Minerva Vitti
“Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas,” dice el capítulo VIII la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.”. De lo anterior se entiende que los servicios de salud deben ser adaptados a las particularidades culturales y a las necesidades de cada pueblo indígena. No es el único lugar donde aparece ese compromiso. Figura en alguna forma dentro de la exposición de motivos de la misma constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que Venezuela ratificó en 2002.
Sin embargo, el derecho a la salud indígena es vulnerado por las autoridades ante las múltiples deficiencias que presentan los ambulatorios de las 345 comunidades ancladas en los caños del Delta del Orinoco, ubicado al este del país. Dentro de esta región se encuentra San Francisco de Guayo, ubicado en el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro. En este lugar se encuentra asentado el segundo grupo de mayor población indígena a nivel nacional, el pueblo indígena warao, que representa el 7 % en Venezuela, después del 58 % integrado por el pueblo wayuu en el estado Zulia, ubicado al oeste del país.
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