La verdad se descubrió al poco tiempo: El crimen se perpetró para aparentar éxitos en la lucha antisubversiva. Contribuyó a desmontar la mentira el hecho que sobrevivieran los pescadores José Augusto Arias y Wolmer Pinilla; que varios medios de comunicación no oficiales publicaran audaces trabajos de investigación; que una investigación realizada por el parlamento reafirmara que se actuó con premeditación y alevosía y principalmente, el desarrollo de una amplia e intensa protesta social exigiendo justicia. Aquella mañana fueron asesinados José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
El 20 de agosto de 2008, a pocos días de recordarse el 20 aniversario de la Masacre, los dos testigos sobrevivientes, acompañados de Provea y la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz, solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria.
La Fiscalía, año y medio después, informó que habían sido designadas la Fiscalía 62º a nivel nacional con competencia plena, la Fiscalía 83º de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Fiscal para el régimen procesal transitorio del estado Táchira. Sin embargo, al revisar la Memoria y Cuenta 2009 del Ministerio Público se puede constatar que se realizaron actuaciones diversas para investigar la masacre de Yumare y Cantaura, pero no hay una sola referencia sobre la Masacre de El Amparo:
“El Ministerio Público ha sostenido encuentro con representantes del Comité de familiares de las víctimas del caso conocido como “La Masacre de Yumare”. Entretanto, el 25 de junio de 2009, comenzaron las reuniones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con el Comité de Familiares de las Víctimas de la “Masacre de Cantaura”, en las cuales la titular de Ministerio Público asumió el compromiso de imprimir celeridad a la investigación de esa causa. Se han tomado cincuenta y cuatro (54) entrevistas en el territorio nacional, entre las que se encuentran, las realizadas a familiares de las víctimas, periodistas, reporteros, fotógrafos de medios de comunicación nacionales y regionales, autoridades civiles y policiales (prefecto, Presidente del Concejo Municipal, Comandante de la Policía) de las poblaciones de Cantaura, Anaco y El Tigre, estado Anzoátegui.”
Desde el año 2009 Provea denuncia el trato no igualitario que la ciudadana Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, brinda a los familiares y sobrevivientes de la Masacre de El Amparo en relación con el proceso de investigaciones de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en la década de los años 80 en nuestro país. Valoramos de manera muy positiva que se avance en las investigaciones de los crímenes de Yumare y Cantaura, una deuda que se tiene con los familiares y el país. Resulta inaceptable, sin embargo, que no se realice ningún esfuerzo para investigar la masacre de El Amparo, que no se reciba a los dos sobrevivientes ni se tenga igual atención con los familiares de las víctimas.
- Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de la sentencia sobre el caso realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado tiene la obligación de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. El proceso de investigaciones debe contar con la participación activa de los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y sus representantes legales.
- Solicitamos a la Asamblea Nacional la divulgación de la investigación anunciada por “La Comisión Especial para Investigar los Asesinatos y Desapariciones en los años 60, 70 y 80”, sobre las diferentes masacres ocurridas en el pasado.
- A las organizaciones sociales, partidos políticos, a los comités de víctimas, a las individuales sensibles que conscientemente reclaman “No a la Impunidad de las violaciones a los derechos humanos”, los llamamos a acompañarnos en el reclamo de que cese la discriminación a los familiares de las víctimas de la masacre de El Amparo, se adelanten con celeridad las investigaciones y se establezcan las responsabilidades y sanciones a los autores intelectuales, materiales y cómplices de la masacre. (Prensa Provea)
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