Oscar Medina
[Publicado
originalmente en el diario El Universal, Caracas, 25/11/2012]
La oficina de
Oscar Pineda no es un espacio grato. Tampoco es, en realidad, una oficina. Al
menos una que encaje dentro del patrón común de lugar para trabajar. Esto es un
archivo dentro un archivo. El rincón de unas esperanzas a punto de perderse. El
efecto de esos rostros en la pared es opresivo. Los miras, sabes que ya no
están, que no volvieron a sus casas, que desaparecieron. O que están muertos. O
las dos cosas. Y en este lugar se apilan los relatos de sus tragedias: carpetas
y más carpetas. Esas fotografías están ahí para recordarle que no hay desmayo
en la misión que asumió por voluntad propia: reclamar justicia.
Pineda es un
hombre mayor que quizás no debería andar en estas cosas, exponiendo su vida,
arriesgando a su familia. Pasó 32 años como empleado de Cadafe. Entró como
mensajero interno y se jubiló en un cargo gerencial. En ese tránsito, decidió
un día incorporarse a las filas de Primero Justicia en Barinas. Estando allí
intentó en vano que el partido se ocupara con mayor decisión de asuntos relativos
a la inseguridad.
El tema, sin
embargo, le rozó muy cerca: "En Primero Justicia tuve a un amigo a quien
le secuestraron al papá y luego lo mataron. Y a un vecino le pasó lo mismo con
su hijo". Eso desató sentimientos: "La impotencia, la rabia, la
impunidad, el no sé qué, pero lo peor fue ver el terror que impusieron los
malhechores entre los pobladores de este estado y que nadie era capaz de
levantar la voz. Ver que los familiares de las víctimas, aterrorizados, no
hacían nada, - y Dios- fue lo que me dio el valor para hacerlo yo".
El Comité Paz y
Vida por los derechos humanos fue registrado -por Pineda y cinco mujeres
familiares de víctimas- de manera formal el 22 de julio de 2010. Pero el
trabajo arrancó antes.
"La
violencia, los secuestros y los asesinatos comenzaron en 2008. Y todo se
acrecentó en 2009. Ahí fue cuando nacimos", precisa el activista.
Todavía no
hablaba de "desaparecidos": el secuestro era la plaga. El 1 de junio
de 2009, Pineda estuvo entre los organizadores de una marcha ciudadana en
protesta por la inseguridad en Barinas. Ese día vio acercarse a una señora
humilde. La mujer fue directo a su encuentro. Lo abrazó y le dijo: "A mi
hijo me lo secuestraron, ayúdeme a buscar a mi muchacho". El momento fue
revelador: "Ella no tenía dinero, nada. Era aseadora en la Gobernación.
Ahí se empezó a dibujar esto: no eran solo secuestros, eran también seres
humanos desaparecidos".
Lo que le tocó
vivir a un vecino le confirmó lo que muchos ya decían en la capital barinesa:
"Le secuestraron un hijo y le pidieron 700 millones de bolívares. A los
cuatro meses le secuestraron al hermano y tuvo que pagar 5 millones de
bolívares fuertes. Fue el secuestro más caro que se ha pagado acá". Ese
vecino sabía quiénes eran los plagiarios. Pero no se atrevía a denunciarlos.
"Usted no tiene idea del terror que tenía la gente aquí", se lamenta
Pineda: "Ni los políticos echan bien ese cuento. Todos tenían terror.
Incluso a un diputado de aquí le secuestraron a un hijo, pagó y se mantuvo en
silencio. Todos pagan. Pero lo más grave es que todos los dirigentes políticos
más o menos sabían quiénes eran los personajes que andaban en eso".
Del lado oficial
era preferible el silencio en lugar de la respuesta: "A propósito de la
marcha, el gobernador Adán Chávez lo único que dijo fue que a mi me financiaba
el imperio y que la oligarquía era responsable de los secuestros".
Pineda se hizo
cada vez más visible, cada vez más activo en la denuncia. Y las familias de las
víctimas buscaban su apoyo. "La gente empezó a contarme sus casos,
hablaban de grupos con pasamontañas, con botas militares, en camionetas. Empecé
a indagar más y aparecían vinculaciones con el Sindicato de la Construcción de
Barinas".
Y sí eran
En la mañana del
primero de febrero de este año un grupo de agentes del Sebin allanó la casa de
Jaime Landaeta -alias Bubaloo-, presidente del Sindicato de la Construcción del
estado Barinas. Antes de entrar hubo algo que les pareció sospechoso. Otto
Salinas, comisario al frente del Sistema Bolivariano de Seguridad, contó a los
medios locales que al llegar al lugar, en la urbanización Agua Clara de Alto
Barinas, un joven los esperaba afuera de la residencia y les invitó a pasar.
Desconfiados, hallaron los cables escondidos y llamaron a los expertos en
explosivos: la bomba -monitoreada la situación vía web- explotaría con los
agentes adentro.
Salinas informó
-según reseña el diario La Prensa de Barinas- sobre lo encontrado en el hogar
de Landaeta: granadas, un lanza morteros, una habitación blindada, diez
celulares desde los que se hacían llamadas para extorsionar a constructores y
contratistas y otros "elementos de interés criminalístico". Landaeta,
advertido de antemano por algún informante, tuvo tiempo suficiente para huir.
El 3 de febrero
el Sebin allanó la casa de Numa Altuve, otro directivo del sindicato. El
comisario Salinas informó que incautaron dos bolsas de cocaína y 23 fotocopias
de cédulas de identidad de personas que fueron víctimas de extorsión y
secuestro.
Ese día Salinas
advirtió que otros miembros de la directiva del sindicato estaban solicitados:
José Navas, Darío Aguirre, Keiver Molina y dos apodados El Saúl y El Caribe
Johnny. "Estos ciudadanos, de acuerdo a diversos testimonios y pruebas, se
dedicaban, cada semana, a cobrar las 'vacunas' exigidas por Landaeta y Altuve a
contratistas y empresarios encargados de construir obras"; declaró el comisario.
Hasta ahora,
solo dos de los representantes sindicales presuntamente involucrados están
detenidos: Adrián Báez y Reydilson Urbina. Los demás están prófugos y Pineda
asegura que le ha llegado información de que se mueven con cierta libertad y
apoyo de seguridad por Barinas.
A la CIDH
"La
situación ha mejorado un poco", concede Pineda: "El tema se puso
sobre la mesa y se dijo quiénes estaban metidos en esto".
El Comité Paz y
Vida tiene algo más que aportar a la discusión: el testimonio de Carlos Alfredo
Arteaga, un miembro del Sindicato de la Construcción quien acusa a sus antiguos
compañeros de faena de haber intentado asesinarlo -tres balazos, un año en
recuperación- por no prestarse para un soborno en obras de Pdval y los señala
como responsables de homicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones.
Arteaga ha
puesto denuncias en el Cicpc por las amenazas contra su vida. Y acudió a la ONG
dirigida por Pineda para intentar que las autoridades presten debida atención a
lo que tiene que decir. Los folios con su testimonio de puño y letra fueron
presentados ante la Fiscalía General de la República en dos oportunidades. La
última vez que se llevaron al despacho de Luisa Ortega Díaz fue el 27 de junio
de 2011. En esas páginas, por citar algo, el testigo habla de una finca y de un
caimán al que presuntamente habrían sido arrojados algunos declarados como
desaparecidos: "(...) le tiran a las personas, les meten corriente para
que no escapen y que si sobreviven a eso, se van", se lee en el material
entregado a la Fiscalía.
Paz y Vida solicitó
entonces a la Fiscal su intervención en el caso de las desapariciones forzadas
ocurridas en Barinas. Pero no hubo respuesta alguna.
Tras la
ratificación de sus señalamientos que significaron las acciones del Sebin para
desmontar la maquinaria de la cuestionada directiva sindical, el 26 de marzo de
2012, el Comité Paz y Vida volvió a tocar a las puertas de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos. Ya lo habían hecho el 21 de marzo de
2011, cuando notificaron sobre 47 casos de secuestros y desapariciones y 3
asesinatos que involucran a cuerpos policiales y a directivos del sindicato.
La cuenta sigue
en aumento: hoy son 61 los desaparecidos (siete reportados como tales
aparecieron muertos) y en lo que va de año suman 33 ejecuciones y 8 secuestros.
Hasta octubre el registro es de 333 muertes violentas.
"El
problema es que los procesos en la CIDH tardan mucho, pero si Dios me da vida,
veré la justicia", dice Pineda. Y matiza: "O quizás lo hará el hijo de
alguna víctima"
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa el debate, la confrontación de ideas y el disenso. Pero si tu comentario es sólo para descalificaciones sin argumentos, o mentiras falaces, no será publicado. Hay muchos sitios del gobierno venezolano donde gustosa y rápidamente publican ese tipo de comunicaciones.