Old Sideshowbob
Los
últimos 20 años, Estados, bancos y grandes corporaciones parece que al fin notaron
la problemática ambiental de nuestro planeta. Hasta llegaron a impulsar fondos,
instituciones y planes para combatir la crisis climática, pero como quien decide
acabar con los cuernos en una relación botando el sofá donde su pareja le engañaba,
esos poderes han venido estimulando y planteando prácticas que no solucionan ni
solucionarán la crisis. El tema es amplio, así que sólo asomaremos aquí parte
de la privatización o mercantilización de la tierra. La única forma que encontró
el capitalismo para “proteger” al planeta, es una “salvación rentable”: Pretendiendo
evitar el daño a los ecosistemas, el poder (a través de las Naciones Unidas, las
Corporaciones y los grandes Bancos) argumentando que la no posesión de un
recurso implica su descuido (“tragedia de los comunes”). Si eres el poseedor entonces
tienes la propiedad (privada) de dicho recurso, pero para que genere ganancias
necesita un valor. Así que se decide ponerle un precio a esa “propiedad”, es
decir al ambiente (incluyendo sus complejos ciclos climáticos, su flora y su fauna),
para que pueda ir al único lugar donde se supone generará beneficios (renta):
el mercado.
El
Protocolo de Kioto (1997) planteó la necesidad de reducir emisiones de CO2,
aunque su inicio “oficial” fue en 2005 cuando lo permitieron los tecnicismos
legales (cantidad de países firmantes ratificándolo).El Protocolo puso sobre la
mesa los mecanismos de flexibilización: el Comercio de Derechos de Emisión
(CDE); Mecanismos de Aplicación Conjunta (AC); Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).
Se afianza así un mercado que “solucionará” la problemática ambiental, pues se
aprueban mecanismos para que sea más barato (flexible) para los grandes
productores (contaminadores) salvar al planeta, y que la salvación sea
rentable. Todo esto en la búsqueda del llamado “desarrollo sustentable”. Resumiendo,
el mercado de emisiones es un lugar donde se comercian derechos de emisión, que
son toneladas de emisiones de CO2. Las empresas que sobrepasen sus
emisiones de CO2 permitidas, podrán comprar emisiones a otras
empresas – pagando así el “derecho a contaminar” – que no las necesiten,
compensando así las primeras su total de emisiones, pues se ha decidido (con
tecnicismos arbitrarios) que las emisiones de CO2 en los distintos
lugares son “equivalentes”. También las empresas podrán invertir en proyectos
“limpios” (plantación de árboles, tecnologías “verdes”, entre otros) para
“compensar” sus emisiones, y de esta forma “mitigar” el cambio climático. La
mitigación se lleva a cabo a través de los AC y los MDL. Cabe destacar que el
hecho de sembrar árboles no resuelve problemas ecológicos, de hecho hasta los
agrava. Para nadie es un secreto que cuando se introducen especies extrañas a un
ecosistema, se produce un desequilibrio ecológico. Movimientos sociales y activistas
han venido denunciando cómo la creación de plantaciones, monocultivos y
“bosques artificiales”, promocionados como prácticas que “sirven” para captar
el carbono o mantenerlo fuera de la atmósfera han afectado los ecosistemas y
las comunidades que han vivido en ellas por generaciones de forma equilibrada.
En varias partes del mundo se ha sembrado soya, pino o eucalipto, que se
presentan como soluciones ambientales, pero que son solo artificios para permitir
a las empresas seguir comprando el derecho a contaminar.
Las
Naciones Unidas, a través de su programa medio ambiental (PNUMA), en 2008
propuso el concepto de Economía Verde para lograr el desarrollo sustentable,
pues hasta ahora no se había logrado lo esperado en Kioto, y lo planteado en la
primera cumbre de la Tierra (Río 92). La economía verde aún se encuentra en
discusión, más extiende la privatización y mercantilización del clima, pues
ahora todos los recursos ambientales han de tener un precio (“Capital Natural”).
La economía verde señala que debido a la mala utilización del Capital Natural
no se ha conseguido resolver la crisis. Es decir la mejor forma de “salvar al
planeta” es involucrar el dinero para remunerar a alguien por preservar los
sistemas naturales, pagando por servicios ambientales (PSA). Entre las
iniciativas PSA (es decir, pagar por el agua, los arboles o los ríos que la
naturaleza ofrece “gratuitamente”) encontramos el programa para Reducir Emisiones derivadas de
la Deforestación y la Degradación Forestal, y manejo “sustentable” de los
bosques (REDD+). Éste permite que los gobiernos vendan sistemas naturales que
no son propiedad (privada) de nadie -pues las comunidades locales los administran
como bienes comunes-, y de esta manera las corporaciones se adueñen (compren)
grandes extensiones de bosques y selvas para “mitigar” el cambio climático,
mientras que la naturaleza proporciona ganancias financieras especulativas para
los bancos u organizaciones que hagan estas negociaciones. Estos sistemas han
desplazado comunidades de sus bosques, pues al ser parte de REDD+, no pueden
las comunidades subsistir de éste (lo que venían haciendo en el pasado). Además
introducen monocultivos y programas de reforestación con flora ajenas a las
regiones, afectando los sistemas ecológicos con lo que se alteran los modos de
vida de las comunidades y las especies allí presentes, o bien desplazando
habitantes a quienes se les prohíbe usar los bosques que por generaciones los
han mantenido, pues ahora son propiedad de una corporación o son utilizados por
un lobby ecologista (grupos ambientales financiados por empresas
contaminantes). Y si las comunidades protestan, son reprimidas.
Las reuniones multilaterales y
Cumbres de la Tierra suelen estar más interesadas en competitividad empresarial
que en preservar el planeta, en el mercado como panacea para resolver la crisis
climática, y no parece que vayan a cambiar; pues cuando se reúnen es en función
de los intereses del dinero y el poder, protegidos por los aparatos represivos,
cuidando en que sus debates sobre la preservación de la naturaleza no
cuestionen o modifiquen las relaciones políticas y económicas de poder y
jerarquía que benefician a gobiernos, bancos y trasnacionales.
Activistas
y movimientos sociales denuncian que es imposible poner precio a los recursos
ecosistémicos, entre otras cosas no representan lo mismo para cada comunidad, y
no cabe tasar mercantilmente un bosque, un río o un ecosistema, cuando por años
las comunidades conservaron la naturaleza sin ponerle precio. Los sistemas
CAP-TRADE, el CDE Europeo, la Economía Verde y REDD+ son solo tramoyas para negociar
los recursos naturales, y poner la preservación de la tierra en manos del
mercado y las grandes corporaciones, bancos y élites políticas, generándoles
ganancias multimillonarias al utilizar la compra y venta de derechos como instrumento
para la especulación financiera. La construcción de un nuevo mundo que preserve los ecosistemas
planetarios tiene que alejarse de las políticas y prácticas que nos propone el
status quo. ¡Ante la crisis global, acción directa local, resistencia y
solidaridad global!
[Publicado originalmente en El Libertario # 74, octubre 2014.]
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