Prensa Provea / OVP
Los sucesos ocurridos recientemente en el Centro
Penitenciario de Occidente “David Viloria”, conocido como Uribana, dejan al
descubierto una vez más la terrible crisis que atraviesa el sistema
penitenciario en el país.
A 41 asciende la cifra de internos fallecidos debido a una
intoxicación masiva, mientras que 80 reclusos permanecen hospitalizados por las
mismas causas, luego que se registrara una confusa situación a dos días de
haberse iniciado una huelga de hambre en la que los privados de libertad
denunciaban episodios de malos tratos por parte de la dirección del penal.
Se siguen repitiendo situaciones de violencia y muertes en
las cárceles venezolanas, asociadas principalmente al hacinamiento, los malos
tratos de la GNB y funcionarios del GRIC (Grupo de Requisa Inmediata
Carcelaria), además de las pésimas condiciones en las que se encuentran la
mayoría de los recintos carcelarios. En su informe semestral 2014 presentado en
el mes de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) destacó un
incrementó de 3,22% en la población reclusa del país con respecto al mismo
período de 2013, contabilizándose en más de 55.000 el número de personas
privadas de libertad en las distintas cárceles del país.
Esta cifra representa un 190% de hacinamiento de acuerdo a
la capacidad instalada en los centros de reclusión, lo que constituye una de
las principales causas de violencia carcelaria y violaciones a los estándares
nacionales e internacionales de protección de derechos humanos para personas
privadas de libertad.
En las cárceles venezolanas los reclusos carecen de atención
médica durante las 24 horas, lo que constituye una violación a los artículos 83
y 272 de la Constitución Nacional y los principios consagrados en Convenios,
Tratados y Pactos Internacionales en la materia, suscritos y ratificados por el
Estado venezolano. A pesar de los numerosos episodios de violencia, en la
mayoría de los centros de reclusión no se cuenta ni con el personal, ni con los
equipos e insumos necesarios para atender emergencias. El Estado no ofrece la
atención médica a los internos que la requieren, a pesar que la mayoría de las
enfermedades están asociadas a las pésimas condiciones de reclusión
caracterizadas por el hacinamiento, la insalubridad, la falta de acceso al agua
potable, la insuficiencia de medios para el aseo personal y alimentación
inadecuada de la población reclusa y a sus familias que son sometidas a requisa
inhumanas.
Sólo en el primer semestre de 2014, 110 internos resultaron
heridos y 150 fallecieron en las cárceles venezolanas. Desde 1999 han muerto
6.313 personas y otras 16.318 han resultado heridas en diferentes cárceles del
país. Desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciario el 26.07.2011
-cuyo Despacho ha estado encabezado por Iris Varela-, hasta el 30.06.2014,
fallecieron 1.463 personas y otras 2.259 han resultado heridas en las cárceles
venezolanas.
En las Observaciones Finales sobre el Tercer y Cuarto
Informes Periódicos de la República Bolivariana de Venezuela, presentado en
días recientes por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones
Unidas (CAT en inglés), el organismo instó al Estado a “reforzar de forma
urgente los recursos destinados a la provisión de alimentos, agua, saneamiento
y atención médica y sanitaria de los reclusos en todos los establecimientos
penitenciarios y retenes policiales y adoptar las modificaciones legislativas
necesarias para facilitar el acceso a penas alternativas a la prisión y
fomentar su aplicación, conforme a lo dispuesto en las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio) y
en las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de
Bangkok).”
Asimismo el CAT instó al Estado a reforzar con carácter
urgente los planes de acción existentes para disminuir el retardo procesal,
dotándolos de los recursos suficientes, y a investigar sin demora,
exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en
los centros penitenciarios, evaluando cualquier posible responsabilidad de los
agentes del orden y los funcionarios de instituciones penitenciarias en casos
de tráfico de armas, durante los operativos para recobrar el control de algunos
centros o en casos de connivencia. Por último, llamó al Estado a evitar la
instrucción militar de la población penal e incrementar las actividades
destinadas a su reinserción social.
La gravedad que revisten los hechos ocurridos desde la
semana pasada en la Carcel de Uribana, ameritan una investigación oportuna,
exhaustiva y transparente que determine las causas de los decesos, y permita
aclarar esta situación ante el país para evitar que se repitan hechos
similares.
Saludamos que el pasado 28.11.2014 el Ministerio Público
haya anunciado la detención del director de la cárcel de Uribana, por su
presunta responsabilidad en los hechos ocurridos. Sin embargo, recordamos que a
más de un año de haber ocurrido los hechos conocidos como la Masacre de
Uribana, aún no se ha avanzado en las investigaciones que permitan sancionar a
los responsables y brindar justicia y reparación a las víctimas.
Además, consideramos necesario que para facilitar las
investigaciones que actualmente adelanta el Ministerio Público por estos nuevos
hechos, la actual Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, debe
renunciar a su cargo por ser ella la responsable directa de velar por la vida e
integridad de las personas sometidas a la custodia del Estado venezolano de
acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
El Estado debe asumir su responsabilidad en materia carcelaria
y promover políticas y medidas que apunten a superar de forma estructural la
grave crisis del sistema penitenciario nacional. Para ello, debe generar el más
amplio consenso con todos los sectores involucrados en la materia, que permita
revertir la actual problemática y avanzar en la construcción de un sistema
penitenciario respetuoso de los derechos humanos.--
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