(Caracas, 30 de enero de 2019) El ciclo de protestas iniciado en Venezuela el lunes 21 de enero protagonizado por los sectores populares del país en rechazo a la pobreza, la crisis de servicios básicos y en demanda de un cambio de gobierno y, por otro lado, la gigantesca movilización el pasado 23 de enero en 60 lugares diferentes del país, demostró un rechazo mayoritario a la gestión de Nicolás Maduro que fue respondida de manera despiadada por el Estado. Desde el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), afirmamos que el gobierno desea repetir la estrategia aplicada en el año 2017, cuando amplios sectores de la población protagonizaron una rebelión popular, para detener las exigencias de cambio, violando sistemáticamente los derechos humanos de la población. Esta estrategia se basa en 3 modalidades: La represión selectiva, la invisibilización del conflicto y el desgaste.
Hasta el 28 de enero el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Provea habían corroborado la cifra de 35 personas asesinadas en contexto de manifestaciones, así como 8 personas ejecutadas luego de las protestas. El Foro Penal calculó que 850 habían sido detenidas, 77 de ellas adolescentes en un rango de 14 a 17 años. Provea ha recibido denuncias de amenazas a familiares para encubrir las causas del fallecimiento en las actas de defunción, así como cobro de altas sumas de dinero para liberar a los detenidos. La actuación abusiva de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y la participación de grupos paramilitares son posibles por la complicidad del Ministerio Público y la omisión de la Defensoría del Pueblo al servicio del gobierno de facto.
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