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martes, 8 de mayo de 2018

Acerca de la justicia y el sistema judicial estatal



Herbert Read (1893-1968)

La Justicia es ciega en su antigua personificación –frecuente hasta en la iconografía cristiana–, y es representada sosteniendo, a la vez que una espada, una balanza. Se alza imparcialmente entre contrarias demandas, y nada ve, pero lo pesa todo.

Este concepto da por supuesto que las demandas contrarias tan solo surgen entre personas. El símbolo no encaja en las complejidades de la civilización moderna, donde, lo más a menudo, la persona se halla en conflicto con el Estado. En tal caso, la idea de la Justicia es invadida, hasta el extremo de sustituirla, por la de Retribución, que originalmente fue el castigo impuesto por un dios vengativo, en cuyo lugar impera ahora absolutamente el Estado. La balanza ha dejado de ser adecuada, y el único símbolo valedero que le queda a la Justicia es la espada…

viernes, 17 de febrero de 2017

Rodney Álvarez: Mas de 5 años y ½ preso por un homicidio que no cometió



Jhoalys Siverio (Correo del Caroní)

Son cinco años y siete meses privado de libertad. Rodney Álvarez es acusado por el homicidio de Renny Rojas, ocurrido el 9 de junio de 2011 en el portón de Ferrominera Orinoco, cuando se llevaba a cabo una asamblea para la escogencia de la comisión electoral de los comicios del sindicato. Lleva dos años y medio en juicio y el tribunal no termina de dar un dictamen, mientras que él sostiene su inocencia. Actualmente permanece recluido en la cárcel El Rodeo I.

viernes, 13 de noviembre de 2015

Opinión: Soldadesca con toga


J.R. López Padrino

El poder judicial en nuestro país nunca ha gozado de buena salud. Sus deficiencias son de larga data: denuncias sobre retrasos procesales, jueces complacientes, sentencias de dudosa trasparencia, existencia de mafias judiciales, de la partidización del sistema de justicia, entre muchos otros.

En 1984 se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), la cual elaboró un Proyecto de Reforma Integral del Estado (PRIE). Entre muchas otros aspectos, el proyecto contemplaba la reforma del Poder Judicial a fin de modernizar el ordenamiento jurídico, garantizar la plena autonomía del Poder Judicial, y la profesionalización y despartidización de la administración de justicia. Sin embargo, tal esfuerzo se disipó con la llegada al poder del tte. coronel, quien ignoró tales recomendaciones y en su lugar decretó la emergencia judicial (1999), que fue seguida por un engañoso régimen de transición que le permitió al dicharachero de Sabaneta y su logia socialfascista introducir una serie de cambios y reformas, no destinados a depurar al poder judicial de sus vicios del pasado, sino para adaptarlo a las necesidades del “proceso” aumentando la corrupción. La Corte Suprema de Justicia fue rebautizada como Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se crearon nuevas Salas (Constitucional, Social y Electoral), se creó la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se sustituyó el Consejo de la Judicatura con la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial y se elaboraron nuevas normas para evaluar el desempeño de los Jueces.

martes, 27 de octubre de 2015

Ex fiscal ratifica que juicio a Leopoldo López fue un montaje político sin testigos ni pruebas


Correo del Caroní

[Nota previa de El Libertario: Dejamos en claro que que nos distanciamos radicalmente de la posición política de L. López, pero no obstante ello repudiamos absolutamente la tramoya judicial de que ha sido víctima por parte del gobierno venezolano, evidencia de la cual es el texto que que sigue.]

A continuación la primera entrevista que concede el fiscal 41 nacional, Franklin Nieves, desde que escapó de Venezuela la semana pasada y divulgara un video en el que afirma que la condena contra el dirigente Leopoldo López a 13 años, 9 meses, 7 días fue el resultado de una motivación política.

Más temprano la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, negó este lunes que hubiera presionado a uno de los fiscales que participó en el juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López para asegurar su condena a más de 13 años de cárcel por instigación de las protestas de 2014 contra el gobierno.

domingo, 20 de septiembre de 2015

Caso Leopoldo López: El problema no es la juez, sino el sistema de justicia


Rafael Uzcátegui

La sentencia contra el dirigente político Leopoldo López y los tres estudiantes ha visibilizado, por lo menos para un sector que no se había percatado, del irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela. Dejemos algo claro de entrada: No se trata de si usted o yo nos simpatiza o no la propuesta política del líder del partido Voluntad Popular, sino del escrupuloso respeto al debido proceso, una condición necesaria para cualquier tribunal que se precie como justo e independiente.

Las anormalidades en el juicio llevado en su contra son tan burdas que han obligado a pronunciarse a personas y organizaciones que han tenido expectativas con el proyecto político bolivariano. Por ejemplo la organización WOLA, siglas de The Washington Office on Latin America, una iniciativa de larga data dentro de Estados Unidos cuyo auditorio es y ha sido la intelectualidad progresista y de izquierda en las tierras del Tío Sam, cuyos informes y opiniones son citadas para personalidades como Noam Chomsky. “La condena de López es una muestra flagrante de la voluntad del gobierno de criminalizar a los opositores políticos”, dijo Joy Olson, Directora Ejecutiva de WOLA. “El uso del sistema legal para castigar a los opositores políticos no tiene cabida en una democracia”, expresó.

viernes, 21 de agosto de 2015

Yaracuy: Gobernador ayuda a sus panas y jode a quienes los molestan




















Javier Monagas

No me gusta mentir, engañar, ni engañarme, menos andar en chismes. No todo está bien dentro del proceso. Hay situaciones alarmantes de corrupción que se pretenden tapar con escándalos ajenos o con actitudes estúpidas de una oposición anormal, de cerebro castrado e impensantes, que hacen el juego para distraer la atención sobre sus fracasos y sobre la corrupción en algunos entes estatales, donde ellos son parte y arte, al igual que muchos ¿Revolucionarios? Las instituciones que deben garantizar la pulcritud y el enfrentamiento contra la corrupción y la especulación, no funcionan como debería ser. Por televisión se ven las alharacas. Pero los que a diario deben ir a las carnicerías, abastos, bodegas etc., miran y sienten como impunemente se roba al consumidor y cuando se acude por ejemplo al SUNDDE, nos encontramos con un espectáculo deprimente que lo que nos impulsa es salir de allí sin hacer reclamo alguno, debido al desorden y a la guerra de poderes por tener el control de ese órgano regional.

sábado, 7 de marzo de 2015

Entrevista a Manuel Sarabia, abogado de Rodney Álvarez


RUPTURAorg

P=¿Por qué se afirma que el juicio de Rodney Álvarez es un juicio político?

R= Es un juicio político porque allí el reo que se persigue es a la Clase Obrera; la patronal, que es el Estado Capitalista venezolano, necesita reducir el costo de producción y esto no lo lograrán si no someten a la clase obrera de Guayana, ya que las bases de los trabajadores de esta Región tiene toda una trayectoria de lucha por su reivindicaciones económicas.

P= ¿Quién es Rodney Álvarez y cuál es su trayectoria como dirigente obrero?

R= Rodney Álvarez es un joven obrero inquieto por la organización sindical y solidario con las luchas, pero esto no se trata de Rodney Álvarez como individuo sino que esto no es más que una cruzada anti-obrera que mantiene el Gobierno Bolivariano. Así mismo son los casos de los compañeros trabajadores Sidoristas secuestrados de la Siderúrgica del Orinoco: Leiny Quijada, Rederick Leiva, Heberto Bastardo y los cientos de proletarios con acoso Estatal y Patronal en las diferentes empresas básicas de Guayana y del País con el propósito de amedrentar a toda la clase obrera para así poder intensificar la explotación  e incrementar las ganancias.

P= ¿A qué se debe el ensañamiento de la justicia contra Rodney Álvarez?

R= El ensañamiento contra Rodney Álvarez es una política anti-obrera de un gobierno que se hace llamar obrerista y socialista, reprimiendo, masacrando y encarcelando a la clase obrera para demostrarle a los grupos económicos que lo mantienen en el poder que pueden amedrentar a la clase obrera e inmovilizarla con toda la fuerza de su poderío Estatal para reprimir a los trabajadores.

P= ¿A quién se intenta proteger inculpando a Rodney Álvarez del homicidio de Renny Rojas López?

R= Aquí se trata de proteger al partido del Gobierno ya que a la persona que señalan las pruebas con vídeos y testigos presenciales señalan a Hector Maican como brazo ejecutor de asesinato del obrero Ronny Rojas López, fue este militante del partido de Gobierno PSUV.

P= ¿Cuál es el estatus de la causa contra Rodney Álvarez en este momento?

R= El estatus que tiene la causa de Rodney Álvarez es de secuestrado político por el Estado Capitalista Venezolano ya que para el compañero trabajador desde su secuestro se utilizó un helicóptero para trasladarlo y luego ha sido ruleteado por varias cárceles del País sin ser ni siquiera esto comunicado a los familiares. Al juicio se le da apertura solo con la presión de los trabajadores, con la  solidaridad Nacional,  y a nivel internacional de la clase obrera, así como el apoyo de la Comisión de Justicia y Paz del Estado Aragua y Provea. Además de esto una vez que se inicia el juicio todas la pruebas y declaraciones presentadas demuestran la inocencia de Rodney Álvarez.

P= ¿En qué instancias nacionales e internacionales ha sido consignado este caso?

R= Esta Causa se encuentra en el tribunal décimo-segundo de juicio del área metropolitana de la Ciudad De Caracas y también este caso lo hemos elevado a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos quien también se ha pronunciado cuatro veces sobre la situación de indefensión Jurídica que ha sometido el Estado venezolano al trabajador Rodney Álvarez y del estado crítico de salud que padece este proletario.

P= ¿Cómo ha sido el respaldo del sindicato y de los trabajadores de Ferrominera al compañero encarcelado injustamente durante cuatro años?

R= Los trabajadores de Ferrenominera han demostrado su solidaridad y su compromiso con su hermano de clase Rodney Álvarez, así como la solidaridad y lucha por su Libertad por otros núcleos de trabajadores a nivel Nacional. También ha recibido el apoyo material e incondicional del sindicato de Solidaridad Obrera Madrid y SUT de Barcelona e Italia.

P= ¿Qué aprendizajes han sacado los trabajadores y su organización de el caso Rodney Álvarez?

R= Los trabajadores de Ferrominera desde un principio saben que a su compañero Rodney Álvarez se le acusa de algo de lo cual es totalmente inocente y que los hechos se sucedieron en presencia de todos los trabajadores. Han sido los parlamentarios los que han venido entorpeciendo y dificultando el proceso clarificación de fondo de lo que realmente significa el encarcelamiento de Rodney Álvarez. Los parlamentarios siembran ilusiones haciendo creer que este es un gobierno socialista; allí están de acuerdo oficialistas y opositores en el juicio y encarcelamiento del compañero que es injusto, cuando en realidad este es un Gobierno Capitalista continuador de las políticas de los Gobiernos Adecos y Copeyanos. La enseñanza seguirá materializándose en la medida que la clase obrera empiece a organizarse independientemente, fuera de la influencia de los partidos políticos y sus Parlamentarios.

[Tomado de http://rupturaorg.blogspot.com/2015/03/entrevista-manuel-sarabia-abogado-de.html.]

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Manual de inquisidores, o por qué a Ud. le va a caer la persecución del Estado venezolano


Joseph Poliszuk

En la República Bolivariana de Venezuela hay un médico perseguido por reportar la muerte de pacientes y un abogado procesado mientras asistía a un cliente. Y la lista es más larga… Al margen de presos políticos y estudiantes procesados, el Estado también investiga a una serie de ciudadanos que han ejercido sus derechos: incluido el de opinar.

Médico

El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, advirtió el 11 de septiembre sobre el repentino fallecimiento de ocho pacientes -niños y adultos- en el Hospital Central de Maracay, a causa de un “síndrome hemorrágico febril agudo que produce la muerte en forma abrupta en un lapso no mayor a las 72 horas”.

En respuesta, el gobernador de la entidad, Tarek el Aissami, esa misma noche solicitó una investigación judicial en contra de Sarmiento. A la semana siguiente, la mayoría de los diputados del Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua acordaron interpelar al médico por sus declaraciones, mientras que en Caracas la Asamblea Nacional aprobó, por mayoría, un acuerdo que “condena la campaña criminal por parte de la oposición de querer instalar un estado de angustia y de terror en la población venezolana”.

El 22 de octubre se abrió otro frente contra el doctor Sarmiento: la presidenta del Consejo Legislativo de Aragua, Sumiré Ferrara, solicitó al Ministerio Público la apertura de un expediente administrativo en su contra por desacato: Sarmiento no acudió a los llamados del legislativo regional. Al respecto, Ferrara advirtió: “Esto es una acción administrativa que hacemos desde el Consejo Legislativo del estado Aragua, pero también es una reflexión desde el punto de vista político a esa oposición fascista que ha desatado este plan de golpe de Estado continuado y que ha querido atacar al sector salud a nivel nacional y regional”.

martes, 28 de octubre de 2014

Se inicia juicio a Rodney Álvarez, ¡que la solidaridad crezca!


Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma - C_CURA

En la actualidad el gobierno de Nicolás Maduro tiene presos a cuatro trabajadores, bajo tesis y argumentos totalmente falsos. Tres sidoristas: Leinys Quijada, Rederick Leiva y Heberto Bastardo; acusados de porte de armas de alto calibre, hoy trasladados desde Pto. Ordaz a Maturín, para distanciar a los trabajadores y a sus familiares del caso. El contexto de estas detenciones fue en el rechazo a la fraudulenta firma del contrato de los sidoristas, por José Meléndez, del PSUV. El otro sumario es el de Rodney Álvarez, trabajador ferrominero al que acusan de un asesinato, que no cometió, como se muestra en los videos de seguridad de la empresa y declaran parte de los presentes en aquella asamblea del 9 de junio 2011, que se convoca para conformar la junta electoral sindical, del proceso venidero en dicha empresa, y en el que resultó electo Rubén González.

Se inicia el juicio

El pasado jueves 23 de octubre, nos concentramos en las puertas del Palacio de Justicia, desde las 9am, como siempre lo hicimos cuando el gobierno de Chávez, impuso cárcel a Rubén González. Esta vez, en la espera de que se celebrara la audiencia oral y pública de inicio al juicio del trabajador Rodney Álvarez. No fue hasta las 4.30 pm que lo subieron al quinto piso, para media hora más tarde dar inicio al acto, no sin antes desalojar a las más de 18 personas que solidarias con Rodney, se habían trasladado desde distintos puntos del país: Maracay, Pto. Ordaz, Los Teques y Caracas, en conocimiento de que el acto es público y como muestra de apoyo para quien lleva tres años y cuatro meses preso, dilatando la apertura del juicio a pesar de que los indicios señalan a otro como el autor de los hechos que le imputan.

Después de siete horas de espera, sin almuerzos y solo café, ante el enfado y la alta voz de una funcionaria del Palacio de Justicia, se ordena nuestro desalojo, privándonos y violando el carácter público de la audiencia. A su vez ordena, que al acto solo entren por la parte acusadora, Alfredo Spooner –testigo- y el fiscal. Por la defensa entrará Humberto Garrido –abogado- acompañado de la Sra. Yaritza Rodríguez, madre del trabajador.

Es necesario que los ferromineros y demás trabajadores, estén enterados de importantes aspectos presentados en esta audiencia, más aun tratándose de que una vez más el gobierno que se reclama obrerista, ataca a los ferromineros como lo hace también hacia los sidoristas, con acusaciones y arbitrarias detenciones, que no son más que muestras evidentes de la criminalización de la protesta y aún más en la situación de Rodney Álvarez, con un prolongado retardo procesal.

El gobierno se ensaña contra los trabajadores de Guayana

El juicio contra Rubén González fue un proceso largo y tortuoso. Para todos los ferromineros y demás trabajadores de las empresas básicas quedo demostrada la saña e intención desarrollada por Rangel Gómez, el gobierno de Hugo Chávez y ahora Maduro, al imponer la cárcel y culpabilizar a Rubén González y amedrentar a los trabajadores de FMO [empresa estatal FerroMinera Orinoco], cuando legítimamente defendían su contratación colectiva. Con los ferromineros el gobierno inauguró la criminalización de la protesta.

Esa saña, continúa hoy día, ahora contra el trabajador Rodney Álvarez. En la asamblea del 9 de junio, se asesinó a un trabajador de FMO, con el objeto de culpabilizar a otro. Han pretendido señalar a Rubén González, como el autor intelectual de esta fechoría. Los concurrentes a la asamblea del 9 de junio, saben bien que ocurrió. Muchos vieron quien disparó, como corría con un arma en las manos, y a los miembros de la GN, disparar al aire y lograr su detención. A esta persona la retienen por 24 horas, y le decomisan el arma, para luego liberarla. Todos denunciaron que el portador del arma es Héctor Maican, miembro del PSUV y del entonces sindicato.

Alfredo Spooner se contradice

En la audiencia, al ser preguntado, Alfredo Spooner, incurrió en contradicciones en varias ocasiones. Una fue su imprecisión en la fecha de los acontecimientos, a lo que no hallamos lógica ya que como es que al ser convocado como testigo presencial, ¿No precisa una fecha, que para él debe ser tan importante, asumiendo que él fue parte de los hechos y según él, el blanco programado? Otro aspecto significativo, para alguien que se pretende dirigente sindical, miembro de la directiva saliente y concurrente al proceso eleccionario en dicho sindicato, es que argumentó “que la comisión electoral iba hacer elegida solo por trabajadores de Ciudad Guayana, por lo que los trabajadores de Ciudad Piar no tenían por qué estar y participar en la asamblea” donde incurrieron los hechos señalados y en los que fue asesinado el trabajador Ronny Rojas. Será, que Alfredo Spooner, ¿Desconoce que el sindicato de FMO es la organización sindical de todos los ferromineros, y por ello debían estar en dicha asamblea trabajadores de todas las dependencias, incluida Ciudad Piar? En otro momento entró en contradicciones con el video de la asamblea del 9 de junio, al afirmar que él vio al imputado portando un arma y luego responder que en la grabación, el acusado no tenía arma, para luego admitir que él no lo vio disparar; así, como asentir conocer a Héctor Maican, y estar consciente de que este señor disparó un arma e hirió a varios trabajadores.

El llamado es a todos. Solidaridad activa para Rodney Álvarez

Más que un hecho policíaco, este es un hecho político. Tan político como, el perpetrado por el gobierno en contra Rubén González y como el también desarrollado contra los tres trabajadores de Sidor, hoy detenidos. Ningún trabajador en FMO, puede permitir que se imponga la mentira y la impunidad, como ningún trabajador de Sidor puede permitir que priven de libertad a sus compañeros por defender el contrato. Si esto pasa mañana puede ser otros. La solidaridad, no puede ser declarativa, debe ser concreta y activa. El dirigente sindical que hoy en FMO y en Sidor, no mueva a sus afiliados y no disponga y no coloque bajo consulta una importante suma de sus recursos sindicales para lograr la libertad de estos compañeros, simplemente le hace el juego a las macabras intenciones del gobierno. Eso, en CCURA no lo podemos permitir. No nos conformarnos con la solidaridad declarativa y con toda la moral y autoridad que nos da el haber sido consecuentes y estar en la primera fila de lucha por la libertad de Rubén González, hoy le decimos a todos –incluido a Rubén González- que para la próxima audiencia solicitamos se materialice el día de salario ya manifestado por parte de trabajador de FMO, y sean convocados dos, tres y hasta cuatro autobuses de ferromineros para hacer acto de presencia en los tribunales y demostrar al gobierno que Rodney Álvarez no está solo, que revelaremos la verdad y derrotaremos la impunidad con la fuerza de los todos los ferromineros.

Este llamado lo formulamos a todas las centrales y organizaciones sindicales. Convocamos a la Unidad de Acción Sindical, a la UNETE, FADESS, ASI, CGT, CODESA, sindicatos y trabajadores de base, a sumarse al Movimiento por la Libertad de Rodney Álvarez. Desde el mismo momento que la GN, detiene al portador del arma aquel 9 de junio, se tejió toda una trama para encubrir su autoría en estos hechos, que tienen centenares de testigos entre los ferromineros. A la vanguardia de esta lucha, por la libertad de Rodney Álvarez, deben estar los ferromineros y su sindicato, para derrotar la mentira y la impunidad.

¡Libertad para Rodney Álvarez, trabajador de FerroMinera Orinoco!

¡Libertad a Leinys Quijada, Rederick Leiva y Heberto Bastardo, trabajadores de SIDOR!

[Tomado de http://deslinde2011.blogspot.com/2014/10/se-dio-inicio-al-juicio-de-rodney.html.]

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Líderes sindicales acusan al Gobierno de judicializar las protestas sindicales


Clavel Rangel

La judicialización de la lucha sindical no es una novedad del gobierno de Nicolás Maduro. Durante el mandato de Hugo Chávez el dirigente de Sintraferrominera, Rubén González, estuvo preso durante 17 meses por liderar una huelga. Precisamente, González y un grupo de dirigentes sindicales de Sidetur, Carbonorca, Ferrominera y Alcasa alertan sobre el incremento de la represión en las empresas básicas y rechazan la privativa de libertad contra tres sidoristas.

Una arbitrariedad. Un exabrupto. Doble discurso. Intimidación. Y una medida represiva. Los secretarios generales de los sindicatos de Ferrominera, Sidetur, Alcasa, Carbonorca no vacilan en afirmar que la detención de tres sidoristas el pasado viernes es eso y mucho más.

Defienden la inocencia de Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada y alegan que el procedimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el que supuestamente se les incautó un arma, “se le ven las costuras”.

Acompañado de sus homólogos, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, exigió al Gobierno que “¡dejen la persecución en contra de los compañeros siderúrgicos!”.

“Si el contrato es la excelencia que ellos están hablando cómo es que no han tenido la valentía de llevarlo a las asambleas generales de los trabajadores”, inquirió González.

El pronunciamiento de este sector sindical de Guayana se produce a dos días de que el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz dictara privativa de libertad en contra de los tres sidoristas por presunto tráfico de armas y asociación para delinquir.

El fallo, afirmó González, persigue acallar el reclamo por la discusión del contrato. “Yo creo que el Gobierno debe pensarlo, esto es un ardid de mentira total en contra de los compañeros ¡Eso no se puede permitir!”, agregó el líder ferrominero.

El secretario general de Sintraferrominera estuvo preso durante 17 meses por liderar una huelga, fue condenado a ocho años de prisión y luego declarado inocente en un nuevo juicio que terminó en 2014.

Plan consensuado

Con esa antesala de criminalización de la protesta, los dirigentes lamentaron que quienes compartieron con ellos el nacimiento del movimiento sindical en Guayana se hayan sumado a la persecución de los trabajadores.

Los sindicatos coinciden en responsabilizar al Gobierno del amedrentamiento y, en particular, al movimiento 21 de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), cuya génesis el presidente Nicolás Maduro acompañó.

“Esos compañeros se criaron con nosotros y por eso el llamado al compañero Ángel Marcano, porque yo sé que Ángel Marcano tiene mucho que ver en esta persecución. Nosotros conocemos bien, tanto así, que ahí está el compañero Rodney Álvarez (trabajador de Ferrominera) preso aun cuando es inocente”, esbozó Ramón Espino, de Sutracarbonorca.

En ese sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, exhortó al Gobierno a que recupere la capacidad de negociación.

Destacó que “ha sido imposible reunirse con el presidente de la CVG, imposible que haya una autoridad que pueda reunir a los trabajadores como lo hizo Carlos Osorio (ex presidente de CVG) sin distinción de partido político, a discutir hacia dónde va Guayana. Esas discusiones se acabaron, ahora lo que viene es represión”.

Esa persecución, comentaron, también se repite en CVG Venalum donde un grupo de trabajadores está en proceso de calificación de despido. “¿Por qué calificación? Por haber peleado contra un presidente que, supuestamente, estaba sumergido en hechos de corrupción. Nosotros estamos casi convencidos de que ese amedrentamiento contra los trabajadores siderúrgicos, contra los de Venalum, también viene contra los de Alcasa y Carbonorca”.

Y para eso, acotó González, están usando todos los métodos: persecución, calificaciones, congelación de salarios e intimidación con los cuerpos de seguridad.

Los grupos armados

La dirigencia evalúa convocar una movilización con las dirigentes nacionales para hacer frente a la crisis.

Aunque no tienen fecha, dijeron que están en fase de organización. No sólo para rechazar la criminalización sino para decir que sí hay mafias en las empresas, sólo que esas “mafias”, comentó el secretario general del sindicato de Sidetur, Alejandro Álvarez, son grupos armados que usa el gobierno.

“Ellos están bien armados. Un sector del Gobierno tiene grupos armados y los ha utilizado desde 2011 para quebrar las luchas en distintas empresas”, denunció Álvarez al recordar -con lista en mano y números de cédulas- los hombres que en su oportunidad fueron contratados para romper una protesta en la siderúrgica. Casi todos, subrayó, con prontuario policial. “A nosotros nos llevaron esos hombres armados, y fue el PSUV, tenemos los nombres”.

Ante eso, sostiene que hay un doble discurso, acotó González, para justificar la “arremetida”. “Ahora dicen que van a acabar con las mafias y resulta que tienen que acabarse ellos mismos porque ellos mismos son los que están implementado todo esto”.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/item/20268-un-sector-del-gobierno-tiene-grupos-armados-y-los-ha-utilizado-para-quebrar-las-luchas.]

viernes, 16 de mayo de 2014

Cuando el Estado persigue la protesta como crimen


Humberto Márquez

En países como Venezuela, Ecuador o México la protesta social y juvenil no sólo es reprimida en las calles sino criminalizada por el Estado, según denuncian organizaciones que velan por los Derechos Humanos. La audiencia criminal más grande en la historia de Venezuela sucedió mientras millones de hogares se preparaban para celebrar como Día de la Madre el segundo domingo de Mayo. Un tribunal reunió, en un pasillo del Palacio de Justicia en Caracas, a 118 de los 243 jóvenes capturados de madrugada en las diminutas carpas con las que acampaban en algunas plazoletas de la capital, a fin de examinar si habían cometido una decena de delitos, desde querer obstruir una vía pública hasta dañar la propiedad o incurrir en terrorismo.

En las siguientes horas, decenas de personas fueron procesadas de manera común y masiva. Los jueces dejaron a la mayoría en libertad condicional, para que fuera a reunirse con sus madres, pero 11 de ellos engrosaron la lista de los ya 161 que permanecen tras las rejas por participar en las manifestaciones callejeras que ha visto Venezuela desde el pasado 5 de Febrero. En total, 2.946 personas habían sido detenidas cuando ya ha caído la mitad de las hojas del almanaque de Mayo.

Tuvieron un poco más de suerte que otras 42 que murieron en el marco de esas protestas -incluidos siete efectivos de la Guardia Nacional-, en tanto la lista de lesionados remonta los 800. Los organismos defensores de Derechos Humanos en Venezuela, con respaldo de entidades internacionales como Human Rights Watch, no tienen dudas: se ha instalado la criminalización de la protesta.

“Desde 2005 se ha profundizado la criminalización de la protesta en Venezuela, con un saldo de 5.000 procesados, incluidos dirigentes sindicales e indígenas, y con las protestas juveniles de este 2014 se ha acentuado la política de liberar a los manifestantes pero de manera condicional, limitando su libertad de movimiento”, dijo a RNW Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.

Una decena de organizaciones defensoras de Derechos Humanos ha denunciado que esa criminalización de la protesta en general se traslada hacia sus organizaciones y activistas, a raíz de menciones que el general Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, hizo en recientes declaraciones para señalar a las protestas callejeras como parte de un complot para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En México, activistas de una coalición que se opone a la construcción de un gasoducto en la región volcánica y agrícola de Puebla, Morelos y Tlaxcala, han sido detenidos y procesados o debieron entrar en la clandestinidad. Recientemente, en una conferencia de prensa, dos estudiantes de Leyes que integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en esa zona comparecieron con los rostros tapados por miedo a la represión estatal. Otra activista, Enedina Rosas, es víctima de amenazas y asedio dentro de la cárcel donde está detenida por negarse a dejar la lucha contra la construcción del gasoducto.

“Es apenas un caso entre muchos que llevó ya en 2008 a una campaña de organizaciones sociales bajo la consigna ¨Protestar es un derecho, reprimir es un delito¨”, señaló a RNW Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

“Se puede sostener que hay una constante criminalización de la protesta social y que se da a través de acusaciones penales contra dirigentes sociales, con campañas de desprestigios de gobierno y/o de empresas contra activistas sociales, y con leyes que condicionan el ejercicio de derechos”, advirtió Cortez.

El pasado mes de abril, una decena de organizaciones no gubernamentales mexicanas, algunas de ellas integradas por abogados, conformaron un “frente por la libertad de expresión y la protesta social”, y como primera actividad lanzaron la campaña #QueNoTeApaguen, para denunciar retrocesos y limitaciones en la legislación federal y de varios estados mexicanos sobre los derechos de reunión y manifestación.

En Ecuador ha sido Amnistía Internacional (AI) la entidad que ha documentado los casos de 24 líderes sociales que el último año y medio “han sido víctimas de lo que parecen ser acusaciones infundadas y detenciones arbitrarias”.

Un informe de la investigadora de AI Tamaryn Nelson recogió hasta 35 cargos contra 24 dirigentes campesinos ecuatorianos que organizaron protestas sobre aspectos de las leyes de minería y aguas. Las acusaciones iban desde obstaculizar vías públicas hasta terrorismo y 23 de esos cargos fueron desechados por falta de pruebas.

“Lo que vemos en Ecuador es un aumento de la conflictividad social. A lo largo de los años el gobierno ha ido impulsando ciertos cambios en políticas y leyes sin consultar de forma adecuada a las comunidades locales que se verían afectadas” comentó Nelson.

En Venezuela, según el Observatorio de Conflictividad Social, hubo 5.483 protestas en 2012, 4.410 el año pasado y 4.116 sólo en los primeros tres meses de 2014, sin señales de que se detenga la agitación principalmente estudiantil y de algunos focos vecinales en las principales ciudades. En paralelo, la criminalización avanza. La alcaldía oficialista del municipio Libertador, que calza con el Distrito Capital (Caracas central y oeste), ha vetado las demostraciones públicas opositoras en su territorio, lo que acentúa la crispada polarización política que padece el país desde hace casi 15 años.

Por añadidura, el Tribunal Supremo de Justicia ha sentenciado que las manifestaciones ya no podrán ser espontáneas sino autorizadas y acotadas por la autoridad local o regional, y si no lo fueren las fuerzas del orden deberán disolverlas, aunque sean pacíficas. Y sus convocantes u organizadores deberán responder (penalmente) por los daños que eventualmente causen esas demostraciones. El panorama resulta desalentador para salir a protestar, aunque “en Venezuela hay razones para protestar, muchas, muchas, protestar en paz”, según ha dicho el propio presidente Maduro. Para Provea, y otras organizaciones de la coalición humanitaria Foro por la Vida, “protestar es un derecho, no un delito”.

[Tomado de http://eltoque.com/texto/la-protesta-se-hace-crimen.]

martes, 15 de enero de 2013

Inician juicio contra Provea y Homoetnatura por apoyo a lucha yukpa



"Hola, les escribe Marino Alvarado, Coordinador General de la organización de derechos humanos venezolana Provea (www.derechos.org.ve).

Queremos  informar a Ustedes que como consecuencia de nuestro apoyo siempre solidario a la lucha del pueblo Yukpa por sus derechos y particularmente por el reclamo de una adecuada demarcación de tierras, se abrió un proceso judicial contra nuestra organización y la organización Homo et Natura que tiene años trabajando con los Yukpas.( http://bit.ly/WPp8nM)

La acusación contra Provea es que desde nuestra página web apoyamos una concentración que realizaron los Yukpas frente al Tribunal Supremo de Justicia en el año 2010 exigiendo se aplicara la Jurisdicción indígena tal como está establecido en la Constitución.





La Acusación contra las dos organizaciones y varias madres indígenas es que en la protesta frente al TSJ se usó a los niños como escudos humanos. En el fondo es una demanda no contra dos organizaciones , sino contra el pueblo Yukpa y todos los pueblos indígenas del paìs pues se pretende generar un precedente judicial que afectaría  a todos los pueblos indígenas en sus procesos de exigibilidad de derechos.

Desde una visión que se aleja totalmente de la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas, se pretende sentenciar de qué manera deben y pueden exigir sus derechos los indígenas en Venezuela.
 
Les mantendremos informados sobre el desarrollo de este juicio que cursa en el tribunal 8 de Protección de niños, niñas y adolescentes del Área Metropolitana de Caracas.

Agradeciendo su atención y colaboración",

Marino Alvarado
Provea

Ser gobernado es...

Charla: El Anarquismo en América Latina

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