Redacción
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), mediante un comunicado difundido en su perfil oficial de la red social Twitter, denunció este viernes el asesinato de la activista wayuu Aura Esther García Peñalver, ocurrido en el departamento de La Guajira.
“Los hechos ocurrieron cuando la activista wayuu venía llegando a la entrada de su comunidad en compañía de su esposo en una motocicleta. Fue emboscada por dos sujetos desconocidos. La víctima recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida”, informó la ONIC.
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martes, 6 de abril de 2021
Colombia: Sigue masacre de militantes sociales. Asesinada activista wayuu en La Guajira
miércoles, 1 de abril de 2020
En la Guajira “no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”
Silvia González
Habitantes de las comunidades de la parroquia Guajira del estado Zulia la tienen cada día más difícil para conseguir alimentos en medio de la cuarentena social. Muchos de ellos sienten el abandono del gobierno municipal, regional y nacional pues aseguran que no han llegado las cajas de alimentos que se anuncian desde la gestión nacional.
El costo actual de la cesta básica los tiene angustiados mientras que los bonos que recientemente ha entregado el gobierno nacional a través del Carnet de la Patria, solo les cubre dos productos. A esto se suma que solo pueden gastarlo quienes tienen la posibilidad de movilizarse hacia un comercio en Paraguaipoa con punto de venta. No así ocurre con los vecinos de sectores más alejados pues implica gastos extras para movilizarse.
Habitantes de las comunidades de la parroquia Guajira del estado Zulia la tienen cada día más difícil para conseguir alimentos en medio de la cuarentena social. Muchos de ellos sienten el abandono del gobierno municipal, regional y nacional pues aseguran que no han llegado las cajas de alimentos que se anuncian desde la gestión nacional.
El costo actual de la cesta básica los tiene angustiados mientras que los bonos que recientemente ha entregado el gobierno nacional a través del Carnet de la Patria, solo les cubre dos productos. A esto se suma que solo pueden gastarlo quienes tienen la posibilidad de movilizarse hacia un comercio en Paraguaipoa con punto de venta. No así ocurre con los vecinos de sectores más alejados pues implica gastos extras para movilizarse.
viernes, 10 de mayo de 2019
Edo. Zulia: La desnutrición no da tregua a los niños de la Guajira
Sailín Fernández
Bajo una pequeña enramada de sólo de 4 palos se encontraba un ataúd artesanal hecho por el tío materno de Shary, una pequeña de 20 meses arropada con una tela blanca quien falleció el pasado martes 30 de abril. El diagnóstico del médico fue “muerte por desnutrición crónica”.
“A veces comemos una sola vez o nos acostamos sin nada” dijo con la mirada perdida Ángela Machado, madre de Shary. Es una joven wayuu de 19 años que con hambre, no podía alimentar a su bebé.
Bajo una pequeña enramada de sólo de 4 palos se encontraba un ataúd artesanal hecho por el tío materno de Shary, una pequeña de 20 meses arropada con una tela blanca quien falleció el pasado martes 30 de abril. El diagnóstico del médico fue “muerte por desnutrición crónica”.
“A veces comemos una sola vez o nos acostamos sin nada” dijo con la mirada perdida Ángela Machado, madre de Shary. Es una joven wayuu de 19 años que con hambre, no podía alimentar a su bebé.
sábado, 6 de abril de 2019
Colombia: Nación Wayuu en pie de lucha ante el Estado y mineras transnacionales
Organización Kanuliaa Jieru
Las continuas amenazas, intimidaciones, secuestros y asesinatos, han seguido ocurriendo en el departamento de la Guajira [1] y en varias zonas de Colombia en contra de líderes sociales y activistas que protegen el derecho al agua y a la vida en los territorios invadidos por el extractivismo minero, y en donde las comunidades han sido víctimas de la expropiación de tierras por parte del Estado y las multinacionales. Pero no solo han sido amenazas de actores incógnitos. En los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del 2018, la Nación Wayuu denunció atropellos e intentos de arresto arbitrarios por parte de la Policía Nacional de Colombia a miembros del movimiento, atentando contra la dignidad, la vida y el buen nombre.
La situación de los líderes en Colombia es preocupante, tal como lo señaló Michael Forst, relator de la ONU, quien considera tras su visita a Colombia en diciembre de 2018, que: “La situación de líderes, es la más dramática que he visto”. [2]
Las continuas amenazas, intimidaciones, secuestros y asesinatos, han seguido ocurriendo en el departamento de la Guajira [1] y en varias zonas de Colombia en contra de líderes sociales y activistas que protegen el derecho al agua y a la vida en los territorios invadidos por el extractivismo minero, y en donde las comunidades han sido víctimas de la expropiación de tierras por parte del Estado y las multinacionales. Pero no solo han sido amenazas de actores incógnitos. En los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre del 2018, la Nación Wayuu denunció atropellos e intentos de arresto arbitrarios por parte de la Policía Nacional de Colombia a miembros del movimiento, atentando contra la dignidad, la vida y el buen nombre.
La situación de los líderes en Colombia es preocupante, tal como lo señaló Michael Forst, relator de la ONU, quien considera tras su visita a Colombia en diciembre de 2018, que: “La situación de líderes, es la más dramática que he visto”. [2]
viernes, 12 de octubre de 2018
Colombia: 12-O el genocidio continúa. Organizaciones wayuu amenazadas
Fuerza de Mujeres Wayuu - Sütsüin Jiyeyuu Wayuu (FMW-SJW)
Las mujeres, hombres y autoridades Wayuu que conformamos el movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu - Sütsüin Jiyeyuu Wayuu (FMW-SJW), manifestamos nuestro absoluto rechazo por las amenazas proferidas en contra de los procesos organizativos que defendemos los derechos humanos, los derechos de las mujeres indígenas y los derechos de Wounmainkat - Nuestra Tierra, en territorio Wayuu de La Guajira en Colombia.
Las mujeres, hombres y autoridades Wayuu que conformamos el movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu - Sütsüin Jiyeyuu Wayuu (FMW-SJW), manifestamos nuestro absoluto rechazo por las amenazas proferidas en contra de los procesos organizativos que defendemos los derechos humanos, los derechos de las mujeres indígenas y los derechos de Wounmainkat - Nuestra Tierra, en territorio Wayuu de La Guajira en Colombia.
jueves, 14 de junio de 2018
Colombia: Lucha autónoma wayuu en la Guajira contra la minería
Organización Kanuliaa Jieru
El 7 de junio de 2018 se conmemoraron los 540 días de resistencia pacífica en Katsaliamana, desde donde se ha generado y fortalecido el movimiento Nación Wayuu, que integra a más de 100 autoridades ancestrales y a un grupo multidisciplinario de abogados, sicólogos, antropólogos, economistas, trabajadoras sociales e ingenieros químicos, quienes han venido trabajando con sus propios recursos y de manera voluntaria, promoviendo acciones jurídicas y de protesta en pro de la defensa y reivindicación de sus derechos al territorio, al agua, la autonomía, la consulta previa y a la reparación de los daños ambientales, sociales y culturales que han sufrido tras 40 años de explotación de la mina El Cerrejón, que anualmente produce 34 millones de toneladas de carbón, y de la cual son propietarias las multinacionales BHP Billiton, Glencore y Anglo American.
El 7 de junio de 2018 se conmemoraron los 540 días de resistencia pacífica en Katsaliamana, desde donde se ha generado y fortalecido el movimiento Nación Wayuu, que integra a más de 100 autoridades ancestrales y a un grupo multidisciplinario de abogados, sicólogos, antropólogos, economistas, trabajadoras sociales e ingenieros químicos, quienes han venido trabajando con sus propios recursos y de manera voluntaria, promoviendo acciones jurídicas y de protesta en pro de la defensa y reivindicación de sus derechos al territorio, al agua, la autonomía, la consulta previa y a la reparación de los daños ambientales, sociales y culturales que han sufrido tras 40 años de explotación de la mina El Cerrejón, que anualmente produce 34 millones de toneladas de carbón, y de la cual son propietarias las multinacionales BHP Billiton, Glencore y Anglo American.
sábado, 7 de abril de 2018
Colombia: Pueblo wayuu enfrenta la desaparición ante complicidad e indiferencia estatal
Radio Contagio
[Nota previa de El Libertario: Debe quedar claro que la situación que se describe y denuncia para la etnia wayuu sometida a la opresión del estado colombiano es en esencia similar a la que sufren l@s wayuu sometidos al estado venezolano. Para más información al respecto ver http://periodicoellibertario.blogspot.com/search?q=wayuu&max-results=11.]
La falta de atención y cumplimiento del Estado a las diferentes sentencias que han ordenado la protección del pueblo Wayúu, en La Guajira, podría llevar a que este sea exterminado por completo. Así lo afirma Carolina Sáchica, abogada acompañante de procesos a esta comunidad, que además agregó que no solo es la primera infancia la que muere por desnutrición en esa región del país, sino también las mujeres y los adultos mayores.
[Nota previa de El Libertario: Debe quedar claro que la situación que se describe y denuncia para la etnia wayuu sometida a la opresión del estado colombiano es en esencia similar a la que sufren l@s wayuu sometidos al estado venezolano. Para más información al respecto ver http://periodicoellibertario.blogspot.com/search?q=wayuu&max-results=11.]
La falta de atención y cumplimiento del Estado a las diferentes sentencias que han ordenado la protección del pueblo Wayúu, en La Guajira, podría llevar a que este sea exterminado por completo. Así lo afirma Carolina Sáchica, abogada acompañante de procesos a esta comunidad, que además agregó que no solo es la primera infancia la que muere por desnutrición en esa región del país, sino también las mujeres y los adultos mayores.
sábado, 17 de marzo de 2018
Colombia: La nación wayuu sigue en lucha contra la minería de carbón en El Cerrejón
Olga Mendoza
El pasado jueves 15 de marzo del 2018, en las instalaciones del auditorio del Hotel Waya Wayuu del Municipio de Albania, se llevó a cabo la instalación oficial de la Mesa de Diálogo y Negociación Cerrejón-Nación Wayuu en el marco del cumplimiento a la sentencia T-704/16 de la Corte Constitucional, en donde se establece “…Ordenar a la empresa El Cerrejón un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales y culturales en la zona, por lo cual deberá compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades”.
El objetivo de la mesa es trabajar en la construcción de una agenda de desarrollo social, encaminada a atender las iniciativas y propuestas que se vienen gestando desde las comunidades, mediante alianzas público-privadas. A la mesa asistieron 250 miembros de la Nación Wayuu, entre Autoridades Tradicionales y líderes de las distintas comunidades, como Katsaliamana, Pesuapa, Kasischon, Japurarao, entre otras.
El pasado jueves 15 de marzo del 2018, en las instalaciones del auditorio del Hotel Waya Wayuu del Municipio de Albania, se llevó a cabo la instalación oficial de la Mesa de Diálogo y Negociación Cerrejón-Nación Wayuu en el marco del cumplimiento a la sentencia T-704/16 de la Corte Constitucional, en donde se establece “…Ordenar a la empresa El Cerrejón un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales y culturales en la zona, por lo cual deberá compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades”.
El objetivo de la mesa es trabajar en la construcción de una agenda de desarrollo social, encaminada a atender las iniciativas y propuestas que se vienen gestando desde las comunidades, mediante alianzas público-privadas. A la mesa asistieron 250 miembros de la Nación Wayuu, entre Autoridades Tradicionales y líderes de las distintas comunidades, como Katsaliamana, Pesuapa, Kasischon, Japurarao, entre otras.
domingo, 30 de abril de 2017
Nueva arremetida del terrorismo militar contra pueblo Wayuu en la Guajira venezolana
Aana Wainjirawa
En una acción militar sustentada en el Decreto de Chávez que convirtió a La Guajira en Distrito Militar, un Comando del Ejército, sin orden de allanamiento, y sin ningun argumento que sustentara su acción violeta, allanó la residencia de la familia de una de nuestras maestras en La Guajira, exactamente, en la Comunidad de El Caparo, muy cercana a Cojoro, deteniendo y enviando de manera expeditamente militar a dos amigos alíjunas y 4 wayuu, quienes, sin importar su condición civil, fueron de inmediato presentados ante un juez militar, acusados por el delito de Terrorismo y ya han sido enviados a la Cárcel de Santa Ana en el Estado Táchira (unas 20 horas de su comunidad de origen).
En una acción militar sustentada en el Decreto de Chávez que convirtió a La Guajira en Distrito Militar, un Comando del Ejército, sin orden de allanamiento, y sin ningun argumento que sustentara su acción violeta, allanó la residencia de la familia de una de nuestras maestras en La Guajira, exactamente, en la Comunidad de El Caparo, muy cercana a Cojoro, deteniendo y enviando de manera expeditamente militar a dos amigos alíjunas y 4 wayuu, quienes, sin importar su condición civil, fueron de inmediato presentados ante un juez militar, acusados por el delito de Terrorismo y ya han sido enviados a la Cárcel de Santa Ana en el Estado Táchira (unas 20 horas de su comunidad de origen).
viernes, 1 de abril de 2016
Guajira: Campaña por la defensa de las fuentes hídricas de la Tierra
Resistencia Aborigen
El agua es un derecho para la humanidad no para las multinacionales.
“Sólo cuando el último árbol de trupillo esté seco , el Río Ranchería asesinado y
la última araña extinguida, te darás cuenta que no puedes comer carbón.”
En Wounmainkat, territorio del pueblo indígena Wayuu, localizado en el departamento de La Guajira al norte de Colombia, en menos de cinco años, cerca de 5.000 niños y niñas Wayuu han muerto por hambre, por síntomas relacionados a malnutrición y por problemas respiratorios. Entretanto, El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, utiliza 17.000 millones de litros de agua para garantizar sus operaciones diarias de explotación. La respuesta por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia, es dar vía libre a ésta compañía minera propiedad de Glencore (Suiza), BHP Billiton (Reino Unido) y AngloAmerican (Australia), para desviar el Arroyo Bruno, uno de los afluentes más importantes del Río Ranchería.
¡Auxilio! ¡Una Generación del pueblo Wayuu ha sido asesinada!
Ante esta situación de emergencia inminente, las mujeres y los hombres Wayuu que acompañan esta apuesta, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional. Lanzamos un grito de auxilio a nuestros amigos y amigas, a nuestros coterráneos así como a personas solidarias en el mundo entero, para que apoyen la campaña #elaguaesnuestra para detener el asesinato de nuestros abuelos ríos, por la recuperación de nuestras fuentes hídricas, por la protección de Wounmainkat Nuestra Tierra y por la memoria de las niñas y los niños Wayuu, una generación de niñas y niños que ha sido asesinada de hambre y de sed mientras la explotación de carbón utiliza el agua que debiera potabilizarse para alimentarles.
¡Con muñecos desnudos!
El día 9 de abril cuando se conmemora el Día Nacional de las Víctimas en Colombia, les invitamos a manifestarnos en todo el mundo, en lugares emblemáticos de la ciudad en la que se encuentren, llevando un muñeco desnudo para honrar la memoria de los niños y niñas Wayuu asesinados por hambre y sed, para que el mundo entero conozca que una generación del pueblo Wayuu ha sido asesinada.
¡Demandamos al Estado Colombiano!
1. Dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional en su Sentencia T-256/15 en el que se ordena adoptar un plan que, de manera definitiva, asegure el suministro, acceso y calidad de agua potable para las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur del departamento de La Guajira que se han visto afectadas por la sequía y escasez del líquido vital en donde la minería tiene responsabilidades.
2. El cumplimiento de las Recomendaciones Generales emitidas en agosto del año 2015 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial-CERD, en particular la que recomienda al estado colombiano dar prioridad a la potabilización del agua para el consumo humano, para asegurar que el uso del agua en la industria de la minería no perjudique el acceso al agua de los pueblos indígenas, abrir la Represa El Cercado y dar cumplimiento al auto 004 de 2009 para proteger a los pueblos indígenas en riesgo de extinción.
3. Acciones inmediatas para dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en diciembre 11 de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades pertenecientes étnicamente al pueblo Wayuu de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao para atender problemáticas como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a buen servicio de salud.
#elaguaesnuestra: El agua es un derecho para la humanidad no para las multinacionales
[Tomado de http://tierraylibertad.acultura.org.ve/2016/03/campana-por-la-defensa-de-las-fuentes.html.]
El agua es un derecho para la humanidad no para las multinacionales.
“Sólo cuando el último árbol de trupillo esté seco , el Río Ranchería asesinado y
la última araña extinguida, te darás cuenta que no puedes comer carbón.”
En Wounmainkat, territorio del pueblo indígena Wayuu, localizado en el departamento de La Guajira al norte de Colombia, en menos de cinco años, cerca de 5.000 niños y niñas Wayuu han muerto por hambre, por síntomas relacionados a malnutrición y por problemas respiratorios. Entretanto, El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, utiliza 17.000 millones de litros de agua para garantizar sus operaciones diarias de explotación. La respuesta por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia, es dar vía libre a ésta compañía minera propiedad de Glencore (Suiza), BHP Billiton (Reino Unido) y AngloAmerican (Australia), para desviar el Arroyo Bruno, uno de los afluentes más importantes del Río Ranchería.
¡Auxilio! ¡Una Generación del pueblo Wayuu ha sido asesinada!
Ante esta situación de emergencia inminente, las mujeres y los hombres Wayuu que acompañan esta apuesta, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional. Lanzamos un grito de auxilio a nuestros amigos y amigas, a nuestros coterráneos así como a personas solidarias en el mundo entero, para que apoyen la campaña #elaguaesnuestra para detener el asesinato de nuestros abuelos ríos, por la recuperación de nuestras fuentes hídricas, por la protección de Wounmainkat Nuestra Tierra y por la memoria de las niñas y los niños Wayuu, una generación de niñas y niños que ha sido asesinada de hambre y de sed mientras la explotación de carbón utiliza el agua que debiera potabilizarse para alimentarles.
¡Con muñecos desnudos!
El día 9 de abril cuando se conmemora el Día Nacional de las Víctimas en Colombia, les invitamos a manifestarnos en todo el mundo, en lugares emblemáticos de la ciudad en la que se encuentren, llevando un muñeco desnudo para honrar la memoria de los niños y niñas Wayuu asesinados por hambre y sed, para que el mundo entero conozca que una generación del pueblo Wayuu ha sido asesinada.
¡Demandamos al Estado Colombiano!
1. Dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional en su Sentencia T-256/15 en el que se ordena adoptar un plan que, de manera definitiva, asegure el suministro, acceso y calidad de agua potable para las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur del departamento de La Guajira que se han visto afectadas por la sequía y escasez del líquido vital en donde la minería tiene responsabilidades.
2. El cumplimiento de las Recomendaciones Generales emitidas en agosto del año 2015 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial-CERD, en particular la que recomienda al estado colombiano dar prioridad a la potabilización del agua para el consumo humano, para asegurar que el uso del agua en la industria de la minería no perjudique el acceso al agua de los pueblos indígenas, abrir la Represa El Cercado y dar cumplimiento al auto 004 de 2009 para proteger a los pueblos indígenas en riesgo de extinción.
3. Acciones inmediatas para dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en diciembre 11 de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades pertenecientes étnicamente al pueblo Wayuu de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao para atender problemáticas como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a buen servicio de salud.
#elaguaesnuestra: El agua es un derecho para la humanidad no para las multinacionales
[Tomado de http://tierraylibertad.acultura.org.ve/2016/03/campana-por-la-defensa-de-las-fuentes.html.]
jueves, 24 de marzo de 2016
Desde la Península de La Guajira: Crisis Arijuna* del pueblo Wayuu
Anónimo
*Arijuna= Persona extraña, posible enemigo, conquistador, que no respeta las normas Wayuu.
“…la expansión de la frontera… convirtió a la región en tierra de guerra
por las fricciones entre indios y españoles, entre las distintas
parcialidades constreñidas en el uso ancestral de las tierras, y entre
estos grupos y aquellos que habían sido sometidos a servidumbre. En el
ánimo de los nativos estaba considerar enemigos irreconciliables a todos
los que habían tenido relación con los españoles, a quienes no
perdonaban, solicitando siempre venganza, sin olvidarla; y cuando la
conseguían, su mayor triunfo lo manifestaban quemando sus poblaciones,
quizás como un símbolo que borrase la existencia de la traición
tangible. Por eso en cada alzamiento.., ningún español podía atravesar
sus vecindades sin encontrar la muerte; los indios de servicio formaban
parte del grupo enemigo, por lo tanto no existía diferencia entre
ellos.”
viernes, 4 de marzo de 2016
Comité de Derechos Humanos de La Guajira: Herramienta autónoma de lucha del pueblo wayuu
Olimpia Palmar
* Versión condensada del texto "Sistematización de experiencia: Comité de Derechos Humanos de La Guajira" incluido en la compilación "Experiencias positivas de participación comunitaria", producida en CD por PROVEA, Caracas, 2016.
El Comité de Derechos Humanos de la Guajira (CDDHHG) es una organización no gubernamental que promueve y defiende el derecho a la vida, a la integridad, la libertad, la seguridad personal e inviolabilidad del hogar, defensa del núcleo familiar, de la niñez y la adolescencia, consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. El CDDHHG nace un 9 de agosto de 1999 en la población de Paraguaipoa, Municipio Guajira (antes Páez), Estado Zulia, sus inicios por la defensa y promoción de los derechos humanos surge de las necesidades insatisfechas de la sociedad indígena que habitan en la zona. Narra José David González miembro fundador y actual Coordinador de la organización “la indignación nos impulsó a la lucha, nadie garantizaba la salud y el tema más candente en aquel momento era la situación del agua, no había agua, entonces era necesario hablar, decir, y tomar con nuestras propias manos la exigencia de nuestros derechos.”
Fue la tragedia desatada en la comunidad de Sichipe, Alta Guajira, lo que activó la voluntad de los fundadores del Comité. La base militar de caballería 102 Gómez construyó un polígono para hacer prácticas de tiros, incluyendo uso de granadas, en medio de la comunidad wayuu habitada por más de 24 familias. Un grupo de niños encontró un objeto extraño que les causó curiosidad y en su casa lo manipularon causando una explosión que generó un niño muerto y otros dos heridos. Desde ese momento se activó, hasta la fecha, el CDDHHG. Según Mermis Fernández, actual miembro de la organización, el nacimiento del Comité se genera en una coyuntura favorable para los pueblos indígenas. “Eso fue el proceso de la Constituyente y la nueva Constitución del 99. Allí se caminó en dos sentidos la primera en la formalización de las denuncias y el otro en la formación de las comunidades sobre la nueva Constitución”.
En sus años iniciales, el Comité continuó denunciando y acompañando denuncias por deficiencias en el servicio de agua potable y fallas en la dotación de insumos al hospital de Paraguaipoa, hasta denuncias más puntuales como el incumplimiento en el pago a algún trabajador de la localidad o casos de detenciones arbitrarias. Además apoya para que existan otras experiencias organizacionales como los consejos comunales, cooperativas de pescadores, artesanos, defensorías indígenas, entre otras.
Tejiendo alianzas para dignificar la lucha
No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2002 que en asamblea deciden registrar formalmente y darle personalidad jurídica al CDDHHG, según acta de conformación esta organización no gubernamental nace con el objetivo de “Promover conciencia sobre los derechos humanos en la población para lograr mayor participación ciudadana, por la defensa de los derechos civiles y sociales de la Guajira”. Y tiene como objetivos específicos “lograr una mayor participación ciudadana a través de una política de formación, educación y promoción de los derechos humanos, ONG, e instituciones públicas y privadas- minimizar las violaciones de los derechos civiles, sociales, a través de la denuncia y seguimiento de casos - hacer convenios con organizaciones nacionales de derechos humanos”.
A partir del año 2004, el Comité comienza a visibilizar la situación de movilidad humana en la frontera colombo-venezolana de La Guajira, recibiendo a personas desplazadas por el conflicto armado colombiano. Los casos de desplazados se mantuvieron hasta el 2009, y se presenciaba por temporadas. Entre esos años se afinó la alianza entre el comité y la Oficina del Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional.
De toda experiencia se aprende
Para el año 2005 el secuestro de un joven sacudió a la población wayúu. Al joven Eliecer Paz lo secuestraron en la plaza de Paraguaipoa y hasta la fecha sigue desaparecido, los familiares se acercaron al Comité para hacer las denuncias en la ciudad de Maracaibo, la familia Paz hizo la denuncia pública con nombre y apellido, ellos acusaban a un funcionario de la Alcaldía de la Guajira, que además era hermano del Alcalde Hebert Chacon. Por lo que las denuncias se tornaron a problemas familiares, debido a que los familiares de Chacón visitaron a los familiares de José David González quien era el defensor que acompañaba el caso.
La organización continua trabajando vulneraciones de derechos, trabaja las denuncias, promueve formación en las comunidades organizadas. Para el 2007 y 2008, visibiliza la mala infraestructura de los hospitales de Paraguaipoa y Sinamaica interviniendo en varias protestas y cierres de vías junto a los consejos comunales de Sinamaica, estos dos años fueron de muchas protestas en la calle, por lo que el Comité intervenía generando un canal entre el gobierno municipal y regional con los consejos comunales, al mismo tiempo que iba formando a los líderes a comprender los niveles y canales de exigencia, de manera que el cierre de vía fuera la última instancia.
Para el año 2010 el presidente Hugo Chávez, decreta la creación e instalación de 10 distritos militares, en la frontera de la Guajira el Distrito Militar Guajira 1, según Gaceta Oficial 39.583 del 29 de diciembre, bajo el decreto Nro. 7.9385. El distrito militar se instaló violando el derecho a la consulta, previa, libre e informada de los pueblos indígenas wayuu y añu cuyo territorio pasa a ser un territorio militar y no un hábitat ancestral.
El CDDHHG, fijó posición y exhortó al gobierno nacional desde el primer momento a que se revisaran las condiciones de este decreto, además exigió y se ofreció para que los militares que ingresaran al territorio indígena fueran por lo menos formados sobre los valores de las comunidades originarias. El 2011 cierra con 21 alcabalas en diferentes puntos del Municipio Guajira, y comisiones relámpagos que al sorprender a las personas que trabajaban de manera ilegal con combustible, incendiaban los envases plásticos llenos de gasolina generando contaminación e incluso mortandad de peces en las aguas de la reserva acuífera Gran Eneal.
* Versión condensada del texto "Sistematización de experiencia: Comité de Derechos Humanos de La Guajira" incluido en la compilación "Experiencias positivas de participación comunitaria", producida en CD por PROVEA, Caracas, 2016.
El Comité de Derechos Humanos de la Guajira (CDDHHG) es una organización no gubernamental que promueve y defiende el derecho a la vida, a la integridad, la libertad, la seguridad personal e inviolabilidad del hogar, defensa del núcleo familiar, de la niñez y la adolescencia, consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. El CDDHHG nace un 9 de agosto de 1999 en la población de Paraguaipoa, Municipio Guajira (antes Páez), Estado Zulia, sus inicios por la defensa y promoción de los derechos humanos surge de las necesidades insatisfechas de la sociedad indígena que habitan en la zona. Narra José David González miembro fundador y actual Coordinador de la organización “la indignación nos impulsó a la lucha, nadie garantizaba la salud y el tema más candente en aquel momento era la situación del agua, no había agua, entonces era necesario hablar, decir, y tomar con nuestras propias manos la exigencia de nuestros derechos.”
Fue la tragedia desatada en la comunidad de Sichipe, Alta Guajira, lo que activó la voluntad de los fundadores del Comité. La base militar de caballería 102 Gómez construyó un polígono para hacer prácticas de tiros, incluyendo uso de granadas, en medio de la comunidad wayuu habitada por más de 24 familias. Un grupo de niños encontró un objeto extraño que les causó curiosidad y en su casa lo manipularon causando una explosión que generó un niño muerto y otros dos heridos. Desde ese momento se activó, hasta la fecha, el CDDHHG. Según Mermis Fernández, actual miembro de la organización, el nacimiento del Comité se genera en una coyuntura favorable para los pueblos indígenas. “Eso fue el proceso de la Constituyente y la nueva Constitución del 99. Allí se caminó en dos sentidos la primera en la formalización de las denuncias y el otro en la formación de las comunidades sobre la nueva Constitución”.
En sus años iniciales, el Comité continuó denunciando y acompañando denuncias por deficiencias en el servicio de agua potable y fallas en la dotación de insumos al hospital de Paraguaipoa, hasta denuncias más puntuales como el incumplimiento en el pago a algún trabajador de la localidad o casos de detenciones arbitrarias. Además apoya para que existan otras experiencias organizacionales como los consejos comunales, cooperativas de pescadores, artesanos, defensorías indígenas, entre otras.
Tejiendo alianzas para dignificar la lucha
No fue sino hasta el 15 de noviembre de 2002 que en asamblea deciden registrar formalmente y darle personalidad jurídica al CDDHHG, según acta de conformación esta organización no gubernamental nace con el objetivo de “Promover conciencia sobre los derechos humanos en la población para lograr mayor participación ciudadana, por la defensa de los derechos civiles y sociales de la Guajira”. Y tiene como objetivos específicos “lograr una mayor participación ciudadana a través de una política de formación, educación y promoción de los derechos humanos, ONG, e instituciones públicas y privadas- minimizar las violaciones de los derechos civiles, sociales, a través de la denuncia y seguimiento de casos - hacer convenios con organizaciones nacionales de derechos humanos”.
A partir del año 2004, el Comité comienza a visibilizar la situación de movilidad humana en la frontera colombo-venezolana de La Guajira, recibiendo a personas desplazadas por el conflicto armado colombiano. Los casos de desplazados se mantuvieron hasta el 2009, y se presenciaba por temporadas. Entre esos años se afinó la alianza entre el comité y la Oficina del Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Refugiados y la Cruz Roja Internacional.
De toda experiencia se aprende
Para el año 2005 el secuestro de un joven sacudió a la población wayúu. Al joven Eliecer Paz lo secuestraron en la plaza de Paraguaipoa y hasta la fecha sigue desaparecido, los familiares se acercaron al Comité para hacer las denuncias en la ciudad de Maracaibo, la familia Paz hizo la denuncia pública con nombre y apellido, ellos acusaban a un funcionario de la Alcaldía de la Guajira, que además era hermano del Alcalde Hebert Chacon. Por lo que las denuncias se tornaron a problemas familiares, debido a que los familiares de Chacón visitaron a los familiares de José David González quien era el defensor que acompañaba el caso.
La organización continua trabajando vulneraciones de derechos, trabaja las denuncias, promueve formación en las comunidades organizadas. Para el 2007 y 2008, visibiliza la mala infraestructura de los hospitales de Paraguaipoa y Sinamaica interviniendo en varias protestas y cierres de vías junto a los consejos comunales de Sinamaica, estos dos años fueron de muchas protestas en la calle, por lo que el Comité intervenía generando un canal entre el gobierno municipal y regional con los consejos comunales, al mismo tiempo que iba formando a los líderes a comprender los niveles y canales de exigencia, de manera que el cierre de vía fuera la última instancia.
Para el año 2010 el presidente Hugo Chávez, decreta la creación e instalación de 10 distritos militares, en la frontera de la Guajira el Distrito Militar Guajira 1, según Gaceta Oficial 39.583 del 29 de diciembre, bajo el decreto Nro. 7.9385. El distrito militar se instaló violando el derecho a la consulta, previa, libre e informada de los pueblos indígenas wayuu y añu cuyo territorio pasa a ser un territorio militar y no un hábitat ancestral.
El CDDHHG, fijó posición y exhortó al gobierno nacional desde el primer momento a que se revisaran las condiciones de este decreto, además exigió y se ofreció para que los militares que ingresaran al territorio indígena fueran por lo menos formados sobre los valores de las comunidades originarias. El 2011 cierra con 21 alcabalas en diferentes puntos del Municipio Guajira, y comisiones relámpagos que al sorprender a las personas que trabajaban de manera ilegal con combustible, incendiaban los envases plásticos llenos de gasolina generando contaminación e incluso mortandad de peces en las aguas de la reserva acuífera Gran Eneal.
Los falsos positivos, las muertes, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, irrespeto a cementerios wayuu, incendios de viviendas, vejaciones y abusos en cada alcabala por la restricción de alimentos a la Guajira se intensificaron en 2012, obligando a la población de la Guajira a cerrar la carretera Troncal del Caribe casi una vez por semana, ya que a la situación se le sumaban días sin energía eléctrica, sin agua, sin hospital, situación que obligó al gobierno nacional a atender las inquietudes de la población de la Guajira, abriendo la oportunidad de trasladar a la Ministra de Pueblos Indígenas Nicia Maldonado y todo el alto mando militar con el objetivo de sostener una reunión con las comunidades y representantes indígenas y evaluar las acciones a tomar. Para esta reunión fueron finalmente convocados los voceros de los consejos comunales, irrespetando y desconociendo a las autoridades propias de las poblaciones indígenas.
El planteamiento del Comité entregado ese día reza: “Creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario. Consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo vicioso, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrados en los cuarteles y no comparten con nuestro pueblo.” El Comité también exigió que se derogara el decreto que creó el Distrito Militar debido a que no cumple con sus objetivos.
2012 cerró con un saldo de 1 muerto y 17 heridos todos indígenas “mientras las madres wayuú recogen a sus hijos, veíamos en los titulares de los medios declaración de los jefes militares donde afirmaban que le estaban dando golpe duro a los grandes contrabandistas de la frontera, nosotros reflexionamos pero si esta gente no tiene ni casa, y en otros titulares afirmaban que el ejército disparó para defenderse porque los wayuu andaba armados, uno que estuvo en el lugar de los hechos se da cuenta de que había un solo grupo armado porque no hay indicios de balas del otro lado”, narra José David González. Un documento presentado publicamente el 9 de agosto de 2013 contenía la denuncia de 7 asesinados, 20 heridos y más de 60 allanamientos ilegales, así como nueve propuestas al estado venezolano, para reivindicar y dignificar la vida de los pueblos originarios que habitan en esta frontera.
Durante el 2014 se realizaron dos caminatas más por iniciativa de las mismas comunidades y víctimas, muestra de que esta lucha se había sembrado en el sentir de la población. Por su parte el CDDHHG, realizaba periódicamente una gira de medios gracias a nuevas alianzas que a su vez le permitió realizar visitas a instituciones nacionales En el 2015 desde el gobierno se abrieron varios espacios para visibilizar la situación de los derechos humanos y debatir sobre la paz; en todas estas instancias el CDDHHG entregó el informe con la denuncia de cada uno de los casos de las víctimas.
El 7/9/15 se decretó el estado de excepción en La Guajira. Una de las medidas contempladas en el Decreto era el cierre de la frontera con Colombia, movilización de más militares al territorio indígena y la construcción de la “frontera paz”. Durante el cierre el CDDHHG exigió el enfoque diferencial al cierre de otras fronteras considerando que el pueblo wayuu habita entre Venezuela y Colombia y el cierre podría vulnerar su movilidad dentro de su propio territorio, por lo que se aprobó un corredor humanitario. Aún en pleno estado de excepción y en el proceso de construcción de la paz, las balas de los militares continuaron generando muertes de indígenas wayuu. Entre los meses de septiembre y diciembre de 2015, 3 jóvenes wayuu fueron asesinados en dos hechos diferentes, 2 de ellos en la comunidad de waipeshi el 9 de septiembre de 2015. Hasta la fecha el Comité contabiliza desde el año 2012 al año 2015, 19 muertos, 41 heridos, 19 torturados, 1 secuestrado, 1 desaparecido y más de 60 detenciones arbitrarias.
Qué propone el CDDHHG
Cerramos este resumen con las nueve propuestas que hace el Comité en su documento para el “buen vivir y vivir bien desde una vision wayuu”, pronunciamiento en defensa del pueblo, espiritualidad y dignidad del territorio ancestral wayuu:
1. Crear una estructura autónoma, visible con incidencia en toda la península de la Guajira, y asesorado por nuestras autoridades tradicionales, tomando en cuenta las políticas de Estado en materia Indígena y que las organizaciones del estado acudan y escuche sus planteamientos.
2. Fijar parámetros de dialogo en relación al uso de la movilización dentro del territorio Wayuu, como es el caso de los transportistas y sistema de encomiendas de la baja, media y alta Guajira, quienes dan vida al abastecimiento de alimentos para los habitantes de la Guajira.
3. Fortalecer el diálogo intercultural, con autoridades e instituciones privadas existentes en la Zona valorando el sistema del Trueque ancestral practicado antes de la colonia.
4. Minimizar el atropello fundamentado en vinculación política partidista en las comunidades del territorio Wayuu.
5. Respeto a la integridad de la MUJER WAYUU, en sus diferentes status relacionado al sistema Social, debido a su ROL de transmisora de saberes y perpetuidad del linaje en nuestra Estructura Social.
6. Creación de la Escuela del Pensamiento Indígena, visionado hacia la juventud y la niñez de nuestro territorio en proceso de vida intercultural, ante los sistemas de participación globalizados y nacionales en que se debe mantener.
7. Constatar las oportunidades de formación desde una perspectiva positiva en todos los ámbitos, mirando hacia un horizonte reivindicativo en búsqueda de calidad de una actitud laboriosa para nuestro futuro (MPPPE, MISIONES, INSTITUCIONES PRIVADAS), para la inserción del currículo propio y emergente del Pueblo Wayuu.
8. Fijar los lineamientos prácticos procesuales para el funcionamiento de las instituciones Estructurales del Estado, en relación al modo de vida propio del pueblo Wayuu para su efectiva convivencia, al mismo tiempo alertamos la necesidad de la consulta previa para todos los proyectos
9. Promover cada 9 (nueve) de agosto, actividades significativas en relación al proceso reivindicativo y de consolidación de la existencia firme en nuestro territorio como parte de la contribución a la historia de nuestro mundo Indígena, manteniéndonos firmes y activos en la cotidianidad a través de (conversatorios, foros, charlas, mesas de trabajo y visitas a las escuelas) para el empoderamiento de una verdadera CONCIENCIA INDIGENA. Partiendo del marco legal, este documento presentado, tiene su basamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, ley de demarcación de hábitat y garantía de tierras Indígenas, Ley del Artesano y Artesana, Ley Orgánica de los Idiomas Indígenas, ley de patrimonios Indígenas, Declaración de las naciones Indígenas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley Orgánica del Trabajo OIT y la declaración Universal de la UNESCO en el marco Internacional del decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo.
jueves, 19 de noviembre de 2015
Los Wayúu, el chivo expiatorio de la propaganda anticontrabando
Aana Wainjirawa
Fuentes fidedignas nos informaron que el día miércoles 11 de noviembre efectivos del ejército quemaron 6 camiones, en el sector la Candelaria, parroquia Guajira del municipio Guajira.
Yo no se en cuál ley dice que los militares tienen derecho a destruir una propiedad ajena, por más combustible de contrabando que carguen esos vehículos, existe un debido proceso.
La comunidad de Moina reaccionó ante estos hechos, pero en medio de un Estado de Excepción y con garantías constitucionales suspendidas en la región es un riesgo de muerte protestar en la Guajira ante una FANB que no respeta EL DERECHO A LA la VIDA. la respuesta fue que se reforzó la presencia militar con varias camionetas “hilux” y “batallas” repletas de soldados, además de dos tanques de guerra.
Seguramente muchos se alegran de esta situación, pero les invito a reflexionar sobre la realidad social y económica de la Guajira, una tierra donde impera la pobreza, ausencia de fuentes de empleo, y abandono estatal, muchas familias optan por el contrabando como medio de subsistencia, y esa realidad no va a cambiar mientras las medidas del Estado venezolano sean sólo fórmulitas como una bolsa de comida quincenal, matando contrabandistas o quemando camiones. Unicamente soluciones de forma, porque el gran problema de fondo es la ausencia de políticas públicas eficientes que acaben con el hambre y nos brinde una mejor calidad de vida a los habitantes de la Guajira.
Quiero mencionar que mientras el ejército hace sus desastres en nuestro territorio, la Guardia Nacional Bolivariana permite que siga pasando el contrabando por las noches. Hace tres noches conté 14 camiones full de comida a sólo escasos metros de la alcabala de Guarero, y con rumbo al “80″, la trocha más transitada y cuya longitud revienta hasta el otro lado de la frontera, en Maicao.
[Tomado de http://laguarura.net/2015/11/12/los-wayuu-el-chivo-expiatorio-de-la-propaganda-anticontrabando.]
Fuentes fidedignas nos informaron que el día miércoles 11 de noviembre efectivos del ejército quemaron 6 camiones, en el sector la Candelaria, parroquia Guajira del municipio Guajira.
Yo no se en cuál ley dice que los militares tienen derecho a destruir una propiedad ajena, por más combustible de contrabando que carguen esos vehículos, existe un debido proceso.
La comunidad de Moina reaccionó ante estos hechos, pero en medio de un Estado de Excepción y con garantías constitucionales suspendidas en la región es un riesgo de muerte protestar en la Guajira ante una FANB que no respeta EL DERECHO A LA la VIDA. la respuesta fue que se reforzó la presencia militar con varias camionetas “hilux” y “batallas” repletas de soldados, además de dos tanques de guerra.
Seguramente muchos se alegran de esta situación, pero les invito a reflexionar sobre la realidad social y económica de la Guajira, una tierra donde impera la pobreza, ausencia de fuentes de empleo, y abandono estatal, muchas familias optan por el contrabando como medio de subsistencia, y esa realidad no va a cambiar mientras las medidas del Estado venezolano sean sólo fórmulitas como una bolsa de comida quincenal, matando contrabandistas o quemando camiones. Unicamente soluciones de forma, porque el gran problema de fondo es la ausencia de políticas públicas eficientes que acaben con el hambre y nos brinde una mejor calidad de vida a los habitantes de la Guajira.
Quiero mencionar que mientras el ejército hace sus desastres en nuestro territorio, la Guardia Nacional Bolivariana permite que siga pasando el contrabando por las noches. Hace tres noches conté 14 camiones full de comida a sólo escasos metros de la alcabala de Guarero, y con rumbo al “80″, la trocha más transitada y cuya longitud revienta hasta el otro lado de la frontera, en Maicao.
[Tomado de http://laguarura.net/2015/11/12/los-wayuu-el-chivo-expiatorio-de-la-propaganda-anticontrabando.]
viernes, 18 de septiembre de 2015
Las fronteras vivas de nuestra rebeldía
Rodolfo Montes de Oca
“La vida es bella para cualquiera que supere las fronteras de la
existencia”
-Émile Armand-
La frontera es un tránsito social
entre dos culturas. Restringido al ámbito político, este término se refiere a
una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una
concepción imaginaria.
Los Estados tienen una
característica esencial: la soberanía, esto es, la facultad de implantar y
ejercer su autoridad de la manera en la que lo crean conveniente. Para que el
ejercicio de la soberanía por parte de los Estados no perjudique a otras
naciones, se crean límites definidos en porciones de tierra, agua y aire. En el
punto preciso y exacto en que estos límites llegan a su fin es cuando se habla
de fronteras.
Las fronteras es una de las
nociones necesarias para la consolidación de la República, la cual define el
ámbito donde desarrollara su poder administrativo y judicial, sobre los
habitantes asignando deberes y derechos con la intención de mantener un status
quo que dirige amparados en la ficción de la “democracia representativa” o en nuestro concepto “democracia participativa y protagónica”
como la que vivimos en Venezuela.
Desde el pasado 19 de agosto, el
gobierno bolivariano, asumiendo un discurso de defensa de los intereses
nacionales y como reacción a la emboscada que sufriera una unidad del ejército
por parte de presuntos contrabandistas; se decreta estado de excepción por 60
días en 5 municipios del fronterizo del estado Táchira: Bolívar, Ureña, Junín,
Capacho-Libertad y Capacho-Independencia.
Aunada a esta declaración de
excepción se cierra la frontera colombo-venezolana por esos municipios y se
despliega la Operación Liberación del Pueblo (OLP) con más de mil 500 militares
resguardando la zona limítrofe con la excusa de detener la extracción de
mercancía regulada de Venezuela a Colombia.
El 29 de agosto, el Ejecutivo
Nacional extiende la medida provisional a
cuatro municipios más de Táchira: Lobatera, García de Hevia, Ayacucho y
Panamericana. Repitiendo el mismo escenario el 08 de septiembre con el cierra
del paso fronterizo de la Alta Guajira.
Hasta la fecha del cierre de este
artículo, el balance de este operativo gubernamental se saldaba con un numero
de 1.467 a 20.000 colombianos deportados y expulsados de Venezuela, sus casas
demolidas y sus enceres abandonados o saqueados por el Ejercito; falsas
tensiones binacionales, aprensión e incomunicación de varias personas como el
caso de José Miguel Herrera Teherán, que está recluido en el SEBIN, explotación
a niveles insospechados por parte del oficialismo de la xenofobia para
aglutinar fuerzas ante las venideras elecciones.
Este panorama nos deja perplejo a
muchos y deja al desnudo el evidente carácter totalitario de la actual Administración
Pública, haciendo migas con sus homólogos del norte y con reconocidos del
mainstream republicano como Donald Trump.
Sin embargo, el silencio y vulgar
complicidad dentro de la escena anarquista no deja de sorprenderme pero si me
preocupa; la situación en la frontera aunque distante es un tema que nos
compete a todos aquellos que vivimos y estamos dispuestos a morir por la
libertad. Cientos de familias fueron disgregadas y sometidas a un éxodo masivo
y miserable, por parte de un estamento militar carente de todo honor y decoro,
sobre el cual no debemos tener ninguna condescendencia ni perdón.
El cierre de la frontera es un
capítulo más de la política económica de rentismo petrolero que ha definido a
Venezuela como república durante los siglos XX y XXI. Unido a la expoliación de
recursos naturales y monetarios a la cual hemos sido sometidos por la
boligurguesia y los militares del 4 de febrero de 1992. Sin poner en énfasis en
el meollo del asunto, que es la necesidad de avanzar a un modelo de producción donde
el valor-trabajo ecológico sea la estrella polar que nos guie, como los
principios de la economía del regalo siempre presente en nuestros pueblos
indígenas.
El gobierno bolivariano seguirá
enajenado y cada vez más alejados de la realidad, es allí que como anarquistas
debemos unir fuerzas con todos los expoliados del banquete y del derroche que
representaron los últimos 10 años; retomando el sendero de liberación,
equilibrando las fuerzas vivas que hacen vida y arrastrando de nuevo a los
militares a sus cuarteles de donde jamás debieron salir. Necesitamos ahora más
que nunca la unión de todos los rebeldes sociales que aún quedan y que estén
dispuestos a luchar por la libertad.
Aquí y donde sea seguiremos
refractarios hasta las últimas consecuencias.
jueves, 13 de agosto de 2015
Guajira colombo-venezolana: El masoquismo del pueblo wayuu en este verano de politiqueros
Leonel López
Llego la época electoral antes que las lluvias en la Guajira. Hablo de la Guajira colombiana, porque en Venezuela está previsto que se les verá la cara a los politiqueros de oficio a partir del mes de octubre o noviembre, con las elecciones parlamentarias.
Ya las redes sociales y en los medios de comunicación están inundados con caras sonrientes, rostros maquillados, empolvados, expuestos a sesiones fotográficas, invitando a marcar por fulanito o fulanita, "que si el de la diferencia", o "por una Guajira linda", "vota por sutanejo, para un mejor manejo de las regalías", en fin, el marketing político empieza a mover las fichas para nuevamente manipular a las masas y moldear las decisiones del elector. Y como siempre, los candidatos están lanzando sus redes hacia ese gran cardumen de votos que siempre encuentran en el pueblo wayuu.
Llego la época electoral antes que las lluvias en la Guajira. Hablo de la Guajira colombiana, porque en Venezuela está previsto que se les verá la cara a los politiqueros de oficio a partir del mes de octubre o noviembre, con las elecciones parlamentarias.
Ya las redes sociales y en los medios de comunicación están inundados con caras sonrientes, rostros maquillados, empolvados, expuestos a sesiones fotográficas, invitando a marcar por fulanito o fulanita, "que si el de la diferencia", o "por una Guajira linda", "vota por sutanejo, para un mejor manejo de las regalías", en fin, el marketing político empieza a mover las fichas para nuevamente manipular a las masas y moldear las decisiones del elector. Y como siempre, los candidatos están lanzando sus redes hacia ese gran cardumen de votos que siempre encuentran en el pueblo wayuu.
jueves, 4 de diciembre de 2014
Podcast: Militarización de territorios wayuu en Venezuela
A través de este podcast, Laboratorio de Paz quiere contribuir a la visibilización de esta problemática y expresar su apoyo a las luchas del pueblo wayúu y los pueblos indígenas del país, por preservar su cultura y su modo de vida.
sábado, 9 de agosto de 2014
Opinión: Derecho al territorio y militarización en la Alta Guajira
Inti Rodríguez
El 07.08.14 se celebró en Caracas el “Seminario Pueblos Indígenas, Vulneración de Derechos y Jurisdicción Especial”, organizado por la Red de Educación Indígena de Radio Fe y Alegría y el Comité de Derechos Humanos de La Guajira para exponer las distintas violaciones de derechos humanos que padecen las comunidades indígenas de La Guajira venezolana [zona fronteriza con Colombia, al noroeste del Edo. Zulia].
Luego de la creación del Distrito Militar Nº 1 en la Alta Guajira en 2010, organizaciones indígenas de esa región han denunciado constantes atropellos por parte de efectivos de la FANB, quienes en el marco de la lucha contra el contrabando han cometido excesos en el desempeño de sus funciones generando importantes violaciones de derechos humanos. 15 asesinatos, 30 heridos de bala, 60 allanamientos ilegales y 295 denuncias de abusos es el balance que presentan las ONG y que -debidamente documentadas- presentaron ante la Asamblea Nacional en un derecho de palabra que ejercieron el pasado 16.07.2014.
Somos wayuu, no somos bachaqueros
Aunque reconocen que miembros de las comunidades indígenas tienen participación en el fenómeno del “bachaqueo”, los Wayúu resienten que desde el propio Estado venezolano se haya desplegado una matriz de opinión que los estigmatiza y criminaliza a todos por igual, haciéndolos responsables de una práctica que tiene sus orígenes en aspectos ajenos a la cultura y modo de vida de los indígenas. En opinión de las organizaciones la militarización de los territorios indígenas, lejos de contribuir a disminuir el delito de contrabando de alimentos y gasolina en la frontera, ha generado más problemas de los que ayuda a resolver.
Aunque el contrabando representa un flagelo que afecta la calidad de vida de los habitantes de estas regiones, no es la principal causa de la escasez de alimentos y productos. La lucha contra este flagelo no puede convertirse en una política dirigida a criminalizar y perseguir a sectores sociales.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos no deben ser objeto de discriminación fundada en su origen o identidad cultural, y promueve un ideal común acerca de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas registrando el compromiso de los Estados a tomar medidas para garantizar su cumplimiento. A pesar de ser solo un instrumento de orientación, en su artículo 30 establece los limites que tienen los Estados para ejercer actividades militares en territorios indígenas, imponiendo como una prerrogativa el respeto al derecho a la consulta previa y a los acuerdos previos con las comunidades indígenas afectadas, a objeto de reducir el impacto de la presencia militar en estas poblaciones.
Además, la imposición de una lógica belicista en territorios ancestrales indígenas es considerada por estos pueblos como un acto invasivo que altera su cosmovisión y su modo de vida toda vez que estas tienen su eje central en el derecho a la tierra.
La Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público tienen en sus manos la responsabilidad de investigar y sancionar las denuncias que han sido presentadas. Reconocemos como un paso importante que la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas del Parlamento haya acordado la creación de una comisión inter-institucional para iniciar las investigaciones correspondientes. Esperamos que no se sigan repitiendo estos hechos y se avance definitivamente en la materialización de los derechos indígenas conquistados y reconocidos plenamente en nuestra Constitución de 1999.
[Fuente: http://www.derechos.org.ve/2014/08/09/inti-rodriguez-derecho-al-territorio-y-militarizacion-en-la-alta-guajira.]
El 07.08.14 se celebró en Caracas el “Seminario Pueblos Indígenas, Vulneración de Derechos y Jurisdicción Especial”, organizado por la Red de Educación Indígena de Radio Fe y Alegría y el Comité de Derechos Humanos de La Guajira para exponer las distintas violaciones de derechos humanos que padecen las comunidades indígenas de La Guajira venezolana [zona fronteriza con Colombia, al noroeste del Edo. Zulia].
Luego de la creación del Distrito Militar Nº 1 en la Alta Guajira en 2010, organizaciones indígenas de esa región han denunciado constantes atropellos por parte de efectivos de la FANB, quienes en el marco de la lucha contra el contrabando han cometido excesos en el desempeño de sus funciones generando importantes violaciones de derechos humanos. 15 asesinatos, 30 heridos de bala, 60 allanamientos ilegales y 295 denuncias de abusos es el balance que presentan las ONG y que -debidamente documentadas- presentaron ante la Asamblea Nacional en un derecho de palabra que ejercieron el pasado 16.07.2014.
Somos wayuu, no somos bachaqueros
Aunque reconocen que miembros de las comunidades indígenas tienen participación en el fenómeno del “bachaqueo”, los Wayúu resienten que desde el propio Estado venezolano se haya desplegado una matriz de opinión que los estigmatiza y criminaliza a todos por igual, haciéndolos responsables de una práctica que tiene sus orígenes en aspectos ajenos a la cultura y modo de vida de los indígenas. En opinión de las organizaciones la militarización de los territorios indígenas, lejos de contribuir a disminuir el delito de contrabando de alimentos y gasolina en la frontera, ha generado más problemas de los que ayuda a resolver.
Aunque el contrabando representa un flagelo que afecta la calidad de vida de los habitantes de estas regiones, no es la principal causa de la escasez de alimentos y productos. La lucha contra este flagelo no puede convertirse en una política dirigida a criminalizar y perseguir a sectores sociales.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos no deben ser objeto de discriminación fundada en su origen o identidad cultural, y promueve un ideal común acerca de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas registrando el compromiso de los Estados a tomar medidas para garantizar su cumplimiento. A pesar de ser solo un instrumento de orientación, en su artículo 30 establece los limites que tienen los Estados para ejercer actividades militares en territorios indígenas, imponiendo como una prerrogativa el respeto al derecho a la consulta previa y a los acuerdos previos con las comunidades indígenas afectadas, a objeto de reducir el impacto de la presencia militar en estas poblaciones.
Además, la imposición de una lógica belicista en territorios ancestrales indígenas es considerada por estos pueblos como un acto invasivo que altera su cosmovisión y su modo de vida toda vez que estas tienen su eje central en el derecho a la tierra.
La Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público tienen en sus manos la responsabilidad de investigar y sancionar las denuncias que han sido presentadas. Reconocemos como un paso importante que la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas del Parlamento haya acordado la creación de una comisión inter-institucional para iniciar las investigaciones correspondientes. Esperamos que no se sigan repitiendo estos hechos y se avance definitivamente en la materialización de los derechos indígenas conquistados y reconocidos plenamente en nuestra Constitución de 1999.
[Fuente: http://www.derechos.org.ve/2014/08/09/inti-rodriguez-derecho-al-territorio-y-militarizacion-en-la-alta-guajira.]
miércoles, 2 de julio de 2014
Pronunciamiento en defensa de los derechos humanos de la población ancestral wayúu
Por: Comité de Derechos Humanos de la Guajira
El Comité
de Derechos Humanos de la Guajira condena categórica y enérgicamente las
acciones que ejecutó el Ejército Bolivariano de Venezuela acantonado en la
comunidad de Kijot ahora Cojoro, por el GCM G/D Francisco Esteban Gómez “Waliir
wayuu 102 Gómez” en las comunidades.
1- Moina,
Mainachon, suchonchon maina, el día miércoles 4 de Junio a las 3 y 30 de la
Madrugada, ubicadas en la troncal del Caribe , en la vía que va desde
Paraguaipoa a Guarero, en donde una comisión del ejército realizaba una
persecución a una buseta que llevaba alimentos de contrabando , y atentaron
contra la comunidad de manera verbal y físicamente miembros de estas
comunidades expusieron públicamente que varias de las detonaciones cayeron
dentro de sus hogares y que es la tercera vez que esto ocurre.
2-
Comunidad Pesquera Caño Sa´awa, ubicada a 2 kilómetros de Paraguaipoa, el día
jueves 5 de junio en un procedimiento efectuado por más de 30 militares y la
Fiscal Blanca tigrera y su auxiliar María Jesús Naranjo de la fiscalía 6ta
donde realizaron detenciones arbitrarias sin el debido proceso a 10 personas,
maltrato verbal y físico a 2 mujeres wayuu embarazadas, amenaza de muerte y
vulneración a los derechos laborales de 40 familias que se dedican a la pesca,
además de criminalizar a toda la comunidad. 3 de estas personas fueron
liberadas con medidas cautelares y los otros aún están privados de liberad,
todos fueron procesados por contrabando agravado, alteración del orden público
e incitación a la violencia.
3-
Kaishiimaana , el día 11 de junio a la 6 de las mañana un grupo de
aproximadamente 50 efectivos militares interrumpieron la tranquilidad de esta
comunidad con más 15 vehículos, y realizaron la detención arbitraria de una 1
persona , Maltrato físico a 4 mujeres wayuu incluyendo una anciana de más de
100 años y atentado a la inviolabilidad del hogar.
Todas estas
comunidades pertenecen a la Parroquia Guajira, del Municipio Guajira en el
Estado Fronterizo del Zulia
viernes, 11 de abril de 2014
Comité DDHH de La Guajira denuncia asesinatos cometidos por el ejército venezolano
Luis Sandoval, miembro del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, en el estado Zulia, denunció ante el equipo de Provea, el asesinato de al menos 29 personas provenientes de comunidades indígenas Wayuu, a manos del Ejército venezolano desde la creación del Distrito Militar de La Guajira en 2010.
miércoles, 26 de marzo de 2014
La vitrina indígena del gobierno de Maduro y la paz desarrollista.
Aana Wainjirawa
Tomado de: http://laguarura.net/2014/03/25/la-vitrina-indigena-del-gobierno-de-maduro-y-la-paz-desarrollista/
Lo hemos reiterado y lo seguiremos diciendo porque en estos
tiempos el énfasis crítico es honrar la persistencia: para el estado gobierno,
y para todo el conjunto de los factores del poder, los pueblos indígenas son
una de las vitrinas de mayor prestancia. Estos son los términos en los que se
realizó ayer 24 de marzo en Caracas, la llamada “Conferencia por la Paz
Indígena”, una reunión plenada por la verguenza de sus voceros, la mayor parte
de ellos funcionarios públicos de ocasión, burócratas y algunos dirigentes
corrompidos por las prebendas y las migajas repartidas dispendiosamente en
estos últimos años por el gobierno bolivariano.
No hizo falta mucha gente que viniera de Bolívar, Monagas,
Apure, Amazonas y Zulia, ya el llamado Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas tiene en su nómina más de 500 funcionarios sólo
instalados en Caracas, para cobrar y adornar los actos oficiales. La propia
ministra, de origen wayúu, que no sabe de su cultura mucho, ni habla su lengua,
lucía una manta con el rostro del presidente de la república bordado en el
frontal y a su lado estaba la diputada eterna, madre de la revolución
clientelar, Nohelí Pocaterra, que es abiertamente rechazada por el pueblo wayúu
en lucha y hace poco una semana fue pitada al llegar de la zona de conflicto
por los wayúu que protagonizaron el paro cívico contra la criminalización, la
represión y los asesinatos en la supuesta operación anti contrabando del
Gobierno Nacional y de la FANB.
Nohelí fue pitada porque hace parte de la “comisión regional
anticontrabando” instalada por el goberador Francisco Arias y toda la Guajira
sabe que su grupo es parte del
gran contrabando protegido por la fuerza militar del Estado. Los hermanos wayúu
saben que solo ha trabajado en estos quince años para ella y los suyos y no ha
trabajado para su pueblo y las comunidades. El pueblo wayúu sabe que Nohelí y
la Ministra Nuñez, al igual que el resto de los wayúu instalados en Caracas por
el gobierno son una farsa penosa al servicio de un poder que solo quiere
mostrarlos para vanagloriarse falsamente de unos derechos constitucionales que
han sido sistematicamente burlados.
El Señor Presidente instó a los wayúu “a defender a la
patria y estar alertas” en el marco de este evento gubernamental al que solo
asistieron lo que hemos llamado en La Guarura, un paralelo comunicacional a los
verdaderos dirigentes indígenas que aún siguen luchando, paralelo hecho de
dirigentes comprados y quebrados con las prebendas clientelares y las migajas
repatidas dispendiosamente. Nunca antes nos llevaron a las comunidades tantas
migajas y limosnas. Algunos dirigentes verdaderos vinieron, muy pocos, y fueron
maltratados y se les impidió visualizar publicamente su descontento. No estará
permitido nunca más que un Sabino se cuele y levante su voz de dignidad y lucha
en escenarios gubernamentales.
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