Xabier Coscojuela
Los días finales de junio de 2019 ocurrieron dos hechos que dejaron en evidencia, aún más, la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre en Venezuela por acción de Nicolás Maduro y el cogollo que lo acompaña. Por un lado, la deportación de 59 ciudadanos colombianos, y por el otro el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Los colombianos fueron detenidos hace más de tres años y sometidos a todo tipo de arbitrariedades. Fueron apresados sin razón, en redadas en comunidades populares para atender una afirmación hecha por Nicolás Maduro: “tengo 90 paramilitares colombianos capturados”. Lo dijo un par de días antes y era mentira, así que se ordenó a funcionarios salir a “peinar” zonas para dar con personas de nacionalidad colombiana que sirvieran de chivos expiatorios. De ese primer grupo de 90 algunos fueron soltados, otros por razones de salud salieron del calabozo, y el resto se quedaron pagando una pena que no les correspondía en un improvisado calabozo armado en la comandancia de la PNB en La Yaguara, nunca diseñado para eso. Ahora fueron deportados dejando en Caracas a su arraigo familiar, en muchos casos.
Los días finales de junio de 2019 ocurrieron dos hechos que dejaron en evidencia, aún más, la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre en Venezuela por acción de Nicolás Maduro y el cogollo que lo acompaña. Por un lado, la deportación de 59 ciudadanos colombianos, y por el otro el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Los colombianos fueron detenidos hace más de tres años y sometidos a todo tipo de arbitrariedades. Fueron apresados sin razón, en redadas en comunidades populares para atender una afirmación hecha por Nicolás Maduro: “tengo 90 paramilitares colombianos capturados”. Lo dijo un par de días antes y era mentira, así que se ordenó a funcionarios salir a “peinar” zonas para dar con personas de nacionalidad colombiana que sirvieran de chivos expiatorios. De ese primer grupo de 90 algunos fueron soltados, otros por razones de salud salieron del calabozo, y el resto se quedaron pagando una pena que no les correspondía en un improvisado calabozo armado en la comandancia de la PNB en La Yaguara, nunca diseñado para eso. Ahora fueron deportados dejando en Caracas a su arraigo familiar, en muchos casos.

