J.R. López Padrino
Tarek William Saab acaba de ser designado, con el voto mayoritario de las focas del PSUV, como Defensor del Pueblo. Reemplaza en este cargo a la nefasta y nauseabunda de Gabriela Ramírez, la misma quien durante su ejercicio declaró que en Venezuela no había inseguridad, sino una "sensación de inseguridad" y tuvo el cinismo de afirmar "La tortura tiene un sentido. Se emplea para obtener una confesión, se le inflige sufrimiento físico para obtener una confesión y tenemos que diferenciarlo de un trato excesivo o uso desproporcionado de la fuerza".
Tarek proviene de esa izquierda que renunció a la honestidad, que se cansó de soñar por una sociedad más justa y terminó vendiéndole su alma al fachochavismo. Atrás quedaron sus poemas libertarios, sus luchas en pro de los derechos humanos, hoy lamentablemente asume deliberada y gozosamente su destino de siervo, de despreciable que se humilla y se arrastra ante el poder de la pestilente bota militar. Su designación como Defensor del Pueblo constituyó una burla del facho chavismo a los venezolanos. Su cuestionada gestión administrativa como gobernador del Estado Anzoátegui y su complicidad en el asesinato y descalificación moral de los trabajadores Pedro Suárez y Javier Marcano (01/29/2009) a manos de su policía Estatal cuando participaban en una marcha de solidaridad con los trabajadores de la empresa Mitsubishi cuestionaban moralmente su designación como Defensor del Pueblo.
El recién nombrado Defensor del Pueblo muestra su bellaquería y sumisión ante la putrefacta bota militar cuando afirma que la resolución 8.610 del Ministro de la Defensa es “constitucional” y que la misma “preserva la vida de las personas, protege los derechos humanos y está apegada a la Constitución Nacional”. Recordemos que tal resolución autoriza a la Fuerza Armada Nacional el uso de armas para reprimir manifestaciones, al igual como lo hicieron el 27F durante el Caracazo (1989). Su vileza es tal, que solo ha sugerido que la ejecución de dicha resolución sea solo competencia de la Guardia Nacional y la necesidad de elaborar un manual que precise y regule el tipo de arma de fuego a usar en caso de manifestaciones violentas. Es decir, lo único que ha considerado pertinente Tarek es solicitar que sea solo la GN la que tenga la licencia para reprimir salvajemente y asesinar a los manifestantes y que ello sea en el marco de un reglamento. Es insólito que el Defensor del Pueblo apoye una resolución que es abiertamente inconstitucional pues autoriza el uso de armas mortales a fin de preservar el orden público, violando de esta manera la Carta Magna en su articulo 68 que consagra “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
En su afán de agradar a los jerarcas del régimen, Tarek seguramente escribirá loas sobre las virtudes a favor de los derechos humanos de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat) y del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) constituyentes fundamentales, al igual que la resolución 8.610 de la doctrina de seguridad nacional bolivariana.
Con su actitud servil el nuevo Defensor del Pueblo evidencia ser parte de esa jauría de fariseos que invocan a la paz, pero la paz impuesta por las balas asesinas de los milicos bolivarianos, la “paz de los sepulcros”. Tarek es parte de ese grupete de minusválidos fanatizados al servicio de un Estado militar, el cual considera al adversario político como un enemigo (interno), al cual hay que exterminar. Justifica de esta manera la sistemática violación de los derechos humanos y el uso indiscriminado de las armas a fin de “pulverizar” a la disidencia política.
Esta revolución bastarda no tiene futuro, como proyecto está agotado. Todo indica que el social-militarismo del comandante galáctico y su logia hamponil han entrado en una fase terminal, donde solo la represión militar le garantiza su permanencia en el poder y por ello la aprobación apresurada de la resolución 8.610. Lo que fue una esperanza para muchos venezolanos, se ha reducido a una perversa maquinaria burocrático-militar putrefacta, dispuesta a imponer mediante la bota militar un opresivo proyecto explotador a los venezolanos.
No puede ocupar el cargo de Defensor del Pueblo un sujeto que apoya impúdicamente a un régimen que promueve la represión militar y el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas. Es inaceptable que un Defensor del Pueblo legitime la tortura, y reivindique el terrorismo impuesto por un Estado forajido.
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