J.R. López Padrino
[Nota previa de El Libertario: En los diccionarios de lengua castellana se define "rábula" como abogado indocto, charlatán, y bien dispuesto para la trampa.]
Desde el triunfo electoral de la disidencia política el pasado 6D, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en un bufete de forajidos empecinados en desconocer la voluntad mayoritaria de los venezolanos.
Instancia judicial que ha sido asaltada por una horda de escribanos y rábulas al servicio del proyecto militarista fachobolivariano a raíz del triunfo electoral del insepulto tte coronel. La nominación y designación de magistrados y jueces responde más a la lealtad política para con el régimen fascista que a su formación profesional. No es un secreto para nadie que muchos de los integrantes del TSJ son fieles discípulos de la “robolución” (Gladys Gutiérrez, Malaquías Gil, Jhannett Madriz Sotillo, Christian Tyrone Zerpa, Juan José Mendoza, Calixto Ortega), otros con antecedentes por irregularidades cometidas durante sus ejercicios como jueces (Luisa Estella Morales), o con largos expedientes policiales (Maikel José Moreno). Incluso, con títulos académicos de dudosa obtención como es el caso de Gladys Gutiérrez y su grado doctoral otorgado por la Universidad de Zaragoza en España. Tesis Doctoral que “coincidencialmente” le permitió satisfacer los méritos académicos necesarios para optar a la Presidencia del TSJ. En fin representan una caterva de inescrupulosos sujetos de precaria formación profesional encargados de decorar jurídicamente a la pestilencia militar que “desgobierna” nuestro país.
Con justificaciones legalistas e interpretaciones anodinas y contradictorias del derecho, el TSJ ha venido actuando conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer al ungido de Maduro como presidente de la República. Se ha consumado un "golpe de Estado técnico" o "ruptura del orden constitucional" que trastoca las bases jurídicas contempladas en la Carta Magna. Se ha configurado un Estado autoritario, se ha producido una desdemocratización de las instituciones del Estado venezolano.
Todas las decisiones del TSJ han sido verdaderos disparates jurídicos destinados a apuntalar al régimen moribundo de Maduro y su logia militar. Entre sus desafueros anticonstitucionales ordenó la suspensión de la proclamación de los diputados electos por el Estado Amazonas, y su desincorporación de la Asamblea Nacional (AN), declaró constitucional y puso en vigencia el Decreto de Emergencia Económica el cual había sido rechazado por la AN, eliminó facultades de control político de la AN sobre instituciones del Estado, declaró inconstitucional la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, la ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Más recientemente declaró con lugar un amparo interpuesto por funcionarios del CNE en el que se solicita prohibir las manifestaciones en los alrededores de las sedes del Poder Electoral, ordenó la suspensión de las elecciones para escoger la nueva directiva del Sindicato Integral de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco C.A. y facultó a personas con varias nacionalidades a ejercer cargos públicos en Venezuela.
Sus fallos mas allá de violentar el orden constitucional son verdaderas bazofias jurídicas que apuntalan a un régimen militarista-autoritario carente del más mínimo talante democrático y que ha perdido el apoyo popular. Autoritarismo que se refleja en el creciente clima represivo, en la militarización abierta (seguridad pública, hospitales, supermercados) y encubierta de la sociedad, la sistemática criminalización de la disidencia y la impunidad de los grupos paramilitares y parapoliciacos al servicio de la represión gubernamental. Autoritarismo, que niega el diálogo porque no le interesa el debate político, el pensamiento disímil, sino interesado en desaparecer toda expresión de desacuerdo, incluso entre sus seguidores a fin de imponer su pensamiento único. Autoritarismo que se expresa en una nociva hegemonía excluyente para asegurarse el control de la sociedad y la perpetuación en el poder.
La administración de justicia en Venezuela se ha convertido, al igual que en los Estados nazi-fascistas, en un elemento más del aparato coercitivo del Estado que maneja a su antojo el pranato bolivariano. El Poder Judicial en una instancia donde priva la miseria humana, el servilismo y la deshonestidad. Todos ellos constituyen una nueva tribu que justifican los abusos y crímenes que se comenten en nombre del proceso y del legado perverso del "Comandante-Presidente".
Los rábulas del TSJ se prestan de sostén a la soldadesca bolivariana que descarga su crueldad represiva sobre la población indefensa que clama por sus derechos; Estos facinerosos con toga y birrete avalan con sus dictámenes esta farsa social que ha conculcado las esperanzas de los pobres y que ha provocado una de las perores crisis económica, social y ética de nuestra historia Republicana.
[Nota previa de El Libertario: En los diccionarios de lengua castellana se define "rábula" como abogado indocto, charlatán, y bien dispuesto para la trampa.]
Desde el triunfo electoral de la disidencia política el pasado 6D, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha convertido en un bufete de forajidos empecinados en desconocer la voluntad mayoritaria de los venezolanos.
Instancia judicial que ha sido asaltada por una horda de escribanos y rábulas al servicio del proyecto militarista fachobolivariano a raíz del triunfo electoral del insepulto tte coronel. La nominación y designación de magistrados y jueces responde más a la lealtad política para con el régimen fascista que a su formación profesional. No es un secreto para nadie que muchos de los integrantes del TSJ son fieles discípulos de la “robolución” (Gladys Gutiérrez, Malaquías Gil, Jhannett Madriz Sotillo, Christian Tyrone Zerpa, Juan José Mendoza, Calixto Ortega), otros con antecedentes por irregularidades cometidas durante sus ejercicios como jueces (Luisa Estella Morales), o con largos expedientes policiales (Maikel José Moreno). Incluso, con títulos académicos de dudosa obtención como es el caso de Gladys Gutiérrez y su grado doctoral otorgado por la Universidad de Zaragoza en España. Tesis Doctoral que “coincidencialmente” le permitió satisfacer los méritos académicos necesarios para optar a la Presidencia del TSJ. En fin representan una caterva de inescrupulosos sujetos de precaria formación profesional encargados de decorar jurídicamente a la pestilencia militar que “desgobierna” nuestro país.
Con justificaciones legalistas e interpretaciones anodinas y contradictorias del derecho, el TSJ ha venido actuando conforme al libreto preparado por quienes desde la cúspide del poder económico, político y militar decidieron imponer al ungido de Maduro como presidente de la República. Se ha consumado un "golpe de Estado técnico" o "ruptura del orden constitucional" que trastoca las bases jurídicas contempladas en la Carta Magna. Se ha configurado un Estado autoritario, se ha producido una desdemocratización de las instituciones del Estado venezolano.
Todas las decisiones del TSJ han sido verdaderos disparates jurídicos destinados a apuntalar al régimen moribundo de Maduro y su logia militar. Entre sus desafueros anticonstitucionales ordenó la suspensión de la proclamación de los diputados electos por el Estado Amazonas, y su desincorporación de la Asamblea Nacional (AN), declaró constitucional y puso en vigencia el Decreto de Emergencia Económica el cual había sido rechazado por la AN, eliminó facultades de control político de la AN sobre instituciones del Estado, declaró inconstitucional la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, la ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Más recientemente declaró con lugar un amparo interpuesto por funcionarios del CNE en el que se solicita prohibir las manifestaciones en los alrededores de las sedes del Poder Electoral, ordenó la suspensión de las elecciones para escoger la nueva directiva del Sindicato Integral de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco C.A. y facultó a personas con varias nacionalidades a ejercer cargos públicos en Venezuela.
Sus fallos mas allá de violentar el orden constitucional son verdaderas bazofias jurídicas que apuntalan a un régimen militarista-autoritario carente del más mínimo talante democrático y que ha perdido el apoyo popular. Autoritarismo que se refleja en el creciente clima represivo, en la militarización abierta (seguridad pública, hospitales, supermercados) y encubierta de la sociedad, la sistemática criminalización de la disidencia y la impunidad de los grupos paramilitares y parapoliciacos al servicio de la represión gubernamental. Autoritarismo, que niega el diálogo porque no le interesa el debate político, el pensamiento disímil, sino interesado en desaparecer toda expresión de desacuerdo, incluso entre sus seguidores a fin de imponer su pensamiento único. Autoritarismo que se expresa en una nociva hegemonía excluyente para asegurarse el control de la sociedad y la perpetuación en el poder.
La administración de justicia en Venezuela se ha convertido, al igual que en los Estados nazi-fascistas, en un elemento más del aparato coercitivo del Estado que maneja a su antojo el pranato bolivariano. El Poder Judicial en una instancia donde priva la miseria humana, el servilismo y la deshonestidad. Todos ellos constituyen una nueva tribu que justifican los abusos y crímenes que se comenten en nombre del proceso y del legado perverso del "Comandante-Presidente".
Los rábulas del TSJ se prestan de sostén a la soldadesca bolivariana que descarga su crueldad represiva sobre la población indefensa que clama por sus derechos; Estos facinerosos con toga y birrete avalan con sus dictámenes esta farsa social que ha conculcado las esperanzas de los pobres y que ha provocado una de las perores crisis económica, social y ética de nuestra historia Republicana.
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