Violación desaforada de los Derechos Humanos por el Estado, una incesante pandemia planetaria

Humberto Decarli

Es escandaloso, por decir lo menos, el estado de transgresión de los derechos humanos a escala mundial. Diversos acontecimientos delatan lo vulnerable en que se han convertido en diversas partes en forma pública y notoria. Es una verdadera regresión capaz de ratificar la idea postmoderna de la crisis del progreso a que nos ha llevado el poder en sus múltiples expresiones. Realmente se puede decir que es enunciativo cada episodio desnudador de esta grave coyuntura porque se está multiplicando por muchos espacios geográficos.

La reelección de Alexander Lukashenko, devenida en una razzia contra la población bielorrusa; el nuevo incendio en Beirut; la tentativa de asesinato del opositor ruso Navalny; la barbarie cometida por el ejército y la policía colombiana; el reiterado abuso policial fundado en el racismo en los Estados Unidos; los feminicidios en México; las débiles penas en Arabia Saudita para los homicidas delperiodista Kashoggi; la ejecución del atleta iraní Navid Afkari por participar en manifestaciones en el año 2018; la tortura como método normal en Venezuela; la violencia inducida por la gendarmería chilena; las manifestaciones en Berlín promovida por la extrema derecha; el surgimiento del movimiento QAnon como estímulo y refuerzo de los grupos neofascistas; y el increíble incendio del campo Moria en la isla griega de Lesbos, son entre otros, sucesos terribles que nos hacen pensar en el pésimo desenvolvimiento del mundo engendrado por las formas de dominación a escala internacional.

Ya está disponible en Internet el Informe sobre situación de los DD. HH. en el Edo. Zulia 2019

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

La precariedad de las condiciones de vida, el fenómeno hiperinflacionario y el aumento de la violencia policial son algunas de las situaciones que ensombrecen el panorama de los derechos humanos en el Zulia.

La CODHEZ presentó el jueves 21/05/20 su informe anual 2019 relativo a la Situación General de los Derechos Humanos en la región, así como el estudio final de la Seguridad Alimentaria en Maracaibo realizado el año pasado. El informe documenta por capítulos los hechos en el Zulia que involucran la vulneración de las libertades personales y debido proceso, derecho a la vida, integridad y seguridad ciudadana, la emergencia humanitaria compleja, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales.

Informe Anual 2016 de Derechos Humanos en Venezuela de HRW

Human Rights Watch

* Este post reproduce el capítulo sobre Venezuela del citado Informe, rep´roducido desde https://www.derechos.org.ve/actualidad/human-rights-watch-informe-anual-capitulo-sobre-venezuela

Bajo el liderazgo del Presidente Hugo Chávez, y ahora del Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide y persiga a críticos, e incluso actúe penalmente contra ellos.

En el mundo al menos 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante 2015

Global Witness

Un total de 185 activistas ecologistas fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe ‘En tierra peligrosa’ publicado este lunes 27/6 por la ONG Global Witness. Esta cifra supone el balance anual más alto hasta la fecha y un incremento del 59 por ciento con respecto a 2014, aunque Global Witness teme que los datos reales deben ser indudablemente más altos, dados los graves límites a la información.

Los países donde se han producido más asesinatos de activistas por los derechos de la tierra y el medio ambiente han sido Brasil, con 50 víctimas, y Filipinas, con 33, una cifra récord en ambos casos. A ellos les siguen Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12) y República Democrática del Congo (11). Los principales motivos por los que se produjeron estos asesinatos fueron minería (42 muertes), negocios agrícolas (20), explotación forestal (15) y energía hidroeléctrica (15). “A medida que la demanda por productos como los minerales, la madera y el aceite de palma continúe, los gobiernos, compañías y bandas criminales se apoderarán de tierras en desafío de las personas que viven en ellas”, ha denunciado el responsable de campaña de Global Witness, Billy Kyte, en un comunicado.
Global Whitness

La OLP en acción: Habla el Comité de Víctimas de La Ensenada

Rodolfo Montes de Oca

El pasado 04 de abril del presente año, Provea junto a Human Right Watch presento el informe “Poder absoluto”, en el cual se denuncia las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado venezolano en el desarrollo de las “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP).

Como se puede apreciar en el informe, con la excusa de combatir la delincuencia fueron asesinadas 250 personas en el 2015; de las cuales 20 fueron posibles ejecuciones extrajudiciales; se realizaron más de 14.000 detenciones, 90% de las mismas de forma arbitraria; Para culminar con 900 viviendas demolidas, de ellas 1421 fueron desahucios de viviendas de bajos recursos o beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Derechos Humanos y 'Operación Liberación del Pueblo' (video)

Correo del Caroní

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Human Rights Watch expusieron ante la CIDH [Comité Interamericano de Derechos Humanos, en Washington] las violaciones de Derechos Humanos en el desarrollo de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP), anunciada como un intento de abatir la acción de bandas criminales.

“La evidencia sugiere que una parte de estas 245 muertes en la OLP, registradas por la fiscal en un informe, serían ejecuciones extrajudiciales”, aseguró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.            

Edo. Delta Amacuro: La actual realidad de los Warao y los "derechos indígenas" que solo existen en la papelería legal

Minerva Vitti

“Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas,” dice el capítulo VIII la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.”. De lo anterior se entiende que los servicios de salud deben ser adaptados a las particularidades culturales y a las necesidades de cada pueblo indígena. No es el único lugar donde aparece ese compromiso. Figura en alguna forma dentro de la exposición de motivos de la misma constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que Venezuela ratificó en 2002.

Sin embargo, el derecho a la salud indígena es vulnerado por las autoridades ante las múltiples deficiencias que presentan los ambulatorios de las 345 comunidades ancladas en los caños del Delta del Orinoco, ubicado al este del país. Dentro de esta región se encuentra San Francisco de Guayo, ubicado en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. En este lugar se encuentra asentado el segundo grupo de mayor población indígena a nivel nacional, el pueblo indígena warao, que representa el 7 % en Venezuela, después del 58 % integrado por el pueblo wayuu en el estado Zulia, ubicado al oeste del país.

El vía crucis de Araminta González

José V. Haro

l 6 de mayo de 2015 fuimos juramentados como los nuevos abogados de Araminta González ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda-Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, a cargo de la Juez Mariam Altuve Arteaga.

Decidimos asumir el caso de Araminta a solicitud de su hermana Miriam, quien se trasladó especialmente desde España muy angustiada al percatarse que a pesar de todo lo que hacía humanamente desde allá y en un par de viajes anteriores, su hermana, Araminta, seguía viviendo un injusto vía crucis sin que sus abogados anteriores en la causa hicieran mayores gestiones frente a un horrible caso de violación de Derechos Humanos que, lamentablemente, había quedado totalmente en el olvido.

Informe sobre ocultamiento de evidencia médico-legal de represión violenta contra protesta social en Venezuela

CDH UCAB (Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andres Bello)
   
Nos complace compartir el informe Que no quede rastro. El ocultamiento de evidencia médica y legal en el marco de manifestaciones y detenciones, el cual puede ser descargado aquí: http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/Que%20no%20quede%20rastro%20Informe.pdf

El informe documenta la vulneración del derecho a la integridad física durante las manifestaciones y aprehensiones que tuvieron lugar el año pasado y expone las estrategias utilizadas por el Estado venezolano para desaparecer las evidencias de tortura y malos tratos, que incluyeron: la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos. repres

Con este informe el CDH UCAB cierra el ciclo de 5 informes preparados a raíz de la represión de las manifestaciones de 2014. Ha sido un enorme esfuerzo de documentación que solo fue posible gracias a la colaboración de decenas de voluntarios, estudiantes, profesores y, por supuesto, las víctimas que depositaron su confianza en nosotros.

También tenemos disponible un resumen ejecutivo en inglés, en caso de que alguien quiera compartir información en ese idioma.

Saludos,

Ligia Bolívar O.
Directora
Centro de Derechos Humanos - Universidad Católica Andrés Bello; Caracas.
Teléfono: +58 (212) 407.4434
lbolivar@ucab.edu.ve
www.ucab.edu.ve/cddhh.html
@CDH_UCAB

Fadess denunció violación de derechos de los trabajadores y propone AGENDA EN DEFENSA DEL PUEBLO

Prensa Fadess

“En nuestra condición de integrantes del movimiento sindical y gremial autónomo venezolano, exigimos a la Defensoría del Pueblo la implementación inmediata de medidas en defensa y protección de los derechos económicos, sociales y políticos del pueblo venezolano, garantizados en la Constitución”.

Así lo anunció este miércoles 18 de marzo, la profesora Keta Stephany, Secretaria de Actas de FAPUV [Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela] y miembro de FADESS [Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicalismo], quien expresó que “el gobierno nacional viene descargando la crisis  económica  en el pueblo. El salario pierde cada día su valor debido a la devaluación y la inflación. Se destruyen puestos de trabajo y de producción causando más desempleo y escasez. Al pobre le cobran IVA para sostener la vida de lujos de los poderosos aumentando significativamente el costo del mercado familiar”.

“Ahora inventaron – agregó- el cobro escandaloso de impuesto sobre la renta sobre salarios que ni siquiera cubren la canasta alimentaria. Aumentan los servicios, no hay vivienda digna para buena parte de la población. Los hospitales se están cayendo, no tienen equipos ni medicinas. No hay presupuesto justo para la educación y los productos de la cesta básica no se consiguen”.

Explicó la representante gremial que debido a esta situación, han aumentado los conflictos laborales y la protesta social por mejores salarios, por empleos dignos y estables, por contratos colectivos, por seguridad social y personal, ante la escasez y la inflación que destruye nuestro poder adquisitivo.

“Pero la queja ciudadana no ha sido escuchada. La respuesta es represión contra estudiantes y jóvenes, contra dirigentes sindicales y trabajadores, violando el derecho a la protesta, a la libertad y a la vida” dijo.

Es por eso -concluyó-  que demandamos esta AGENDA EN DEFENSA DEL PUEBLO: 
- Diálogo nacional para afrontar la crisis,  
- Impulso de la producción nacional para superar la escasez y el desempleo,
- Cese al cobro de ISLR a los trabajadores: salario no es renta,
- Eliminación del IVA,
- Aumento general de sueldos y salarios acorde con el alto costo de la vida,
- Urgente dotación hospitalaria en infraestructura, equipamientos y medicinas,
- Presupuesto justo para la educación,
- Libertad plena para todos los dirigentes sindicales, estudiantiles y políticos presos o sometidos a régimen de presentación,
- Castigo a los culpables de los asesinatos en las protestas de 2014 y 2015,
- Derogatoria de la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que permite armas mortales para reprimir protestas.

Ante asesinato de albañil por Politáchira, Coloncito existe y resiste

Pablo Tasco, asesinado por Politáchira

Redacción, con información de medios regionales y redes sociales

Según trascendió por redes sociales y medios de comunicación regionales, el pasado martes 17.06.14 Pablo Alexander Tasco Manrique, un humilde albañil de la población de Coloncito estado Táchira, falleció tras sufrir una golpiza a manos de un funcionario policial adscrito a la Policía del Táchira. 

Según relató su compañera Margot Carrero, en la madrugada del domingo 15.06.14 dos funcionarios de Politáchira habrían entrado a la tasca "La Fontana", donde solicitaron los documentos a las personas dentro del local, tras lo cual le pidieron a los presentes que abandonaran el sitio. Afuera, uno de los policías comienza a acosar sexualmente a una amiga de la pareja Tasco-Carrero, por lo cual estos le reclaman a los policías su actitud. Uno de los policías golpeó en el rostro a Pablo Alexander, tras lo cual comienza una pelea en donde el albañil llevó la peor parte, cayendo de espaldas al pavimento y golpeándose fuertemente la cabeza, sufriendo fractura de craneo y un paro respiratorio, que lo tuvo en estado de coma durante varias horas.

El albañil era apreciado en la comunidad, donde le decían "Tillo". Al enterarse de la noticia, la población tomó las calles para protestar, encendiendo cauchos e intentando quemar la comisaría de Politáchira en Coloncito. La protesta popular ocasionó que el gobierno regional de Vielma Mora ordenara la toma militar de la población, en la que participó la Guardia Nacional y el Ejército. 7 policías resultaron heridos a pedradas, mientras alrededor de 40 personas fueron heridas por disparos de perdigones, algunos de ellos disparados a corta distancia.  El bloqueo informativo estatal invisibilizó la noticia, la cual apenas fue reseñada por algunos medios impresos regionales y circuló por redes sociales, la cual no se viralizó debido a la atención inducida en el Mundial de Futbol.

No obstante, durante el mediodía del 20 de junio estudiantes de la Universidad Católica del Táchira habrían protagonizado disturbios en la ciudad de San Cristóbal, siendo una de las demandas el rechazo del asesinato del albañil por parte de funcionarios policiales. En estas protestas, según informan medios regionales, habrían sido detenidos 5 estudiantes y otros 20 habrían sido heridos. 

Disturbios en Coloncito, foto de redes sociales

Disturbios en Coloncito, redes sociales

Foto de Pablo Tasco en terapia intensiva

Disturbios en Coloncito

Cigarrillos sobre la piel: relatos de la tortura hoy en Venezuela

Humberto Márquez

“Se reían mientras nos quemaban la piel con cigarrillos”, relataron Carlos Pellicer, de 19 años, y Abraham Moreno, de 20, estudiantes de Psicología en la Universidad Católica de Caracas y la Universidad Yacambú en el centro-oeste de Venezuela. Su caso fue presentado junto con un voluminoso informe de nueve organizaciones humanitarias sobre violaciones a los Derechos Humanos durante cuatro meses de manifestaciones en Venezuela, con los estudiantes como castigada vanguardia.

Carlos y Abraham, de la red autodenominada Jóvenes Venezolanos, viajaron a varias ciudades de provincia en el mes de mayo, para promover entre compañeros la idea de mantener la protesta instalada en este país desde febrero. Comenzaron con manifestaciones en demanda de seguridad ciudadana, siguieron exigiendo el cese de la represión y al cabo de cuatro meses un sector de la oposición reclama la recomposición de los poderes Judicial y Electoral además de la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Ambos jóvenes estuvieron en Caracas con otro centenar de muchachos en un campamento improvisado en la calle frente a oficinas de Naciones Unidas en Caracas, pero de allí les desalojaron una madrugada la militar Guardia Nacional y la Policía Nacional. Cuando Abraham y Carlos llegaron a la ciudad de Barinas, en las llanuras del suroeste y tierra del fallecido ex presidente Hugo Chávez (1954-2013), se reunieron con otros jóvenes para discutir sus tareas.“Allí empezamos a sentir el hostigamiento. En un centro comercial nos siguieron camionetas como las que usa el Sebin (la policía política), sin placas (matrícula de identificación)” afirman los estudiantes. Cerca de la medianoche del primer domingo de junio fueron a una farmacia para comprar un medicamento.

¿Qué hago si soy detenido?

Ventana a la Libertad

Ante la situación difícil que se vive en el país y que ha ocasionado la detención de un gran número de ciudadanas y ciudadanos, hemos considerado oportuno hacerle conocer a la ciudadanía como actuar en caso de una detención. Es necesario el que conozcamos los principios básicos que rigen el Proceso Penal Venezolano para exigir su cumplimiento en caso de ser requerido.

Cómo denunciar violaciones a los derechos humanos

Cofavic          

Todas las personas tienen el derecho de denunciar cuando han sido víctimas de una violación a los derechos humanos. Además de buscar que se haga justicia y se sancione a los responsables, también es importante establecer precedentes jurídicos. De esta manera se contribuye a que esos hechos no se repitan. Denunciar una violación de derechos humanos es siempre lo correcto. El silencio sólo contribuye a la impunidad. Debe tener en cuenta que los funcionarios del Estado están en el deber de proteger los derechos humanos de todas y todos, y bajo ninguna circunstancia deben violarlos.

El Estado venezolano nuevamente arremete contra la familia Barrios

Luis Aguilera y Eloisa Barrios

Por Luis Aguilera

Inmediatamente después que se conoce la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de los derechos Humanos contra el Estado venezolano en el caso del exterminio de la familia Barrios en el estado Aragua, es violentada la casa de la señora Eloisa Barrios quien ha llevado con valentía una lucha de años para lograr justicia a nivel nacional e internacional, un nuevo atentado ha sido cometido por funcionarios del C.I.C.P.C. seccional Cagua, quienes según información aportada cumplían órdenes estrictas del director nacional de ese organismo policial

El viernes 16 del mes en curso, Víctor Daniel, hijo de la señora Eloisa Barrios se encontraba a las 10 de la mañana en la casa de su madre cortando cabellos a jovenes de la comunidad como actividad lucrativa que genera parte de los ingresos familiares, en esa ocasión,se presentaron tres funcionarios quienes con actitud agresiva y hostil ingresaron a la vivienda y procedieron a detener a Víctor Daniel y a la señora Eloisa la amenazaron con llevarsela detenida si ponía resistencia y obstaculizaba el procedimiento policial. 

Es de hacer notar que el procedimiento policial como de costumbre estuvo plagado de vicios procedimentales, ya que los funcionarios no presentaron orden de allanamiento ni orden de aprehensión emitida por un tribunal de control, por el contrario, ingresaron a la vivienda con pistola en manos amenazando a todos los presentes y sin la autorización de su propietaria.