Movimientos sociales en Venezuela: De la exclusión neoliberal a la inclusión tutelada y paralela

María P. García-Guadilla

* Este post recoge las conclusiones de un trabajo más extenso de la autora, titulado "De la exclusión neoliberal a la inclusión-excluyente de los sectores populares y los movimientos sociales en el socialismo del siglo XXI en Venezuela".

El “puntofijismo” excluyó a los sectores populares de los pactos fundacionales de la democracia representativa a pesar de su importancia numérica y de sus luchas junto al movimiento ciudadano por la reforma del Estado y por la “profundización de la democracia” y, después de 1989, de su rechazo a los programas de ajuste estructural propuestos. A partir de 1990, la resistencia frente al modelo neoliberal llevó a crear espacios organizativos en los barrios populares como las Asambleas de Barrio cuyos miembros, se reconformaron en algunas de las organizaciones posteriormente promovidas por el Presidente Chávez como los Círculos Bolivarianos para incorporar a dichos sectores.

Entre 1999 y 2013, pueden identificarse al menos tres modelos de incorporación de los sectores populares. El primero, es el modelo constituyente . Este significó el reconocimiento, legitimación y protagonismo constitucional de dichos sectores y que si bien venía siendo promovido desde abajo, la oportunidad política para implementarlo fue dada por la coyuntura chavista y por el propio presidente Chávez quien convocó al proceso constituyente. Si bien la Constitución de 1999 otorgó reconocimiento y legitimidad constitucional a todos los sectores de la sociedad, el proyecto bolivariano implícitamente definió al sector popular, otrora excluido, como el protagonista e interlocutor por excelencia con el Estado en su proyecto de trasformación social excluyendo prácticamente desde sus inicios, a la clase media en las modalidades propuestas para tal incorporación.

El segundo modelo de incorporación es la inclusión tutelada y excluyente; tutelada porque se basa en la creación y promoción de organizaciones por parte del presidente Chávez para ejercer la democracia participativa y excluyente porque los objetivos de control político y movilización llevaron a excluir los no alineados ideológicamente, a la continuidad de las prácticas populistas y a cercenar la democracia representativa a nivel local e intermedio. Mas aun, en algunos casos estas modalidades de incorporación han comprometido la autonomía frente al Estado con algunas prácticas que estimulan la cooptación, en la rendición de cuentas es más frecuente la corrupción que la transparencia y persisten prácticas clientelares. Ello se debe a que las prácticas están atravesadas por las contradicciones que implican el proceso de transformación social bolivariano dentro de una sociedad profundamente polarizada como lo es la venezolana. En teoría, tales organizaciones enriquecen el concepto de ciudadanía y estimulan la emergencia de subjetividades sociales asociadas con identidades socio-territoriales basadas en la diversidad cultural y democratización de la sociedad y con nuevas dimensiones como la inclusión en los aspectos materiales y post-materiales, la igualdad dentro de las diferencias y pluralidad cultural, y la participación en los procesos de toma de decisiones. En la práctica, se observan exclusiones por razones ideológicas no solo de los opositores políticos pertenecientes mayormente a las clases medias y alta sino también de aquellos sectores populares que no concuerdan ideológicamente con el proyecto chavista. Existen fuertes tensiones entre los objetivos de hacer realidad los preceptos constitucionales de la inclusión, la equidad y la participación y la constatación empírica del autoritarismo y la exclusión por razones políticas. También existen tensiones entre los objetivos de autogobierno y autonomía de las organizaciones y los requerimientos de control, apoyo y movilización partidaria que llevan al gobierno a estimular la cooptación política y las prácticas clientelares. En última instancia, esto produce la exclusión de todos aquellos no alineados ideológicamente con el Proyecto Revolucionario Bolivariano.

El tercer modelo de incorporación es el asistencialista paralelo que se expresa en una gran diversidad de programas sociales paralelos trayendo como consecuencia la creciente debilidad de las instituciones formales del Estado debido al solapamiento de funciones y a  la competencia por financiamiento entre ambas. Este modelo no escapa a las prácticas asistencialistas-populistas que estimulan prácticas clientelares, la cooptación política y excluyen a los no afines ideológicamente. En síntesis, los modos de incorporación de los sectores populares reflejan una inclusión que implica la satisfacción de las necesidades básicas y materiales pero que no contempla las necesidades post- materiales y que además excluye a aquellos grupos de la población que no sean afines ideológicamente al gobierno, una equidad identificada con la igualdad formal difícil de concretar; decisiones asamblearias que en ocasiones vulneran el principio de la minorías, y una participación que al concentrarse en lo local no permite trascender a niveles superiores.

La creación de Poder Popular autónomo, más que organizaciones estructuradas y tuteladas, requiere de movimientos sociales o de una amplia red de organizaciones surgidas desde abajo que tengan la capacidad de autonomía frente al estado en lo que respecta a la toma de decisiones estratégicas; ello, independientemente que reciban o no financiamiento del gobierno. Además deben tener la capacidad para incentivar las nuevas formas de ciudadanía y la construcción de hegemonía para la transformación social de manera de hacer realidad el Poder Popular visionado en la Constitución. La paradoja es que las organizaciones con el mayor potencial a nivel local para construir tal poder popular autónomo están siendo desmovilizadas al adscribirlas según la ley a figuras clientelizadas y politizadas como lo son la mayoría de los Consejos Comunales y más recientemente las Comunas.

La paradoja que envuelve la acentuación el modelo de desarrollo extractivista es que éste sea la clave para “incluir a los excluidos” a través de la generación de la renta petrolera, principal motor que alimenta las Misiones Sociales y que financia a la diversa y compleja red de las organizaciones sociales bolivarianas. Tal modelo está hoy seriamente comprometido ante la baja de los precios del petróleo y la aguda crisis económica que atraviesa Venezuela. Otra paradoja es que sean los movimientos sociales quienes fueron los actores de la incorporación constitucional y apoyaron desde sus inicios el proyecto discursivo anti-neoliberal bolivariano quienes estén siendo no solo excluidos, sino también “substituidos”  en los Foros Mundiales, Cumbres y organismos internacionales (ALBA, UNASUR) por para-movimientos afines al proceso por rechazar el modelo económico propuesto para tal incorporación. Una última paradoja es que sea un gobierno que se autodenomina de izquierda, quien tomó prestada su agenda para ascender al poder y quien constitucionalmente reconoció a los movimiento sociales, quien los excluya , “criminalice” sus protestas y cree organizaciones paralelas cuando éstos mantienen una posición crítica y de autonomía para exigir los derechos constitucionales. Este es el caso no solo del movimiento socio-ambiental sino también de organizaciones y movimientos sociales desplazados por este modelo de incorporación “tutelado” que para “incluir” exige la afinidad ideológica acrítica.

[Tomado de https://www.academia.edu/20440990/De_la_exclusi%C3%B3n_neoliberal_a_la_inclusi%C3%B3n-excluyente_de_los_sectores_populares_y_los_movimientos_sociales_en_el_Socialismo_del_Siglo_XXI_en_Venezuela.]