Opinión: Protesta y represión no ceden

Héctor Lucena

Protesta opositora y represión no ceden. Una y otra aumentan, la primera con sacrificios humanos de pérdida de vidas, lesiones y pérdida de libertad y la segunda, cada vez más cruel y cruenta. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reporta 2.675 protestas, 157 saqueos y 108 muertes en estos últimos tres meses.

Hay que señalar que los saqueos no se observa que formen parte de la protesta opositora, al menos aquella orientada por los partidos políticos. Los casos de saqueos se caracterizan porque las acciones ocurren en zonas populares, o son emprendidos por algunos pobladores que se trasladan a zonas comerciales a saquear. Los establecimientos comerciales e industriales hacen importantes inversiones en seguridad, especialmente en blindarse.

Opinión - Empresas básicas: nacimiento, esplendor y decadencia

Héctor Lucena

De las llamadas empresas básicas la sociedad espera mucho más de lo que están dando. Algunas nacieron como empresas privadas y posteriormente estatizadas erogando importantes recursos, pero se trataba de inversiones que fortalecían los activos de la nación. Otras que nacieron por iniciativa y con recursos financieros de la nación. Todos los venezolanos debemos tener una gran inquietud e interés en ellas. Por eso deploramos la manera como han venido siendo manejadas.

Opinión: Violencia en el trabajo y riesgos psicosociales

Héctor Lucena

 Sobre la violencia laboral hemos elaborado contribuciones e investigaciones a propósito de la violencia que conduce al extremo de plantearse eliminar físicamente al contrario. El país vive una violencia radical que se manifiesta en todos los ámbitos. Los casos más extremos se observan en el sector de la construcción. Los continuados registros del Observatorio Venezolano de la Violencia Social, de personas eliminadas en relación a actividades sindicales, lo que indica como este problema ha sido persistente y poco se ha hecho para aminorarlo.

Sin embargo poco registros se conocen en cuanto a la violencia que al otro lo maltrata en su dignidad, personalidad y moral, llamaremos riesgos psicosociales. En este sentido vemos con interés que en la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, se hacen estudios para orientar, prevenir y divulgar, y por ello tomamos en consideración su documento de trabajo “Herramientas para comprender y prevenir la violencia laboral” 
    
Entendida la violencia como una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro. Lo más visible es cuando se manifiesta como agresión física, pero también se presenta como acoso sexual o acoso moral en el trabajo; lo que puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o descendente) como entre pares; así como ejercerse por acción u omisión. Sin duda afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan.

En la tipología de la violencia en el trabajo, se observan la: física, sexual, verbal, en el proceso de trabajo, en la organización del trabajo, en la gestión de la carrera laboral, en la violación de los derechos laborales. Además hay otras dimensiones que incluyen la violencia simbólica y la institucional.

De la violencia sexual, se considera a toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual basado en el poder, no consentido por quien la recibe. Puede considerarse sin o con contacto físico. Lo primero se manifiesta al hacer proposiciones, alusiones o comentarios con connotaciones sexuales; y lo segundo con roces, contactos físicos intencionales o “casuales”.

La violencia verbal se manifiesta del siguiente modo: promover o participar de rumores malintencionados; negarse a colaborar alegando cuestiones de distinta índole; insultar, gritar, hacer acusaciones infundadas; descalificar a las personas frente a terceros; inmiscuirse en la vida privada: realizar preguntas indiscretas, escuchar conversaciones privadas, leer mensajes personales; criticar la vida privada en otros ámbitos; realizar comentarios que atentan contra la dignidad de las personas: burlarse por distintos motivos, realizar bromas pesadas, hacer "chistes" racistas, poner sobrenombres. Además de la verbalización oral y escrita, el acto comunicacional incluye también una dimensión proxémica (espacio) y kinésica (cuerpo) a través de los cuales los sujetos nos comunicamos y relacionamos. Otras formas de violencia en la comunicación: reaccionar con gestos ofensivos; dar la espalda, negarse a saludar, negarse a estrechar la mano, encogerse de hombros, suspirar, elevar la vista al cielo, no responder; gestos mezquinos (esconder objetos necesarios, deformar u ocultar la información necesaria para llevar a cabo el trabajo, sabotaje del trabajo de otro, desprestigiar a la persona víctima con relación a su trabajo); aislar a la persona, impedir el contacto con los compañeros.

Violencia laboral en el proceso de trabajo: criticar injusta o exageradamente el trabajo realizado; controlar excesivamente el trabajo; controles médicos excesivos;  cambiar las reglas en forma inconsulta o no comunicada. En la organización del trabajo, se incluye: retiro de tareas o de responsabilidades; sobrecarga de trabajo; falta de trabajo; multiplicación de tareas diferentes; tareas inadaptadas al nivel de competencia o al estado de salud de la víctima; tareas inútiles, absurdas o degradantes. En la gestión de la carrera laboral: chantaje con el empleo, un ascenso, un cambio de puesto; imposición de un cambio de puesto; retiro o cambio en la atribución de los elementos de trabajo (escritorio, computadora, teléfono, etc.); discriminación con respecto a las vacaciones, los horarios, la carga laboral, los pedidos de formación; instigaciones verbales a dejar el empleo.

En la afectación de los derechos laborales: en nuestro medio es masiva la violación de reglas legales o contractuales, si el caso ocurre en empresas privadas, presentar el reclamo ante las autoridades del trabajo en muchos casos resuelve el problema, la situación se complica si se trata de un trabajador al servicio del estado, ya que las autoridades administrativas y judiciales se abstienen de darle la razón al trabajador, ello se traduce en retardos, obstáculos o impedimentos de acceso al ejercicio de derechos. Existen otras instituciones no necesariamente públicas que también pueden comportarse y ejercer violencia institucional, tales como partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y de la sociedad civil.
 
La violencia laboral posee otra dimensión que no es fácilmente perceptible y que refiere a prácticas y entornos que muchas veces se institucionalizan como naturales y corrientes en las relaciones de trabajo, que refiere a la violencia simbólica se manifiesta a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de personas o de grupos. También en una dimensión contraria a la tradicional, como es la de la imposición en nuestro contexto de la estabilidad absoluta, ya con década y media, da lugar a situaciones tensas de violencia entre subordinados de una jerarquía menor con respecto otros también subordinados pero de una jerarquía mayor. No menos importante significa indagar la violencia en los medios laborales en escenarios de no generación de empleos formales, como ocurre en el país, cada vez produciendo menos bienes y desmejorándose los servicios, cerrando fuentes de trabajo, levantándose un ambiente tenso en la convivencia de los espacios productivos.

Este tema de la violencia en el trabajo, es una línea de indagación que seguro develaría un trasfondo oscuro y perverso en el mundo del trabajo, que no captamos o nos acostumbramos a ella.

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com/2015/03/violencia-en-el-trabajo-y-riesgos.html.]

Opinión: Antecedentes y fomento de la fragmentación sindical

Héctor Lucena

En la comprensión de las relaciones de trabajo de una sociedad determinada, entendida ella como la relación necesaria entre empresa y trabajadores para los hechos productivos, una tarea fundamental es el conocimiento de trabajadores y sus organizaciones como también de empresarios y sus gremios. Ambos han de ser comprendidos en su dimensión interna, como en sus relaciones entre si, y muy especialmente en sus relaciones con el Estado y particularmente con los Gobiernos. Hoy la sociedad venezolana vive difíciles relaciones en este esquema. Es por lo que nos planteamos comentar sobre la evolución sindical, entendiendo que desde sus origines ha sido una fuerza que nació enfrentando al status quo, por lo que ha sido natural que a lo largo del camino enfrentara oposiciones y obstáculos. De su evolución derivan varias consideraciones, algunas bien estudiadas, otras no, por lo que también hay creencias y especulaciones.

En la vida económica de las sociedades que llegaron más temprano al capitalismo -países europeos-, desde sus inicios se empezaron a formular planteamientos dirigidos al reconocimiento y a los derechos de los trabajadores y sus organizaciones. Es muy importante tener presente que tenían una orientación bien diferente a las organizaciones previas que congregaban a los trabajadores organizados a partir del oficio, es decir los gremios de quienes como artesanos tenían una situación de relativa ventaja, por el conocimiento y el control de los procesos productivos que ejecutaban. Pero la fábrica y el maquinismo en general, degradó el trabajo artesanal y colocó a los trabajadores en una situación menos ventajosa para la defensa y conquista de un tratamiento justo. Esta historia tiene dos y tres siglos en los países europeos.

Mientras todo esto pasaba en el viejo mundo, por estos lares tropicales de la Venezuela de entonces, estábamos en guerra primero por la independencia y luego la de los caudillos regionales contra quienes se adueñaron del poder central, y ahí se nos fue todo el siglo XIX. Empezando el siglo XX el gobierno central finalmente se impuso y liquido los últimos levantamientos de montoneras y caudillos. En todas estas etapas, por supuesto no dejo de realizarse el trabajo predominantemente agrícola y pecuario, pero con formas de propiedad y organización productiva pre capitalistas, más que obreros asalariados lo que movía esta producción eran campesinos, jornaleros y peones. En tanto que por los patronos se trataba fundamentalmente de vestigios de oligarquías, terratenientes y campesinos ricos, y no de alguna burguesía. El país figuraba en el mundo solo con su mapa geográfico, pero no con el económico.

Empezamos a aparecer en mapas económicos y geopolíticos con el descubrimiento de los yacimientos petroleros en la segunda década del siglo XX, justamente hace cien años. Las labores emprendidas por las compañías petroleras en los primeros años requirieron grandes contingentes de mano de obra, pero para tareas elementales vinculadas a las labores que permitieran auscultar nuestra geografía en el propio terreno, lo que implicaba abrir caminos, campamentos, desplazamientos en zonas inhóspitas por lo que por cada gringo habían decenas y centenas de trabajadores locales y hasta importados muy especialmente de las Antillas, habida cuenta que sus pobladores portaban la condición de súbditos de las monarquías británicas y holandesas, pioneras en la inversión exploratorio e inicial de esta etapa.

Como ya Venezuela aparecía en el mapa económico y geopolítico, inmigración de todo el orbe empezó a llegar al país. En lo político el país seguía siendo atrasado, modesta evolución en 1936, otros ensayos entre 1945-48, breve lapso de medidas avanzadas que fueron las que al fin permitieron mostrar una fisionomía a las relaciones de trabajo, porque hasta entonces o no había nada o lo poco que había era simplemente formal, como fue por un período la misma ley del trabajo de 1936. Muy ponderada en alguna bibliografía, justamente por eso porque no había nada previamente; aunque los trabajadores hicieron sus esfuerzos por crear sindicatos y federaciones. Pero véase que con toda la riqueza que succionaban las compañías petroleras desde la segunda década del siglo XX, no fue sino hasta 1945 y 1946 cuando se produjeron las primeras negociaciones entre sindicatos y compañías petroleras, que es decir al fin su reconocimiento.

Este inicio tardío de las relaciones de trabajo aun hoy marca aspectos que son vitales para la comprensión de este campo. Hoy caracterizamos las acciones regulatorias de la revolución bolivariana por aprobar importantes beneficios individuales para los trabajadores, haciendo el papel del gestor o dador de los mismos, al tiempo que restringe el accionar de las organizaciones propias de los trabajadores. Queda la idea que es el gobierno quien da los beneficios, y no es el producto o logro del accionar colectivo de los propios trabajadores, o que estas conquistas sean propias del desarrollo institucional laboral venezolano.  En otros tiempos era común oír “las prestaciones sociales nos las dio Carlos Andrés”, hoy se oye “la pensión me la dio Chávez”. Quizás se pueda subrayar que en el primer caso, se asociaba la conquista tanto con el caudillo como con su partido.

Así como la Ley del Trabajo de 1936 fue avanzada en beneficios individuales, al mismo tiempo dejó para el sindicalismo una estructura perversa de atomización y fragmentación, dando amplio poder discrecional al estado y gobiernos para invadir la vida sindical, castrando posibilidades de esta organización antes de ser incluso un movimiento nacional.

Hoy, en la revolución bolivariana ha sido una constante aprobar regulaciones para restringir el campo de actuación autónoma a las organizaciones de los trabajadores, condensadas ellas en el Decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, pero ademas se fomentan otras regulaciones que privilegian la organización a partir del territorio, de la comunidad y de otros criterios, pero no del trabajo ni la producción. A todo esto se sumará, aún pendiente en manos gubernamentales implementar los consejos de trabajadores, que agregarían más fragmentación y dispersión entre los trabajadores.

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com/.]

Opinión - Los trabajadores entre el discurso y la realidad

Héctor Lucena

El discurso oficial destaca que la revolución bolivariana tiene en los trabajadores su principal apoyo y destinatario, para lograr sus propósito de transformación de la sociedad venezolana a estadios superiores de bienestar y de felicidad.

Los trabajadores han expresado opinión y pareceres sobre lo afirmado, y siguen haciéndolo, en las oportunidades que no son muchas por cierto, de realización de ejercicios democráticos de decisión electoral en las urnas.

El inicio de la revolución bolivariana fue muy entusiasta en promover las elecciones hasta más allá incluso de los cargos públicos, como fue el referéndum para obligar al movimiento sindical - entes privados-,  a hacer elecciones supervisadas por un ente externo estatal -CNE-, como fueron las únicas de carácter general y nacional -en el 2001- llevadas a cabo hasta ahora, y con un resultado favorable a fuerzas opositores, el perdedor -el gobierno- al desconocer los resultados optó por violar la regla básica del que compite en una contienda, es decir aceptarlos aún mas cuando el órgano que administró este proceso era del total control gubernamental, como sigue siéndolo. Han pasado trece años, y el oficialismo tiene control de algunos entes sindicales nacionales, incluyendo una central o confederación, pero se abstiene de llevar a cabo elecciones, igual ocurre con unas cuantas de las federaciones bajo su control.

Es interesante tener presente que el devenir de la economía y la producción venezolana han evolucionado en dirección contraria a ofrecer un contexto favorable al desarrollo sindical. Empecemos por tener claro que como condición primaria para este desarrollo es necesario la existencia de empresas y de sectores productivos con estabilidad en su funcionamiento. 

En general los sistemas económicos mundiales han evolucionado en una dirección que no facilitan las condiciones para el desarrollo sindical. En algunos casos es el desempleo, pero en otros es éste más el deterioro del mercado del trabajo, sea por la vía de informalidad y la precarización. Igual complejidad acusan los procesos de reestructuración productiva para reemprender el crecimiento.

Nuestro país no está al margen de ello, muchos menos con una situación de clara recesión económica, siendo el único país del continente con este cuadro de crisis. En cuanto a afirmarse oficialmente que nuestro desempleo es de sólo 6.7%, no quiere ello decir que de nuestra población económicamente activa de catorce millones apenas en ella estarían desempleados algo más de novecientas mil personas, y que el resto son sujetos que tienen una relativa facilidad para organizarce sindicalmente. Pero la realidad es más compleja por la informalidad y la precariedad, ambas situaciones implican una muy compleja posibilidad de sindicalizarce.

Con todos los registros que aportan los sindicatos así como las empresas, perfectamente el ministerio del ramo pudiera informar la tasa de sindicalización, así como otros índices de importancia para hacer el seguimiento de las relaciones de trabajo. No lo hace, pero si entendemos que esta tasa sumamente baja, apenas superara el 10% de la población económicamente activa.

En el medio oficial predomina un discurso que menciona la centralidad del trabajo y de un aparente apoyo a los trabajadores, sin embargo predomina una política que gradualmente ha venido minando y erosionando al movimiento de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Se privilegia ofrecer beneficios a los trabajadores en tanto individuos, pero no a ellos mismos en tanto afiliados a organizaciones colectivas, por eso la muy frecuente dificultad para la negociación de convenios colectivos, la represión a la protesta laboral, que muy justificadamente se ha multiplicado y ha alcanzado desde hacer varios años la razón de protesta más frecuente en el país, incluso por encima aquellas motivadas por necesidades y problemas de aguda repercusión en la vida familiar y social, sean por la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos, la violación de los derechos humanos. 

Predomina igualmente un discurso anti empresa, que ha dado lugar a la existencia de casos que los propios trabajadores hagan causa común con muchos empresarios que se ven acosados y en dificultades derivado de las dificultades del modelo económico, recientemente el caso de Venoco.

Este fenómeno se ve complementado con el hecho de que las empresas que por acoso no continúan funcionando al pasar a manos del gobierno, quienes en ella continúan trabajando pasan a experimentar diversas situaciones de incertidumbre, las que se agregan a las ya existentes de prestar servicios en una empresas que venía mostrando señalas criticas en la producción y funcionamiento en general.

No es de menor importancia señalar, que la incertidumbre se prolonga ahora con un patronato oficial que suele pasar la conducción de empresas a nuevos criterios donde se cuestiona lo que se venía haciendo. Se inicia un proceso de reestructuración en la mayoría de los casos conducido por personas ajenas a la actividad productiva del ente. La incertidumbre crece. En todo esto la revolución desconfía de los sindicatos y del movimiento de los trabajadores, sólo confía en sus cuadros, que dirigen organizaciones sin autonomía y que siguen las directrices de altos funcionarios gubernamentales preocupados primariamente en mantener el modelo, antes que los intereses de los trabajadores. Urgente la unidad de organizaciones de trabajadores que cada día menos se justifica su dispersión y atomización.

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com/.]

El control en el trabajo: coercitivo, sutil y con fusiles

Héctor Lucena

El control patronal sobre el trabajo es un factor clave para alcanzar los fines de la empresa, es decir producir y ganar. Desde la esclavitud el control ha sido un tema importante para lograr este objetivo. Para esa forma de trabajo, la aplicación del látigo era el medio de control, además de alimentar y dar techo, que era la retribución recibida por el esclavo, y según criterios del patrono, suministraba estos bienes. Como se ve, la coerción en manos del patrono es ejercida con total rudeza y crueldad. (La película ganadora del Oscar 2013 “12 años de esclavitud”, lo muestra con toda claridad).

Al superarse la esclavitud como sistema productivo, los esclavos pasaron a ser hombres y mujeres libres, y su relación con el trabajo pasó a ser a base del salario. Nacieron los asalariados y la sociedad salarial. El patrono ya no aplicaba el látigo.

Modernamente el control no deja de ser ejercido pero ahora con otros métodos. El control de la actividad productiva, va acompañado de una dosis de consentimiento de los trabajadores. Son mecanismos mediante los cuales la empresa busca poner la inteligencia y la voluntad de los trabajadores al servicio de la misma, y a la vez integrarlo y hacerlo sentir parte de ella.

No todo es coerción. A más coerción menos identidad, más rechazo y tensión laboral. Lo que se traduce en dificultades para la producción y la ganancia. Los métodos de control han pasado fundamentalmente por la supervisión, originalmente muy estricta, aunque gradualmente con el tiempo y la evolución de las organizaciones sociales, de las políticas públicas y de la legislación laboral, se ha tornado más laxa.

Pero la laxitud de la supervisión no implica menos controles sobre los trabajadores, sólo que cambiaron los instrumentos y los métodos. El desarrollo de la tecnología y los procesos de trabajo ha contribuido a que los controles sean menos directos. Se fijan metas, se registran y luego se analizan los resultados. Las metas son de cantidad, de calidad, de tiempos, de satisfacción del cliente, de compromiso, de lealtad, en fin el patrono dispone de resultados para mantener el control en sus manos, según se alcancen o no estas metas. Los criterios y las prioridades siguen estando en sus manos.

En nuestro tiempo presente, sin duda el patrono privado privilegia con la actividad productiva a la ganancia y estabilidad de su negocio. Sea transnacional o nacional, grande o pequeño, industrial o de comercio, estos objetivos son prioritarios.

Sin embargo en nuestro medio el gran patrono, el Estado venezolano, tiende a atender a otras lógicas distintas a la producción y la ganancia. Se trata de colocar el compromiso y la lealtad con el proceso político como prioridad. Por ello no se detiene en que los resultados y objetivos de cantidad o de calidad de lo producido, sea un bien o un servicio, no se alcancen, así tampoco los tiempos de ejecución, la satisfacción del cliente. Pero lo que sí es esencial es que la lealtad y el compromiso de los trabajadores con el proceso político en ejecución no guarde dudas. Se entiende que esta condición es funcional al mantenimiento del régimen y su estabilidad, eso sí sacrificando resultados productivos. De ahí la postración generalizada de muchas entidades productivas. capitalismo

A propósito de la situación laboral de Sidor y los intentos de arrancar su producción, un titular reciente de las declaraciones de un miembro de la directiva sindical de esta empresa indica “Con fusil y con la Guardia en la pata de los hornos, haciendo terrorismo de Estado, arrancan la planta”. Vemos que el control perdió la sutileza de estos tiempos de modernas formas de organización del trabajo, y regresa a ser ejercido con métodos rudos y coercitivos. Sin duda es una forma resultante de la militarización y distinta a los principios del diálogo y la convivencia productiva.

[Fuente - http://hectorlucena.blogspot.com/2014/09/el-control-en-el-trabajo-coercitivo.html.]

Recesión económica, vida familiar y empleo

Héctor Lucena

Técnicamente con al menos tres trimestres sin crecimiento un país está en recesión; es la situación económica de nuestro país. Los productores y consumidores bien lo saben y viven cada uno con las dificultades para poder producir y para consumir. Todo encuentro familiar, de amigos o conocidos, gira en torno a plantear si conseguiste tal o cual producto y dónde. Incluso poco se pregunta por la marca y el precio, para algunos bienes es como mucho pedir en estos tiempos. No obstante, también hay quienes consiguen los vericuetos para encontrar productos y bienes que para la gran mayoría escasean, lo que para los demás levanta desde el interés hasta la envidia y encono.

Pero aun cuando la recesión sea sentida y vivida por los productores y consumidores, es decir los trabajadores y las familias, no se ha convertido ni ha dado lugar aún a una respuesta que corresponda a la gravedad de un estado de recesión económica. Las respuestas son en principio individuales, familiares, o de grupos de amigos, con sus correspondientes limitaciones. Las respuestas colectivas, comunitarias y de organizaciones sociales son aún insuficientes, al menos para ejercer una mayor influencia en la corrección y ajustes de las políticas económicas. Los gobernantes siguen desafiando la paciencia de la población, ni siquiera cambian el discurso.

Obviamente todo esto evidencia un déficit en la eficacia de los movimientos sociales. Con la recesión uno de los bienes más volátiles son las oportunidades de empleo, que se hace más difícil conseguirlos. Se mantienen los de bajo nivel y calidad. Por ejemplo se menciona la escasez de trabajadoras residenciales y domésticas, así como de vigilantes. Empleos de bajos salarios. Predominan los empleos de salario mínimo, no obstante que esta cantidad no cubre la cesta normativa, ni siquiera la cesta básica.

Se acentúa la tendencia a la mayor creación de empleos en el sector informal, así como de empleos precarizados tanto en la misma informalidad como la formalidad. En Venezuela los pocos empleos que se crean son mayormente informales. La situación económica ha dado lugar a que personas con pequeños negocios pasan de la formalidad a la informalidad, con el objeto de abaratar su funcionamiento, ya que las cargas y exigencias de regulaciones de diferente índole complejizan la gestión.

Está demostrado que en la mayor parte de la informalidad, las personas obtienen menores ingresos y ejecutan su trabajo en condiciones de mayor precariedad, y para la economía nacional y la sociedad en su conjunto hay un menor aporte a la creación de riqueza. Igualmente en ella se inscriben actividades que están en la frontera entre lo legal e ilegal, lo que coloca en situación de riesgo a quienes las ejercen, y por tanto eventualmente las autoridades, ya sea abierta o subrepticiamente, le impone sanciones o practica chantajes.

Dentro de los diversos componentes de la informalidad, el que ocupa un mayor número de personas es el cuentapropismo, ya sea para el comercio, servicios o elaboración de bienes de modesta complejidad. De cada cien empleos que se crearon entre 1997 y el 2011, treinta y dos son cuentapropistas. Ha sido y sigue siendo el empleo predominante en el mercado laboral venezolano. Es por lo que en la comercialización se agregan eslabones de intermediación para facilitar a los compradores las dificultades que se acrecientan para conseguir los bienes para consumo familiar, con un saldo neto de encarecimiento. Sin embargo en las empresas hay una mayor permisividad para uso del tiempo laboral en la persecución y caza de productos básicos.

Una razón adicional para más ausentismo del que ya se ha derivado de las nuevas concepciones incluidas en el nuevo Decreto-Ley sobre el Trabajo -Dlottt.

Todo esto es un consumo de energías humanas y de tiempo, que deja de ser productivo para pasar a ser parte de las estrategias de sobrevivencia de la población. Las colas en los establecimientos de productos básicos, más los esfuerzos de las personas en encontrar suministros es central a las preocupaciones de las familias. Contrasta todo esto, con lo característico de varias décadas atrás, se decía que las únicas colas que hacía el venezolano eran para sellar el cuadro de caballos los días domingo en la mañana, y para entrar a los estadios a ver los juegos de béisbol profesional de los equipos favoritos.

[Fuente - http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/19723-recesion-economica-vida-familiar-y-empleo.]

Opinión - Movimientos sociales: Control y protesta

Héctor Lucena

Con frecuencia se observan declaraciones condenatorias de la debilidad de la oposición partidista venezolana al gobierno bolivariano, sin embargo se deja de lado que la oposición no es sólo la que se ejerce vía partidos políticos, por lo que interesa reflexionar en torno a varios asuntos e interrogantes.

Empecemos por ponernos de acuerdo ¿que es la oposición?, y luego por considerar si es válida la tesis de la debilidad de la oposición. Al responder que es la oposición, esto lleva a verla en distintas perspectivas. Por un lado lo más convencional, como es verla sólo en términos de partidos políticos y sus dirigentes. Creo es lo que predomina, además los medios de comunicación han contribuido a verla en esos términos, por la mayor accesibilidad brindada en función de liderazgo y pertenencia a partidos políticos. Recién es cuando se brinda mayor accesibilidad a voceros de los movimientos sociales.

Pero la oposición al régimen va más allá de partidos políticos, sin necesidad de sugerir esta reflexión una invitación a la anti política. Es lo que exige mirar a otras organizaciones de la sociedad. Aquí es central tomar en cuenta la categoría movimientos sociales, que como es conocido refiere a grupos y acciones no formales que se expresan en la vida socio-política y económica, apuntando a presionar o sostener determinados cambios. Con el devenir del tiempo estos movimientos también adoptan mecanismos formales, sea por el interés estatal o de los propios movimientos.

Con lo expuesto importa entonces detenerse en analizar el peso y la fuerza de los movimientos sociales. Admitimos que existe una gama diversa de movimientos sociales en distintas esferas de la vida del país, ya sea en el mundo del trabajo -movimiento de los trabajadores y el movimiento cooperativo-, en el mundo de los estudiantes, así como en el de los campesinos, de las comunidades y vecinos, de las mujeres, de los derechos humanos, de ecologistas, de grupos étnicos, el movimiento LGBT, entre otros.

En nuestro país la mayoría de estos movimientos son de fecha reciente, salvó los tres primeros los restantes cuentan con pocas décadas o años de existencia. También es destacable mencionar que si bien estos movimientos han surgido de las propias comunidades, dos actores siempre han intentado cooptarlos, sea por una parte el estado y/o los partidos políticos. Este interés es una constante en la historia moderna del país, digamos que con la restauración democrática de 1958 hasta el día de hoy no ha habido cambios al respecto. 

Llegado al presente se advierte que los movimientos sociales mantienen su presencia y acciones en la vida del país, pero sin que ello hubiese sido determinante en las grandes decisiones de la vida nacional, cuando desviaciones y deformaciones se han hecho dominantes.

Mirando en perspectiva de 1957 para acá, las acciones de trabajadores y estudiantes se movilizaron para contribuir al derrocamiento del régimen autoritario de entonces, pero lo determinante fue la acción de los militares. Así ocurrió a lo largo de la convulsa primera mitad de la década del sesenta, los gobiernos constitucionales con el apoyo militar redujeron y controlaron las diversas protestas, y juntó a ellos buena parte de los movimientos de protesta de calle e insurreccional fueron cooptados. Ello permitió un gradual y sostenido control partidista y estatal de las manifestaciones y acciones de los movimientos sociales.

Pero años más tarde el agotamiento de la evolución política y económica, trajo de nuevo protestas abiertas como lo ocurrido en febrero de 1989, que no está del todo claro que ello haya sido una acción organizada por movimiento social alguno, claro que algunos a posteriori reclamaron su conducción u orientación, pero por supuesto sin convencimiento alguno.

Más auténtico fue lo realizado por el movimiento sindical -CTV-, que admitiendo haber sido desbordada por los acontecimientos de protesta, convoco a posteriori -mayo de 1989-, un paro nacional contra las políticas económicas del gobierno, pero que perdió su ímpetu y energía al plantearse desde el aparato partidista gubernamental -Buró Sindical de Acción Democrática- que el paro era contra la especulación y con ello diluyó el impacto de la convocatoria y la acción de protesta anti gubernamental En todo caso  fue una protesta cruentamente reprimida por el ejército.

Este escaso desarrollo de los movimientos sociales, tiene que ver con el hecho que el protagonismo contestatario surgiera del propio seno del órgano represor, como fueron los levantamientos militares de 1992, si bien no lograron sus propósitos, el devenir siguiente dejo más visible las debilidades del sistema político vigente, y una de ellas fue que no habían movimientos sociales autónomos y representativos para asumir los vacíos que la crisis política mostraba, planteando demandas y llevarlas a su destino. El camino quedo despejado para que una opción para entonces ajena a los movimientos sociales, asumiera el liderazgo y la victoria electoral que desplazó a los actores que ejercieron la tutoría de los controlados movimientos sociales del momento.

Con el advenimiento de la revolución bolivariana se plantea un renacer y expectativa de los movimientos sociales. Los que nuevamente vuelven a ser objeto de los intentos de la cooptación estatal y partidista, y he aquí el estado donde nos encontramos, la disyuntiva entre intervención y autonomía.

En lo que tiene que ver con el movimiento de los trabajadores, los intentos estatales de reducir su autonomía son constantes. Sin embargo la protesta laboral no deja de ocurrir. Así se puede ver en los registros del Observatorio de la Conflictividad Social, destacando que del año 2008 al 2013, se hicieron 16.297 protestas. De éstas, el 37% tuvo una causa laboral. Cuando se agreguen las que se acumularan en este 2014, es de asegurar que no bajará este porcentaje. Además la mayor contribución de las protestas laborales será contra el Estado, especialmente en su condición de patrono. 

Finalizando, los movimientos sociales se han lanzado a sus reclamos y acciones. Son mayormente manifestaciones de oposición a acciones, decisiones y políticas del estado. Si vemos la oposición solo en términos de partidos políticos no se aprecia lo que realmente ocurre en el país, es necesario verla además en términos que incluyan a los movimientos sociales.

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com/2014/09/movimientos-sociales-y-las-demandas.html.]

Opinión - Venezuela: Tendencias autoritarias y conflictos laborales latentes

Héctor Lucena

El pasado 23 de Julio el Presidente de la Asamblea Nacional encabezó delegación estatal que se traslado a Ciudad Guayana para fijar posición sobre el conflicto laboral de Sidor en ese momento en curso y tratar de buscar una solución. Pero sus planteamientos obraron en dirección opuesta. Sus descalificaciones y amenazas más bien soliviantaron los ánimos, que se tradujeron en reacciones de malestar obrero, declaraciones y masivas movilizaciones unitarias con y alrededor de los sidoristas.

 Daba la impresión que sin querer las palabras del Presidente de la AN lograron lo que pacientemente no ha sido posible por quienes hacen esfuerzos por avanzar en la reunificación del movimiento sindical. Pero  ello no es tan fácil, por lo que nos detendremos en escudriñar la complejidad de esta reunificación en el contexto de regímenes que obstaculizan la propia existencia del movimiento sindical.

El sindicalismo encuentra su mayor oposición en dos sistemas político-económicos que no le ofrecen o le limitan espacios para su desarrollo. Ellos son el neoliberalismo y el autoritarismo. El primero prefiere que el sistema económico se desenvuelva sin la interferencia de los sindicatos. Los considera perturbaciones y por tanto es mejor eliminarlos. Sin embargo dada la tradición existente y los logros alcanzados por esta institución, no puede eliminarlos, y finalmente el neoliberalismo establece límites y frenos para su mayor desarrollo.

En cuanto al autoritarismo, previamente conviene distinguir que por un lado tiene una nítida expresión militar pura sin origen electoral sino la victoria armada sobre el régimen anterior, que en este momento en América Latina sólo se observa en el caso de Cuba, sin espacio para la pluralidad sino al pensamiento único. Pero también se observa otra expresión que mejor llamamos tendencia autoritaria de naturaleza cívico-militar de origen electoral, como es el caso venezolano que al haber evolucionado por la vía electoral, convive en el marco de una sociedad que permite la coexistencia con tendencias críticas al régimen.

En el primer caso el sindicalismo es permitido pero como un instrumento del Estado. En nuestro caso coexisten tendencias que se comportan de esa manera como aquellas otras que manifiestan un comportamiento propio de sociedades plurales. Las primeras entienden que su apoyo al régimen es el camino correcto al mejoramiento de la clase trabajadora y junto a ello ceden su autonomía, llegando a sacrificar principios fundamentales así como conquistas históricas del movimiento de los trabajadores.

En este contexto se plantea que la organización y el desempeño del sindicalismo han de someterse a políticas estatales incluso aquellas que son contrarias al desarrollo sindical. La evolución electoral del régimen ha venido promoviendo y construyendo desde un primer momento una institucionalidad que gradualmente reduce los espacios y facultades de las organizaciones sindicales. Es por lo que tanto el neoliberalismo como el autoritarismo, en sus diversas expresiones, coinciden en el fondo en oponerse al desarrollo sindical. Por supuesto no se oponen de la misma manera. Los regímenes de orientación civico-militar de origen electoral, se consiguen al llegar al poder un desarrollo sindical anterior, por lo que ha de convivir con él, y es gradualmente en la construcción de nuevas institucionalidades como se propone ir restringiendo los espacios de acción del sindicalismo. En principio lo hace con la oposición abierta de los liderazgos sindicales que en el período político previo eran los conductores del movimiento de los trabajadores. Gradualmente el régimen los coopta, o en caso que éstos perseveren en posturas opositoras los enfrenta con represión y criminalización.

Por otro lado aquellos dirigentes contrarios al régimen anterior que en un principio adhieren entusiastamente al nuevo poder político y su institucionalidad, muchos de ellos gradualmente experimentan frustraciones y disensiones, pasando a formar una tercera posición. Obviamente todo esto abona a procesos de fragmentación ideológica y política, que en sí mismo representa una debilidad y es en el fondo una aspiración de la tendencia autoritaria.

Enfrentar la fragmentación y reconstruir una estructura sindical nacional y regional articulada es una tarea prioritaria del movimiento sindical autónomo. La muy alta conflictividad laboral que ha venido acrecentándose no ha logrado conquistas suficientes por la carencia de articulación entre sí. Por ejemplo las violaciones patronales y muy especialmente del patronato estatal, de las condiciones de trabajo, de la estabilidad laboral, de los convenios colectivos, de los sesgos de las autoridades laborales, y el deterioro de la calidad de la vida, son suficientes problemas para unas acciones más contundentes de movimiento de los trabajadores, sin embargo son contados los esfuerzos de estas acciones que se conectan entre centros de trabajo del mismo sector o de la misma región, porque los esfuerzos de la protesta son localizados y en muchos casos aislados.

Más grave que lo anterior es la afonía del movimiento de los trabajadores en temas macroeconómicos, que tanto determinan la situación en los centros de trabajo, empezando por el propio empleo. El régimen si apela a los trabajadores para que le apoyen, y a cambio otorga reivindicaciones de corto alcance, pero les obstruye su fortalecimiento y protagonismo en el diseño de políticas macroeconómicas.

En este marco de políticas fragmentadoras se ha tolerado en niveles extremos, que espirales de violencia hayan escalado las magnitudes que conocemos sin que el régimen se haya sensibilizado para implementar políticas y acciones que lo enfrenten. Ciertos sectores del mundo sindical han caído en manos del hampa, lo que no es un hecho natural y espontáneo. Es el resultado de una intervención errática de las políticas públicas en los asuntos internos del mundo sindical. Haber promovido indiscriminadamente desde el poder oficial organizaciones sindicales artificiales, tanto en la base como en las cúpulas, no es un hecho inocente. Ello tiene sus riesgos y consecuencias, que los paga en primer lugar el propio movimiento con sus víctimas, su imagen y desprestigio, así como el caos que deriva del uso de una violencia en principio ajena. Caos que igual se extiende al funcionamiento de los centros de trabajo, con perjuicio de toda la sociedad. Luego de haber llegado a este lugar, el régimen mira para otro lado y se ha cruzado de brazos, y lo explica con argumentos banales, como lo expuso un representante ministerial en OIT, que el problema era porque se construían muchas viviendas y los contratos colectivos eran buenos.

Indudablemente que en el movimiento sindical hay insuficiencias y errores, pero se trata de un problema que quienes activan en el movimiento han de resolver.  Entendamos que no es un asunto a ser resuelto por agentes externos, aunque sí es un asunto a ser discutido entre el movimiento y los sectores con los cuales se relaciona, sin menoscabo de su autonomía. Ya bastante interferencia externa en el marco del desarrollo político de las últimas décadas ha ocurrido con resultados nefastos. La aparente resolución del paro de Sidor, con la polémica firma del convenio colectivo sólo confirma la difícil relación entre el Estado y el Sindicalismo, dejando el conflicto latente.

[Fuente: http://hectorlucena.blogspot.com/2014/08/tendencias-autoritarias-y-conflictos.html.]

Opinión: Las relaciones laborales desnudan un mayor rentismo

Héctor Lucena

Este 31 de Julio se cumplieron cien años de explotación del pozo petrolero Zumaque I. El primer pozo en suelo venezolano con verdadero valor comercial y que desde entonces se ha mantenido activo. Tenemos un siglo beneficiándonos de la generosidad de este subsuelo inicialmente el zuliano, luego en varios estados orientales y ahora en la faja petrolífera del Orinoco. Hemos sido un neto país petrolero y los seguiremos siendo.

De las diversas consecuencias que se han derivado de la condición de país exportador petrolero, una es que nos hemos conformado con sólo ser eso. Cien años y seguimos exportando predominantemente crudos. No nos llegamos a  convertir en un país con una sólida industria de servicios petroleros, de petroquímica, o industria química.

Incluso la actividad refinadora la emprendimos muchos años después de ser un productor importante a nivel mundial, fue cuando las compañías asumieron la construcción de refinerías en nuestro suelo, para entonces ya ellas mismas habían construido gigantes instalaciones en las vecinas colonias holandesas, por lo que exigencias gubernamentales nuestras jugaron un papel importante para que se construyera una significativa y proporcional capacidad de refinación en nuestro suelo.

Por supuesto que asignar la calificación de cultura rentista al funcionamiento de nuestro país no es gratuito, ya que los ingresos por exportación de petróleo superaron tempranamente -1926- los rubros tradicionales de exportación de nuestra atrasada y modesta economía pre petrolera. Los intentos posteriores de industrialización  y modernización productiva estuvieron marcados por la actividad petrolera, en el sentido que dependían de las divisas de origen petrolero no sólo para la instalación y fomentos de programas productivos, sino en muchos casos para su sobrevivencia.

La calificación de rentistas no es sólo aplicable al empresariado nacional, sino también a otros segmentos que apuntaban su mirada y presiones al ingreso rentista para satisfacer demandas reivindicativas o cuotas de participación en la distribución de esta riqueza, aquí cabe señalar a los élites políticas y de diversos segmentos sociales. El esfuerzo organizativo de diversos sectores de la sociedad estaba dirigido a lograr acceder al ingreso petrolero. Así que históricamente hay tanto comportamiento rentista en las élites económicas como en las élites políticas y sociales.

Utilizar la riqueza petrolera para construir otras actividades productivas así como infraestructura ha sido una estrategia con resultados visibles desde los años cincuenta para acá. Se generaron empleos, aprendizaje laboral, instalaciones productivas, conexiones ínter sectoriales, pero todo más orientado a satisfacer el mercado interno, al principio con alto niveles de protección y gradualmente se fueron levantando protecciones hasta que a fines del siglo XX ya éramos una economía con razonable apertura, al tiempo que con un papel modesto de los sectores no tradicionales en la provisión de divisas por concepto de exportaciones, queriendo decir los no petroleros.

De los más importantes actividades en la captura de divisas eran aquellos constituidos por empresas estatales, mixtas y privadas creadas en Guayana y en el eje Carabobo-Aragua-Miranda. En su punto de mayor equilibrio las divisas procedían del petróleo y de los sectores no tradicionales en una proporción de 70% y 30%. De haberse mantenido esta tendencia apuntábamos a una economía que podía ser menos rentista, además de la creciente contribución de los impuestos a la conformación del presupuesto nacional, que hace cerca de un par de décadas alcanzo equivalencia con las contribuciones petroleras.

La última décadas y media hemos retrocedido en la evolución hacia una sociedad productiva diversificada. Hoy las exportaciones de petróleo, cada vez más de crudos con mínimo valor agregado, aportan un 96% y las exportaciones no tradicionales apenas un 4% de las divisas que el país percibe.

Las principales fuentes de exportaciones distintas al petróleo procedían de las empresas ubicadas en Guayana, fundamentalmente la del hierro, acero y aluminio. Grandes inversiones en esas instalaciones productivas así como en energía e infraestructura empezaron a contribuir con el país, además de los productos para el desarrollo aguas abajo, la captura de divisas por exportación. Parecía que el rentismo se podía superar.

La crisis en las relaciones laborales en estas empresas, por la continuada conflictividad y el estancamiento de las negociaciones de los convenios esta evidenciando que el modelo como vienen siendo dirigidas las mismas las hace inviables. Por ello es que se asoman soluciones que recurren al subsidio petrolero, o mejor decir a la hipoteca de futuras ventas de petróleo, para así satisfacer demandas justas exigidas por los trabajadores, quienes al no haber jugado un papel protagónico en la participación en la conducción de políticas macroeconómicas económicas, ni sectoriales, ni tampoco nivel de empresa, apuntan a destacar que ellos no han dirigido estos empresas y por eso formulan sus reclamos con creciente impetuosidad. Pero esta solución hace al modelo económico más rentista, ahora ademas en empresas que hasta no hace muchos años aportaban recursos al país.

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com/.]

Opinión: Reestatización de Sidor trajo más conflictividad

Héctor Lucena

En el 2008, el estancamiento de las negociaciones de un convenio colectivo dio lugar a la estatización de Sidor, mejor decir a la reestatización; recordemos que esta empresa había sido estatal desde su nacimiento hasta 1997, cuando fue adquirida por un consorcio de capitales argentino, mexicano, brasileño y venezolano, para entonces los mayores productores del ramo siderúrgico en América Latina. En el consorcio lideraba la compañía Techint-Ternium, uno de los grandes en la siderurgia mundial.

Hoy se repite un nuevo estancamiento en las negociaciones de la renovación del primer contrato colectivo en esta breve pero turbulenta etapa reestatizada. En el 2008, con los propietarios privados el estancamiento negocial había alcanzado los 15 meses, en el presente el contrato vencido ya lleva tres años. Se trata del contrato que fue firmado inmediatamente al asumir el Gobierno venezolano la dirección de esta factoría. Ya de por sí esto llama la atención, que transcurrido seis años desde entonces se haya tornado tan compleja la negociación de un convenio colectivo, lo que para las relaciones laborales es un mecanismo regular y tradicional en la relación y convivencia entre capital y trabajo.

Si en algo las relaciones laborales venezolanas, de las décadas previas, adquirieron un desenvolvimiento regular era en los procesos de negociación. Se puede afirmar que en esta empresa, como en general en las compañías estatales y privadas en el país, la negociación de los convenios colectivos tenía mucho de ritualismo, se seguían pasos que cada parte entendía y le era familiar, ambos se aproximaban bastante a predeterminar las acciones del otro actor. El ritual empezaba con un anteproyecto ambicioso, unas negociaciones que iniciaban con las cláusulas de menor complejidad, gradualmente se iban acercando a las de mayor envergadura, sea por la administración o por los costos. En tanto los sindicatos, aquellos que se desenvolvían democráticamente, preparaban a sus afiliados a mantenerse alerta, con asambleas y comunicaciones sobre el proceso. Si el ritmo de negociaciones se enlentecía o dificultaba más allá del ritual, las partes apelaban a la intervención de instancias políticas y/o gubernamentales. Por el lado sindical, la movilización y propaganda eran sus armas más a la mano, y alguna que otra vez se llegaba a la huelga.

Hoy el escenario en el cual se negocia es diferente. Han habido cambios en las regulaciones que le han sustraído facultades y autonomía a los actores de las relaciones de trabajo. A cambio se han fortalecido las del actor estatal. El resultado es que los sindicatos se han fragmentado y han perdido autonomía y ya no solo son objeto de la influencia patronal sino también de la estatal. Que de paso también ocurría en el pasado, sólo que esta dependencia encontraba a un sindicalismo con mayores recursos para defenderse, negociar y presionar en todas las esferas de poder, desde el centro de trabajo hasta en el nivel presidencial y parlamentario, y que estaba menos fragmentado.

La reestatización trajo en el ámbito laboral más conflictividad, se ha incrementado el nivel de incumplimientos contractuales y legales. Adicional a esto hemos destacado la fragmentación de las representaciones de los trabajadores, en el caso del Sidor reestatizado, en el 2009 surge el sindicato de nómina de conducción, así llamado el segmento de trabajadores con funciones supervisoras desde el período que la compañía estuvo en manos de transnacional Techint-Ternium. En la estructura de Sutiss se prevé atender y representar a estos sectores, pero luego de la reestatización, la empresa influyó para que se constituyera esta nueva organización. Este mismo año se crea se crea el Frente Siderúrgico Bolivariano de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, que si bien formalmente no es un ente sindical, actúa como tal tanto por los temas abordados como por las práctica que ejecuta. En el 2010 actúan doce organizaciones de trabajadores contratados, además recién se registró la organización sindical Estiba Socialista, con apoyo de 580 trabajadores que laboran en muelles, que se agregan a dos sindicatos que ya existían en este lugar. En el seno de las instalaciones de Sidor actúan organizaciones sindicales del ramo de la construcción ejerciendo métodos poco convencionales en las relaciones de trabajo. También se observan organizaciones de trabajadores cooperativizados, ex asalariados que no dejan de comportarse como tales en sus acciones y reclamos.

Un señuelo a favor de las reestatizaciones fue el discurso antitercerización. Las nóminas aligeradas de las empresas antes de pasar al Estado fueron incrementadas al poco tiempo, y no necesariamente con incorporación de tercerizados, muchos de estos más bien fueron conducidos y obligados a cooperativizarse, y en esa categoría adquirían un estatus diferente a la de los asalariados. El peor de los problemas es que a las plantillas se incorporaron activistas por llamarlos de alguna manera, que están en la nómina, pero no en las actividades productivas ni administrativas. El director laboral de Sidor, Rafael Tizamo: “Según sus cuentas en esa empresa hay 2.500 trabajadores que cobran sin trabajar. Son fichas de los dirigentes sindicales de la empresa y quienes participan con más fuerza en las protestas que allí se producen, lo cual viene siendo su único trabajo”. Según la versión de Tizamo, cada uno de ellos “devenga 25 mil bolívares mensuales, por lo que la siderúrgica roja rojita, que cada vez produce menos acero, se gasta 62,5 millones al mes”. Agréguele el impacto que esto tiene en la moral de los empleados que sí trabajan y cumplen.

[Publicado originalmente en el diario Correo del Caroní, 19/07/14; accesible en http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/itemlist/user/962-h%C3%A9ctorlucena.]

Opinión: Programas de gobiernos de izquierda y estructura económica

Héctor Lucena

América Latina ha experimentado en lo que va del siglo XXI el ascenso al poder de fuerzas políticas de centro izquierda y de izquierda, así se ha observado en la mayoría de los países más grandes de la región. Destacable que no es una tendencia observable en los países del primer mundo.

El presente artículo tiene como referentes a los gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela, quienes propusieron programas que buscaban diferenciarse de las propuestas neoliberales previas. Esto levantó altas expectativas dada la situación de conflictividad y frustración que acompañaron las gestiones gubernamentales previas, especialmente los casos de Argentina y Venezuela.

Hay que aclarar que estas experiencias no tienen entre sí el grado de cohesión que en otros momentos alcanzaron las políticas económicas en los países de la región. Por ejemplo la política de sustitución de importaciones, el desarrollismo y la influencia de la Cepal, en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial, le dio a muchos países de la región semejanzas en sus modelos de desarrollo económico, ya que adoptaron un patrón así como conceptos que contaron con una amplia difusión entre formuladores de políticas, académicos y organismos multilaterales. Años más tarde se impusieron dictaduras militares que coincidieron en sus propuestas económicas, neoliberales y desarrollistas. Aunque este ciclo histórico en lo político no afectó a los países del área caribeña, si pudo observarse en esta sub región la adopción igualmente de las política neoliberales, como se ve en el último cuarto de siglo.

Tres facetas de la criminalización sindical

Héctor Lucena

La criminalización de la actividad sindical nos presenta varias situaciones que conviene precisar.  Por un lado la que deriva de la acción del Estado al promover un conjunto de regulaciones que restringen la actividad sindical, particularmente las acciones de reclamo y de protesta. Habría que destacar el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad que descansan en una concepción militarizada de asuntos de naturaleza más civil, como es el desenvolvimiento de las relaciones laborales. Son regulaciones que entran en colisión con conceptos vinculados con la libertad sindical, necesaria para el ejercicio de la organización de los trabajadores y sus acciones propias de representación que incluyen la protesta. Organizaciones no gubernamentales -Provea y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social-  llevan registros de la cantidad de dirigentes sindicales y trabajadores criminalizados por acciones de protesta y reclamo ante sus patronos.

La otra lectura de la criminalización es un poco menos estudiada y analizada. Se trata de fenómenos que precisaremos en dos categorías. Por un lado asesinatos de dirigentes y de trabajadores con motivo de la actividad sindical,  pero una muy particular, ya que se observan  vínculos con el hampa. Este fenómeno viene ocurriendo desde el año 2005 en el sector de la construcción, y en mucho menor escala en el petrolero. Entre el 2005 y el 2013 suman 427 personas asesinadas, en los primeros años era por vía de sicariato, pero en los últimos años se perpetran a la vista de todos, con la cara descubierta y algunos hasta informan de la acción a los relacionados. Los casos están asociado a la mercantilización del ingreso a empleos, así como a la venta de protección y paz laboral en las obras, y obviamente a la degradación e impunidad que reina en estos medios.

Si bien el fenómeno de la mercantilización del empleo no es nuevo, data de largas décadas, pero antes no se había fomentado el exacerbado paralelismo sindical promovido como política laboral del actual régimen, y mucho menos que estuviera vinculado con el hampa.  El fenómeno en la industria de la construcción predomina en las obras públicas, en aquellas que son de gran escala, que requieren de cientos y miles de trabajadores y que generalmente son obras del Estado; aunque también se ha extendido a obras de menor envergadura, de capital privado.

En Miraflores: Mediador del mundo criminal

La tercera manifestación de la criminalización en las actividades sindicales, es la que sale a flote con el asesinato de Yorman Márquez Rodríguez, conocido como "El Gordo Bayón”. Se trata de una persona con un amplio prontuario policial por asesinatos y secuestros, entre otros. Estaba sometido a juicio y tenía prohibición de salida del Estado Bolívar, pero lo llamativo es que participaba como mediador en representación de los trabajadores de la construcción, en las negociaciones del convenio colectivo de la Siderúrgica del Orinoco y el Sindicato identificado con las siglas Sutiss, negociaciones que se desarrollaban en el Palacio Presidencial.

El papel estelar del Estado

Todas estas manifestaciones de la criminalización de la actividad sindical tienen en el Estado el papel estelar. En el primer caso por la promulgación de leyes para cercenar la libertad sindical, sean producto de la Asamblea Nacional o contenidas en leyes habilitantes otorgadas al Poder Ejecutivo. De ambas procedencias emana una intencionalidad de control y restricción de la actividad sindical, que ha sido característico del régimen desde el mismo momento de la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999-2000. En el texto de la CRBV se creó el marco para una legislación restrictiva que se ha aprobado en los años siguientes. A ello se suma un férreo control de las entidades que acusan y sentencian, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial. De aquí deriva la existencia de cientos de dirigentes y trabajadores criminalizados por su actividad sindical. 

En estos casos tenemos como víctima institucional de estas restricciones a la libertad sindical,  y consecuentemente al desarrollo de las negociaciones colectivas y al ejercicio del derecho de huelga.

En el segundo caso, la responsabilidad estatal reposa en haber promovido directamente la multiplicación de organizaciones sindicales, no siendo ello una función estatal, ya que corresponde a los propios trabajadores darse sus organizaciones sin interferencia del Estado y de los patronos,  y a lo sumo registrarlas ante el organismos del trabajo. Con esta multiplicación de organizaciones emergieron al frente de ellas,  un aluvión de personas ajenas a las prácticas, valores y tradiciones propias del accionar sindical, que si bien no era que se trataba de un movimiento modelo, si cuenta en su trayectoria histórica con formas de confrontación no vinculadas directamente con el hampa, como efectivamente ocurre en la gran mayoría de las actividades productivas.

Además es evidente la responsabilidad de las entidades estatales que tienen relación con el problema de la actividad sindical, así como de las acusaciones, investigaciones y de la aplicación de justicia,  todas han evadido admitir este fenómeno, ya que empezar por reconocerlo es un punto de partida para que existan acciones contundentes que permitan mejorar el ambiente laboral en aquellos sectores más afectados por esta anormalidad. 

La tercera manifestación, caso Bayon, levanta preguntas que si bien han sido formuladas no han sido respondidas. Unos han evadido con excusas, otros guardan silencio. Explicaciones y aclaratorias deben dirigentes sindicales de Sutiss, directivos de Sidor, autoridades regionales, autoridades del trabajo y hasta la Presidencia de la República, anfitriona de las reuniones de las negociaciones en donde el personaje fungía de mediador.

Desmarque del Movimiento de los Trabajadores

Históricamente el movimiento de los trabajadores no ha tenido mayores apoyos mediáticos, por el contrario le ha costado proyectar una imagen favorable por las resistencias que había de vencer. Fue estratégico el presente régimen, que en sus primeros años promovió sistemáticamente una campaña de desprestigio de las organizaciones de los trabajadores, que ahora con estos nuevos fenómenos tendrá que profundizar sus acciones para distanciarse de prácticas censurables, y desmontar esquemas militaristas en el manejo de las relaciones laborales para así conquistar reconocimientos ante la sociedad. 

Finalmente, todos los tres casos considerados de criminalización son la resultante de políticas gubernamentales que hacen un daño directo a la convivencia, al mejoramiento socio económico de los trabajadores, a la lucha contra la pobreza y a la actividad productiva en general.

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com/.]

El colapso de IPOSTEL

Héctor Lucena

Una circular interna del pasado 7 de Febrero del presente año de la Presidencia de Ipostel, informando de la suspensión de los servicios a una gran cantidad de países por “problemas operativos”, puso en evidencia el colapso de esta institución. Los problemas que argumentaron los directivos, se justificaron que la suspensión era por exceso de correspondencia y encomiendas. De cualquier manera estamos ante un caso de fracaso operativo.

Cierto que los servicios de correos en tiempos de la sociedad de la comunicación han de re evaluarse. Las cartas y comunicaciones impresas vienen siendo sustituidas por la vía virtual de la World Wide Web -www-, lo que a su vez ha catapultado el intercambio comercial mundial de encomiendas y compras, en el e-business. Nuestros servicios postales no se adecuaron a los nuevos tiempos. Hoy principalmente varias empresas transnacionales y redes de franquicias, han llenado ese espacio abandonado por el ente estatal.

Tanto antes del predominio de la www como en el presente, los servicios de correos tienen un enorme potencial de posibilidades de apoyo a los ciudadanos, a las comunidades y a las empresas. Un servicio de correos ejemplar es el del Reino Unido, que continua diligentemente con los servicios postales tradicionales, sus 11.500 oficinas en todo el país son espacios para resolver la diversidad de los trámites públicos: tránsito terrestre, pensiones, información de empleos, identificación, además de algunos servicios bancarios y de seguros. Este alto número de oficinas permite que un 99% de los adultos viven dentro del radio de no mas de 5 kilómetros de distancia de sus hogares. Es por lo que la mitad de la población adulta y la mitad de los pequeños empresarios del país, visitan semanalmente alguna oficina de correos.  

Retomando nuestra realidad, el hecho laboral concreto del colapso es que finalmente los trabajadores de Ipostel reaccionaron y  han iniciado una huelga en 18 estados, al mismo tiempo denunciando las graves irregularidades cometidas por quienes dirigen el ente. Una de estas que evidencia el engaño y el fraude a los usuarios y al país, es como sigue:

“Desde hace seis meses el presidente de Ipostel prohibió los envíos, y hay 35 toneladas de encomiendas represadas en los camiones que nunca salieron de aquí y a las que les ponen una calcomanía para hacerles creer a los clientes que el paquete fue devuelto en el país de destino.. para la devolución de los paquetes, el cliente debe hacer el reclamo y, luego de un engorroso procedimiento, se le obliga a cancelar un importe extra, desconociendo que esa persona ya había pagado para el envío que nunca se realizó." (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/denuncian-fraude-de-ipostel-en-envios-internaciona.aspx)

Suponemos que esta huelga aún no es nacional porque en algunos estados, caciques locales atemorizan a pequeños núcleos de trabajadores que no se atreven al desafío. Es de suponer que este colapso moverá las fibras de este universo laboral de 6500 trabajadores activos y 2500 jubilados, que ven su futuro más oscuro que el presente.

El colapso de Ipostel hizo saltar a la superficie un hecho realmente extremo y hasta curioso, una convención colectiva vencida hace más de veinte años!!. Uno se pregunta ¿donde han estado las sensibilidades por los derechos de los trabajadores? El respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, y ¿que del nuevo bautizado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo?

Nuestra institucionalidad es más retórica que real. Mucha protección a los trabajadores en los textos y en el discurso,  pero cuando el patrono es el Estado entonces ignoramos la retórica y las instituciones se disipan.

No deja de ser oportuno que este colapso sirva para llamar la atención de la debilidad de los trabajadores de Ipostel, los que aún organizados en sindicatos requieren del músculo de la solidaridad para emprender las acciones de defensa a la cual la situación de colapso los lleva, es decir las acciones y movilizaciones para sensibilizar a los entes que tienen en sus manos medios y capacidad de decisión para corregir la situación, así como sancionar y establecer responsabilidades, que son tantas que suele ocurrir que igualmente se diluyen, y  que las instituciones fracasan y colapsan pero finalmente no hay culpables ni responsables.

Es lo mismo que se observa en otros servicios públicos prestados por entes estatales, como son los casos de suministro de electricidad, de agua y de gas, en donde el colapso es un hecho, y que son entes que no se autofinancian, a pesar del monopolio con el cual son prestados los servicios. Destacamos que en ellos igualmente se observa un buen nivel de organización sindical, que ante el caos y fracasos operativos vienen planteando sus justas criticas y demandas, pero lo que más bien da lugar es a la estigmatización de los dirigentes por parte de las jerarquías sindicales y políticas oficialistas.

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com/.]

¿Por qué tardaron ocho años en discutir el contrato marco de la administración pública?

Héctor Lucena

Luego de ocho años de su vencimiento se inicia la negociación del convenio marco de la administración pública. Tendríamos que preguntarnos ¿Por qué este prolongado retardo? Es una explicación que la han de dar los responsables, por un lado las autoridades del Trabajo, por el otro el Ejecutivo y también los responsables sindicales. No existe empresa privada que tenga este retraso, ahí sí las autoridades intervienen. También es importante destacar que este convenio marco es el que cubre a la mayor cantidad de trabajadores, multiplica varias veces a los que más se le acercan en beneficiarios, como el de educación o el de trabajadores de la industria de la construcción.

Por lo que se ha conocido y denunciado desde las propias bases y dirigencia no oficialista de este sector, es un proyecto de convenio marco redactado sin la consulta con los destinatarios. Si esta aseveración no fuera cierta, tampoco aún no se ha explicado cómo fue efectivamente el procedimiento de construcción de este proyecto. Hay que tener presente que estos son procedimientos que han de ser transparentes. Así también que sería contra natura que la redacción del proyecto la realice el patrono.

El proyecto es el texto con el cual el patrono hará los estudios y análisis para evaluar las posibilidades, la viabilidad, la funcionalidad y alguna otra consideración tanto conceptual como operativa que sea propia de la condición de empleador. Es con estos elementos que dará respuesta a los requerimientos de los trabajadores. Por tanto si el proyecto tiene la mano del empleador, entonces no estamos hablando de un convenio de dos partes, sino de la imposición del más fuerte, del empleador en la generalidad de los casos.

Lo anterior permite tener presente la memoria histórica de los últimos quince años. Empecemos por un propósito fallido de la Presidencia de Pdvsa por los años 2000, para ese entonces presidida por el ingeniero Héctor Ciavaldini, quien promovió el llamado contrato modelo, redactado desde su despacho. El impacto de estas pretensiones inmediatamente soliviantó los ánimos de la fuerza laboral organizada en las federaciones petroleras, que se tradujo en una huelga que hizo trizas el ensayo del contrato modelo.

Otra pretendida innovación oficialista en su intento de cambiar las coordenadas de los trabajadores en la revisión de las condiciones salariales y de trabajo en general, ha sido la de promover el salario social, concepto impuesto sin definiciones conceptuales discutidas con los interesados, todo con la intención de la contención de las aspiraciones naturales y legítimas de los asalariados, que ven perder y desmejorar su calidad de vida por erráticas políticas económicas y laborales de las cuales son sólo observadores.

En el inventario e historial de proposiciones regresivas hay que agregar disposiciones directas de la Vicepresidencia de la República, de suspensión de las negociaciones colectivas y de cualquier cambio de las condiciones salariales, paralizando negociaciones en curso y congelando los convenios.

En los convenios colectivos petroleros también ha de mencionarse la introducción de elementos ajenos al contenido propio de esta institución. Fue el caso de obligar a la disolución de Federaciones de larga tradición histórica en el seno de los trabajadores, como fue el caso de Fedepetrol y Fetrahidrocarburos. Se trata de un asunto eminentemente sindical y absolutamente ajeno a la relación e intervencionismo del patrono. Imaginémonos a las Federaciones de trabajadores petroleros condicionando las fusiones, creación y organización de empresas mixtas, e implementación de convenios operativos que realiza Pdvsa con otras empresas del ramo para la explotación del negocio. Lo que realmente importa a estas federaciones es que se cumplan las regulaciones y convenios de trabajo establecidos. Y del patrono no se espera que se inmiscuya en la forma como los trabajadores se organizan, y si existen intereses entre la dirigencia sindical que lo acepta, realmente no está abonando a la causa de su clase y movimiento, en el fondo le abre las puertas al patrono para que subordine a las organizaciones del movimiento de los trabajadores.

Con estos antecedentes, este proyecto de convenio marco para la administración pública ha de llamar la atención a los interesados y al resto del país. Ya se observan representantes de organizaciones de bases que critican a los liderazgos de Fentrasep y Fedunep, por la falta de información. Desde ya este texto ha de estar en un sitio web accesible a todos los interesados; también un cronograma de actividades de difusión e intercambio, que se aborden temas que no tienen ninguna vinculación con el mejoramiento de la calidad de vida del funcionario al servicio del estado, como incluir en el convenio marco el entrenamiento militar, la creación de milicias y el trabajo voluntario.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/item/14577-convenio-marco-de-la-administracion-publica.]

Opinión: Prestaciones sociales y Cajas de Ahorro

Héctor Lucena

Hay dos conquistas históricas de los ingresos de los trabajadores que forman un colchón para situaciones eventuales, que demandan erogaciones extraordinarias, como contingencias en salud, adquisiciones por deterioro de un bien del hogar, proyectos ligados al funcionamiento familiar, reparar vivienda o vehículo. Además son importantes para el período de retiro del trabajador. Estas conquistas son las prestaciones sociales y las cajas de ahorros.

El salario es para el trabajador el ingreso para su subsistencia, y sólo cuando perciba incrementos que mejoren su salario real ello será para mantenerse en su condición y estatus socio económico. Hay que advertir que son muy pocos los asalariados que logran estos último. La política salarial finalmente en el mejor de los casos preserva el valor del salario, pero rara vez lo mejora, tal es el caso de los mejores empleos en empresas estables, cada vez instituciones mas extrañas en nuestro contexto. Pero la amplia mayoría de los asalariados experimentan una política salarial de desmejoramiento crónico, acentuado en tiempos de alta inflación. 

De aquí que la vigilancia de las prestaciones sociales y las cajas de ahorros es un asunto delicado. Del Estado emanan leyes que fijan reglas sobre su vigilancia y monitoreo, así como la entrega de informes, las responsabilidades, en fin el papel elemental de regulación estatal. Hay que subrayar que los procesos de construcción legislativa en estos temas tan sensibles a los trabajadores, no han contado ni hoy tampoco cuentan con procesos institucionales que realmente permitan la consulta y participación en un genuino marco plural de dialogo social. 

Las prestaciones sociales que se van generando a lo largo de la vida laboral, tienen destinos específicos sea en los fideicomisos en la banca o su utilización como capital de trabajo en la empresa donde labora el trabajador. En ambos casos se remunera este capital un poco mejor que lo percibido por los ciudadanos ahorristas independientes en sus relaciones con la banca.

En la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral hay un número importante de reclamos sobre prestaciones sociales, pero más bien relacionados con el reconocimiento de si un trabajador tiene condición de dependiente o independiente, igualmente es frecuente lo relativo a la controversia sobre los elementos que forman parte del salario, cuales si y cuales no. Pero en general, reconocida la condición de trabajador dependiente, el sistema funciona. Los trabajadores tienen acceso a anticipos, retiros parciales, así como a los intereses de estos recursos. Al finalizar la relación de trabajo se hacen los ajustes y el trabajador se lleva sus reales.

Las cajas de ahorro son instituciones auto gestionadas por parte de los propios trabajadores, sencillamente porque son sus reales. Sin embargo en algunos casos se observa presencia de representación del patrono pero no en condición mayoritaria, el sentido de esta presencia se vincula con el hecho de aportar proporciones equivalentes o no, a lo aportado por el trabajador afiliado según lo que se indique en los estatutos o en los acuerdos. Pero lo sustantivo es la gestión propia de los asociados, lo que según el tamaño de la caja, es decir el número de afiliados, así como de los servicios que preste, puede requerir contratación de asalariados o de servicios externos para su funcionamiento, sin menoscabo de ninguna de las funciones y responsabilidades del equipo directivo de la caja y de su asamblea de socios. Hay que destacar que una caja de ahorros además de recibir los aportes, administrarlos y conducir la gestion de préstamos, tiene un potencial para proveer servicios conexos con la atención de necesidades fundamentales de sus afiliados. 

Estas dos instituciones han de ser controladas por los propios interesados especialmente vía sus organizaciones colectivas, además de rendir cuentas a entes del Estado, por tanto con este doble control se espera su buen desempeño.

Las anomalías en el funcionamiento de los fideicomisos así como del capital de las prestaciones en manos de los empleadores, quedaría fácilmente en evidencia si un trabajador demanda un anticipo de prestaciones, o sus intereses en las fechas establecidas, o el total de las prestaciones sociales por terminación de la relación de trabajo y no lo recibe en el momento. Parte del art. 141 del Decreto LOTTT señala “Las prestaciones sociales son de créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”. Similar texto lo ofrece el art. 92 de la CRBV.  Resulta que este tipo de problema es mas frecuente en las entidades del estado, de aquí la contradicción que quién regula es quién falta y viola la ley. Por ello es de cuidado prestar atención a lo planteado por el Presidente de la República en reciente alocución -1 de Mayo- sobre estas instituciones que acumulan recursos financieros importantes aportados por los trabajadores de sus esfuerzos laborales.

Algunas interrogantes que conviene sean respondidas por el gobierno y otros órganos del estado, incluyen:

¿Cuanto se le debe en prestaciones a los servidores al servicio del Estado, tanto en capital como en intereses?

¿Cual es el tiempo promedio que tardan las instituciones públicas en pagar al que egresa de sus nóminas? ¿Por que el retardo?

¿Por que la lucha de los gremios universitarios por reivindicar la elaboración bipartita de una metodología de cálculo con los propios órganos técnicos como la Opsu, fue negada? Hoy se acumulan tensiones por las discrepancias en las metodologías entre los registros universitarios y los aplicados por el gobierno.

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo ¿Tiene cada cotizante un estado de cuenta de su fondo?

¿Que se ha hecho para corregir y penalizar el desfalco ocurrido en el Fondo de Jubilados de los Petroleros, de mas de 500 millones de US$? sólo se sabe de detenidos y sentenciados en los EEUU, pero no se conoce de medidas efectivas tomadas aquí en el país a responsables, ni tampoco la reparación a los afectados.

Estas preguntas son extensibles a otros órganos, como la Asamblea Nacional, la Contraloría, y a organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. Además de reclamar que los temas y preguntas como las expuestas han de ser incorporados a un debate en un ámbito de dialogo social plural y amplio.

[Fuente: http://hectorlucena.blogspot.com/2014/05/prestaciones-sociales-y-cajas-de-ahorro.html.]

Opinión y debate: Empresas recuperadas, un reto para la lucha de los trabajadores

Héctor Lucena

En la conmemoración y celebración del día del Trabajador vale considerar la situación de las muchas empresas recuperadas, y la difícil e inestable situación que viven quienes ahí laboran, así como sus proveedores y destinatarios de los productos y servicios para quienes situaciones de incertidumbre también repercuten en su fuerza de trabajo, por lo que se trata de un efecto ampliado que amerita su consideración. Hay que distinguir lo particular de estas situaciones porque son empresas que en manos de sus propietarios cerraron y abandonaron o las dejaron en estado crítico de funcionamiento, con saldos rojos en producción y económicos en general.

En visita a Montevideo tuve contacto con grupo de trabajadores involucrados en la conducción de empresas recuperadas, las que llevan varios años  de importantes esfuerzos por salir adelante. Hay que destacar que casi todos los gestores vienen del sindicalismo, o de la propia fuerza de trabajo de esas empresas que cayeron en bancarrota. Trabajadores que optaron entre privilegiar el reclamo de sus pasivos laborales y luego irse a buscar otros caminos, o luchar para defender la fuente de trabajo y persistir en la continuidad de la empresa.

Hay que resaltar que aquí en Venezuela son más los casos de empresas que han sido estatizadas, estando en plena normalidad o con un aceptable funcionamiento. El gobierno estatizador lo justifica como una necesidad de controlar sectores que considera estratégicos, o en otros casos se trata de estatizaciones por retaliaciones, y aquí nos encontramos  las más diversas y en algunos casos con muy pocas razones económicas para tales decisiones. Con esto se destaca que hay frecuentemente más razones políticas  que económicas en las estatizaciones, que estas últimas razones son más bien subalternas.

Debate: Disentir e intervencionismo en las relaciones laborales

 

Héctor Lucena

 

Alcanzar y sostener un comportamiento democrático en el seno de las organizaciones de los trabajadores es un objetivo complejo. Por un lado la relación constructiva entre los altos dirigentes, los intermedios y de las bases del propio movimiento, así como con los afiliados supone una madurez y equilibrio entre sus diversos miembros,  que alcanzarlo implica vencer resistencias. Estas proceden de diversas fuentes, por un lado las organizaciones partidistas con sus visiones y perspectivas del papel que han de jugar estas organizaciones de los trabajadores, para acompañar el desarrollo y materialización de la ideología profesada por el partido. Téngase presente que un movimiento sindical democrático respeta las posiciones que política e ideológicamente tengan sus afiliados, ya que el objetivo central es la representación de todos.

 

Por otro lado los empleadores generalmente están interesados en contar con un sindicato confiable, amigable y hasta dócil para el alcance de las funciones propias de la actividad productiva. Finalmente los gobiernos, interesados en el apoyo pleno del movimiento a su estabilidad, al alcance de sus objetivos y a enfrentar a sus contrarios y críticos. Esto es aún mas complicado sin quienes gobiernan identifican a quienes disienten o piensan diferente, no solo como opuestos sino como enemigos. 
 
Con lo anterior nos remitimos a una etapa que así como la actual, evidenció la dificultad en el propio seno del movimiento para el alcance de este equilibrio. Veamos que en los primeros años de la década del ochenta, consecuencia del conflicto ínter sindical se intervinieron sindicatos importantes como Sutiss (Sidor) y Sutrahierro (Ferrominera) en el Estado Bolívar, el interventor era el mismo movimiento sindical desde sus instancias superiores. Sutiss estuvo intervenido arbitrariamente por siete largos años, desde 1982 hasta 1989. El lamento de los interventores nacía del hecho que la victoria electoral en el sindicato, había sido alcanzado por una fuerza disidente que criticaba abiertamente a las cúpulas.

 

En el movimiento sindical de base se planteaban cuestionamientos a métodos poco democráticos en las relaciones entre las instancias nacionales y las locales. La Federaciones Nacional de los Metalúrgicos y la Federación Regional del Estado Bolívar fueron los verdugos de las organizaciones de base intervenidas. El verticalismo en el movimiento generaba protestas desde las bases que eran apagadas con controles, amenazas e intervenciones. Las reglamentaciones mismas de los organismos nacionales eran limitativas de la democracia sindical.

 

En este contexto las protestas de siderúrgicos y mineros fueron directamente hacia las altas esferas del movimiento sindical por su limitada democracia,  y dado que esta burocracia contaban con el apoyo de las empresas fueran privadas o estatales, la protesta de las bases repercutía entonces en sus patronos. Nuevas corrientes políticas deslindadas de aquellas comprometidas con el estatus sindical sea por acciones o por omisiones,  nacieron al calor de la protesta y efervescencia obrera, así como otras que apenas venían sobreviviendo encontraron espacios para dejar oír su voz.

 

Los gobiernos de Acción Democrática y Copei tenían en el movimiento sindical cetevista un aliado, que había jugado un papel importante en la estabilización del sistema democrático en la década del sesenta, que en contraprestación había acumulado ventajas y prebendas que eran monopolizadas por los niveles directivos, lo que agregaba malestar en las bases, ello se fue manifestando más abiertamente a partir de los años que el país empezó a mostrar señales de enlentecimiento de su dinámico crecimiento económico entre 1961 y 1978.

 

Los agudos cuestionamientos a esta central procedentes del sindicalismo nacido en el seno de los trabajadores siderúrgicos, se hicieron notorios a partir del amplio triunfo electoral en Sutiss en 1979 y rápidamente se fueron generalizando. Su impacto en la zona de Guayana se tradujo en una revuelta laboral por la emergencia de alternativas a la hegemonía de la CTV. Además de la victoria en Sutiss en 1979, otros importantes triunfos fueron logrados por fuerzas emergentes en Alcasa y en Harbor, otra fuerza de la izquierda El Pueblo Avanza -EPA- logro sendos triunfos. A su vez la Causa R, además alcanzo un empate en Venalum. En las empresas básicas, tan solo en Ferrominera se mantuvo bajo mayoría de Acción Democrática. Del total de las bases obreras de esta zona, tan sólo el estatus sindical controlaba el 10%.

 

Treinta años mas tarde, estamos en presencia de un cuadro que demanda cuestionamientos tan complejo o quizás mas que aquel encarado por la dirigencia de entonces. Uno de los más relevante es el que tiene relación con el modo como son dirigidas estas entidades productivas, que no lo son estrictamente con criterios de empresas sino como organismos cuasi partidistas. Lo que plantea discriminaciones por pensar o profesar posturas políticas e ideológicas diferentes a las del poder gubernamental, lo que determina consecuentes conflictos que abonan a mayores dificultades para el mismo alcance de los logros productivos. Convirtiéndose en un circulo vicioso de discriminación, reacción, represión, conflicto laboral y político, y finalmente retraso y parálisis productiva, y con ello menor producción y desabastecimiento. Esta lógica no es de una guerra económica determinada por fuerzas externas, pero si es un conflicto abierto que tiene como principales contendientes al Gobierno y a quienes viven del trabajo, organizados en su movimiento. 

 

Por otro lado en la legislación que se relaciona con la vida sindical se han colado textos con deliberados propósitos de control estatal, aún mayores que los existentes treinta años atrás. De hecho hoy tenemos intervenciones masivas de las organizaciones y de la vida de los trabajadores, ya sea por los controles del Consejo Nacional Electoral, de la Administración del Trabajo, de mecanismos judiciales, del llamado Poder Moral y de la militarización de la vida civil, incluso con la venía de jefes sindicales oficialistas que anuncian entrenamiento militar y milicias obreras ¿para qué? y ¿contra quién?   

 

[Tomado de http://hectorlucena.blogspot.com.]