Humberto Márquez
En países como Venezuela, Ecuador o México la protesta social y juvenil no sólo es reprimida en las calles sino criminalizada por el Estado, según denuncian organizaciones que velan por los Derechos Humanos. La audiencia criminal más grande en la historia de Venezuela sucedió mientras millones de hogares se preparaban para celebrar como Día de la Madre el segundo domingo de Mayo. Un tribunal reunió, en un pasillo del Palacio de Justicia en Caracas, a 118 de los 243 jóvenes capturados de madrugada en las diminutas carpas con las que acampaban en algunas plazoletas de la capital, a fin de examinar si habían cometido una decena de delitos, desde querer obstruir una vía pública hasta dañar la propiedad o incurrir en terrorismo.
En las siguientes horas, decenas de personas fueron procesadas de manera común y masiva. Los jueces dejaron a la mayoría en libertad condicional, para que fuera a reunirse con sus madres, pero 11 de ellos engrosaron la lista de los ya 161 que permanecen tras las rejas por participar en las manifestaciones callejeras que ha visto Venezuela desde el pasado 5 de Febrero. En total, 2.946 personas habían sido detenidas cuando ya ha caído la mitad de las hojas del almanaque de Mayo.
Tuvieron un poco más de suerte que otras 42 que murieron en el marco de esas protestas -incluidos siete efectivos de la Guardia Nacional-, en tanto la lista de lesionados remonta los 800. Los organismos defensores de Derechos Humanos en Venezuela, con respaldo de entidades internacionales como Human Rights Watch, no tienen dudas: se ha instalado la criminalización de la protesta.
“Desde 2005 se ha profundizado la criminalización de la protesta en Venezuela, con un saldo de 5.000 procesados, incluidos dirigentes sindicales e indígenas, y con las protestas juveniles de este 2014 se ha acentuado la política de liberar a los manifestantes pero de manera condicional, limitando su libertad de movimiento”, dijo a RNW Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.
Una decena de organizaciones defensoras de Derechos Humanos ha denunciado que esa criminalización de la protesta en general se traslada hacia sus organizaciones y activistas, a raíz de menciones que el general Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, hizo en recientes declaraciones para señalar a las protestas callejeras como parte de un complot para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En México, activistas de una coalición que se opone a la construcción de un gasoducto en la región volcánica y agrícola de Puebla, Morelos y Tlaxcala, han sido detenidos y procesados o debieron entrar en la clandestinidad. Recientemente, en una conferencia de prensa, dos estudiantes de Leyes que integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en esa zona comparecieron con los rostros tapados por miedo a la represión estatal. Otra activista, Enedina Rosas, es víctima de amenazas y asedio dentro de la cárcel donde está detenida por negarse a dejar la lucha contra la construcción del gasoducto.
“Es apenas un caso entre muchos que llevó ya en 2008 a una campaña de organizaciones sociales bajo la consigna ¨Protestar es un derecho, reprimir es un delito¨”, señaló a RNW Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
“Se puede sostener que hay una constante criminalización de la protesta social y que se da a través de acusaciones penales contra dirigentes sociales, con campañas de desprestigios de gobierno y/o de empresas contra activistas sociales, y con leyes que condicionan el ejercicio de derechos”, advirtió Cortez.
El pasado mes de abril, una decena de organizaciones no gubernamentales mexicanas, algunas de ellas integradas por abogados, conformaron un “frente por la libertad de expresión y la protesta social”, y como primera actividad lanzaron la campaña #QueNoTeApaguen, para denunciar retrocesos y limitaciones en la legislación federal y de varios estados mexicanos sobre los derechos de reunión y manifestación.
En Ecuador ha sido Amnistía Internacional (AI) la entidad que ha documentado los casos de 24 líderes sociales que el último año y medio “han sido víctimas de lo que parecen ser acusaciones infundadas y detenciones arbitrarias”.
Un informe de la investigadora de AI Tamaryn Nelson recogió hasta 35 cargos contra 24 dirigentes campesinos ecuatorianos que organizaron protestas sobre aspectos de las leyes de minería y aguas. Las acusaciones iban desde obstaculizar vías públicas hasta terrorismo y 23 de esos cargos fueron desechados por falta de pruebas.
“Lo que vemos en Ecuador es un aumento de la conflictividad social. A lo largo de los años el gobierno ha ido impulsando ciertos cambios en políticas y leyes sin consultar de forma adecuada a las comunidades locales que se verían afectadas” comentó Nelson.
En Venezuela, según el Observatorio de Conflictividad Social, hubo 5.483 protestas en 2012, 4.410 el año pasado y 4.116 sólo en los primeros tres meses de 2014, sin señales de que se detenga la agitación principalmente estudiantil y de algunos focos vecinales en las principales ciudades. En paralelo, la criminalización avanza. La alcaldía oficialista del municipio Libertador, que calza con el Distrito Capital (Caracas central y oeste), ha vetado las demostraciones públicas opositoras en su territorio, lo que acentúa la crispada polarización política que padece el país desde hace casi 15 años.
Por añadidura, el Tribunal Supremo de Justicia ha sentenciado que las manifestaciones ya no podrán ser espontáneas sino autorizadas y acotadas por la autoridad local o regional, y si no lo fueren las fuerzas del orden deberán disolverlas, aunque sean pacíficas. Y sus convocantes u organizadores deberán responder (penalmente) por los daños que eventualmente causen esas demostraciones. El panorama resulta desalentador para salir a protestar, aunque “en Venezuela hay razones para protestar, muchas, muchas, protestar en paz”, según ha dicho el propio presidente Maduro. Para Provea, y otras organizaciones de la coalición humanitaria Foro por la Vida, “protestar es un derecho, no un delito”.
[Tomado de http://eltoque.com/texto/la-protesta-se-hace-crimen.]
En países como Venezuela, Ecuador o México la protesta social y juvenil no sólo es reprimida en las calles sino criminalizada por el Estado, según denuncian organizaciones que velan por los Derechos Humanos. La audiencia criminal más grande en la historia de Venezuela sucedió mientras millones de hogares se preparaban para celebrar como Día de la Madre el segundo domingo de Mayo. Un tribunal reunió, en un pasillo del Palacio de Justicia en Caracas, a 118 de los 243 jóvenes capturados de madrugada en las diminutas carpas con las que acampaban en algunas plazoletas de la capital, a fin de examinar si habían cometido una decena de delitos, desde querer obstruir una vía pública hasta dañar la propiedad o incurrir en terrorismo.
En las siguientes horas, decenas de personas fueron procesadas de manera común y masiva. Los jueces dejaron a la mayoría en libertad condicional, para que fuera a reunirse con sus madres, pero 11 de ellos engrosaron la lista de los ya 161 que permanecen tras las rejas por participar en las manifestaciones callejeras que ha visto Venezuela desde el pasado 5 de Febrero. En total, 2.946 personas habían sido detenidas cuando ya ha caído la mitad de las hojas del almanaque de Mayo.
Tuvieron un poco más de suerte que otras 42 que murieron en el marco de esas protestas -incluidos siete efectivos de la Guardia Nacional-, en tanto la lista de lesionados remonta los 800. Los organismos defensores de Derechos Humanos en Venezuela, con respaldo de entidades internacionales como Human Rights Watch, no tienen dudas: se ha instalado la criminalización de la protesta.
“Desde 2005 se ha profundizado la criminalización de la protesta en Venezuela, con un saldo de 5.000 procesados, incluidos dirigentes sindicales e indígenas, y con las protestas juveniles de este 2014 se ha acentuado la política de liberar a los manifestantes pero de manera condicional, limitando su libertad de movimiento”, dijo a RNW Marino Alvarado, coordinador de la organización humanitaria Provea.
Una decena de organizaciones defensoras de Derechos Humanos ha denunciado que esa criminalización de la protesta en general se traslada hacia sus organizaciones y activistas, a raíz de menciones que el general Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, hizo en recientes declaraciones para señalar a las protestas callejeras como parte de un complot para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En México, activistas de una coalición que se opone a la construcción de un gasoducto en la región volcánica y agrícola de Puebla, Morelos y Tlaxcala, han sido detenidos y procesados o debieron entrar en la clandestinidad. Recientemente, en una conferencia de prensa, dos estudiantes de Leyes que integran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en esa zona comparecieron con los rostros tapados por miedo a la represión estatal. Otra activista, Enedina Rosas, es víctima de amenazas y asedio dentro de la cárcel donde está detenida por negarse a dejar la lucha contra la construcción del gasoducto.
“Es apenas un caso entre muchos que llevó ya en 2008 a una campaña de organizaciones sociales bajo la consigna ¨Protestar es un derecho, reprimir es un delito¨”, señaló a RNW Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
“Se puede sostener que hay una constante criminalización de la protesta social y que se da a través de acusaciones penales contra dirigentes sociales, con campañas de desprestigios de gobierno y/o de empresas contra activistas sociales, y con leyes que condicionan el ejercicio de derechos”, advirtió Cortez.
El pasado mes de abril, una decena de organizaciones no gubernamentales mexicanas, algunas de ellas integradas por abogados, conformaron un “frente por la libertad de expresión y la protesta social”, y como primera actividad lanzaron la campaña #QueNoTeApaguen, para denunciar retrocesos y limitaciones en la legislación federal y de varios estados mexicanos sobre los derechos de reunión y manifestación.
En Ecuador ha sido Amnistía Internacional (AI) la entidad que ha documentado los casos de 24 líderes sociales que el último año y medio “han sido víctimas de lo que parecen ser acusaciones infundadas y detenciones arbitrarias”.
Un informe de la investigadora de AI Tamaryn Nelson recogió hasta 35 cargos contra 24 dirigentes campesinos ecuatorianos que organizaron protestas sobre aspectos de las leyes de minería y aguas. Las acusaciones iban desde obstaculizar vías públicas hasta terrorismo y 23 de esos cargos fueron desechados por falta de pruebas.
“Lo que vemos en Ecuador es un aumento de la conflictividad social. A lo largo de los años el gobierno ha ido impulsando ciertos cambios en políticas y leyes sin consultar de forma adecuada a las comunidades locales que se verían afectadas” comentó Nelson.
En Venezuela, según el Observatorio de Conflictividad Social, hubo 5.483 protestas en 2012, 4.410 el año pasado y 4.116 sólo en los primeros tres meses de 2014, sin señales de que se detenga la agitación principalmente estudiantil y de algunos focos vecinales en las principales ciudades. En paralelo, la criminalización avanza. La alcaldía oficialista del municipio Libertador, que calza con el Distrito Capital (Caracas central y oeste), ha vetado las demostraciones públicas opositoras en su territorio, lo que acentúa la crispada polarización política que padece el país desde hace casi 15 años.
Por añadidura, el Tribunal Supremo de Justicia ha sentenciado que las manifestaciones ya no podrán ser espontáneas sino autorizadas y acotadas por la autoridad local o regional, y si no lo fueren las fuerzas del orden deberán disolverlas, aunque sean pacíficas. Y sus convocantes u organizadores deberán responder (penalmente) por los daños que eventualmente causen esas demostraciones. El panorama resulta desalentador para salir a protestar, aunque “en Venezuela hay razones para protestar, muchas, muchas, protestar en paz”, según ha dicho el propio presidente Maduro. Para Provea, y otras organizaciones de la coalición humanitaria Foro por la Vida, “protestar es un derecho, no un delito”.
[Tomado de http://eltoque.com/texto/la-protesta-se-hace-crimen.]
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