Manuela Gallini
Fundación Mujeres del Agua
Fundación Mujeres del Agua
El municipio Gran Sabana y, en particular el sector 7,
perteneciente a la zona ABRAE, vivió en esta primera mitad del año 2013, dos
eventos fundamentales para su desarrollo. Esta zona, representa para el estado
venezolano una importante fuente de agua y energía. Nos encontramos en la
cuenca del Alto Caroní que proporciona al embalse de Guri el 70% de energía
para el Estado Bolívar y no solo, en cuanto a zona bajo régimen especial,
muchas leyes de agua y preservación medioambiental defienden estas tierras.
En el objetivo del Plan para la Patria, del Gobierno
Bolivariano de Venezuela, el 17 diciembre 2012 empezaron a realizarse
operaciones bajo el mando del comandante de la región de defensa Integral
Guayana (REDI-Guayana), el mayor general Cliver Alcalá Cordones. Estas
incursiones tenían que “contribuir con la preservación de la vida en el planeta
y la salvación de la especie humana” pero la destrucción violenta de 50
campamentos mineros y la suspensión de aeronaves privadas de abastecimientos,
provocó la desaprobación y la ira de los indígenas que viven en la zona y que
practican la minería en pequeña escala.
Según el Gobierno la actividad de explotación y
comercialización artesanal del recurso aurífero concentra a 30 mil personas en
el Estado Bolívar y esto va en contra al nuevo decreto ley 8413 promulgado en
año 2011 que declara la re-nacionalización del oro. El problema surge cuando la
mayoría de los mineros atacados, no son inmigrantes, ni blancos venezolanos
sino indígenas del lugar. Como declara Cliver Alcalá “lo que nos llamó la
atención fue que eran los mismos indígenas lo que estaban realizando la minería
ilegal, destruyendo bosques milenarios y contaminando el río.”
En sus propias tierras los habitantes del lugar subsisten
con este trabajo sin reglas y rodeado de corrupción por parte de las
autoridades locales que los chantajean. Militares y locales viven en la
irregularidad, diseñándose las normas para seguir trabajando la minería y
ganando un dinero ilegal, para sobrevivir o para enriquecerse. A causa de esta
ilegalidad y de la actitud violenta de FANB, Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, la operación Arekuna, provocó el 8 de Febrero la rabia de los
indígenas locales que secuestraron, 43 militares venezolanos en Urimán, en el
sureste del Estado Bolívar. A los dos días, el 10 de Febrero de 2013, los
militares fueron liberados a cambio de ocho acuerdos y unas obligaciones.
En la reunión de cinco horas con el gobernador de Bolívar,
Francisco Rangel Gómez, el comandante de la FANB, Wilmer Barrientos, la
ministra de pueblos Indígena, Aloha Nuñez y varios capitanes de la zona se
establecieron entre otros acuerdos: la
apertura de la actividad minera en el territorio indígena pemón bajo la
supervisión de los capitanes generales y comunitarios, el cese de la operación
militar Arekuna iniciada por REDI Guayana, el despacho regular de combustible a
precio de mercado y la reactivación de las aeronaves de abastecimientos.
Estos logros representaron cambios en la actividad minera en
zonas ABRAE y Parque Nacional.
Actualmente los indígenas pueden trabajar extrayendo oro y diamantes de
forma artesanal, contrariamente a lo
establecido por las leyes de frontera, de aguas y la LOPCCI en su artículo
28. Por los acuerdos de la reunión del
10 de Febrero, los indígenas se comprometieron a trabajar de forma responsable,
recuperando las áreas intervenidas y trabajando con equipos de “baja” cilidrada
para poder así sustentarse y alimentar a la propia familia sin destruir el
medioambiente.
El segundo evento del 2013 que cambió la vida a los
habitantes indígenas del sector 7 del Municipio Gran Sabana acontece el 6 de
Abril en Puerto Ayacucho.
En esta fecha el vicepresidente Ejecutivo de la República
Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, entrega al capitán general del sector
7, Juan González, el título de propiedad colectiva de sus tierras. Se trata del
primer título otorgado al pueblo pemón, en este caso, por una extensión de
597.982,87 hectáreas, donde residen 15 comunidades por un total de 1.165
familias. Según la LOPCI este título faculta a los pueblos ancestrales a ser
garantes y administradores de su territorio sin más limitaciones de las
establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “Hoy tenemos patria”, afirmó el capitán
González. En el territorio en cuestión no faltan alegría y júbilo por parte de
sus habitantes que finalmente vieron reconocerse por el Estado.
La propiedad colectiva no establece simplemente unos
derechos de identidad sino también unos deberes hacia las tierras donde se
reside.
Derechos y deberes obtenidos el 10 de Febrero 2013, están
ahora aún más controlado por esta ley que en su capítulo V habla con claridad:
“…en ningún caso se permitirán actividades que desnaturalicen o produzcan daños
irreversibles a estas áreas especialmente protegidas” (art.48), “el Estado en coordinación con los pueblos
y comunidades indígenas y sus organizaciones, garantizará y velará por la
conservación e integridad del hábitat y tierras indígenas, la riqueza de la
biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos genéticos, la preservación de
las cuencas y la armonía del paisajes, para los cual adoptará medidas
necesarias de protección y manejo sostenible de las mismas, tomando en cuenta
los criterios y conocimientos tradicionales de manejo ambiental de los pueblos
y comunidades indígenas” (art.50).
Estas leyes y estos logros están direccionados a un
reconocimiento y valoración de las culturas ancestrales y de la preservación
ambiental de los pueblos originarios que, felices y orgullosos de su trabajo y
de su esfuerzo, se encuentran ahora a tener que demonstrar y defender sus tradiciones y sus tierras.
Entonces me pregunto ¿porque seguimos viendo la destrucción
de los ríos, como el río Paují, en la comunidad de Karaware-tuy, sector 7? ¿Por
qué sigue la contaminación de las aguas que lleva a comunidades como San
Gerónimo del sector 7, a una epidemia de malaria incontrolable? ¿Por qué
continúa la deforestación de selva y sabana que provoca la destrucción del
paisaje, la disminución de los niveles de agua y la subida de la sedimentación
de todas las tierras del sector 7 y demás? ¿Quién es entonces responsable de todo esto?
¿Quién tiene que defender los
pueblos originarios, su cultura y sus tierras, si no ellos mismos?
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