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El Secretario General de Ferrominera Orinoco (FMO) y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rubén González, cumplió el 24 de septiembre un año privado de su libertad por haber apoyado una paralización de sus agremiados en la defensa de su contrato colectivo.
Como se recordará a comienzos del mes de julio del 2009 un grupo de trabajadores de Ferrominera paralizaron sus actividades exigiendo la cancelación de retroactivos y otras deudas derivadas de su contratación colectiva, además de la mejora de sus condiciones laborales. La ausencia de respuestas por parte de los patrones alargó la huelga por 15 días. El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de FMO- acordó en un hecho público la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa. Entre otras medidas, establecidas en el acta de la asamblea general realizada en las instalaciones de la compañía, se acordó no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades, evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales. Como Secretario General de Sintraferrominera, Rubén González tomó partido por la causa obrera.
Sin embargo, el 24 de septiembre González fue apresado en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), mientras rendía declaración como testigo en una investigación que se le seguía al ex alcalde del antiguo municipio Raúl Leoni, Gilberto Villarroel. Al sindicalista lo trasladaron hasta los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) donde permaneció durante tres días, tras lo cual se le dictó una medida cautelar de arresto domiciliario. Los cargos en su contra eran “instigación a delinquir”, “agavillamiento” y “violación de la zona de seguridad”, por la protesta en FMO. Sin haber incumplido con la sentencia de casa por cárcel, a González le fue revocada irregularmente la medida, siendo trasladado a la sede de Patrulleros del Caroní, el 20 de enero del 2010, sitio en el que permanece a la espera de una sentencia, en un juicio que ha sido diferido en varias oportunidades, la última vez el pasado 3 de septiembre. Según la información que maneja el propio sindicalista, extraoficialmente se maneja como fecha el próximo 4 de noviembre para la realización del juicio, el cual si lo considera culpable lo podría sentenciar a penas entre 3 y 8 años de prisión.
En conversación telefónica con Provea, al cumplirse un año de su privación de libertad, Ruben González envió un mensaje a todos los trabajadores del país: “Lo mas importante de todo esto es que nio dobleguemos nuestra posición que es defender los intereses de los trabajadores para lo cual fuimos elegimos. Aunque no se le quierea cumplir a los trabajadores, nosotros no podemos dar un paso atrás, sino seguir adelante en procura de que se cumpla lo que esta establecido en las normas: Las convenciones colectivas, ley orgánica del trabajo. Los trabajadores del país no están pidiendo que se les regale nada, sino que se le cumpla con la normativa laboral y con lo que es la higiene y seguridad en el trabajo, tanto el Inpsasel como Lopcymat. Le hago un llamado a los trabajadores, pero también a la dirigencia sindical que con todo y que podemos tener diferencias ideológicas tenemos una coincidencia grande: cada uno de nosotros tenemos que defender los intereses de los trabajadores, pues para eso fuimos elegidos. Hago un llamado a la dirigencia sindical para que nos pongamos de acuerdo porque viene una reforma de la ley orgánica del trabajo , que no sabemos cómo puede venir, pero se denota que quieren quitarle las prestaciones sociales a los trabajadores y la desmejora de sus condiciones laborales, cosa que ya estamos viendo. Como dirigentes sindicales tenemos que asumir el gran reto de dar un paso al frente y defender a la clase trabajadora. No fuimos electos ni para defender al patrón ni para defender a un partido político o un grupo en particular. Estamos aquí para defender a los trabajadores”.
Para Provea el caso de Rubén González constituye un ejemplo emblemático de la política de criminalización de la protesta promovidas por el Ejecutivo Nacional, que tiene entre sus promotores las instancias de implementación de justicia y el Ministerio Público. Provea considera que las únicas motivaciones para mantener privado de libertad al sindicalista son políticas, pues el derecho a la manifestación y a la huelga se encuentran garantizadas en la Constitución. Rubén González es un preso político. El ensañamiento en su contra intenta desmotivar a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, y a toda la masa laboral del país, en el ejercicio de sus derechos, los procesos de organización autónoma y de libertad sindical y en la visibilización de las limitaciones y contradicciones de las políticas públicas del gobierno nacional.
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