Opinión: La baja calidad gubernamental: las consecuencias cuando la antipolítica se apropia de la política

(A falta de sitios webs independientes y no polarizados, seguimos ofreciendo a nuestros lectores una tribuna digital para la discusión sobre la situación venezolana. Envía tus textos a periodicoellibertario@gmail.com)

Por Wladimir Pérez Parra. 

Doctor en Gobierno y Administración Pública y Profesor Titular del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela).

         

Hay nuevos retos que debe encarar el servicio público encuadrándose en las realidades de una sociedad cada día más complicada, diversa y plural, por lo tanto se necesitan adquirir conocimientos  para encarar los problemas de la gobernabilidad y como establecer una gobernanza en sociedades cada vez más democráticas pero complejas. Es por ello ineludible conocer el contexto constitucional y organizacional del gobierno y la administración pública, las complicadas redes intersectoriales e intergubernamentales son necesarias para un mejor logro y calidad democrática. Una buena práctica gubernamental, está llena de decisiones certera y discursos administrativos de manera coordenada entre los analistas de políticas públicas y gobernantes que se expresan en términos técnicos o formales. Nunca las decisiones gubernamentales son neutras, son medidas enmarcadas dentro del fenómeno del poder, las cuales muchas veces son solapadas. Para que las políticas públicas sean exitosas y sostenibles  en el tiempo, se deben calibrar la relación costo-beneficio, sin pasar por alto las consecuencias sociales o culturales dado que siempre hay una relación directa entre beneficiarios y marginados de los bienes y servicios que presta la administración pública.

En los juegos de poder hay que reforzar las posiciones de la administración pública, sin dejar de lado los principios de una buena administración, es necesario escuchar políticamente las diversas posiciones de los ciudadanos y con una buena forma en el manejo de las comunicaciones, se debe cuidar de no alterar los equilibrios de poder. Las decisiones políticas deben estar relacionadas con la administración, un gobernante serio y responsable debe cuidar que las políticas no se desvirtúen en el momento de la acción. La toma de decisiones no solo se deben garantizar la cuestión práctica de instrumentar la ayuda a los ciudadanos, muchas veces se deben tomar medidas racionales en los fines buscados, que no siempre se corresponden con los intereses o chocan con quienes ejecutan dichas políticas. Es falso pensar que en las administraciones públicas se toman decisiones objetivas, la aplicación de toda política tiene un fin, y dicho fin muchas veces pueden ir contra la administración o contra el ciudadano. En las organizaciones públicas suelen armarse propios negocios, que pueden ir desde una ineficacia administrativa aposta, hasta la creación de empresas u oficinas paralelas para beneficiar a la clase política gubernamental. Esto genera una administración pública ineficaz con altos costo de operación razón por la cual pone en peligro la propia institución, ya que la burocracia se desconecta de los valores sociales. Cuando la burocracia se aísla del entorno social  y solo se preocupa de mantenerse  a sí misma, sin otros resultados para la población se corre un alto riesgo, ya que genera frustración y desencanto hacia las instituciones lo que acarrea una deslegitimación del sistema democrático poniéndolo en peligro su continuidad. La inercia institucional que se refleja en este aislamiento, donde la inoperancia y el incumplimiento hacia gestión es el oponente principal de todo tipo y forma de gobernabilidad y eficacia social.

Opinión: Viva el Rey muera el mal gobierno: de la rebelión de los comuneros a la rebeldía ciudadana

Wladimir Pérez Parra

Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos

Universidad de Los Andes

Un grito de rebeldía se escuchó en la Venezuela colonial, era el bramido de la rebelión de los primeros insurrectos de este país, Los Comuneros. Fue un levantamiento que se generó en los estados que hoy día conforman Táchira y Mérida. En el ayer de mediados del siglo XVIII las condiciones de la población de esas zonas eran precarias. La España imperial por sus afanes de ser la potencia del mundo libraba una guerra contra los británicos por el control del comercio internacional. Este conflicto bélico, hace que la metrópolis imponga una serie de controles a la producción y ventas de lo que se producía en estas regiones. De alguna manera dichas medidas limitaban las libertades económicas de la población. El gobierno colonial, por intermedio de sus funcionarios de la administración regia, logró controlar la producción y el comercio interno generando una crisis económica dado que no se podía consumir ni vender fuera de su dominio colonial. Dicho levantamiento cívico contra los abusos y la opresión de los funcionarios realistas se lanza en el Cabildo de la Grita bajo el grito rebelde: “Viva el Rey y muera el mal Gobierno”. El rugido estremecedor de Don Juan José García de Hevia nacido en dicha población tachirense por allá en 1762, y fallecido en 1809 en Portachuelo del estado Mérida, se erige como Capitán general de la rebelión de los comuneros en 1781. Supo encarar el descontento popular por las malas políticas diseñadas e implantadas por el gobierno colonial. Fueron las primeras protestas de los pobladores que hoy podemos llamarlas ciudadanas. Dicho movimiento generado en lo que hoy conocemos como los estados andinos, pretendía llegar hasta Caracas bajo ese lema, logrando posicionarse y avanzar en San Antonio, San Cristóbal, Tariba,  Bailadores, Mucuchies, Timotes y Mérida. Es una demostración histórica como la rebeldía cívica andina ha estado presente en todo el devenir nacional.

Debate: La Crisis de la Democracia: el agotamiento de un modelo de Estado

Wladimir Pérez Parra

Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos

Universidad de los Andes

Mérida

Para entender el sentido real de la democracia hay que enmárcala dentro de la concepción del Estado. Esta conceptualización la hemos basado en el aporte de Loughlin y Peter (1997). Según estos politólogos las tradiciones estatales no son más que un conjunto de instituciones y prácticas culturales, que ofrecen un contiguo de perspectivas acerca de la conducta de los actores institucionales. Lo que queremos decir con esto es que hay varias dimensiones en torno al desarrollo de la democracia, de las cuales unas van de la mano del Estado y otras de la Ciudadanía. En el caso de los países europeos, el Estado  antecedió a la democracia y por medio de la burocracia  se avanzó hacia la democratización, mientras que en los Estados Unidos primero surgió la democracia  y luego la burocracia, de ahí la primigenia ciudadanía frente al poder estatal. Es por ello que existen países donde la presencia y la intervención del Estado son más notorias mientras que en  otros son menos axiomáticos. 

Nuestros países se caracterizan por tener instituciones públicas isomorfistas coercitivas debido a que las mismas son de origen europeo. Es por ello que el Estado es el centro de todos los arbitrajes  lo que lo convierte en una organización donde se condensan las diferentes relaciones de fuerza. De tal manera, que el Estado domina el ámbito social y político en nuestra sociedades conjugándonos como sociedades estatizadas. Ahora bien, esa organización que todo lo controla ha entrado en crisis, evidenciándose la misma a finales de los años setenta y principios de los ochenta, produciéndose un replanteamiento político y económico brotado del nuevo contexto internacional, con lo cual, las transformaciones vuelven a poner el acento en las instituciones administrativas, tanto en los países industrializados como en los nuestros. Las críticas hacia el Estado interventor fueron demoledoras, se dirigieron fundamentalmente hacia el sistema democrático y su burocracia. La crisis del Estado se evidencia notablemente con el déficit fiscal, y cuando arreció la crítica liberal - revelando el enorme aumento del poder del Gobierno y del Estado - se llegó a pensar que dicha crisis terminaría por acabar con el Estado benefactor. Para los pensadores neoliberales, la crisis del Estado es crónica y su única salida es el repliegue del Estado social para dar paso al Estado liberal. Éste sería el encargado de reducir el déficit fiscal, controlaría la inflación, acabaría con el desempleo y, sobre todo, reduciría el excesivo crecimiento de la burocracia. Se reestructuró el tejido institucional para organizar mejor los mecanismos de asignación de recursos fiscales, gestionar y reducir el empleo público y establecer unas relaciones con el mercado desde los ámbitos institucionales, que era lo prioritario de esas propuestas. Los cambios que se avizoraron en los años ochenta tuvieron sus aciertos en lo económico, pero en lo social, dichas reformas se quedaron cortas. Esto trajo consigo que una década después surgiera la necesidad de impulsar nuevamente una serie de reformas, pero de índole administrativa y social, que involucrarían a todo el sector público. Se justificó la necesidad de atender las carencias de la población más vulnerable para paliar las consecuencias sociales que podrían acarrear la implementación de  políticas de ajustes macroeconómicos.

La dinámica de la crisis política en Venezuela desde una visión de izquierda autónoma

Wladimir Pérez Parra 

Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad de Los Andes

Venezuela o Cuba no pueden ser un espejo para la izquierda. En el primero, amén de la vocación caudillista de Hugo Chávez, no se han llevado a cabo políticas radicales que garanticen un cambio profundo y real en el modelo de relaciones productivas.  Rodríguez,  R, ¿Por qué soy de izquierda?: por una izquierda sin complejos, Almuruza, Madrid, 2010.

En Venezuela se viene esgrimiendo desde 1999 un discurso de inclusión y transformación social. Sacar del anonimato a los excluidos fue una tarea de los actores políticos que emergieron a partir de 1998, siendo sectores sociales que hasta entonces habían desaparecido del debate político y electoral. El gobierno de Hugo Chávez buscó transformar el modelo de Estado rentista que imperó desde 1958, y a partir de 1976 dio las primeras señales de agotamiento. Hasta ahora han pasado el equivalente a tres períodos de gobierno en el marco de la Constitución de 1961, sin embargo, el país se encuentra en una crisis política y económica sin precedente a pesar de contar con los precios del petróleo más alto que gobierno alguno haya tenido. Los deseos de cambios y de construcción hacia un sistema político más humano, incluyente y productivo han quedado en meras facundias. El modelo político-administrativo que nació de un proceso constituyente, dio origen a un neoconstitucionalismo  que en principio propugna la participación y el protagonismo de la ciudadanía desde lo formal y discursivo, pero son sólo rasgos de una perorata cargada de retórica, corrupción e ineficiencia. Las “disfunciones” en los procesos de autoridad, poder e influencia política, demuestran el débil desempeño institucional. Dicha disfuncionalidad ha generado un gran rechazo en una parte del país que se resiste a las imposiciones del gobierno. Por un lado, está el  país partidario de la aplicación de un modelo de intervención estatal y partidista,  y por el otro, está el que se resiste a dicha coacción, generando una simbiosis de apartheid político en  ambos sectores que se erigen como representantes del pueblo, manteniendo una lucha permanente concibiéndose como un país polarizado, donde ninguno de los sectores dan señales de acuerdos mínimos de gobernabilidad conduciendo al país al caos, entrando en una especie de espiral donde el gobierno no gobierna y la oposición no hace oposición. En tal sentido, se ha planteado una lucha entre blancos y negros, dejando a un lado las zonas grises las cuales no comparten las posiciones extremas de ambos polos. Es importante resaltar que no todo en el chavismo es de izquierda y democrático, ni todo en la oposición es de derecha y golpista.