Periódico El Libertario
El pasado martes 1º de noviembre se
reinició la campaña de criminalización y hostigamiento contra el dirigente
sindical de Ferrominera Rubén González. Como se recordará, González se hizo
conocido cuando, tras la realización de una huelga en la compañía estatal de
producción y exportación de mineral de hierro por la exigencia de pago de
deudas laborales y cumplimiento de la contratación colectiva, fue detenido en
septiembre de 2009 pasando 14 meses en prisión. El 28 de febrero de 2011 fue
condenado a 7 años y 6 meses, una sentencia que despertó una creciente
movilización de repudio que motivó a su anulación, permaneciendo el dirigente
sindical obligado a presentarse periódicamente en tribunales a la espera de un
nuevo juicio.
El pasado 9 de junio durante una asamblea
extraordinaria en los portones de la empresa, en un hecho confuso, resultó
asesinado el trabajador Renny Rojas. Testigos han identificado al autor
material del crimen, pero diversos voceros del gobierno regional bolivariano,
así como sindicalistas amarillos, acusan a Rubén González de la autoría
intelectual del homicidio. A comienzos de mes González recibió una citación a
declarar sobre el hecho, lo cual fue aprovechado por la tendencia oficialista
encabezada por Alfredo Spooner para emitir un falso comunicado de la “junta
directiva” de Sintraferrominera acusando a González del asesinato. En este
punto hay que recordar que Rubén González es Secretario General electo de
Sintraferrominera, y ante la proximidad de las elecciones –en donde todo parece
indicar que será reelecto en sus funciones- el gobierno ha desplegado diferentes
estrategias para controlar, desde arriba y desde afuera, al sindicato; ejemplo
de lo cual es la suspensión de dichos comicios por orden del Consejo Nacional
Electoral (CNE), en una muestra más de la injerencia estatal dentro de las
funciones inherentes a la libertad sindical.
Lo paradójico de esta situación es que
González es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el
partido de gobierno; sin embargo es un férreo defensor tanto de la autonomía de
los sindicatos como de su acción en defensa de los derechos de los trabajadores
y trabajadoras, postura honesta que lo cataloga como enemigo para quienes,
desde un gobierno autoproclamado revolucionario, adelantan una ofensiva
antiobrera y utilizan a las organizaciones gremiales para acumular privilegios
de todo tipo. El gobierno sabe queRubén González se ha convertido en un símbolo
de la refundación del sindicalismo venezolano, lejos de las podredumbres del
pasado y las demagogias del presente, sobre la base de la autonomía y la beligerancia
en la defensa de los derechos laborales.
Los hechos concretos reflejan las
condiciones de las políticas antiobreras de los patrones bolivarianos. Cada año
el 30% promedio de inflación se come las migajas de aumentos decretados
unilateralmente por el Ejecutivo. La paralización de la contratación colectiva
en el sector público, y una progresiva flexibilización de las condiciones
laborales –enmascarada en subterfugios como la promoción por decreto de
cooperativas que reemplazan a trabajadores y trabajadoras con estabilidad y
beneficios laborales-, han ocasionado que la masa asalariada sea el sector que
más protesta en Venezuela, un país con una conflictividad creciente que
registra más de 10 protestas diarias, de las cuales 4 son por condiciones de trabajo.
Para El Libertario las iniciativas
gremiales de trabajadores y trabajadoras constituyen un espacio más del
conjunto de movimientos sociales que, en base a su autonomía y beligerancia,
serán los promotores de un verdadero cambio estructural y cultural de las
condiciones de pobreza opresoras de la vida cotidiana. Reiteramos que son estos
movimientos, en base a valores como la libertad y justicia social, la
independencia, el apoyo mutuo y la cooperación sin mando, y no los gobiernos,
del signo que sea, los que pueden transformar verdaderamente a la sociedad.
Solidaridad y movilización por Rubén
González y todos los luchadores y luchadoras sociales sometidos a procesos de
criminalización en Venezuela.
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