Opinión: Arco Minero del Orinoco, continuidad del fracasado modelo rentista-extractivista petrolero y minero

Luis Jiménez

El Gobierno Nacional intenta concretar territorialmente el Arco Minero del Orinoco (A.M.O), como una solución a la actual crisis económica nacional, originada por el fracaso del modelo de desarrollo rentista extractivista, petrolero y minero, con una propuesta que no escapa de ese mismo modelo. El A.M.O. se estructura como una “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional”, sujetada en el Decreto N° 2.248, publicado en Gaceta Oficial N° 40.855, de fecha 24 de febrero del 2016, enmarcada en la llamada Agenda Económica Bolivariana, preocupando razonablemente a diferentes sectores de la vida nacional y a la ciudadanía en general, por los graves efectos que pudiera generar en detrimento de la soberanía nacional, perturbaciones a los modos y medios de vida de comunidades y pueblos indígenas de la región y por sus amenazas a la conservación de la biodiversidad y demás impactos ambientales que se derivarían de las actividades mineras.

El A.M.O., ubicado en el estado Bolívar, abarca cerca de 112 mil km2., es una vasta región más grande que muchas naciones y países; con recursos minerales altamente codiciados por su interés estratégico y su importancia comercial: hierro, bauxita, coltán, oro, diamantes, cobre y tierras raras. Sin embargo, alberga gran cantidad de plantas, animales y ecosistemas; incluye el Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní (presas de Guri, Tocoma, Caruachi y Macagua) y, como punto fundamental, es hogar de comunidades indígenas mapoyo, piaroa, hiwi, e´ñepa, ye´kwana, sanema, hoti, arawak, kariña, akawaio, pemón, piapoco, entre otras, que no fueron consultadas, aún cuando incluye territorios legalmente reconocidos por el Gobierno Nacional, con mayor o menor proximidad y cercanía a poblaciones criollas.  .
Existen sólidas razones para afirmar que el A.M.O. vulnera los derechos culturales, territoriales y de hábitat de los pueblos y comunidades indígenas que habitan la región, derechos consagrados en tratados internacionales, nuestra Constitución y leyes, omitiendo el proceso de consulta previa y no hay,  por lo tanto, expresión de consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas radicadas en ese extenso territorio, lo que hace temer por el ejercicio efectivo de soberanía sobre sus tierras ancestrales.

La población criolla, especialmente la campesina, sufriría también los embates que un proyecto de minería a gran escala acarrea inevitablemente, puesto que este desmesurado proyecto de minería trasnacionalizada no contempla evaluación de impacto ambiental y sociocultural alguna, que garantice el derecho a vivir en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, tal como lo establece nuestra Constitución.

El desarrollo extractivista planteado aumentará la tasa de deforestación de nuestros bosques, traerá inevitablemente pérdida de especies y ecosistemas únicos, disminución de la calidad y disponibilidad del agua y colmatación de los ríos, modificaciones topográficas y de paisajes, pérdida y contaminación de suelos, bioacumulación de contaminantes en la cadena trófica con la consecuente asimilación de contaminantes, principalmente metales pesados, en las poblaciones humanas asentadas o que laboran en la región, afectación a la salud por disminución de la calidad del aire, aumento en la diseminación de enfermedades transmitidas por vectores y sexualmente, aumento en la presión por el uso de servicios inexistentes en el área (salud, educación, vialidad, vivienda) y desarrollos urbanos no planificados y, por lo tanto, altamente vulnerables a eventos tecnológicos y naturales.

Por otro lado, pero no menos grave, existe una situación en extremo compleja, derivada de la minería ilegal imperante en toda la región, liderada por pranes paramilitares, que controlan desde el ingreso de personas a las minas, hasta combustible, maquinarias, alimentos y drogas, creando sus propias leyes y sistema judicial, donde conviven cerca de 100.000 personas, organizadas por el terror de tales líderes, al punto de existir un Estado Paralelo denominado “Sindicato”, sumamente poderoso en municiones y, sobretodo, en dinero y divisas, difícil al extremo de combatir y mucho más de evitar apartarlo de cualquier emprendimiento minero serio y responsable, por lo que una confrontación y conmoción social es inevitable.

Todo lo anterior se magnifica si desconocemos el historial socio-ambiental de las empresas interesadas en obtener concesiones en el A.M.O. y, sobre todo, se genera una gran duda de quiénes serán los garantes del cumplimiento de nuestra ya pisoteada legislación y de nuestras normas fiscales y ambientales por parte de las empresas extranjeras invitadas. Es decir, la explotación inconsulta y aparentemente improvisada del A.M.O. puede traernos más costos, como pasivos ambientales, daños a la salud, pérdida de identidad cultural y conflictos locales e internacionales, que beneficios a largo plazo.

Difícilmente nuestro anterior y actual modelo de desarrollo extractivista y rentista petrolero y minero va a apartarse de la corrupción, sobornos, prebendas, privilegios y exclusiones. Entonces porque nuestros gobernantes en vez de sacarnos del rentismo nos profundizan en él, haciéndonos depender otra vez de riquezas mineras que no harán más que fortalecer el actual Estado Paralelo del Pran, al sentirse poderoso por la conformidad que les estamos entregando y por la falta de políticas y garantías para posesionar un proyecto minero acorde y responsable con una debida planificación y ordenación territorial, donde se comience por rescatar nuestra soberanía y gobernanza y el respeto por nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Se entiende el valor histórico y cultural de las poblaciones mineras del Estado Bolívar, principalmente de las del eje de Upata a Santa Elena de Uairén, así como el alto potencial minero metálico y no metálico de la región, también la necesidad de rescatar y reimpulsar nuestras industrias básicas del hierro y el aluminio. Lo que no se entiende y lo anterior no lo justifica, es como con el liderazgo de una Compañía Minera Militar y la suspensión de garantías económicas, sociales y ambientales en el A.M.O., con la experiencia que se tiene en los últimos años en el manejo de tales empresas por altos mandos militares, sea capaz de emprender un verdadero desarrollo minero sin causar los males que hemos enunciado.

Es decir, se pudiera creer en un plan bien establecido, partiendo de la consulta a nuestros pueblos y comunidades, a nuestros académicos y profesionales de toda índole, teniendo como  referente fundamental la protección de todas las cuencas hidrográficas y en especial la del Caroní, así como de nuestro Sistema de Áreas Naturales Protegidas y de la territorialidad indígena. Por lo tanto, algo parecido al A.M.O. debe respetar todas las leyes que rigen la materia, entendiendo que pueden haber pequeños espacios donde la minería responsable, bien sea artesanal, pequeña, mediana o grande, pueda generar beneficios socioeconómicos, utilizando tecnologías apropiadas y completamente alejadas de la minería a cielo abierto y del uso de cianuro, mercurio y de otras sustancias altamente peligrosas, contaminantes y sumamente difíciles de controlar, sin dejar de abordar el complejo tejido social, donde en lugar de la confrontación se comience por restablecer la gobernabilidad nacional y la justicia, acompañando a las poblaciones mineras a desmontar el actual Estado del Pran, con políticas ajustadas a la realidad social de sus habitantes, brindando las alternativas organizativas, económicas y tecnológicas que permitan formalizar lo que consideran su mejor modo de vida.

Por último, la verdadera opción al rentismo sería impulsar en toda la cuenca del Orinoco un Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco (ADSO), pues la región contiene suficiente potencial en recursos naturales renovables coma para plantear suficientes alternativas económicas a gran escala como la agroecología, el ecoturismo, el aprovechamiento de los productos no maderables del bosque y la pesca controlada, sin dejar de lado los planes de vida de nuestros pueblos y comunidades originarias.