Genera suspicacias que el Estado venezolano cuya práctica ha limitado de manera profusa el acceso a la información pública, decrete por orden de la figura presidencial la necesidad de formar un organismo que no sólo vigile la información emanada de las instituciones públicas sino de la sociedad en general.La amplitud y generalidad en la potestad que tendrá el Estado de decidir cuál y qué información puede ser considerada “atentatoria de los intereses de la nación” podría generar situaciones graves en la limitación de las libertades democráticas. La libertad de expresión, de información, de participación protagónica, de protesta y libertad de pensamiento podría sufrir amenazas preocupantes incluso por la sola intimidación de ser vigilado y considerado por parte del Estado como sospechoso de ir contra los intereses nacionales.
Una de las críticas más fuertes realizadas a la Ley de Inteligencia y contrainteligencia fue la posibilidad de crear instituciones, funcionarias y funcionarios públicos e individuos que pudieran vigilar, espiar y acusar a personas, organizaciones, movimientos sociales y en general por dar información que el Estado a libre potestad considerara de carácter restringido. Una especie de Policía que actuará bajo los mismos preceptos similares a las inefables experiencias del siglo XX como la KGB y la GESTAPO Hitleriana.
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