Por Luis Carlos Díaz
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Durante 2011 tuve la oportunidad de dar
clases en algunas escuelas Fe y Alegría de Caracas. Me emocionaba conocer la
sede de Las Mayas, la que está cerca de La Rinconada, porque aparecía en uno de
los documentales sobre el sistema nacional de orquestas infantiles y juveniles.
Resulta que parte de la magia de esas orquestas tuvo como primer hogar las
instituciones del corazón rojo y los tres niñitos agarrados. La otra escuela
fue la Manuel Aguirre en Petare. Muy arriba. Un oasis escolar en medio de la
arquitectura caótica, abigarrada y color ladrillo de los barrios caraqueños.
Para alguien que venía de un liceo público
en Charallave, que se había fracturado por la mitad porque se estaba hundiendo
en su propio pozo séptico, conocer otra escuela pobre pero limpia, cuidada y
con gente comprometida, era la muestra de que siempre había mejores formas de
hacer las cosas desde la escasez.
La primera pregunta en ambos sitios era si
había bajas profesorales que hubiesen significado el cierre de una materia y
pasar a los chamos por “promedio”. Esa práctica en mi liceo público, en el año
2001, se aplicó por un profesor que vino 4 veces y no hizo las evaluaciones que
debía. Pocos años después el fenómeno se multiplicó: pasaban a los jóvenes de
grado sin ver matemática, física o química por falta de profesores. En otros
liceos de Fe y Alegría que visité aquello no había pasado.
En las sesiones de los talleres que
realizamos sobre infociudadanía y herramientas digitales para maestras,
personal administrativo y madres de la comunidad, había una constante: en los
sectores populares la tecnología no es una cotidianidad, aunque sí una
aspiración que se conquista con grandes esfuerzos. Imposible no recordar la
tesis de la investigadora Raisa Urribarri: Internet sí sube cerro, pero de a
poquito.
La red ya tiene 2 mil millones de usuarios
en el mundo, la primera capa de privilegiados. La siguiente capa es aún más
pobre. No cuenta con infraestructura ni tiempo para dedicarle a la conexión.
Con los maestros había otro dilema: ¿quién
va a invertir en un teléfono cuando se cobra menos de sueldo mínimo? ¿Cómo
hablar de una computadora en casa cuando la economía familiar está ajustada?
Ser profesionales de la educación no les garantiza un salario digno en un país
que pone más énfasis en los sueldos de los militares que en el de los
educadores. Sin embargo el empeño se mantenía. La herramienta es un trampolín a
la sociedad del conocimiento así que en el futuro inmediato la computadora
estaba en su lista.
Cuando esta semana Trina Bajo, del Fe y
Alegría Las Mayas y el Don Pedro en San Agustín del Sur, me dijo que sabía lo
que era una netbook y que se había podido comprar una para hacer un curso a
distancia, cayó la locha del aprendizaje doble. Trina no esperó a que le
regalaran una, como prometió el proyecto Canaima a los educadores. Ahora vive
un proceso educativo a nivel de apropiación del computador y nuevamente como
estudiante a distancia. Eso es espíritu. El mismo que contagiaba a toda la
comunidad que protestó el jueves a las puertas del Ministerio del Poder Popular
para la Educación.
Somos diferentes
El problema es muy sencillo: la educación
popular subvencionada es un modelo educativo favorable para todas las partes
implicadas en la ecuación. La escuelas se instalan en lugares donde el Estado
no tiene presencia, su infraestructura es mantenida por los aportes de
donantes, empresas, campañas, rifas, comunidades educativas, aliados y
cómplices. El Estado, según el convenio firmado en 1991 y renovado cada año
entre la AVEC y el Ministerio de Educación, se encarga del salario del personal
docente y administrativo. No sólo es su aporte sino que es su obligación,
porque constitucionalmente debe garantizar educación gratuita. Al final los
niños y niñas reciben una educación de calidad y no se les condena a la
exclusión estructural. Un trato así, de hecho, es más ventajoso para el Estado
porque por un lado le sale más barato y por el otro sabe que tiene como aliados
a miles de religiosos, religiosas y trabajadores comprometidos a los que se les
va la vida en su misión de educar.
En 2011 se le asignó a este proyecto el
mismo presupuesto de 2010. Un presupuesto insuficiente que puso a las escuelas
en una disyuntiva: o trabajaban hasta septiembre, que era hasta donde alcanzaba
la cobija, o laboraban hasta diciembre esperando que el Ejecutivo aprobara una
partida extra para cubrir los tres meses de salario que conforman el aguinaldo.
En total son 200 millones de BsF para unos 50 mil trabajadores que le alegran
la vida a más de 500 mil beneficiarios.
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