Opinión: Rodney Alvarez, un caso que pone rostro a la injusticia

Rafael Uzcátegui

El 9 de junio de 2011 un hecho confuso dentro de la empresa Ferrominera terminó con el trabajador Renny Rojas asesinado de un disparo. Ese día se elegía la Comisión Electoral que organizaría las elecciones del sindicato SintraFerrominera. Rubén González, quien había estado preso y enfrentaba un juicio por acompañar una huelga de trabajadores era su Secretario General y se lanzaba a la reelección. El oficialismo quería propinarle un golpe político derrotándolo con la candidatura del dirigente del PSUV Alfredo Spooner, quien en ese momento contaba con el apoyo de Radwan Sabbagh, presidente de la empresa. Durante la jornada se elegirían tres de los miembros de la Comisión Electoral que organizaría posteriormente las elecciones. Y si alguien tenía intenciones de manipularlas, tendría más posibilidad si controlaba también el equipo que las promocionaría. La asistencia fue masiva, pero durante la mañana el clima fue enturbiándose debido a la presunta votación de personas no relacionadas con la compañía. Comenzaron los forcejeos, que derivaron en la detonación de disparos. Varios testigos, incluyendo al propio González, declararon que vieron a Hector Maicán, en ese momento secretario de finanzas del sindicato y partidario de Spooner, realizar los disparos. Maicán fue detenido y su arma fue la única que se decomisó en el momento. Sin embargo, apenas duró 24 horas preso. Sin ningún tipo de evidencia que lo respalde, se detuvo a la persona que después de Maicán más se parecía al retrato hablado realizado tras la declaración de quienes estaban en el sitio: El trabajador Rodney Antonio Álvarez Rodríguez. Hoy se encuentra, a la espera del inicio del juicio en su contra, en la cárcel de El Rodeo.

Desde aquella jornada varias cosas han pasado. González fue reelecto como Secretario General del sindicato y Radwan Sabbagh fue detenido por actos de corrupción dentro de Ferrominera. Los trabajadores han incluido la libertad de Álvarez dentro de sus consignas en las movilizaciones por condiciones dignas y un emprendimiento político de izquierda de la zona, Núcleo Proletario Clasista, han  iniciado una campaña para denunciar la injusticia en el caso. Yaritza Rodríguez, madre de Rodney hizo un llamado a la progenitora del trabajador asesinado: “Luchemos juntas para que se haga justicia. Ya que con plata ellos creen que pueden comprar todas las conciencias. Pero el dolor de una madre nadie nos lo podrá comprar”. Rodney es parte de las estadísticas del retardo procesal en el país: Después de tres años aún no se inicia el juicio. Organizaciones que velan por los derechos de los privados de libertad han diagnosticado que el retardo procesal es una constante en las prisiones del país, especialmente en las personas de pocos recursos que no tienen influencias ni recursos económicos para acelerar los procesos o comprar las sentencias. Cualquier persona que haya tenido que ver en los últimos años con el sistema de administración de justicia conoce sus irregularidades. Jueces provisionales, designados a dedo desde las alturas, siguen otros dictados diferentes a la justicia y la verdad de los hechos. Mientras el “pranato” organiza la vida dentro de las cárceles en el país, un fenómeno que hubiera hecho las delicias de pensadores como Michael Foucault, extramuros jueces y fiscales deciden, bajo referentes distintos al de la probidad, el destino del resto de los mortales.

La madre de Rodney ha denunciado maltratos físicos por parte de los funcionarios. A pesar de la reciente aprobación de una ley de prevención de la tortura, los funcionarios policiales y militares del país continúan aplicando métodos de coerción y castigo reñidos con los derechos humanos. De nuevo los tratos inhumanos, crueles y degradantes tienen perspectiva de clase y se ensañan contra los que menos, o sencillamente nada, tienen.

El 26 de agosto pasado debía realizarse una audiencia de presentación, que fue una vez más suspendida. Los guayaneses conocen perfectamente la dilación de los tribunales en casos emblemáticos de la entidad, como por ejemplo el Secretario General de Ferrominera Rubén González. La familia de Rodney debe asumir el traslado hasta Caracas para ser testigos en primera fila de la ineficiencia de los juzgados. ¿Quién asumirá las reparaciones materiales y a su dignidad cuando se corroboren lo que dicen los testigos, que Rodney no tuvo nada que ver con el asesinato de Rojas? Lejos de su familia, de sus seres queridos, dejando de ser un aporte para el sustento familiar sino una carga. El Núcleo Proletario Clasista tiene razón cuando afirma que Rodney es un ejemplo de las irregularidades del sistema de administración de justicia y de abuso de poder, y que su caso pudiera ser el de cualquier hijo de una familia humilde del país. El Frente Clasista Argimiro Gabaldón de Barquisimeto repitió una consigna que hoy nos parece doblemente pertinente: Sin justicia no hay revolución.