J.R. López Padrino
Contrariamente a la promesa de restaurar el Estado de Derecho -violentado por los gobiernos anteriores- el proyecto chaveco-madurista ha profundizado e institucionalizado la violación de los derechos humanos a través de la cultura del terror, del miedo colectivo, la represión ilimitada y de la muerte.
El ideario chavomadurista ha promovido abiertamente la cultura del terror como estrategia para el control social de la población. Las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales en zonas populares (OLP), y las desapariciones forzosas (José Rivas, Marco Monasterio, Oscar Romero y Roberto Hernández en el Estado Vargas (1999) y Alcedo Mora en el Estado Mérida (2015) forman parte del libreto siniestro puesto en escena por los cancerberos del régimen. Además, ha recurrido al uso de la justicia militar, a operaciones de exterminio como las de La Paragua (2006), Barlovento (2016), Cariaco (2018), y El Junquito (2018) y al asesinato de detenidos políticos como los casos de Rodolfo González Martínez ("El aviador") (2015), Nadis Cecilia Orozco (2017), y más recientemente el Concejal Fernando Albán (2018); todas ellas aberraciones propias de regímenes dictatoriales.
Contrariamente a la promesa de restaurar el Estado de Derecho -violentado por los gobiernos anteriores- el proyecto chaveco-madurista ha profundizado e institucionalizado la violación de los derechos humanos a través de la cultura del terror, del miedo colectivo, la represión ilimitada y de la muerte.
El ideario chavomadurista ha promovido abiertamente la cultura del terror como estrategia para el control social de la población. Las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales en zonas populares (OLP), y las desapariciones forzosas (José Rivas, Marco Monasterio, Oscar Romero y Roberto Hernández en el Estado Vargas (1999) y Alcedo Mora en el Estado Mérida (2015) forman parte del libreto siniestro puesto en escena por los cancerberos del régimen. Además, ha recurrido al uso de la justicia militar, a operaciones de exterminio como las de La Paragua (2006), Barlovento (2016), Cariaco (2018), y El Junquito (2018) y al asesinato de detenidos políticos como los casos de Rodolfo González Martínez ("El aviador") (2015), Nadis Cecilia Orozco (2017), y más recientemente el Concejal Fernando Albán (2018); todas ellas aberraciones propias de regímenes dictatoriales.



















