Pueblos indígenas en Venezuela hoy: Extractivismo, impunidad y desamparo

Salva

El 17 de mayo de 2013, en el Auditorio Naranja de FACES-UCV se realizó el Foro  “Pueblos Indígenas, Territorio, Derechos Humanos y Justicia”, donde participaron miembros de distintas comunidades indígenas del país, investigadores y activistas para difundir el problema de la tierra, el olvido de los procesos de autodemarcación de los pueblos indígenas, y diferentes denuncias de constantes atropellos y asesinatos

Amazonas. Ejercito, garimpeiros e indígenas atacados

Un miembro de la comunidad Yekuana, ubicada en el estado Amazonas, hizo énfasis en el tema de la minería ilegal ejercida por los militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).Los mismos han aprovechado los puntos de control, en un principio solicitados para evitar la minería ilegal de los garimpeiros, para ejercer la minería ilegal. El ejercitó empezó a utilizar dichos puntos de control como “alcabalas de cobro”, para someter a las comunidades indígenas, mediante, por ejemplo, el decomiso de los productos que destinan los indígenas al comercio, acciones de chantaje y amenazas contra los indígenas, llegando incluso a solicitarles una especie de permiso de circulación por el territorio. Los mineros de Brasil no solo siguen actuando en la zona, sino que son “socios” de los militares, pues parte de los ingresos por la minería es destinado a pagar vacuna a la FANB para continuar la actividad.

Se sigue incentivando e incrementando la destrucción de los ríos y bosques contaminando el ambiente. La pesca como modo de subsistencia de las comunidades indígenas se ha visto afectada, ya que la contaminación de la flora y fauna afectan a quienes se alimentan de los recursos naturales allí presentes. Denuncian los Yekuana que producto de la contaminación sus comunidades se han enfermado, y varias de sus mujeres han padecido abortos.

También un indígena Piaroa manifestó su rechazo a la minería ilegal en su región con denuncias similares sobre los abusos militares sufridos por los Yekuana, añadiendo que han solicitado a las instituciones prevenir y solventar el grave problema de la minería, pero la característica predominante ha sido un silencio cómplice de las autoridades gubernamentales, y la impunidad ante los abusos de mineros y militares. Solo existe una larga espera por soluciones gubernamentales que quedan en promesas.

Yanomamis del Alto Orinoco, señalaron la necesidad de unificación indígena para hacer asambleas entre ellos e impulsar la lucha, y proponen una Gran Reunión Indígena para exigir reivindicaciones y defender sus derechos constitucionales, pues sienten que el Estado no se los respeta, y sólo los toman en cuenta los políticos a la hora de las elecciones, y les dan la espalda cuando reclaman sus problemas.

Ejemplo de la omisión del problema de Minería Ilegal en el Alto Orinoco es la actitud del Ministerio del Ambiente (MA). Denuncian los indígenas que en septiembre de 2012 el MA nombró una comisión regional para hacer un informe sobre la minería y actualmente dicha comisión no ha dado una respuesta. Ellos perciben que en dicha comisión los ven como “fastidiosos” por sus continuas denuncias y presiones, por lo que dichos funcionarios solo “atienden” a los indígenas “tarifados”, al respecto afirmó :“Al gobierno sólo le gusta hablar con indígenas que no aman a su pueblo, con indígenas que quieren dejar de serlo. A nosotros nos llaman fastidiosos y nos acusan de mentirosos, y como nosotros usamos sus medios: sus helicópteros, sus radios… no podemos investigar bien la denuncia.”. También le han solicitado a las instituciones del Estado los títulos de las tierras, pero han sido ignorados, o solo han escuchados promesas que siguen demorando la entrega de dichos títulos.

Ante la desidia del gobierno y sus comisiones regionales grupos como la organización Horonami si se han dedicado a indagar en el problema, resaltando el surgimiento de campamentos de mineros y la continua participación de los garimpeiros y militares en la minería, hechos que son de conocimiento del MA. Señalan que continúa el hostigamiento de los militares, y la difamación hacia sus comunidades mediante comunicados por parte del Estado donde se les ha denominado mentirosos. Inclusive señalaron que el gobierno hizo una campaña en Inglaterra donde propagaban que toda la problemática de la minería era una farsa, y los indígenas eran unos mentirosos.

Bosques de Perijá. Extractivismo gubernamental vs Resistencia Indígena

Carmen Fernández, Yukpa de la comunidad de Chaktapa, denunció la demora del gobierno en solucionar el problema de la tierra, aunado al encarcelamiento y la constante represión que sufren sus comunidades, con amenazas y sicariatos a sus compañeros indígenas. Incluso se denunció que dos de sus hijos fueron asesinados y otros han sido heridos y amenazados, y las instituciones gubernamentales como el CICPC han investigado los hechos, pero sus pesquisas han consistido en atacar victimas y no victimarios, ya que han amedrentado a organizaciones como Homoetnátura y a la misma Carmen, pues luego de los ataques que recibió su familia, fue interrogada por el CICPC, quienes le preguntaban por la localización del resto de sus hijos, para buscarlos y asesinarlos, omitiendo así el esclarecimiento de los hechos, atacando a las víctimas, y dejando impunes a los culpables. La actitud del CICPC ha llevado a la conclusión de que son cómplices de las atrocidades que sufren las comunidades indígenas. Junto al CICPC, en la represión y hostigamiento participan las FANB, los hacendados, y las instituciones gubernamentales, actuando en complicidad criminal para ir expulsando a los indígenas de sus tierras ancestrales.

Consideran los indígenas que la violencia ejercida en contra de sus derechos es culpa del dinero, pues consideran que las ansias del mismo, ya sea por parte de los ganaderos por ocupar las tierras y controlar el comercio, o los militares por controlar y establecer vacunas en la región, o el gobierno con sus deseos de ganancias por la explotación de carbón. Por ende se ha establecido el reinado de la impunidad, el racismo institucional y la indiferencia hacia los indígenas; los asesinatos siguen sin ser esclarecidos y los culpables no son apresados, mientras los indígenas son los que “visitan” constantemente las cárceles y los cementerios.

Posteriormente tomo la palabra Sabino Romero Martínez. Hijo del recientemente asesinado Sabino Romero, quien combatiendo en pro de los derechos indígenas se convirtió en un símbolo para la lucha y fue “asesinado por el extractivismo”[i]. Reafirmó Martínez que el gobierno no ha solucionado el conflicto territorial por lo que son los culpables de la situación que padecen los indígenas. Comentó el hecho de que el gobernador Arias Cárdenas se comprometió hace casi dos meses mediante una carta firmada, a pagar las bienhechurías a los ganaderos, comprado las haciendas para que así los indígenas recuperaran sus tierras y solventar el problema. Actualmente no cree que esto suceda porque aún no han visto acciones del gobierno para cumplir dicho compromiso, incluso han llegado a escuchar que se comprará un pequeño porcentaje de las haciendas exigidas por los Yukpa, pero lo cierto es que el gobierno aun no ha cumplido el compromiso. Nuevamente la solución al conflicto queda en un circulo vicioso de promesas.

Respecto a los asesinatos reafirmó que el CICPC, encargados de esclarecer los hechos de sicariato, se ha volcado a detener inocentes y amenazar indígenas, mientras que los asesinos policías y militares son detenidos para ser liberados al día siguiente. Los Yukpa han realizado acciones para recuperar sus tierras y han sido criminalizados por el SEBIN y CICPC. Todo ello les lleva a pensar que los entes policiales están implicado en los ataques a sus comunidades y en los sicariatos, siendo cómplices de la represión estatal, para-estatal y empresarial hacia las comunidades indígenas.

Ante esta situación manifestó la necesidad de continuar defendiendo sus territorios y defender a los “asesinados”, es decir pelear por el esclarecimiento de los hechos, por lo que pidió apoyo de los presentes a acompañarlos en esa lucha, pues incluso están dispuestos a detener vehículos y funcionarios para hacer presión en la lucha[ii]. Convoca a ir con ellos a Chaktapa para conversar sobre la situación e impulsar la creación del “Centro Originario Chaktapa”[iii] para estimular la lucha y defender los derechos indígenas.

Por su parte, un miembro de la comunidad Wayuu señalo que la presencia militar y paramilitar ha impuesto su ley, pues los mismos han entrado a sus comunidades con argumentos de protección. Han amedrentado mediante prohibiciones y cobro de vacunas a los indígenas para circular con sus productos, ejecutado sicariatos, y realizan transacciones con los narcotraficantes y los grandes negociantes de la zona. Los indígenas sufren constantes chantajes y no tienen ente gubernamental a quien acudir cuando son atacados, por lo que reina la impunidad. Denunció que el CICPC (por su actitud agresiva, y complicidad en los hechos de violencia)  no se dedicará a investigar los hechos de violencia por la alianza que existe entre los militares y los ganaderos, por lo que recomienda que sean los pueblos indígenas quienes se dediquen a indagar los asesinatos en sus respectivas regionales.

Homoetnatura. Lucha indígena ante violencia estatal y neoliberal

Lusbi Portillo, miembro de la organización Homoetnatura, amenazado de muerte[iv] luego de la finalización del juicio de PROVEA contra Homoetnatura[v],resumió en gran medida, parte de la problemática de las comunidades indígenas del país, que lleva aproximadamente 27 repitiéndose y acentuándose. Por años les han prometido las tierras, hace dos años Hugo Chávez prometió comprar una parte (aunque muy pírrica según lo exigido por los indígenas) de las haciendas, y dos años después no se dieron resultados; también cree que las promesas de Arias Cárdenas de hace dos meses seguramente irán por el mismo camino que las de Chávez, al olvido y la postergación.

Tantos años de promesas y aún no se resuelve el problema de la tierra, pues el gobierno solo ha dado títulos que Portillo llamó “títulos con 3ros.”, es decir que los indígenas deben “compartir” con las grandes trasnacionales, los ganaderos, madereros y mineros, quienes han sido los actores de los ataques, sicariatos y difamaciones hacia los indígenas, por lo que la situación de los derechos indígenas de la tierra está gravemente amenazada. Destacó el hecho de que las leyes venezolanas le otorgan preponderancia al Estado respecto a los recursos energéticos[vi] y las zonas indígenas cuentan con recursos minerales y energéticos como carbón o petróleo, cuya extracción costará destrucción de bosques y comunidades. Por ello el interés del Estado, y de los militares que están enchufados al negocio del carbón y la infraestructura para el extractivismo, y de las empresas energéticas de acabar con los indígenas y su lucha; los militares que “custodian” la región son espías para el gobierno y sus asociados trasnacionales. Denunció que el actual gobernador Arias Cárdenas es uno de los principales promotores de la destrucción de la Sierra de Perijá en pro de la minería y Nicia Maldonado es la ministra que el gobierno necesita para sus intereses, entre ellos el principal es el extractivismo, donde destaca el plan IIRSA[vii] al que se disfraza como ALBA para engañar a los indígenas.

Para él, nuestro país no vive ningún socialismo, pues continúan oprimidos por el gobierno y sus militares, los ganaderos y las trasnacionales, e incluso diversos indígenas “tarifados”, pues como Nicia Maldonado, “trabajan” para el gobierno. También el mismo Estado se reúne es con los grandes empresarios para tomar acciones, pero omite los reclamos de las comunidades indígenas, por ello el extractivismo y el neoliberalismo se disfrazan de “socialismo del siglo XXI.

Ante la situación señaló que no había que pedir permiso al Estado para recuperar sus tierras, sino que tenían que exigirlas ya que son su derecho, por lo que importante que los diversos miembros que apoyan la lucha busquen formas de presionar, una de ellas es pedir apoyo de organizaciones internacionales, de derechos humanos, entre otras, organizaciones las cuales el gobierno ha atacado y despotricado durante años[viii], y a su vez, diversos activistas han sido asesinados o amenazados de muerte, como el caso del fallecido Sabino Romero. Adicionalmente convocó a una manifestación el 23 de mayo por las reivindicaciones indígenas en la avenida México de Caracas, frente a la Fiscalía a partir de las 10am.[ix]

Neotribalización y socialismo del siglo XXI

También intervino el Rector de la Universidad Indígena Esteban Monsanyi, quien denunció el establecimiento en territorios indígenas de campamentos chinos para la explotación de minerales, entre ellos mencionó el uranio, que han surgido en los últimos años, lo que para él reflejaba la “sustitución” del imperialismo norteamericano, por el chino. También denunció que la empresa estatal PDVSA con sus negocios trasnacionales ha secuestrado el poder político a los indígenas. Para él deben establecerse metas a corto plazo como la protección de los indígenas amenazados, la autodemarcación de los territorios indígenas, la moratoria y revisión de los proyectos extractivistas y el fin de lo que llamó la “neotribulización” (en recuerdo a los funestos misioneros de las “Nuevas Tribus”[x]), pues la intervención estatal ha actuado como nueva evangelizadora promoviendo formas de organización ajenas a la cultura indígena, formas que en realidad son controladas por un Estado asistencialista, que terminan creando mayores burocracias y destruyendo la propia cultura y organización económica, política y social de los indígenas. Señaló que deben hacerse acciones inmediatas, y no caer en el absurdo de “entregar” los argumentos al enemigo, pues diversas personas le han señalado que “ se contenga” en los reclamos.

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[i] Se presume la participación de militares interesados en la explotación del carbón, funcionarios que responden a los intereses de las empresas mixtas. http://periodicoellibertario.blogspot.com/2013/03/el-libertario-capitalismo-energetico.html

[ii]Acciones similares ya han sido llevado a cabo por varias comunidades indígenas. Por ejemplo ver http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130208/indigenas-de-uriman-en-bolivar-detienen-y-desarman-a-43-militares

[iii]Al respecto ver http://laclase.info/nacionales/crean-centro-originario-yukpa-en-chaktapa.

[iv]http://www.derechos.org.ve/2013/05/15/lusbi-portillo-denuncia-amenazas-de-muerte-en-su-contra/

[v]http://www.conflictove.org.ve/derechos-humanos/finaliza-juicio-contra-provea-y-homo-et-natura-por-falta-de-argumentos-de-la-fiscalia.html

[vi]Al respecto ver artículo 113 y 112 de la constitución nacional

[vii]Al respecto ver http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/mer_bogota04_presentacion_eje_andino.pdf

[viii]ONG y activistas ambientales han sido descalificados mediante adjetivos como: mafias verdes, pagados por la CIA, traidores, miembros de la derecha, entre otros.

[ix]Al momento de escribir este artículo no se tiene noticia de dicha convocatoria

[x] Al respecto ver http://laclase.info/nacionales/denuncian-que-las-nuevas-tribus-no-han-salido-aun-del-territorio-venezolano?page=81