Red de Apoyo Psicológico (RAP-UCV / UCAB / USB / UNIMET) y Federación de Psicólogos de Venezuela
La Red de Apoyo Psicológico (RAP-UCV / UCAB / USB / UNIMET) y la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV) expresan su profunda preocupación por los riesgos psicosociales asociados con la actual situación económica, política y social que confronta el país, producto de diversas circunstancias que impactan la cotidianidad del ciudadano, tales como:
• La alarmante disminución del poder adquisitivo del salario, derivado de la incontrolada inflación;
• el desabastecimiento de alimentos y otros artículos de primera necesidad, aunado a la excesiva cantidad de horas dedicadas a hacer colas para intentar conseguirlos;
• el deterioro del sistema de salud y la grave escasez de medicinas e insumos médicos necesarios para atender las enfermedades y sus emergencias;
• la agudización de la polarización y el daño a la convivencia;
• el aumento de la criminalidad, la violencia social, judicial y policial; la corrupción y la impunidad;
• el ambiente de constante crispación en la confrontación política y la escalada de los discursos violentos, y
• la censura en sus diferentes expresiones, la delación, la persecución y criminalización de ciudadanos y organizaciones cuando, apegados a la Constitución, ejercen su derecho a la protesta pacífica.
Todo ello incide en la salud física y psicológica de los ciudadanos, generando angustia, miedo, ansiedad, depresión, indignación, enfermedades psicosomáticas, inseguridad ante el futuro, agresividad, desesperanza, apatía, repliegue individual y reducción de actividades en espacios compartidos. Estas son algunas de las expresiones individuales, familiares y colectivas de la población venezolana ante la incertidumbre y anomia generadas por una crisis socio-económica y política que sigue agravándose, en un ambiente de inestabilidad y conflictividad crecientes.
La frecuencia e intensidad de estas emociones, está produciendo cambios en el comportamiento del venezolano, donde la integridad del otro o la propia, está siendo afectada.
Dos hechos convocan y alertan adicionalmente nuestra atención: 1) La autorización del uso de armas letales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en el control de las protestas ciudadanas, con lamentables consecuencias en víctimas; y 2) Por una parte, las diversas denuncias relacionadas con el empleo intencional y planificado de una “guerra psicológica” contra el gobierno y el pueblo venezolano; y por la otra, las acusaciones de “torturas psicológicas” a detenidos políticos denunciadas por sus familiares y diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. En este complejo y agudo contexto, los miembros de la Red de Apoyo Psicológico y la Federación de Psicólogos de Venezuela, respondiendo a nuestra responsabilidad profesional y ética, declaramos a la opinión pública lo siguiente:
1. Expresamos nuestra profunda preocupación y alerta por los trastornos de salud mental que se están manifestando en la población venezolana —hoy convertidos en un asunto de salud pública— debido a la exposición prolongada al ambiente de aguda polarización y conflictividad socio-política que provoca dolor, angustia, rabia, miedo, impotencia y desesperanza, entre otras afecciones. En tal sentido, nos solidarizamos con los profesionales de la salud, y en especial de la Psicología, que están apoyando a las víctimas directas e indirectas de esta situación, e invitamos a toda la comunidad de psicólogos a abrir espacios para dialogar, reflexionar, compartir y buscar alternativas que favorezcan la convivencia pacífica y democrática entre los venezolanos.
2. Alertamos sobre el uso indebido de categorías y nociones psicológicas para justificar o legitimar políticas gubernamentales o acciones políticopartidistas, dirigidas a exacerbar la división y confrontación entre los venezolanos. Demandamos a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, investigar las denuncias sobre “torturas psicológicas” y físicas a ciudadanos presos por participar en actividades de protesta y se determinen las responsabilidades a que hubiese lugar.
3. Exigimos al Gobierno Bolivariano de Venezuela y a todos los líderes políticos que toman parte de la contienda política, que eviten utilizar un lenguaje de guerra, de confrontación constante, de deshumanización del adversario y criminalización de la protesta ciudadana. Exigimos que se eviten acusaciones y pronunciamientos que no se acompañen con las pruebas correspondientes, porque ello incrementa los temores y la zozobra de la población.
4. Repudiamos el uso indiscriminado de la fuerza y de toda acción policial, militar y civil que atente contra la vida. Ninguna diferencia política o social justifica el irrespeto a la vida, mucho menos de personas inocentes, especialmente a niños y jóvenes, expuestos tempranamente al impacto de la violencia socio-política.
5. Abogamos por la defensa de la vida, la paz social y el respeto a los derechos humanos de toda la población venezolana y quienes con ella conviven. Rechazamos la violencia social y política como medio para resolver diferencias históricas y políticas entre los pueblos, recordando sus innumerables costos sociales, económicos, políticos en términos de muertes, pobreza y violaciones de los derechos humanos; escenarios estos que cíclicamente han sacudido a naciones hermanas de América Latina y a países de otras regiones.
6. Conociendo las capacidades creativas y fortalezas del venezolano para salir adelante en medio de las adversidades, y sabiendo que lo que está en juego no es el triunfo de una u otra opción sino la convivencia democrática y la paz de Venezuela, hacemos un llamado a todos los ciudadanos, a las organizaciones públicas y privadas, en especial a los funcionarios gubernamentales y actores de todas las tendencias políticas, a quienes corresponde la mayor responsabilidad, a unir esfuerzos para encontrar, de forma pacífica, democrática y consensuada —desde el reconocimiento de nuestra diversidad socio-política—, las respuestas y soluciones que nos conduzcan a retomar el camino de la paz y la convivencia en democracia.
La Red de Apoyo Psicológico (RAP-UCV / UCAB / USB / UNIMET) y la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV) expresan su profunda preocupación por los riesgos psicosociales asociados con la actual situación económica, política y social que confronta el país, producto de diversas circunstancias que impactan la cotidianidad del ciudadano, tales como:
• La alarmante disminución del poder adquisitivo del salario, derivado de la incontrolada inflación;
• el desabastecimiento de alimentos y otros artículos de primera necesidad, aunado a la excesiva cantidad de horas dedicadas a hacer colas para intentar conseguirlos;
• el deterioro del sistema de salud y la grave escasez de medicinas e insumos médicos necesarios para atender las enfermedades y sus emergencias;
• la agudización de la polarización y el daño a la convivencia;
• el aumento de la criminalidad, la violencia social, judicial y policial; la corrupción y la impunidad;
• el ambiente de constante crispación en la confrontación política y la escalada de los discursos violentos, y
• la censura en sus diferentes expresiones, la delación, la persecución y criminalización de ciudadanos y organizaciones cuando, apegados a la Constitución, ejercen su derecho a la protesta pacífica.
Todo ello incide en la salud física y psicológica de los ciudadanos, generando angustia, miedo, ansiedad, depresión, indignación, enfermedades psicosomáticas, inseguridad ante el futuro, agresividad, desesperanza, apatía, repliegue individual y reducción de actividades en espacios compartidos. Estas son algunas de las expresiones individuales, familiares y colectivas de la población venezolana ante la incertidumbre y anomia generadas por una crisis socio-económica y política que sigue agravándose, en un ambiente de inestabilidad y conflictividad crecientes.
La frecuencia e intensidad de estas emociones, está produciendo cambios en el comportamiento del venezolano, donde la integridad del otro o la propia, está siendo afectada.
Dos hechos convocan y alertan adicionalmente nuestra atención: 1) La autorización del uso de armas letales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en el control de las protestas ciudadanas, con lamentables consecuencias en víctimas; y 2) Por una parte, las diversas denuncias relacionadas con el empleo intencional y planificado de una “guerra psicológica” contra el gobierno y el pueblo venezolano; y por la otra, las acusaciones de “torturas psicológicas” a detenidos políticos denunciadas por sus familiares y diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. En este complejo y agudo contexto, los miembros de la Red de Apoyo Psicológico y la Federación de Psicólogos de Venezuela, respondiendo a nuestra responsabilidad profesional y ética, declaramos a la opinión pública lo siguiente:
1. Expresamos nuestra profunda preocupación y alerta por los trastornos de salud mental que se están manifestando en la población venezolana —hoy convertidos en un asunto de salud pública— debido a la exposición prolongada al ambiente de aguda polarización y conflictividad socio-política que provoca dolor, angustia, rabia, miedo, impotencia y desesperanza, entre otras afecciones. En tal sentido, nos solidarizamos con los profesionales de la salud, y en especial de la Psicología, que están apoyando a las víctimas directas e indirectas de esta situación, e invitamos a toda la comunidad de psicólogos a abrir espacios para dialogar, reflexionar, compartir y buscar alternativas que favorezcan la convivencia pacífica y democrática entre los venezolanos.
2. Alertamos sobre el uso indebido de categorías y nociones psicológicas para justificar o legitimar políticas gubernamentales o acciones políticopartidistas, dirigidas a exacerbar la división y confrontación entre los venezolanos. Demandamos a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, investigar las denuncias sobre “torturas psicológicas” y físicas a ciudadanos presos por participar en actividades de protesta y se determinen las responsabilidades a que hubiese lugar.
3. Exigimos al Gobierno Bolivariano de Venezuela y a todos los líderes políticos que toman parte de la contienda política, que eviten utilizar un lenguaje de guerra, de confrontación constante, de deshumanización del adversario y criminalización de la protesta ciudadana. Exigimos que se eviten acusaciones y pronunciamientos que no se acompañen con las pruebas correspondientes, porque ello incrementa los temores y la zozobra de la población.
4. Repudiamos el uso indiscriminado de la fuerza y de toda acción policial, militar y civil que atente contra la vida. Ninguna diferencia política o social justifica el irrespeto a la vida, mucho menos de personas inocentes, especialmente a niños y jóvenes, expuestos tempranamente al impacto de la violencia socio-política.
5. Abogamos por la defensa de la vida, la paz social y el respeto a los derechos humanos de toda la población venezolana y quienes con ella conviven. Rechazamos la violencia social y política como medio para resolver diferencias históricas y políticas entre los pueblos, recordando sus innumerables costos sociales, económicos, políticos en términos de muertes, pobreza y violaciones de los derechos humanos; escenarios estos que cíclicamente han sacudido a naciones hermanas de América Latina y a países de otras regiones.
6. Conociendo las capacidades creativas y fortalezas del venezolano para salir adelante en medio de las adversidades, y sabiendo que lo que está en juego no es el triunfo de una u otra opción sino la convivencia democrática y la paz de Venezuela, hacemos un llamado a todos los ciudadanos, a las organizaciones públicas y privadas, en especial a los funcionarios gubernamentales y actores de todas las tendencias políticas, a quienes corresponde la mayor responsabilidad, a unir esfuerzos para encontrar, de forma pacífica, democrática y consensuada —desde el reconocimiento de nuestra diversidad socio-política—, las respuestas y soluciones que nos conduzcan a retomar el camino de la paz y la convivencia en democracia.
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