Colombia - Hidroituango: Devastación ambiental, social y asesinatos de líderes sociales

Mesa Social Minero Energética Y Ambiental Por La Paz

Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave situación a que han sido sometidas las comunidades aledañas al Proyecto Hidroituango en el Cañón del Cauca. El Proyecto hidroeléctrico, que embalsa el rio Cauca, abarca 22.365 hectáreas para el embalse y todas las obras complementarias; está a cargo de Empresas Publicas de Medellín –EPM- que comenzó la construcción en el año 2009.

Desde el inicio de las obras las comunidades cercanas no se han visto beneficiadas por el proyecto, por el contrario, EPM género muchas expectativas que no ha materializado. El proyecto no ha generado empleo y está produciendo enormes impactos socio-ambientales. Las obras han afectado a la población minera y campesina, por cuanto el Río Cauca, del que están siendo desplazados, es parte de su modelo económico de subsistencia. La construcción y posterior operación del proyecto hidroeléctrico impide realizar minería artesanal en esta zona, todo lo cual afecta los patrones culturales de convivencia de las comunidades y destruye los proyectos de vida de múltiples familias.

En Chiapas se declaran territorios libres de represas y mineras

En la esquina sur de México y de manera inédita, una zona entera se organiza para detener a los megaproyectos desde su fase de prospección.

Asamblea de Moviac-Chiapas, Centro de Medios Libres del DF y Sancristencia
Desinformemonos.org

Tapachula, Chiapas. Ocho municipios chiapanecos fueron declarados territorios libres de represas y extracción minera, en ejercicio de su libre determinación y el precepto jurídico del derecho al consentimiento libre, previo e informado. En un acto político público realizado el 10 de diciembre, 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán dieron a conocer su determinación, que quedó asentada en un acta colectiva firmada y sellada por los representantes.

El acta, avalada por un notario público, está dirigida al presidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto; al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a otras autoridades de los tres niveles del gobierno y al pueblo de México. La declaratoria se dio en medio de denuncias, no sólo sobre la entrada ilegal y sin permiso comunitario de empleados de empresas extractivas a los territorios, sino también sobre la reforma energética y hacendaria, la plaga de la roya, las altas tarifas de la energía eléctrica y el abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos.