección de basura; lo que implica que los centros se conviertan en espacios propicios para la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas, que afectan el derecho a la salud de los privados de libertad.

La ONG constató también que la mayoría de los centros de detención no cuentan con espacios diferenciados para la población femenina, para detenidos menores de edad ni para la población Glbti, con lo que vulneran derechos fundamentales de estos grupos. “Resulta preocupante que los menores de edad privados de libertad tengan que convivir con adultos y que estén expuestos a enfermedades o hechos de violencia, que se desarrollan como producto del hacinamiento y de la falta de servicios esenciales (alimentación, agua potable, servicios higiénicos, entre otros”, señala el estudio.

Sólo tres de los 89 centros de detención preventiva monitoreados tienen áreas especiales para atender a los privados de libertad menores de edad y sólo dos, cuentan con áreas especiales para albergar a la población Glbti. El informe reseña que tampoco se garantiza el derecho de las madres de permanecer con sus hijos mientras están en período de lactancia. Sólo uno de los 89 centros monitoreados cuenta con un área en la que las mujeres privadas de libertad pueden permanecer con sus hijos menores o lactantes.

Estado no controla la violencia

La responsabilidad de la mayoría de los incidentes registrados durante el periodo recayó en los privados de libertad (el 61,39% de los casos). No obstante se constató que autoridades policiales fueron responsables en el 37,62% de los casos y en otro hecho, que suma 0,50% del total, en el que se identificó como responsable a un funcionario militar.

 “Aunque en la mayoría de los casos la responsabilidad recayó en los detenidos, se constató una corresponsabilidad estatal, toda vez que la mayoría de los casos corresponden a hechos de violencia en las que fueron usadas armas de fuego, armas blancas u otros tipo de objetos contundentes, que fueron ingresados a los centros de detención preventiva sin que los cuerpos policiales se percataran de ello o ejercieran acciones preventivas contundentes para evitarlo, con lo que queda en evidencia una corresponsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado, por omisión” advierte la organización en el estudio.

El informe forma parte del trabajo de monitorea de la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela, que lleva a cabo Una Ventana a la Libertad, desde septiembre de 2017.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/nacional-2/item/57694-ong-documento-27-muertos-en-centros-de-detencion-preventiva-durante-primer-semestre-de-2017.]