Encubriendo ejecuciones policiales en Venezuela

Inti Rodríguez

El pasado 23 de julio el Ministerio Público informó sobre la medida privativa de libertad dictada por el Tribunal 7º de Control del estado Carabobo, a los funcionarios policiales Juan Carlos Bonilla Ascanio, Andi José Brea Alvarado y Humberto Israel Contin Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el asesinato de los ciudadanos Efraín Alexis Figueroa Sumoza (55) y de su sobrino Guiornathan Alexis Mirelis Figueroa (31). Estos ciudadanos fueron asesinados el pasado 23 de octubre de 2015, en el sector El Samán de la población de Guacara, en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).

Según las evidencias presentadas por el Ministerio Público, el 23 de octubre en la madrugada una comisión policial se presentó en la vivienda de Figueroa Sumoza y requirió la presencia de su sobrino Mirelis Figueroa. Sin embargo, los funcionarios se marcharon debido a que no localizaron al sobrino del ciudadano. “Minutos después los efectivos encontraron a Mirelis Figueroa en las adyacencias del lugar y le dispararon. Posteriormente, regresaron a la residencia de Figueroa Sumoza y llevaron a su cónyuge e hija al patio; mientras que a este lo trasladaron a una de las habitaciones desde donde se escuchó un disparo”, informó en nota de prensa.

El resultado de esta investigación confirma las reiteradas denuncias realizadas por familiares de víctimas, ONG y activistas de derechos humanos, sobre la existencia de un elevado número de ejecuciones policiales en el marco del OLP. Estos y otros abusos han sido alentados por funcionarios gubernamentales, quienes han intentado favorecer la impunidad justificando el uso desproporcionado de la fuerza y presentando ante la opinión pública, información falsa sobre el resultado de los operativos.

Aumento de la gasolina: el mismo paquete, los mismos argumentos

Inti Rodríguez

“Ya las condiciones están dadas para aumentar el precio de la gasolina” informó el Presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes el 14 de febrero de este año.

Todo comenzó el pasado 31 de julio de 2014 cuando el Presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de un debate nacional para acordar el nuevo sistema de precios de la gasolina y el resto de los combustibles en el mercado nacional. El 30 de diciembre de ese mismo año el Presidente informó que el Gobierno Nacional había descartado un aumento en el precio del combustible en el corto plazo, “hay que esperar el momento en que estabilicemos los factores especulativos para plantearle al país el esquema, no dependemos de un aumento de la gasolina para que se cumpla el presupuesto 2015” dijo en una rueda de prensa en Miraflores.

Finalmente el 21 de enero de 2015 el primer mandatario, contradiciendo sus propias declaraciones, convocó a todos los sectores del país a debatir un esquema de precios justos de la gasolina y a comienzos de febrero se lanzó una costosa campaña de spots televisivos y anuncios en periódicos para promover el incremento. Sin embargo, el debate sobre las consecuencias negativas del aumento de la gasolina sigue sin producirse y apenas 24 días después del anuncio presidencial pareciera que el Gobierno ya tiene listo el incremento.

Las consecuencias de adoptar medidas similares a las aplicadas en el pasado son previsibles: un aumento acelerado de la pobreza, deterioro de la calidad de vida y más privaciones y penurias para los más pobres

El precio de la gasolina en Venezuela no ha sido aumentado desde el año 1997 cuando -durante el mandato del ex Presidente Rafael Caldera- se aprobó un ajuste de 27%, apenas 3 años después de un anterior aumento que sextuplicó el valor del combustible. El 27 de junio de 2008 el ex Presidente Hugo Chávez descartó la posibilidad de aumentar el precio de la gasolina argumentando que el subsidio era un tema de soberanía nacional.

En nuestro país el aumento del precio de la gasolina tiene un peso político y social de primer orden y ha estado históricamente vinculado a la regresividad de derechos sociales y a la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera recurrieron al aumento de la gasolina y a la reducción de subsidios en medio de profundas recesiones económicas, como un mecanismo para tapar el déficit fiscal.

En febrero de 1989 el ex Presidente Carlos Andrés Pérez anunció al país un paquete de medidas económicas recetadas por el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas contemplaba un aumento de 94% en el precio de la gasolina, lo que finalmente incidió en las tarifas de transporte público y en los precios de productos de la cesta básica. Asimismo, el ajuste contempló el aumento de las tarifas de servicios públicos como la electricidad y la telefonía.

El 16 de febrero de 1989 CAP afirmó: “el proceso de distribución regresiva del ingreso que dominó la década de los ochenta será revertido, para incorporar a las mayorías a la prosperidad económica y social. Se reorientará el gasto público, con el propósito de favorecer a los sectores de menores ingresos, impulsándose el logro de niveles de empleo y productividad más elevados”. Con ello, el mandatario justificó la implementación de un conjunto de medidas dirigidas a aumentar el ingreso fiscal, reduciendo la demanda y el consumo interno mediante la depreciación real del salario de las y los trabajadores.

En 1996 el ex Presidente Rafael Caldera anunció el paquete de medidas conocido como la “Agenda Venezuela” que entre otras medidas de corte neoliberal, contemplaba un aumento del precio de la gasolina en 500% y la devaluación de la moneda en más de un 100%. A pesar de alcanzarse algunas de las metas macroeconómicas propuestas tales como el crecimiento de las reservas internacionales y la estabilización del tipo cambiario, ello se logró sacrificando los derechos sociales y generando la dramática caída de los niveles de vida de los sectores más pobres del país. Durante el primer año de ejecución de la Agenda Venezuela la inflación en Venezuela se ubicó en 103%.

Hoy como ayer el posible aumento del precio de la gasolina forma parte de un conjunto de medidas económicas antipopulares que el Gobierno ha venido aplicando paulatinamente y que lesionan la calidad de vida de los venezolanos.

En febrero de 2013 la creación del SICAD II se tradujo en una devaluación de la moneda en más de 380%. En febrero de 2015 la creación del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) y la oficialización de tres tipos de cambio estableció que el tipo de cambio más alto (170 Bs por dólar) sea 27 veces superior al tipo de cambio más bajo (6,30 Bs. por dólar) añadiendo más distorsiones a una economía gobernada por la especulación, la incertidumbre y los hechos de corrupción asociados al mercado de divisas. Estas medidas han reducido considerablemente el poder adquisitivo de las y los trabajadores, causando un incremento de la inflación que es insoportable para los sectores de la población más desfavorecidos.

En 2014 la inflación en Venezuela se ubicó en 68,5% y 102% en alimentos. Estas cifras superan la registrada en 2013 (56,2 %) y son las más altas desde el año 1996. El aumento de 15% para el salario mínimo anunciado en enero de este año es insuficiente para cubrir los costos de la canasta alimentaria que según el Instituto Nacional de Estadística se ubicaba en 6.382,62 Bs. para el mes de noviembre de 2014.

En mayo de 2014 se acordó un incremento en las tarifas de servicios públicos como electricidad, transporte y telefonía. En febrero de 2015 se anunció un aumento de 40% en la tarifa de pasajes para las rutas suburbanas y extraurbanas. A ello se suma la oficialización de aumentos en productos de la cesta básica, las constantes fallas en la prestación de servicios básicos y la escasez de alimentos que ya en agosto de 2014, según cifras oficiales, superaba el 35%.

Las consecuencias de las medidas de ajuste y la ausencia de medidas efectivas para proteger el ingreso han tenido un impacto en el aumento de las cifras de pobreza. El INE registró en 2013 un incremento de 6,1% de la pobreza en Venezuela, lo que refleja el retroceso de los logros alcanzados en años anteriores. Sobre 2014 aún no han sido publicadas las cifras oficiales.

Carlos Andrés Pérez dijo en 1989: “Hemos previsto que parte importante de los ingresos que va a recibir el fisco se destinen a un adecuado programa de gasto social”. Al igual que su predecesor, el Presidente Maduro justifica un posible aumento del precio de la gasolina señalando que el propósito del mismo sería favorecer a los más pobres.

En este punto debemos cuestionarnos: ¿Cuál fue el resultado del plan de ajustes de CAP en 1989?; ¿los ingresos provenientes del aumento del precio de la gasolina serán empleados para favorecer a los más pobres o correrán la misma suerte de 1989?. Con 36 misiones sociales y cuantiosos ingresos producto de una cesta petrolera por encima de los 95$ no se evitó que durante el primer año de gobierno del Presidente Nicolás Maduro los programas sociales sufrieran importantes retrocesos, entonces ¿cuál será el destino de los ingresos provenientes del aumento de la gasolina en un contexto signado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la ausencia de mecanismos de contraloría?

Las medidas y programas de ajuste imponen una pesada carga a los ingresos de los trabajadores y las familias más pobres. En 1989 Provea advirtió que el paquete económico de CAP violaría por sus efectos, a corto y mediano plazo, los derechos humanos de las grandes mayorías nacionales y acentuaría la pobreza y la exclusión social. El aumento de la gasolina es una medida más entre las muchas que lentamente ha venido aplicando el gobierno y que se traducen en un paquete antipopular. Los mismos argumentos usados en el pasado para justificar estas medidas son empleados ahora por el Gobierno del Presidente Maduro y las consecuencias de seguir descargando la crisis en los ciudadanos son previsibles: un aumento acelerado de la pobreza, deterioro de la calidad de vida y más privaciones y penurias para los más pobres.

[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/02/18/inti-rodriguez-aumento-de-la-gasolina-el-mismo-paquete-los-mismos-argumentos/.]

Crisis de la salud: dos años de promesas incumplidas

Inti Rodríguez

El 16 de febrero se cumplen 2 años desde que el presidente Maduro, durante una visita al hospital de Coche en Caracas, reconoció la crisis del servicio nacional de salud. En dicha ocasión, el primer Mandatario anunció la (auto) intervención de este y otros centros hospitalarios del país. Finalizando ese año, el Presidente se refirió nuevamente a la crisis señalando que la situación del servicio de salud era una “vergüenza nacional”.

Sin embargo, hasta el presente no hay soluciones y por el contrario es evidente el avanzado deterioro de la infraestructura hospitalaria y la poca disponibilidad de servicios de calidad públicos y gratuitos para garantizar la realización del derecho a la salud de todas y todos los venezolanos.

En 2013, el reconocimiento y anuncio presidencial no evitó que se produjera un incremento de 84% en el número de situaciones de impedimentos para la prestación de servicios de salud pública, como las constantes interrupciones en la entrega y aplicación de tratamientos a personas en condición crónica de salud, entre ellas los miles de pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia.

En 2014, la aprobación de 81 millones de bolívares destinados a la rehabilitación de 24 centros de salud públicos entre ellos el Hospital Clínico Universitario y el Hospital J.M. de los Ríos en Caracas, no fue suficiente para revertir el avanzado deterioro en la infraestructura de estos recintos y su escasa dotación de equipos e insumos.

Sí, se ha reconocido la crisis, pero solo reconocerla no basta. Dos años después del reconocimiento del Presidente persiste la problemática y el Estado sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho a la salud. Las soluciones no llegan y el deterioro avanza.

¿Cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud?. Señalamos tres de ellas:

1.- El Estado debe destinar el máximo de recursos para garantizar un servicio de salud gratuita adecuado y que de respuestas a las necesidades de la población, esas políticas y recursos deben ser utilizados de manera eficiente para garantizar que cumplan con sus objetivos. Para ello la participación, la generación de consensos, la transparencia en el manejo de recursos y el fortalecimiento de los mecanismos de contraloría social son claves para evitar que los hechos de corrupción dilapiden los esfuerzos que se promuevan en este sentido.

2.- El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la suficiente disposición de medicamentos, bienes y servicios orientados a la satisfacción del derecho a la salud. La ausencia de medidas efectivas, adecuadas y sostenibles para solventar las constantes fallas y las deficiencias en la prestación del servicio tiene como consecuencia la profundización de la crisis, generando que la población sea privada de tratamientos y servicios de atención esenciales. Según cifras de la Federación Farmacéutica Venezolana y la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y Afines, la escasez alcanza el 60% en el caso de las medicinas y 85% en el caso de los insumos médicos

3.- El Estado debe adoptar medidas para que los bienes, servicios y establecimientos de salud cuenten con suficiente personal médico capacitado, medicamentos e insumos y equipo e infraestructura hospitalaria adecuados y en buen estado. Basta visitar una sala de emergencia de cualquier hospital público del país para constatar el estado de abandono de la infraestructura hospitalaria, la insuficiencia de personal o la falta de equipos e insumos adecuados y suficientes para atender a los pacientes. Siguen falleciendo personas al no poder ser atendidas oportunamente, miles de personas siguen en listas de espera para poder ser operadas y otros miles más ven interrumpidos sus tratamientos ante la insuficiencia de medicamentos o el deterioro de los equipos.

Después de dos años de promesas incumplidas la crisis de la salud nos sigue golpeando a todos, sobre todo a los más pobres. Reconocerla no basta, necesitamos soluciones.

[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/02/14/inti-rodriguez-crisis-de-la-salud-dos-anos-de-promesas-incumplidas.]

Opinión: Derecho al territorio y militarización en la Alta Guajira

Inti Rodríguez

El 07.08.14 se celebró en Caracas el “Seminario Pueblos Indígenas, Vulneración de Derechos y Jurisdicción Especial”, organizado por la Red de Educación Indígena de Radio Fe y Alegría y el Comité de Derechos Humanos de La Guajira para exponer las distintas violaciones de derechos humanos que padecen las comunidades indígenas de La Guajira venezolana [zona fronteriza con Colombia, al noroeste del Edo. Zulia].

Luego de la creación del Distrito Militar Nº 1 en la Alta Guajira en 2010, organizaciones indígenas de esa región han denunciado constantes atropellos por parte de efectivos de la FANB, quienes en el marco de la lucha contra el contrabando han cometido excesos en el desempeño de sus funciones generando importantes violaciones de derechos humanos. 15 asesinatos, 30 heridos de bala, 60 allanamientos ilegales y 295 denuncias de abusos es el balance que presentan las ONG y que -debidamente documentadas- presentaron ante la Asamblea Nacional en un derecho de palabra que ejercieron el pasado 16.07.2014.

Somos wayuu, no somos bachaqueros

Aunque reconocen que miembros de las comunidades indígenas tienen participación en el fenómeno del “bachaqueo”, los Wayúu resienten que desde el propio Estado venezolano se haya desplegado una matriz de opinión que los estigmatiza y criminaliza a todos por igual, haciéndolos responsables de una práctica que tiene sus orígenes en aspectos ajenos a la cultura y modo de vida de los indígenas. En opinión de las organizaciones la militarización de los territorios indígenas, lejos de contribuir a disminuir el delito de contrabando de alimentos y gasolina en la frontera, ha generado más problemas de los que ayuda a resolver.

Aunque el contrabando representa un flagelo que afecta la calidad de vida de los habitantes de estas regiones, no es la principal causa de la escasez de alimentos y productos. La lucha contra este flagelo no puede convertirse en una política dirigida a criminalizar y perseguir a sectores sociales.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos no deben ser objeto de discriminación fundada en su origen o identidad cultural, y promueve un ideal común acerca de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas registrando el compromiso de los Estados a tomar medidas para garantizar su cumplimiento. A pesar de ser solo un instrumento de orientación, en su artículo 30 establece los limites que tienen los Estados para ejercer actividades militares en territorios indígenas, imponiendo como una prerrogativa el respeto al derecho a la consulta previa y a los acuerdos previos con las comunidades indígenas afectadas, a objeto de reducir el impacto de la presencia militar en estas poblaciones.

Además, la imposición de una lógica belicista en territorios ancestrales indígenas es considerada por estos pueblos como un acto invasivo que altera su cosmovisión y su modo de vida toda vez que estas tienen su eje central en el derecho a la tierra.

La Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público tienen en sus manos la responsabilidad de investigar y sancionar las denuncias que han sido presentadas. Reconocemos como un paso importante que la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas del Parlamento haya acordado la creación de una comisión inter-institucional para iniciar las investigaciones correspondientes. Esperamos que no se sigan repitiendo estos hechos y se avance definitivamente en la materialización de los derechos indígenas conquistados y reconocidos plenamente en nuestra Constitución de 1999.

[Fuente: http://www.derechos.org.ve/2014/08/09/inti-rodriguez-derecho-al-territorio-y-militarizacion-en-la-alta-guajira.]

Video: Inti Rodríguez, Un desplazado dentro de Caracas

Testimonio de Inti Rodríguez, miembro de la Organización No Gubernamental de derechos humanos Provea, quien tuvo que abandonar su domicilio debido a amenazas de organizaciones paramilitares en Caracas la noche del 12 de febrero de 2014. Clip de video para la columna de opinión "Nodos y redes" del portal web Contrapunto.

MOSBASE rechaza ola de represión y violencia ocurrida en el país

Movimiento Sindical de Base

Desde la Dirección Nacional del Movimiento Sindical de Base MOSBASE, apoyamos la justa y democrática lucha de los estudiantes venezolanos, no es la primera vez que los jóvenes salen a la calle a reclamar respeto y a denunciar las diversas atrocidades que se cometen a diario en contra de derechos fundamentales del pueblo venezolano.

La crisis económica que nos azota como consecuencia del mal manejo que se ha hecho de los cuantiosos recursos provenientes del petróleo nos conduce a la ruina colectiva. Se han esfumado miles de millones de dólares, la excesiva burocracia y el clientelismo corrupto se adueñan del futuro, de nuestra patria, por estas y otras razones los estudiantes luchan y desde esta trinchera de lucha sindical compartimos y apoyamos estos reclamos.

Rechazamos:

El escenario de guerra que le montaron a los estudiantes, con el objeto de empañarles sus justos reclamos, no podemos hacernos los locos de algo tan evidente, y por eso rechazamos firmemente a los sectores que desde el poder montan guarimbas para endosarle a todo aquel que sale a la calle a luchar y a exigir ser escuchado para que se le resuelvan sus problemas.

Que grupos paramilitares asesinen, secuestren, torturen y persigan a ciudadanos apoyados por autoridades del Estado. Este 12 de febrero fueron asesinados tres jóvenes, otros, como Inti Rodríguez, defensor de los Derechos Humanos y Activista de PROVEA, que fue secuestrado y torturado.

Provea formaliza ante Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República, denuncia por secuestro y agresiones contra Inti Rodríguez

Prensa Provea

En compañía de dirigentes sociales, sindicales y activistas de diversas organizaciones de DDHH en el país, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos junto a nuestro Coordinador de Medios, Inti Rodríguez, consignaron denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, solicitando una oportuna investigación ante la situación de secuestro, agresiones físicas y amenazas de las cuales fue víctima este activista el pasado 12.02.14, a manos de presuntos efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y grupos parapoliciales del oeste de Caracas.

Como se recordará, en horas de la noche del 12.02.14 Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, fue secuestrado por personas que se identificaron como miembros del SEBIN y de agrupaciones parapoliciales. Rodríguez fue trasladado en moto a un sitio desconocido donde fue golpeado e interrogado por un grupo de alrededor de 20 personas uniformadas de negro y con sus rostros cubiertos con pasamontañas. Inti Rodríguez fue apuntado con armas, mientras era interrogado debido a sus actividades en Provea.

En el escrito dirigido a la Defensora del Pueblo, se le solicitó que en ejercicio de sus funciones constitucionales y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, ejerza sus funciones de protección y acompañamiento al activista de DDHH Inti Rodríguez, ante las amenazas recibidas por el y su familia. Asimismo, se le solicitó que procediera a instar a la Fiscal General de la República a aperturar la investigación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 281 numeral 4, de nuestra Carta Magna.

Por otro lado se le solicitó a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, que en cumplimiento de sus obligaciones adelantara de manera pronta y adecuada las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades, ante la arbitraria privación de libertad de la cual fue objeto Inti Rodríguez.

Provea continuará denunciando esta situación irregular ocurrida con nuestro compañero Inti Rodríguez. Ratificamos que consignaremos las correspondientes denuncias ante las distintas relatorías internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, reiteramos que es responsabilidad del gobierno nacional, el que se produzca de cualquier agresión contra los trabajadores de Provea y especialmente, contra Inti Rodríguez y sus familiares. Reiteramos que este tipo de acciones no intimidarán nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, valores que han guiado desde 1988 el accionar de Provea. (Prensa Provea, 14.02.14)

Secuestrado y agredido Coordinador de Medios de Provea

Publicamos el comunicado de la ONG Provea solidarizándonos con el compañero Inti Rodríguez, quien colabora frecuentemente con nuestra publicación y de quien nos consta su compromiso al lado de las luchas populares. 

Provea

(Caracas, 13.02.14) En la noche del 12.02.14 fue secuestrado el Coordinador de Medios de Provea, Inti Rodríguez a las 9 y 30 de la noche a la salida del Metro Agua Salud, en un retén policial de personas que se identificaron como miembros del SEBIN y de Agrupaciones Parapoliciales del oeste de Caracas. Rodríguez fue trasladado en moto a un sitio desconocido hacia el sector “F” del 23 de Enero donde fue golpeado e interrogado por un grupo de alrededor de 20 personas uniformadas de negro, quienes eran comandadas por una persona con características de funcionario policial, quien permanentemente se comunicaba con personas a las que se refería como sus jefes. Rodríguez fue apuntado con armas, mientras sus captores revisaban su teléfono celular y le preguntaban sobre personas y la naturaleza de sus actividades dentro de Provea. “No me mires la cara porque te dejo pegao” le decían mientras era golpeado con las “cachas”  de revólveres. “Tu eres es un asesino, te vamos a matar”, le repitieron insistentemente.

Luego de dos horas de secuestro y tras haberlo despojado de todas sus pertenencias, los captores liberaron a Rodríguez: “Sabemos quien eres y donde vive tu familia. Si denuncias y te pones a hablar guevonadas los vamos a quebrar”, le dijeron. Sus captores se comunicaron telefónicamente con familiares del activista de derechos humanos, a quienes les comunicaron que estaba detenido por el SEBIN. Según el testimonio de Rodríguez el grupo tenía desplegado un operativo para identificar a personas que hubieran participado en la movilización convocada por sectores de la oposición. En las dos horas que estuvo retenido, escuchó conversaciones que sugerían un nivel de coordinación entre los parapoliciales y autoridades civiles y policiales en la acción.

Provea formalizará la denuncia ante la Fiscalía e interpela públicamente a la Defensoría del Pueblo a cumplir su mandato de protección a los defensores de derechos humanos. Asimismo, consignaremos la denuncia ante las diferentes relatorías internacionales en materia de derechos humanos. Provea responsabilizará al gobierno nacional de cualquier agresión contra los trabajadores de Provea y especialmente, contra Inti Rodríguez y sus familiares. Reiteramos que este tipo de acciones no intimidarán nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, valores que han guiado desde 1988 el accionar de Provea.

Venezuela: 05 tips de la "lucha contra la especulación"

Inti Rodríguez

01) Para justificar la devaluación de febrero 2013, el gobierno dijo que la medida era para quitarle los dólares a los ricos. 9 meses después, Maduro confiesa que entregaron 33 mil millones de dólares a empresarios para importación de electrodomésticos, y apenas fueron desembolsados 6 mil millones en productos e insumos para la salud y la alimentación.

02) Maduro afirma en Cadena que nunca en el país se habían tomado medidas contra la especulación. Una confesión que deja al desnudo el fracaso de Chávez, y convierte a Nicolás en el principal detractor del "legado del gigante".

03) Dónde estuvo el Indepabis en todo este tiempo?. Acaso la especulación tiene 2 días de existencia? Acaso la especulación se limita a los electrodomésticos?.

04) Los trabajadores de DAKA denunciaron en 2011 violaciones a sus derechos laborales y negocios de propietarios de la empresa con altos funcionarios del gobierno. Por qué no se hizo nada?

05) Maduro crítica la sociedad de consumo y promueve el consumismo. Crítica a los empresarios y días antes, suscribe acuerdos con las transnacionales Samsung y Nestlé.

Intervención de CORPOELEC: una clara violación a los derechos laborales

Inti Rodríguez

Hace apenas unas semanas, en el marco de la campaña electoral, el actual Presidente de la República Nicolás Maduro, anunció al país el inicio de una serie de acciones para frenar lo que calificó como “sabotaje” a manos de “infiltrados” en la industria eléctrica, quienes a su juicio, serían los responsables de los continuos apagones en varios estados del país. Desde PROVEA advertíamos que tal afirmación apuntaba al inicio de un proceso de persecución y criminalización contra las trabajadoras y los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A (CORPOELEC) y que un señalamiento de ese tipo intentaba responsabilizar a empleados y obreros de la crisis del sector, cuando precisamente estos, a través de sus sindicatos, venían denunciando un conjunto de irregularidades cometidas por alta gerencia y la sistemática violación de su contratación colectiva.

Lamentablemente nuestra advertencia se hizo realidad cuando el 09.04.2013 el Mayor General Wilmer Barrientos, Jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), informó al país la detención de 17 personas, “entre ellas algunos trabajadores” de CORPOELEC, según afirmó el funcionario, bajo la acusación de “sabotaje al sistema eléctrico”. El 11.04.2013 PROVEA recibió la denuncia de la detención, por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), de 8 trabajadores (4 obreros y 4 técnicos) de la empresa CORPOELEC en Barinas acusados de saboteadores, y el despido de un Gerente de Facturación bajo el mismo señalamiento.

Vzla: La "revolución" patriota

Por: Inti Rodríguez

El pasado viernes 19 de abril, Yendrick Sánchez, un joven conocido por sus insistentes y sorpresivas apariciones en espectáculos de diversa índole, consecuente con su público, sorprendió, hasta el susto, a Nicolás Maduro en su acto de juramentación como presidente de la República.

Luego de fustigar a los responsables de su seguridad, Maduro prometió conversar con quien calificó de compañero, expresando que a pesar de las necesidades que pudiera tener aquel muchacho, la majestad del acto que se celebraba estaba por encima de cualquier otra consideración. Pese a la promesa inicial, la conversación se convirtió en una imputación al joven Sánchez, por los delitos contemplados en el artículo 148 del Código Penal Venezolano y en el artículo 29, numeral 7 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), también conocida como Ley Antiterrorista.

Seguridad y defensa de la nación. Todos somos terroristas.

La LODOFAT junto a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, son la expresión más acabada del andamiaje jurídico represivo, que construyó el chavismo a lo largo de los últimos 14 años. Orientadas a la preservación de los grandes intereses del capital financiero internacional y las transnacionales, garantizando la estabilidad y la consolidación de los mecanismos de dominación existentes, ambas leyes surgen como instrumentos de contención frente a la creciente conflictividad social.

Programa de la patria: Sabino y Alexis

Por: Inti Rodríguez

La historia de los pueblos indígenas ha sido desde siempre una historia de resistencia contra el despojo y el olvido. Una historia que se niega a morir entre las páginas de los libros, y que cobra vida en las luchas y en la voz de los muertos. Una historia de 500 años de saqueo y genocidio, 500 años de engaños, 500 años de miradas apagadas y de voces encendidas.

El 03 de marzo de 2013, sicarios abrieron fuego contra la humanidad de Sabino Romero causándole las heridas que finalmente apagarían su mirada, pero que encenderían aún más su voz y la de sus hermanos indígenas.

Rápidamente, la Fiscal General de la República, el Ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia y la Ministra de Pueblos Indígenas, se comprometieron a iniciar una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso, no sin antes señalar a la "derecha ganadera" como la responsable de este crimen. Curiosamente, la propia Fiscalía General de la República, había negado las medidas de protección solicitadas para proteger a Sabino, quien fue amenazado de muerte en reiteradas ocasiones.

Pero más allá de las declaraciones y la propaganda oficial, la tierra sabe que el asesinato de Sabino no ocurrió aquel domingo de marzo. Su crimen fue ejecutado mucho tiempo atrás.

Venezuela: Yo vivo en una patria nueva

Por: Inti Rodríguez

Yo vivo una Patria Nueva.

Una patria donde se habla de anti-imperialismo pero se sigue entregando el petróleo a las transnacionales. Una patria en la que se combatió la apertura petrolera, pero se constitucionalizó la privatización de PDVSA. La patria nueva que expulsó a los yanquis de un estadio de béisbol en Coche, pero los dejó ser dueños de la plataforma Deltana y de gran parte de la faja del Orinoco.

Yo vivo una patria nueva.

Una patria en la que el control obrero es la consigna, pero los obreros no son los protagonistas. Más de 400 convenciones colectivas están vencidas y la posibilidad de su discusión está negada. El salario mínimo no alcanza siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria y, alrededor de 1200 trabajadores, se encuentran sometidos a regímenes de presentación ante los tribunales, por haber ejercido el derecho a la protesta.

Yo vivo una patria nueva.

Una patria que se retiró de la CIDH, pero ingresó al consejo de DD.HH de la ONU. Aún así 91,8 % de los crímenes quedan impunes. Una patria que asesinó a 19.000 personas sólo el año pasado, y la mayoría de sus muertos eran jóvenes menores de 25 años. Una patria nueva en la que más de 800 denuncias de asesinatos extrajudiciales cometidos a manos de cuerpos policiales, continúan engavetadas. La novísima patria que premió con el cargode Defensor Público a un efectivo del CICPC, encubridor de la masacre deKennedy.

Yo vivo una patria nueva.

Una patria en la que la Asamblea Nacional se solidariza con la lucha de los Mapuches en Chile, pero no dice nada cuando se asesina a losYukpas en la Sierra de Perijá, o cuando se entregan sus tierras a las transnacionales del carbón y se encarcela a sus caciques. Una patria que olvidó a Irothateri, al Caura, a los Kariñas.

Yo vivo una patria nueva.

Una patria nueva que vistió de “héroes” a los asesinos de ayer y los convirtió en cómplices del presente. El Caño la Colorada y Los Changurriales delMocho Evans tienen historias que contar. Las cicatrices de la operación “Anguila III” todavía se sienten en El Amparo, y a 975 kms. de distancia, en Cantaura, donde los aviones Camberra y Bronco descargaron sus bombas, todavía se siente el olor a muerte.

Yo vivo una patria nueva.

Una patria en la que se habla de socialismo, pero la banca es el principal beneficiario. Año tras año su rentabilidad y tasa de ganancia ha ido en ascenso. Al cierre del primer trimestre del año en curso, la banca obtuvo un rendimiento de 56,57% frente al 38,97% al mismo período del año pasado, significando un alza en la rentabilidad de 17,60 puntos. Una patria hipotecada al capital que destinará el 18% de su presupuesto al pago del servicio de la deuda externa.

Yo vivo una patria nueva.

Una patria donde lo irreal se convierte en “real”. Donde la mentira repetida mil veces se convierte en el discurso oficial. La patria de “Rosita”, la patria de lo posible. Una patria a la medida del capital transnacional. La patria nueva que se fundió con aquella vieja patria, la de la IV República, y que hoy nos muestra el mismo espectáculo, gris, vacío, continuista. Esa patria nueva donde gobiernan aquellos viejos hombres que alguna vez se dijeron incendiarios, y terminaron convirtiéndose en apaga fuegos, en bomberos, en gendarmes del capital. Gracias a ellos, Yo vivo una patria nueva.

Vzla: El Estado Corporativo

Inti Rodríguez

El Estado comunal representa el paroxismo de la lógica oficialista. Es quizás, el más sofisticado mecanismo de control y subordinación de la sociedad, que ha pasado por las mentes de los ilustres pensadores del llamado socialismo del siglo XXI, la ecuación fundamental, que, cual Bosón de Higgs, vino a desenmarañar los grandes misterios que se escondían, en ese universo caótico e incomprensible al que nos ha dado por llamar chavismo.

La formula es sencilla: el partido es el gobierno, y el gobierno es el estado. Ergo; partido, estado y gobierno son una misma cosa, y todo lo que esté fuera de esa nomenclatura, simplemente se subordina, se somete, se sacrifica en nombre de los “intereses” supremos del Estado. Ese Estado que es el gobierno, que es el partido, que es total.

Estado Comunal ¿Hecho en socialismo?

La producción endógena ha sido siempre la consigna del régimen chavista. El endogenismo bolivariano ha aparecido en todos los espacios de la vida nacional. Con grandes vallas y micro cadenas los miércoles de cada semana, las agencias de noticias del estado, nos recuerdan que somos una economía boyante y soberana. 14 años después de la primera victoria electoral de Chávez, podemos sentirnos orgullosos al afirmar que contamos con cultivos endógenos, areperas endógenas, y por si fuera poco -la marca de fábrica de la casa- derecha endógena.

Sin embargo, pese a la incesante producción endógena, por alguna misteriosa razón, seguimos importando más del 80% de las cosas que consumimos. Desde un par de zapatos hasta un paquete de caraotas, todo viene de afuera, bien sea de los países hermanos de la comunidad del Alba, de los países hermanos del Mercosur, o por qué no, del enemigo imperial y sus aliados. Producimos petróleo y algunas otras cosas, es verdad, pero las brillantes ideas de los ilustres pensadores socialistas del siglo XXI, no son tan criollas. No fueron hechas en socialismo, y tal vez sus orígenes se remonten a épocas anteriores a las hazañas vividas por el presidente-arañero, y muy probablemente hayan visto la luz en tierras bastante lejanas al cajón de Arauca.

El Amparo: Fusiles repletos de polvora

Por: Inti Rodríguez

“Por eso su derrota se liga con la tierra y germina y renace en banderas y sueños que llamean en promesas alegremente cumplidas en árboles y furias y guitarras y abrazos”

Mario Benedetti

Despertaron al toque de diana. Se pusieron los uniformes y calzaron sus botas. Bebieron café y tal vez hasta fumaron un cigarrillo. Cogieron sus fusiles repletos de pólvora y emprendieron la marcha.

Quizás el miedo y las dudas les hacían compañía. Quizás por sus mentes pasaba la idea de enfrentar a un enemigo feroz, armado hasta los dientes. Quizás pensaron en sus esposas e hijos. Quizás creyeron defender su patria, su bandera, su himno. Quizás creyeron en la “verdad” de los cuarteles. En la “verdad” de las balas y las ametralladoras.

El 29 de octubre de 1988, quedó para siempre grabado en nuestra memoria.

Para los habitantes de El Amparo, el olvido es imposible.

Allí, en ese pequeño poblado, donde la patria y sus símbolos parecieran no acordarse de la gente. Donde el abandono y la pobreza llevan años instaladas. La rutina cuartelaria tropezó con la rutina de 16 padres, esposos e hijos.

“LOS COMANDOS NUNCA MUEREN”

El Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) fue creado en el año 1987 para combatir la insurgencia armada colombiana. Sus integrantes eran efectivos provenientes de la DISIP –actual SEBIN-, Guardia Nacional, PTJ –actual CICPC- Ejercito y Armada Nacional. Su escogencia, surgió de un riguroso proceso de selección, entre las distintas fuerzas especiales existentes en las distintas fuerzas que lo componían.

Libertad sindical y derecho a la protesta: Rubén González

Por Inti Rodríguez

Aquel domingo, después de ver los anuncios y promesas hechas en su programa favorito, Juan José Rodríguez –nombre ficticio-, se preparó para ir, papeles en mano y en la mañana del lunes, a buscar un empleo en la gran empresa de “producción socialista” que recién se había inaugurado en su pueblo.

Miles de ilusiones pasaban por su mente. La cosa “prometía”.

Control obrero, salarios justos, freno a los explotadores, contrato colectivo, calidad de vida, empleo digno… todas aquellas palabras que escuchó, daban vueltas incesantemente en su cabeza.

El lunes, su esposa se levantó bien temprano a prepararle el desayuno y a darle el beso de buena suerte, con la firme esperanza que los días por venir serían mejores.

A Juan la alegría no le cabía en el pecho. Tenía tantos proyectos, tantas esperanzas y por fin la convicción de que las cosas estaban por cambiar, que tenía la oportunidad de construir su propio destino, que ya no sería un esclavo de la necesidad, que el “poco a poco” y el “cuanto hay pa´eso” eran cosa del pasado.

Salió de casa, y como pudo, sorteó las alcabalas dispuestas por la oficialidad del barrio. Los “azotes”, a pesar de ser casi unos niños, contaban con una reputación impecable. Más de 20 homicidios y atracos a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Con sus punto 40 siempre listas, mantenían una estrecha vigilancia ante cualquier movimiento en los callejones y veredas, de modo que resultaba difícil cualquier maniobra evasiva ante semejantes centinelas.