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| Luis Aguilera y Eloisa Barrios |
Por Luis Aguilera
Inmediatamente después que se conoce la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de los derechos Humanos contra el Estado venezolano en el caso del exterminio de la familia Barrios en el estado Aragua, es violentada la casa de la señora Eloisa Barrios quien ha llevado con valentía una lucha de años para lograr justicia a nivel nacional e internacional, un nuevo atentado ha sido cometido por funcionarios del C.I.C.P.C. seccional Cagua, quienes según información aportada cumplían órdenes estrictas del director nacional de ese organismo policial
Inmediatamente después que se conoce la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de los derechos Humanos contra el Estado venezolano en el caso del exterminio de la familia Barrios en el estado Aragua, es violentada la casa de la señora Eloisa Barrios quien ha llevado con valentía una lucha de años para lograr justicia a nivel nacional e internacional, un nuevo atentado ha sido cometido por funcionarios del C.I.C.P.C. seccional Cagua, quienes según información aportada cumplían órdenes estrictas del director nacional de ese organismo policial
El viernes 16 del mes en curso, Víctor Daniel, hijo de la señora
Eloisa Barrios se encontraba a las 10 de la mañana en la casa de su madre
cortando cabellos a jovenes de la comunidad como actividad lucrativa que genera
parte de los ingresos familiares, en esa ocasión,se presentaron tres
funcionarios quienes con actitud agresiva y hostil ingresaron a la vivienda y
procedieron a detener a Víctor Daniel y a la señora Eloisa la
amenazaron con llevarsela detenida si ponía resistencia y
obstaculizaba el procedimiento policial.
Es de hacer notar que el procedimiento policial como de costumbre
estuvo plagado de vicios procedimentales, ya que los funcionarios no
presentaron orden de allanamiento ni orden de aprehensión emitida por un
tribunal de control, por el contrario, ingresaron a la vivienda con pistola en
manos amenazando a todos los presentes y sin la autorización de su propietaria.
En esa ocasión, los funcionarios policiales no encontraron droga
dentro de la vivienda de la señora Eloisa Barrios y ninguno de los vecinos
presentes en el lugar vieron que a Víctor Daniel le hayan encontraran droga
dentro de su ropa, por esa razón queda evidencia que a este ciudadano le
sembraron siete gramos de cocaina con la presunta complicidad del ministerio
público
El mismo día a la una de la tarde la hermana de Víctor
llegó hasta la sede del cuerpo de investigaciones, seccional Cagua donde le
informaron que su hermano saldría en libertad en la tarde del mismo día,
ya que se trataba de una equivocación. Víctor no fue dejado en libertad y al
dia siguiente a las 9 de la mañana fue trasladado hasta la sede del palacio de
justicia donde fue presentado ante el tribunal octavo de control, el cual por
solicitud del fiscal 19 con competencia en materia de droga del estado Aragua fue
privado de libertad por el delito de trafico de estupefaciente y enviado al
internado judicial de tocoron donde permanece privado de su libertad
Víctor Daniel una vez más fue torturado para que se confesara
culpable y propietario de la supuesta droga, aunque se negó a admitir la
tenencia de la droga, por esa razón durante todo el día de su detención y al
día siguiente se le prohibió que consumiera agua y alimentos
En esta nueva ocasión, el ministerio público actuando
diligentemente cuando se trata de algún miembro de la familia Barrios solicitó
medida privativa de libertad basada en una acta policial viciada, donde no
existe información de testigos que declaren sobre el modo, tiempo y lugar en
que ocurrieron los hechos.
Consta en el expediente N°.-8C-18390-11cursante en el tribunal
octavo de control del circuito judicial penal del estado Aragua que a la jueza
solo le bastó un acta policial y el resultado de una droga proporcionada por
los funcionarios policiales para privar de libertad a Víctor Daniel.
Debito a este nuevo atentado contra la familia Barrios, se hace
necesario que la fiscal general de la república Luisa Ortega Diaz aperture una
investigación penal contra el director nacional del C.I.C.P.C a los fines de
conocer si realmente dio las órdenes alegadas por los funcionarios actuantes.
Igualmente, la presidenta del tribunal supremo de justicia Luisa Estela Morales
debe ordenar la inmediata suspensión de la jueza octavo de control del circuito
judicial penal con el objeto de que le aperture una investigación penal con la
finalidad de conocer si actuó en complicidad con los funcionarios policiales.
Luis Aguilera
C.I. 7.193.279
Teléfono.- 0243-2336363
Secretario General
Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua
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