Marco A. Ponce y Mikel las Heras
En plena crisis política y social desatada por la represión a la ola de protestas y movilizaciones pacíficas ocurridas entre febrero y mayo de este año, las organizaciones de derechos humanos de Venezuela denunciaron públicamente la presencia de grupos paramilitares armados que atacaron sistemáticamente a manifestantes y vecinos.
Paramilitares a la vista de todos
Durante el primer trimestre de este año el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en más del 30% de las protestas registradas en ese tiempo. En la mayoría de las protestas donde se presentaron estos individuos se reportaron heridos de bala o, peor aún, en algunos casos, muertos.
Las autoridades venezolanas siempre negaron la existencia de estas agrupaciones delictivas, que han actuado como jueces y verdugos de quienes han salido a hacer reclamos o exigir derechos democráticamente.
Fuerzas represivas y paramilitares
La realidad es que estos grupos paramilitares han actuado desde hace bastante tiempo con el apoyo, permisividad y complicidad del gobierno de Venezuela. Incluso, los estudios del OVCS revelaron el establecimiento de un patrón de represión y violencia hacia manifestantes venezolanos, donde juegan un rol estelar los comando unificados conformados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos Paramilitares.
Son datos que no deben quedar quedar en el olvido o pasar desapercibidos, sobre todo por el protagonismo que han tenido estos grupos y personas que los integran en las últimas semanas. Las pugnas viscerales entre las distintas facciones de quienes dirigen al país, han dado a conocer y sacado a la luz pública sus relaciones con estos civiles.
Solo pensemos por unos segundos todas las veces que el ministro del Interior, la Fiscal General, la Defensora del Pueblo, el presidente de la AN, entre muchos, negaron la existencia de estas organizaciones armadas, o las veces que criminalizaron a las ONG por denunciar ante el país su existencia.
Impunidad, por ahora
Así las cosas, los paramilitares siguen operando en nuestro país sin ningún tipo de restricciones. Y frente a tan dantesco hecho, quienes detentan el poder siguen promoviendo la impunidad, violando las leyes y la Constitución.
Aunque hoy en día se podrían ver estos hechos como “una raya más para el tigre”, en un futuro podrán, documentados como están, engrosar el expediente de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos tiempos.
Pero las protestas continúan
A pesar de que la actuación del paramilitarismo ha sido, sin duda alguna, un elemento de terrorismo de estado que, sumado a otras actuaciones del gobierno y otros poderes, por ejemplo, criminalización de la disidencia, de la protesta, de los defensores de derechos humanos y la implantación de una hegemonía comunicacional que pretende tapar la realidad, mucha gente sigue ejerciendo la protesta porque sencillamente las causas que los motivan siguen, lamentablemente, intactas.
Trabajadores del sector petrolero, de las empresas básicas de Guayana, de la salud, del magisterio y universidades, están en pie de lucha exigiendo reivindicaciones que en la mayoría de los casos siguen sin ser satisfechas. Últimamente, trabajadores del sector privado, ahogado por la crisis económica y por la falta de insumos, están comenzando a ejercer acciones de protesta también.
Son muchas las quejas por los servicios públicos. Los usuarios del sistema público de salud no se quedan atrás, continuamente, en diferentes partes del país, protestan por la situación de las plantas físicas o por la falta de insumos.
Y, cada vez más, los ciudadanos que recorren los centros de expendio -públicos y privados- de alimentos, medicinas, productos de higiene y limpieza, electrodomésticos, repuestos automotrices y pare usted de contar, elevan sus voces de queja ante la escasez, las colas y las capta huellas.
A pesar de los pesares
Poniendo las cosas en perspectiva, tenemos un gobierno que ejerce una fuerte intervención todos los aspectos, desde la fijación de precios y asignación de cupos de divisas, hasta el control de rutas de distribución y en los centros de producción, y comercios, pasando por la intervención en asuntos sindicales, gremiales, medios de comunicación, creando organismos y leyes que favorecen el sapeo y el control de la población, una amplia presencia militar en puestos clave de gobierno y la actuación de grupos paragubernamentales, no pareciera haber un futuro esperanzador para quienes se oponen democráticamente a este gobierno o para quienes quieren exigir el cumplimiento de derechos y reivindicaciones.
Pero, no nos cansaremos de repetirlo, más allá de los controles, de los miedos y de las amenazas, hay un pueblo que a diario está en la calle exigiendo y reclamando. Es ahí donde hay que poner la mirada.
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