Una veintena de indígenas yukpas, de las comunidades del río Yaza entre los que se encontraban varios familiares de Sabino Romero Izarra, hicieron precencia ante el TSJ, pidiendo ser atendidos con la única exigencia de acelerar la admisión o negación del recurso de apelación introducido por ellos hace cuatros meses en el que solicitan que de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, los yukpas imputados sean juzgados en su jurisdicción propia, de acuerdo a sus costumbres, cultura e instituciones propias, como lo señala de forma específica la Ley mencionada.
Desde la mañana al llegar, fueron atendidos por el personal de seguridad del TSJ con la promesa de ser atendidos, como sucedió cuando introdujeron el recurso hace ya cuatro meses junto a sus abogados, sin embargo, a las cinco de la tarde se les dijo que no serían atendidos pués ese no era el procedimiento y debían pedir cita para ser atendidos por la presidenta del TSJ, Ciudadana Luisa Estela Morales. Los yukpas, y activistas sociales presentes, hicieron inmediatamente una solicitud de audiencia firmada por todos, proponiendo para la fecha de la audiencia con la Ciudadana Presidente Luisa Estela Morales, la fecha del día martes 13 de julio, observansdo al dificultad que tiene para trasladarse a Caracas los solicitantes, desde las comunidades del Yaza, desde la Sierra de Perijá.
Ya es costumbre de los funcionarios del Estado-Gobierno dejar esperando a los indígenas en lucha, el 31 de marzo del 2005 el propio propio Presidente se fue a almorzar con Maradona dejando al 4000 indígenas y activistas, en una marcha contra la minería del carbón y por el derecho a la tierra. Los resultados de una investigación posterior que le daba la razón a los indígenas, nunca fueron atendidos. Ahora suponemos que estaban viendo el partido de semifinal España- Alemania o alguna otro asunto mas importante que subsanar la ilegalidad procesal y la violación de derechos hasta ahora cometida por toda una cadena de funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en el caso de los yukpas detenidos del octubre del año pasado.
Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández siguen siendo sometidos a aislamiento y sus familias humilladas en un Fuerte Militar del TO2, donde permanecen recluidos mientras la presidencia de TSJ le da largas a este asunto en lo que parece ser una decisión política del estado gobierno en conjunto.
El caso de los yukpas es atendido por siete fiscales del Ministerio público, empeñados en mantener el caso de los yukpas en un juicio penal ordinario, contra todos los indicativos de Ley, pesar de todas las violaciones procesales cometidas en el caso y a pesar de la evidente insuficiencia de pruebas.
Los activistas que hacen apoyo y acompañamiento a los yukpas asegurán que los hechos de violencia en los que están involucrados los detenidos entrecdos comunidades, fueron provocados por la intervención divisionista de funcionarios de los ministerio indígena y del interior, quienes actuan como quinta columna de la soberanía a favor de los intereses de explotación de minerales estratégicos que tienen empresas y mafias trasnacionales en el territorio reclamado por los yukpas.
Sabino Romero, cacique de Chaktapa es uno de los principales dirigentes de la lucha yukpa por la demarcación de sus territorios ancestrales. (Sociedad Homoetnatura, 08.07.10)
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